Los niños huérfanos de la delincuencia

Son las cinco de la madrugada. Varios carros de la PDI salen desde el cuartel de la Brigada de Investigación Criminal en la Población José María Caro (Lo Espejo). Los detectives llevan órdenes de detención pendientes de diferentes tribunales. Uno de los carros se dirige a la calle Buena Ventura de la Población La Victoria (Pedro Aguirre Cerda). Allí vive Yarella Balladares Gutiérrez (23 años) junto a sus dos hijas, de 1 y 6 años, quien tiene dos órdenes de detención pendientes: una del 4º juzgado del Crimen de San Miguel y otra del Juzgado de Garantía de Puente Alto.

Yarella se despierta con la irrupción de los policías, quienes la instan a vestirse, indicándole que debe acompañarlos a la unidad. Sus dos hijas duermen: no se han enterado de que su madre está a punto de abandonarlas.

-Tengo a mis dos hijas en el cuarto de al lado y no tengo con quien dejarlas, ¿puedo llevarlas conmigo? -le pregunta Yarella a la joven policía que espera a que se vista.

-No, no pueden ir con usted. La orden de detención es contra usted, no contra sus hijas. Vea si las deja con algún familiar -responde secamente la detective.

Desde que su pareja cayó preso en diciembre del 2010, acusado de un robo con intimidación, Yarella vive sola con sus dos pequeñas hijas. Su familia más cercana vive al otro lado de Santiago.

-Puedo llamar a mi madre, pero como vive en el paradero 26 de Vicuña Mackenna se tardará como una hora en llegar -le dice Yarella en tono suplicante a la detective.

De nada valdrá su tono ni sus ojos húmedos y el temblor que se percibe en sus manos. La respuesta es que los policías no pueden esperar tanto tiempo, por lo que debe buscar la forma de dejar a sus hijas con alguna vecina hasta que llegue su madre. Eso es exactamente lo que hace Yarella bajo la atenta mirada de la detective.

La prisa que exhibe la policía al salir de la casa de la detenida se acaba en el mismo momento en que llegan al cuartel policial. Yarella debe ser puesta a disposición de los tribunales, pero transcurren las horas y la espera continúa. Recién a las 11:20 la llevan a los juzgados de Puente Alto. Pero antes deberán hacer un desvío hacia la comisaría de esa comuna, ya que en el camino los policías se percatan de que se les había olvidado el procedimiento de tomarle las huellas a la detenida.

Casi siete horas han pasado desde que Yarella fuera detenida, cuando su madre, que persigue en un taxi a los detectives de la PDI que llevan a su hija, se baja del auto en la comisaría de Puente Alto y comienza a buscarla con visible agitación. Y se entiende: la mujer lleva a su pequeña nieta en brazos ya que ésta sólo se alimenta de pecho y desde que su madre salió del hogar en calidad de detenida, no ha sido amamantada.

Tras un breve diálogo, los policías permiten que Yarella le de pecho a su hija y luego las vuelven a separar. Ahora emprenden rumbo a los tribunales.

Media hora después de llegar a juzgados, el juez deja nula una de las órdenes de detención, pero dictamina que la segunda debe ser ejecutoriada por quebramiento de condena. La decisión del juez significa que Yanella deberá ser encarcelada 41 días.

Durante la audiencia, la pequeña hija de Yarella ha permanecido en absoluta calma en brazos de su abuela. Ajena a todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero justo en el momento en que su madre comienza a salir de la sala de audiencias rumbo a la prisión, la pequeña comienza a llorar. Y a gritos.

LOS NIÑOS INVISIBLES

Con la entrada en vigencia en todo el territorio nacional de la Reforma Procesal Penal, el número de personas encarceladas tuvo un fuerte aumento. Un flujo que no ha cesado y que se ve tristemente graficado con el primer puesto de Chile en el ranking de los países con más presos en Sudámerica en proporción a sus habitantes. Otro de los índices que ha ido en alza constante es el aumento de mujeres encarceladas.

