Todas las señales del descalabro de La Polar que las AFP omitieron

Un mes antes de que todo se fuera al diablo y cuando aún tenía en su mano la batuta de La Polar, Pablo Alcalde Saavedra dirigió la Junta Ordinaria de Accionistas de la multitienda con el aplomo de quien había sido laureado como el mejor ejecutivo de la década y el prestigio de quien era invitado frecuente a exponer su receta del éxito en escuelas de negocios y cónclaves empresariales. A las 11:25 del pasado viernes 29 de abril, Alcalde abrió la cita en los salones de Icare. Ante los representantes de 76 accionistas que sumaban 200.951.260 títulos de un total de 248.617.522 emitidos, el entonces presidente de La Polar dio cuenta de un balance sólido, impecablemente auditado por PricewaterhouseCoopers (PwC), que auguraba prosperidad y fortuna para los tenedores de acciones.

Tras su lata exposición de los números que garantizaban la buena salud de La Polar, Alcalde ofreció la palabra. Sólo un miembro del auditorio la tomó. Era Eugenio Acevedo Vergara, representante de AFP Capital, propietaria de 8.099.057 acciones. De acuerdo con el registro que quedó en acta, Acevedo Vergara preguntó si estaba contemplado un aumento de capital social y “consultó acerca del volumen de reprogramación de créditos efectuados durante el año anterior”.

Ahora que se sabe que la masiva reprogramación de deudas sin el consentimiento de los clientes de La Polar -eufemísticamente denominadas “repactaciones unilaterales”- constituye el eje del millonario forado en las cuentas de la devaluada compañía, la pregunta que hizo el hombre de AFP Capital en la junta es leída como una potente señal de que no todos los actores del mercado fueron sorprendidos por el ardid fraguado en las gerencias de la multitienda. ¿Cuánto sabían los principales accionistas, y en particular las AFP, sobre el riesgo real de invertir en los títulos de La Polar?

El 9 de junio pasado, el mismo día en que La Polar se vio obligada a comunicar que debía aumentar provisiones hasta por $ 200 mil millones tras sincerar la alta morosidad de su cartera de deudores, la que había ocultado por años bajo el fraude de las “repactaciones unilaterales”, la Superintendencia de Pensiones (SP) despachó un oficio en que consultó a las AFP qué medidas habían tomado para resguardar la seguridad y rentabilidad de sus inversiones en acciones y bonos de deuda de la multienda. Y las respuestas fueron sorprendentes.

Aunque el proceso de fiscalización de la SP sigue en curso y, por lo mismo, se mantienen bajo reserva las respuestas a su oficio, el Diario Financiero informó que las AFP reconocieron ante la superintendencia que en abril de 2010, un año antes del descalabro, habían manifestado a Alcalde y a otro miembro del directorio de La Polar, Francisco Gana, “su preocupación por las políticas de riesgo de crédito y de gobierno corporativo de la compañía”. También sinceraron que al tercer trimestre de 2010 observaron con inquietud “que en nuestra opinión se requería un aumento de capital”. En síntesis, lo mismo que preguntó en la última junta de accionistas el representante de Capital. Las AFP claramente dudaban de la información que La Polar daba al mercado.

De hecho, entre los periodos 2009-2010 y 2010-2011, cuando todos recomendaban comprar acciones de La Polar y Alcalde era galardonado, AFP Capital se deshizo de un 25% de sus títulos en la multitienda, bajando de 12.484.901 acciones a 9.099.057. Así, disminuyó su participación en la compañía desde un 5,02% a un 3,25%. (Vea el cuadro con la variación de la participación de todas las AFP en La Polar entre 2010 y 2011).

-Al gerente de inversiones de Capital hay que darle una medalla, porque vio señales de riesgo y actuó. Pero la pregunta es si no debió haber alertado a la SVS y a la SP. Ahí quizás hay un vacío en las normas y debiesen estar obligados a alertar. Y la otra pregunta es para dónde estaban mirando los otros gerentes de inversión de las AFP, que no vieron lo mismo. O tal vez lo vieron y prefirieron mantenerse dentro de La Polar para no perder la inversión, porque si todas las AFP hubiesen salido a vender las acciones habrían caído -señala un agente que participa en la regulación del mercado.