Según cifras de 2008 entregadas por Gendarmería, un 68,6% de los hombres y un 89,7% de las mujeres privadas de libertad declaraban tener hijos. De todos ellos, un 40% declaraba tener hijos menores de 18 años, con un promedio de dos hijos por hombre encarcelado y tres hijos para las privadas de libertad de sexo femenino.

De acuerdo con las cifras que expone el libro Estrategia de apoyo integral a niños y niñas de familias con adultos privados de libertad, editado por el Programa Abriendo Camino, a diciembre de 2010 existían 4.577 mujeres y 46.864 hombres privados de libertad en medio cerrado, por lo que se podría estimar que actualmente existen en Chile unos 30.646 menores de edad que son hijos de personas encarceladas.

¿En qué situación quedan estos niños? ¿Existen políticas del Estado que garanticen su protección, como lo estipula la Constitución? CIPER investigó en el área judicial para saber si existe algún grado de coordinación entre las diferentes instituciones que intervienen en el arresto de un padre o madre de familia –policías, fiscales, defensoría, jueces y también presos-, para intentar a lo menos disminuir los riesgos en la vulneración de derechos de los niños.

Después de haber sido testigos de la detención de Yarella, madre de dos hijas pequeñas, hablamos con un subprefecto de la PDI para saber si existía algún protocolo de cómo actuar en los casos de detención de adultos que son responsables de niños menores que quedan solos ante el arresto de la persona a su cargo. El subprefecto pidió reserva de su identidad y contó a CIPER que, si bien no existe ningún reglamento interno de cómo actuar en caso de que la persona detenida tenga hijos pequeños, los policías por sentido común facilitan incluso el teléfono personal para que se llame a algún familiar o vecino que se haga cargo de los menores.

Esa actitud, que no está escrita en ningún protocolo interno, dependerá por cierto de las condiciones en que se realiza el arresto. Porque si la diligencia se produce en un clima de tensión, confrontación o incluso con algún asomo de oposición violenta, todo diálogo se anula. Incluso la preocupación por los menores que quedarán abandonados.

-Esa es una de las cosas más difíciles que me toca enfrentar en este trabajo. Sobre todo cuando te toca detener a una mujer que es madre y que debe dejar solos a sus hijos. Hay que separarlos y dejar a los niños con un familiar o vecino o incluso en la comisaría de menores de Carabineros… Son los pequeños los que más sufren. Sin tener ninguna culpa en el delito que han cometido sus padres deben pasar por estas situaciones -afirma el subcomisario.

Este avezado policía recuerda uno de los episodios más duros que le tocó vivir relacionado con la indefensión en que quedan los niños:

-Fue durante unas detenciones que hicimos para un 11 de septiembre. Metimos a varias personas a un carro policial y se dio la orden de salir rápidamente del lugar porque estábamos siendo agredidos. Cuando el carro iba en marcha, mire para atrás y vi a un cabro chico de no más de 5 ó 6 años corriendo por el medio de la calle, en medio de una lluvia de piedras que era arrojada contra el carro policial, llorando y gritando “¡papá!, ¡papá!”. Y nosotros sin posibilidad de detenernos porque éramos muy pocos en el carro y no teníamos apoyo…

Con sus años de experiencia, este subcomisario de la PDI afirma que la preocupación por los niños que quedan solos producto de la delincuencia es una política inexistente y que urge poner en marcha. Afirma que para que sea realmente eficaz, sus directrices deben venir de las jefaturas, a objeto de crear condiciones que permitan mitigar al menos en parte el trauma que provoca en los niños el momento en que se detiene a sus padres y se les separa de ellos.

En el recorrido que hizo CIPER por distintas unidades policiales, pudimos constatar los dichos del subcomisario de la PDI: la humanidad de los policías prima por encima de un protocolo escrito inexistente. Pero también fuimos testigos de otros episodios en donde las ansias de policías novatos por obtener resultados los hizo olvidar la mínima preocupación por los menores involucrados, vulnerando sus derechos más básicos.

LA ABUELA

Ingrid Montoya Orellana (29 años), está nerviosa. Son las 11:27 y espera desde hace más de media hora que llegue su madre a la sala de visitas del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago. No se trata de una hija dependiente. Su ansiedad se acrecienta porque lo que de verdad espera es a sus hijos, quienes vienen de la mano de su progenitora a visitarla.

-Normalmente mi madre llega a tiempo, pero cuando se retrasa me dan muchos nervios pensando que tal vez no va a venir… Y es que lo que más se sufre aquí es por no poder estar con los hijos. Cuando se está afuera una no piensa así… Yo vivía como si toda la vida estaría con mis hijos. ¡Pensaba que jamás me podían separar de ellos! –dice Ingrid.

Seis meses han transcurrido desde que Ingrid fuera arrestada tras ser acusada por infracción a la Ley de Drogas junto a su pareja. Aún quedan 20 días para que finalice la investigación solicitada por la fiscalía. Es “primeriza”, una condición que alimenta su confianza de que el juez tendrá en consideración su historia pasada y la dejara en libertad. Así, podría volver a su casa con sus dos hijos menores, ahora a cargo de su madre.

Desde el día del arresto de Ingrid, sus niños R.J.M (14 años) y E.J.M (3 años) están con su abuela, Ingrid Orellana, quien debió hacerse cargo de los nietos a pesar de no tener trabajo fijo y de estar afectada por varios problemas de salud.

-Yo estaba durmiendo cuando como a las cinco de la mañana me suena el teléfono… Cuando atiendo me dicen que están llamando de la Comisaría de Antinarcóticos de la PDI de Maipú y que tengo que ir a buscar a mis nietos porque los padres han sido detenidos por tráfico de drogas… Dijeron que tenía una hora para llegar o los mandaban a un centro del Sename. Imagínese lo que fue para mi, me puse súper nerviosa, me levante rápido y me puse a llamar a mi hija. Tenía el teléfono apagado. Después llame a su pareja y también tenía el teléfono apagado, así que empecé a creer que era verdad. Salí a la calle y me puse a buscar un taxi, y cuando encontré uno, ya no sabía dónde tenía que ir. Fíjese que yo vivo en Conchalí, y lo único que me acordaba era que me habían dicho que me llamaban de Maipú -cuenta Ingrid Orellana.

Ingrid tuvo suerte. Porque a esa hora de la madrugada se encontró con un taxista que decidió ayudarla y se puso a llamar por teléfono hasta obtener la información del lugar donde estaba detenida su hija.

-Cuando llegué, me hicieron pasar a una sala donde estaba mi hija esposada de manos y pies, y al lado, mi nietita…, asustada, ya sin lágrimas de tanto que había llorado. Le pregunté por mi nieto y mi hija me dijo que se lo habían llevado, que no sabía donde estaba… Fui de inmediato a preguntarle al policía de la guardia dónde estaba mi nieto de 14 años. Me respondió de mala manera: “Está entregando la droga”, diciendo además que esperara al oficial a cargo del procedimiento.

Ingrid Orellana debió esperar otra hora más, que le pareció eterna, hasta que vio llegar a su nieto escoltado por dos policías:

-Me contó que lo habían llevado con amenazas, pegándole y tirándole el pelo, mientras le exigían que entregara la droga que supuestamente tenía la pareja de mi hija cundo lo detuvieron… Estaba tan asustado que ni siquiera podía hablar. Lo único que decía era: “¡Le dispararon al Félix! ¡Le dispararon al Félix!”.

Ese mismo día R.J.M. debió abandonar su colegio. Y ello porque su abuela se lo tuvo que llevar a vivir con ella muy lejos de la casa en la que vivía con su madre.

-Yo no tenía cómo llevarlo al colegio todos los días. Está muy lejos. Y, además, con qué… Ahora se pasa todo el día dentro de la casa, sin salir, sufre de insomnio, se despierta muchas veces por las noches, asustado. La pequeña retrocedió también ya que había dejado los pañales y ahora le he tenido que poner otra vez. Le cuesta comer y cuando se enoja por algo se pone a gritar llamando a su mamá.