La fórmula es perversa. En el origen del fraude se endeudó ilegalmente a gente que gana entre $200 mil y $600 mil: dueñas de casa, empleados, estudiantes de escasos recursos. Todos incluidos en el nicho C3, D y E al que apuntó La Polar. Y al final de la cadena, una parte significativa del engaño la pagarán los trabajadores que cotizan en las AFP por la pérdida de valor de sus fondos. ¿Cuál será la sanción para los gerentes de inversión de las AFP por no haber cumplido cabalmente su rol? ¿Qué explicación darán ante los directorios de sus AFP por no haber visto lo que vio su colega de Capital? ¿Tendrá pruebas la SP para sancionar al menos por una gestión negligente?

Según explica un ex director de La Polar, ahora que se sabe que las AFP manifestaban su preocupación por la política de riesgo de crédito de la compañía ya en abril de 2010, resulta inexplicable que a fines de ese mismo año hayan comprado bonos de deuda emitidos por la multitienda.

Las AFP normalmente operan “en manada” invirtiendo en los mismos títulos. Al momento de estallar el escándalo, habían adquirido en conjunto US$ 337 millones en bonos de deuda de La Polar. La cifra corresponde al 0,24% del total del Fondo de Pensiones. Y en acciones, las AFP habían invertido US$ 330 millones, equivalentes al 24% de la propiedad de la compañía y al 0,21% del Fondo de Pensiones. El valor de esas acciones cayó desde $2.500 cuando partió la crisis a $702 al final de esta semana. Es decir, la inversión de las AFP -y de todos los accionistas- hasta ahora ha perdido cerca del 72% de su valor.

Cuadros que no cuadran

CIPER solicitó entrevistas con los gerentes de inversiones de las AFP más comprometidas con inversiones en La Polar: Provida (Joaquín Cortez), Capital (Rodrigo Nader), Cuprum (Eduardo Steffens) y Habitat (Alejandro Bezanilla). Sólo respondió la AFP Cuprum, al cierre de este reportaje, remitiendo la solicitud a una empresa que atiende sus comunicaciones.

A estas alturas, es difícil creer que los gerentes de inversión de las AFP, así como las calificadoras de riesgo, la SVS, la auditora PwC y el directorio de la compañía, no vieron las señales del riesgo. Sobre todo porque el escándalo lo destapó un pequeño estudio jurídico de jóvenes abogados que no hicieron más que analizar información pública, a la que accedieron navegando por Internet.

Asesorando a un inversionista que estudiaba adquirir acciones de La Polar, el estudio jurídico G&S se topó con la punta de la madeja. Y la tiró. El abogado Edgardo Gutiérrez dice que el análisis fue asignado a su colega Andrés Sepúlveda, aunque trabajó en equipo con él y Andrea Silva. El estudio (vea acá el documento completo) más que establecer respuestas, dice, formuló preguntas a partir de información que les pareció poco consistente:

-Lo primero que hicimos fue ver el comportamiento anual de todos los retail. El tercer trimestre de cada año es el peor para todos los retail, pero curiosamente no para La Polar. Los tercer trimestre de 2009 y 2010 fueron los peores para este mercado, por la crisis que hubo, pero en La Polar fue el mejor trimestre en ambos años. En el tercer trimestre de 2009 gana $336 millones y en el de 2010 gana $353 millones. En ambos años el mejor trimestre de La Polar es el peor de los otros retails. ¿Todo el mundo compraba en La Polar entre julio y septiembre? –se pregunta el abogado.

Gutiérrez comenta que en segundo término analizaron la cartera: “Claramente era muy superior a Cencosud, Ripley y Presto y sólo superada por $100 millones por CMR. Y La Polar superaba a Cencosud por $300 millones”. Los números de los ingresos trimestrales y de la cartera, llamaban la atención, señala el abogado, “porque La Polar no es un retail multiformato, como CMR o Cencosud que además tienen supermercado, Easy o Home Center, otros ingresos por otros servicios”. Además, los abogados calcularon que la deuda promedio de los clientes –“que son C3 y D y a lo más ganan $600 mil”- era de $1,5 millones mensuales: “Duplicaba y hasta triplicaba sus sueldos”.

-Lo que nos hizo “clic” fue una información que la SBIF publica todos los años. Ahora ya no lo hace, pero en 2007 publicó un cuadro separando los ingresos en “avances”, “compras” y “otros servicios”. En “avances” y “compras”, La Polar era el cuarto retail, pero en “otros servicios” era el primero y lo seguía CMR a $60 mil millones. Juntamos toda la información: La Polar apunta a un segmento C3 y D que es complejo para la cobranza, sólo tiene retail y tarjeta de crédito, no es multiformato. Entonces, ¿dónde están los “otros servicios” que le permiten estar a $60 mil millones de CMR, que sí es multiformato? Creíamos que esa suma venía de las repactaciones de deuda.