“PATIO ESPERANZA”

El relato de la abuela Ingrid Orellana cambia drásticamente apenas está frente a su hija. No quiere preocuparla. Pero a los pocos minutos queda en evidencia que ninguno de esos problemas es desconocido para la primeriza madre encarcelada. Muy pronto el grupo de prisioneras que la rodea está hablando del único y gran tema de las “primerizas” del “Patio Esperanza” del CPF: los hijos que tienen fuera de las gruesas paredes de la cárcel.

Una cuenta que le avisaron que su hijo de 14 años dejó embarazada a su polola; otra, que su hijo de 15 años dejó embarazada a su hermana de 13 años; y una tercera, que sus hijos mayores (17, 19 y 23 años) se cansaron de ser responsables del hermano menor de 6 años, porque no tienen con quien dejarlo cuando quieren salir de carrete y se lo entregaron a una tía con la que se lleva muy mal. Esta última presa está desesperada. A Ingrid le ha cambiado el rostro.

-Aquí estamos todas igual, yo nunca he tenido depresión en mi vida, pero estar aquí lejos de mis hijos y encerrada, me ha afectado mucho. El otro día le avisé a la gendarme de la enfermería que me sentía mal. Me pregunto por mis síntomas y me dijo que era una depresión, pero que no tenían nada que darme, que tenía que aguantar, no más.

Eso es lo que ha hecho Ingrid. Pero su rutina se ha transformado en otra cárcel:

-Paso la semana pensando sólo en los dos días que tengo de visita para poder ver a mis hijos… Pero a veces no sé qué es mejor, porque cuando se van, la pequeña se pone a llorar… ¡No quiere irse!… Las primeras tres visitas salió llorando con tanta pena que después me comentaron unos gendarmes que mi hija había hecho llorar a todos al verla salir así. Una aquí no sabe qué hacer: si decirle que no venga más o que siga viniendo. En realidad, no sé qué es mejor para ella. Tampoco tengo aquí con quién consultar sobre este problema. El primer mes yo no quise que la trajeran, pero después otra compañera de celda me dijo que estaba siendo egoísta, porque seguro que mi hija quería verme.

Cada vez que vienen sus hijas a visitarla, apenas termina la visita Ingrid estalla en llanto. Y el llanto dura varios días. Ricardo Hidalgo, asistente social de Gendarmería, sabe que el problema de los hijos que están fuera de las rejas es el gran problema de las presas. Y sus respuestas indican que no es Gendarmería la institución que está fallando, sino el sistema judicial y de encarcelación.

– ¿Qué pasa cuando llega una persona con hijos menores para ser internada en una unidad penal?
– Este no es un tema en que Gendarmería pueda hacer nada. Cuando un juez toma la decisión de condenar a la persona, uno entiende que ha ponderado todos los antecedentes. Lo único que hay es un programa de residencias transitorias para niños y niñas con sus madres privadas de libertad y que atiende, en la medida que el juez lo determine, a niños de hasta 2 años. Pero actualmente es hasta un año. Por orden del juez pueden estar dentro del penal en el CPF de Santiago, en la unidad de residencias transitorias, una sección de cunas que atiende a los bebes hasta 1 año. En este instante tenemos 43 niños ingresados en virtud de un convenio entre Gendarmería y el Sename.

Ricardo Hidalgo insiste en que no es la misión de Gendarmería “cuidar los hijos de quien llega a la cárcel en virtud de una orden judicial. No tenemos cómo hacerlo. Lo que se hace en los casos de urgencia es poner a la interna en contacto con quien corresponda. No existe un sistema preventivo que nos permita decir “¿dónde están tus hijos? ¿Hay que ir a buscarlos?”. Lamentablemente, no es el rol de Gendarmería”. Dicho eso, el funcionario toma aire y acota:

-Pero nosotros sabemos que el mayor drama de la gente que ingresa a la cárcel es la destrucción familiar.

CUANDO SE PIERDE LA ESPERANZA

Este asistente social sabe bien a qué se refiere. Porque también conoce lo que se hace con los niños que son ubicados en la unidad de “residencia transitoria”. Allí hay un equipo de profesionales de Gendarmería que los atienden y les proporcionan tratamiento psicológico. Una terapia de intervención orientada a mantener los lazos familiares. Allí también se preparará su salida. Hidalgo tiene claro que este es un problema del que “toda la sociedad debería hacerse cargo”.

– ¿Qué cree usted que falla? ¿Por qué no se ha creado un sistema de protección para los niños que quedan a la deriva cuando sus padres son privados de libertad?
– A titulo personal le puedo decir que se debería tomar la delincuencia como un problema social y actuar preventivamente. Enfrentar la delincuencia pasa por prevención y para ello se debe trabajar con los niños desde temprana edad.
Efectivamente, si se comete un delito, hay que castigarlo. La delincuencia necesita encarcelamiento y mano dura. Es un discurso súper fuerte, pero hay que considerar también por qué se esta produciendo la delincuencia. Y claramente, más allá de las características de personalidad del sujeto, la delincuencia está asociada a factores sociales, a falta de control de interiorización de normas, de proyectos de vida. A crear expectativas sin tener posibilidades de concretarlas. Y entonces, allí pierdes la esperanza; y si pierdes la esperanza, es fácil desviarse.

-¿Existe algún programa de emergencia para las personas que caen presas y tienen hijos menores en la calle?
– No. Al menos de parte del Estado yo no conozco ningún programa que trabaje con los hijos de los imputados. Sería importante tener un programa así y tomar el problema desde el momento en que el juez dice “queda recluida por tanto tiempo” e inmediatamente hubiera la posibilidad de tomar a sus hijos menores y buscarles la mejor opción, primero en la familia directa y por ultimo en algún centro de atención. Y que existiera la posibilidad de que incluso frente a la presencia de problemas familiares generados por la reclusión de algún miembro, hubiera una actuación más amplia de atención a las familias. Eso sería actuar pensando que es el niño el más vulnerado.

41 DIAS QUE MARCARON A UN NIÑO

Un “programa de emergencia” como el que señala Hidalgo es lo que según Vivianne del Rosario Farias Aguilera hubiera salvado a su hijo de caer en la droga. Un adolescente que hoy está al servicio de un grupo de narcotraficantes de la población La Legua, en San Joaquín.

El 23 de noviembre de 2010, Vivianne fue detenida en su domicilio por una orden pendiente luego de ser acusada de hurto en un supermercado. La orden emanó del 8º Juzgado del Crimen de Santiago en 2007 y la condenaba a cumplir una pena de 45 días de reclusión nocturna.

-Fue hace tres años… Yo me había quedado sola con mis dos hijos, uno de 11 años y el otro de 13, y entré a robar comida a un supermercado. Me pillaron los guardias y me llevaron detenida. Quedé citada al tribunal y el día de la citación me presente con mis dos hijos. Al verlos, el juez me dijo que en consideración a ellos me iba a dar reclusión nocturna. Fue muy amable porque hasta me preguntó si tenía con quien dejarlos por las noches. Llamé a mi ex suegra y le pedí que se quedara con ellos. Y comencé a cumplir mi reclusión nocturna. Pero fui sólo dos días, porque al tercer día mi suegra me dijo que no se podía quedar más con los niños. Por miedo a que me volvieran a buscar, al principio pensé en cambiarme de departamento, pero con el paso del tiempo y como nadie vino, pensé que ya no me buscarían…

Vivianne se equivocó. En noviembre de 2010 la sacaron de su casa a las ocho de la mañana:

-Como no tenía con quién dejar a mi hijo A.E.F. (14 años), llamé a una amiga de la comuna de San Joaquín y le pregunté si lo podía recibir en su casa hasta que supiera qué iba a pasar conmigo. Me condenaron a 41 días de prisión. Fue suficiente para perder a mi hijo…

EL 5 de enero de 2011, cuando faltaba sólo un día para que Vivianne saliera en libertad, el menor A.E.F. fue detenido por Carabineros transportando medio kilo de cocaína. Según relató a los propios policías que lo detuvieron, le habían pagado 5 mil pesos por ir a entregar la droga a un tercer implicado en el centro de Santiago.