Muchos otros actores del mercado deben haber analizado los mismos cuadros y abrigado las mismas dudas. Es imposible que los analistas de las corredoras de bolsa, fondos de inversión, gerencias de inversión de las AFP, calificadoras de riesgo, los ejecutivos de la competencia y la propia SVS no hayan visto lo que sí vieron los profesionales de G&S. La diferencia es que estos abogados pusieron sus dudas en papel y las enviaron a la autoridad competente, con lo cual el castillo de naipes de La Polar comenzó a desmoronarse.

-Nos pareció que había información a lo menos poco fehaciente con respecto a las provisiones. Y le solicitamos a la Superintendencia de Bancos (SBIF) y a la SVS que se pronunciarán con respecto a las preguntas que elaboramos -indica Gutiérrez.

El informe y las consultas fueron ingresadas a la SVS por formato electrónico el 31 de mayo. Luego, el 3 de junio lo hicieron por mano y sólo entonces sus autores fueron convocados por la autoridad. Entre ambas fechas había sucedido algo que catapultó la denuncia. El 2 de junio el Sernac interpuso una demanda colectiva contra La Polar por más de 300 casos de “repactaciones unilaterales”. Las piezas del puzzle comenzaban a calzar.

La isla del Sernac

El director del Sernac, Juan Antonio Peribonio, ha dicho que al sumir el cargo en junio de 2010 fue informado que en lo que iba del año el servicio había recibido 123 denuncias por “repactaciones unilaterales” en La Polar. En años anteriores, ya habían tramitado múltiples denuncias por la misma figura, pero las había tratado caso a caso. La decisión de Peribonio fue reunir todos los reclamos e iniciar un proceso de mediación colectivo.

El 6 de julio de 2010 el Sernac envió un oficio a La Polar pidiendo explicaciones y posibles soluciones. En agosto inició una mediación colectiva en representación de 349 clientes que en noviembre desembocó en un acuerdo, suscrito por La Polar, para revertir las repactaciones ilegales e indemnizar a los clientes afectados. El Sernac nunca vio el cuadro mayor de esta situación y de cómo podía afectar al mercado.

El Sernac exigió que el proceso de reparación fuese auditado para garantizar su cumplimiento. El informe de los auditores fue entregado al servicio el 15 de abril pasado y tras revisarlo Peribonio estimó que la multitienda no cumplió lo pactado, por lo que procedió a interponer la demanda colectiva a comienzos de mayo.

Cada mes las superintendencias del área financiera (SP, SVS y SBIF) se reúnen e intercambian información, pero a esa cita no está invitado el Sernac. “En adelante el Sernac debería participar, porque si tiene antecedentes como éste, que van más allá de situaciones aisladas que afectan a consumidores y muestran un patrón que afecta al mercado, es necesario que las otras superintendencias lo manejen”, dice un funcionario de uno de los entes reguladores.

“Lamentablemente, el Sernac funciona como una isla”, sostiene un ex miembro del directorio de La Polar, quien asegura que la mesa de la compañía no fue informada de la mediación: “Si hubiésemos sabido que había una práctica generalizada de repactaciones sin consentimiento nos habríamos puesto de cabeza en eso, porque uno de los puntos más discutidos en las reuniones de directorios era si se estaban contabilizando correctamente la deuda del crédito y las repactaciones y, a partir de eso, si se estaba provisionando adecuadamente”.

La misma fuente asegura que en las reuniones del directorio el tema más tratado era el del riesgo del crédito, aunque nunca alguno de los miembros de la mesa expresó de manera formal la preocupación de las AFP por esta materia. Eso, a pesar de que tres de ellos habían sido postulados al directorio por las AFP: Andrés Ibáñez Tardel, Francisco Gana y René Cortázar:

-Hay una preocupación constante en los directorios de retail por las provisiones y la cuenta correcta de la deuda impaga del crédito. En este negocio te puedes equivocar en un par de puntos en el precio de un plasma, en el interés que cobras por una lavadora, pero un par de puntos en las provisiones pueden liquidar la compañía, porque al final del ejercicio te pueden dejar sin utilidades.

Las “camadas”

Al revisar las actas del directorio y del comité de directores de La Polar en 2010 y 2011, publicadas por el Diario Financiero, se aprecia que efectivamente la preocupación constante es la contabilidad del riesgo del crédito y las provisiones de la deuda.