-¡Imagínese! Yo salgo de prisión y lo primero que hago es llamar a mi amiga desde un teléfono público para preguntarle por mi hijo… Y ella me dice que lo habían detenido la noche anterior con droga. Que aún estaba en una comisaría de Carabineros a la espera de que alguien lo fuera a buscar. ¡Casi me morí! También tuve mucho susto porque pensé que si yo iba a buscarlo, recién saliendo de la cárcel, me podían involucrar a mí con la droga… ¡Quién me iba a creer si estaba saliendo de la cárcel ese mismo día! Por eso le pedí a mi amiga que me hiciera el último favor, que lo fuera ella a buscar diciendo que yo estaba presa. Y se lo entregaron.

Vivianne sólo alcanzó a tener unas pocas horas de felicidad tras recuperar la libertad y a su hijo:

-Ya no he podido hacer nada con mi hijo… No ha querido ni he podido obligarlo a venirse a vivir conmigo. No quiere estudiar. Me dice que le pagan por estar de soplón de unos narcos de La Legua y que como es menor, a él no le pasará nada si lo detienen los ratis. Anda con ropa nueva que yo no podría comprarle, porque cuando salí encontré un trabajo en una zapatería pero solo me pagan 4.500 pesos por día: justo para el arriendo de una pieza y la comida… Mi otro hijo también se me fue, pero de ése no sé dónde está ni cómo buscarlo.

EXPUESTOS A MULTIPLES ABUSOS

Lo que ocurrió con los hijos de Vivianne y de tantas otras presas no es noticia. Tampoco un problema que tenga espacio en una política pública, a pesar de todas las señales de alerta que inundan el sistema judicial y carcelario del país. Alertas que conoce bien Edith Martino, quién lleva mas de 10 años trabajando con hijos de reclusos en la Fundación Paternitas.

“Todos los niños que llegan a nuestros hogares lo hacen en virtud de una orden judicial de vulneración de sus derechos. Lo que indica que el niño que nos llega a la residencia no sólo trae la carga de haber sido separado de su padre o de su madre -lo que ya lo traumatizó-, sino que trae consigo otros graves daños”, dice Martino.

– ¿A qué situaciones o graves problemas se refiere?
– Para que se haga una idea, el 90 % de los niños que nos llegan fueron abusados sexualmente. Y digo esto con una tremenda crítica a los proyectos ambulatorios que existen. ¡Qué se saca con tener las OPD (Oficina de Protección de Derechos Infanto-Juveniles ), los DAM (Programa de Diagnostico Ambulatorio) los PRM (Programa de Protección Especializado en Maltrato y Abuso Sexual Infantil) , si ahí no se detectó ni se dio la voz de alarma sobre lo que les pasaba! Esos proyectos están para eso, para prevenir antes de que el niño pase por todo eso. Desgraciadamente, llegan a las residencias abusados, abandonados, entonces uno tiene que hacer el trabajo de nuevo. ¡Cómo puede ser que para empezar el tratamiento reparatorio de un niño abusado sexualmente o violado, el trámite se demore más de un año! ¿No es eso violentar nuevamente al niño? ¿No es violarle sus derechos en lo más íntimo?

-¿Por qué ocurre esa demora casi criminal?
– Porque los proyectos no dan abasto. Es imposible que para esta comuna donde se encuentra nuestro centro (Puente Alto) haya solo un centro de reparación de maltrato y abuso. Y que además este centro -“Santa Maria Goretti”- no sólo se encargue de los niños abusados de esta comuna, sino que también tenga a su cargo San José de Maipo y Pirque, con solo 75 cupos. Piense que estamos hablando de una gran densidad de población. Y somos un reducido número de profesionales, en su mayoría recién egresados, con poca experiencia. Cuando nos llega un niño, éste tarda en darnos su confianza, y cuando descubrimos que fue abusado, uno tiene que inmediatamente dar aviso. Y es ahí donde empieza el tiempo de espera por la vacante. ¡Hoy tenemos lista de espera de hasta 18 meses! Y cuando ya ha pasado más de un año y se empieza el tratamiento, se le hace revivir al niño todo el trauma.

– ¿Cuentan con profesionales idóneos para ese tipo de tratamiento, difícil y de gran urgencia?
– Aparte del desfase en que se inicia el tratamiento, la atención de reparación queda a cargo de los profesionales que tiene el Centro Santa Maria Goretti, que son muy jóvenes. Y para este tipo de reparación se necesita experiencia. Para que un niño llegue a contarnos que fue abusado, se necesita mucha confianza, mucho trato anterior. Una de las cosas que sabemos es que para tratar con este tipo de niños el equipo debe ser ante todo muy humano y afiatado, donde todos -hasta el gato- estén en la misma línea. Aquí la mentira está castigada, empezando por nosotros: tampoco podemos mentir.

– ¿Por qué hace hincapié en la mentira?
– Por la violencia que representa cada una de las mentiras que estos niños han vivido. Además de la violencia que han visto en sus casas, la que nos entregan los medios de comunicación, la violencia que está viviendo el país. Ellos vienen de ambientes tremendamente violentos. Ahora, uno trabaja con las consecuencias, las causas están más atrás, el problema comienza con la detención del padre o la madre, no uno o dos años después, cuando el niño ya está con problemas psicológicos e incluso psiquiátricos.

– ¿Por qué cree usted que no se construye ese sistema de protección y reparación si su carencia es tan evidente en sus efectos nefastos?
– Nosotros hemos estado en varios seminarios exponiendo esta problemática. Hemos estado hablando y exponiendo los problemas en el Ministerio del Interior, con la Primera Dama, y no solo en este gobierno, antes también, pero hasta ahora no se nos escucha. A nadie le interesan realmente los derechos de estos niños, Chile firmó el Convenio Internacional de los Derechos de los Niños, pero eso es una gran mentira. ¿Se imagina cómo sería de diferente si cuando un hombre o mujer caen presos nos preocupáramos de saber cuántos hijos menores tienen y empezar desde ahí el trabajo?

Si se hiciera lo que tanto preocupa a Edith Martino, como a otros de los profesionales y protagonistas de este problema entrevistados por CIPER durante esta investigación, se evitarían casos como el de los mellizos V.S. (7 años) quienes ingresaron a Paternitas derivados del Juzgado de Familia de Puente Alto. Los hermanos permanecieron casi dos años al cuidado de su abuela después que su madre y padre fueran encarcelados por infracción a la Ley de Drogas, robo e infracción a la Ley de Armas.

Los mellizos tenían asistencia regular al colegio y mantenían un buen rendimiento escolar, además de presentarse aseados y observar buen comportamiento, según relato a CIPER una de sus profesoras del Colegio San Mateo. Lo único que llamaba la atención era que casi no se juntaban con sus compañeros, al punto que cuando se acercaban mucho a otros niños se ponían muy nerviosos.

Hasta que un día sus profesores fueron alertados por vecinos que los dos hermanos estaban siendo usados por su abuela para la venta y tráfico de drogas.

De inmediato se hizo la denuncia y en la investigación que se llevó a cabo descubrieron que los mellizos de 7 años vivían en un submundo de violencia y riesgo social. Los dejaban solos en la casa, expuestos a múltiples situaciones de riesgo, como consumo de drogas y agresión sexual. Incluso les hacían dormir en una misma cama donde ocultaban bolsas de drogas. Los niños tenían la orden de que, en caso de que irrumpiera la policía, no debían moverse de la cama para evitar que descubrieran la droga.