El 25 de agosto de 2010 sesionó el comité de directores con el único fin de analizar cómo se provisionaba. En la cita la exposición estuvo a cargo de la entonces gerenta de Administración, María Isabel Farah, hoy desvinculada y querellada por el nuevo gobierno corporativo de La Polar, al igual que Pablo Alcalde, el ex gerente general Nicolás Ramírez y el ex gerente de productos financieros, Julián Moreno. La acción judicial fue interpuesta el martes 28 por el penalista Davor Harasic y apunta a la eventual responsabilidad de los cuatro en el fraude.

-Lo impresionante es recordar como esta señora y Julián Moreno nos mostraban cifras y cuadros con datos falsos con una serenidad increíble, mientras en su cabeza tenían las cuentas reales. Yo no me explico cómo pensaban salir de esto. Imagino que se tomaban dos ravotril en las noches para poder dormir –dice un ex integrante del directorio.

En esa sesión de agosto, Farah explicó cómo provisionaban según un modelo de análisis denominado de “camadas”, que agrupaba a los deudores de acuerdo a la cantidad de días que llevaban impagos: “Los dividían por 30, 60, 90, 120 y 180 días. Para los que pasaban de 180 se provisionaba el 99% de la deuda. Ella mostraba los cuadros históricos que indicaban, por ejemplo, que de las personas atrasadas en 60 días, finalmente un tercio no pagaba. Entonces se provisionaba por ese tercio. Todo cuadraba”, dice el ex director.

La misma fuente indica que las cifras que les mostraban Farah y Moreno indicaban que la morosidad iba en baja gracias a una política de saneamiento de la cartera:

-Hoy parece chiste y nosotros los reyes de los huevones, pero nos mostraban que en 2008 el 40% de los deudores había repactado, que a comienzos del 2010 eso había bajado a 22% y que a fines del año pasado estaba en 19%. Esas eran las repactaciones legales, con consentimiento del cliente. Lo otro estaba oculto y la trampa muy bien hecha, porque para pillarla había que revisar la carpeta de cada cliente. Del radier para arriba todo cuadraba, porque la trampa estaba en los cimientos. Ningún directorio va a revisar las carpetas. Esa es la pega de los auditores. No podemos fiscalizar a los auditores a ese nivel de detalle, sería como repetir la auditoría.

A juicio de este director, el principal responsable es PwC, que debía auditar las carpetas de los clientes y, si lo hizo, no reparó en que había miles repactados sin un comprobante, en papel o grabación telefónica, que acreditara que éstos habían aceptado reprogramar su deuda. El nuevo directorio de La Polar también interpuso el martes último, a través del abogado Harasic, una medida prejudicial tendiente a reclamar una indemnización de perjuicios a PwC.

En todo caso, la nueva administración de La Polar no descarta establecer responsabilidades a nivel del directorio, más allá de las fallas de la auditora. Esto porque la información consignada en la Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU), que resume oficialmente los estados financieros trimestrales de las compañías, sería inconsistente con los estados financieros reservados que se entregaban al directorio de la empresa. “Y detectar esa inconsistencia era responsabilidad de los directores”, señala una fuente que asesora legalmente a La Polar.

Dudas en el directorio

Más allá de la responsabilidad de PwC y de que las cuentas cuadraran aparentemente con los datos falsos que se presentaban al directorio, lo cierto es que en la mesa de la compañía había serias dudas sobre el manejo de las provisiones, la cantidad de veces que se repactaba a un mismo cliente y cómo se registraba en la contabilidad a quienes tenían más de una repactación. De hecho, los más incisivos sobre estos puntos eran los directores que habían sido postulados por las AFP para ocupar esos puestos: Francisco Gana, René Cortázar y Andrés Ibáñez Tardel. A ellos se sumaba Francisco Franke.

En la sesión del comité de directores de La Polar del 22 de noviembre de 2010, Franke sembró una duda crucial respecto de que podía haber clientes con deuda repactada más de una vez y que eso no se registraba en las provisiones. Esa inquietud marcaría la agenda del directorio en adelante.

Según quedó en acta, ese día Franke “solicitó una revisión al sistema de provisiones. En especial al tratamiento de aquellos casos que luego de estar morosos se reprograman y cómo se recoge a los reprogramados cuando vuelven a caer en morosidad. Hizo presente que siempre María Isabel Farah había informado que los créditos eran renegociados una sola vez, pero que de acuerdo a consultas hechas al señor Julián Moreno, éste habría informado que muchos clientes eran renegociados más de una vez”.

En esa misma sesión, sin saberlo, Francisco Gana apuntó también al corazón del fraude: “Señaló que lo más prudente es que las provisiones por el deudor que reprograma su deuda deben mantenerse hasta que éste la pague totalmente. Si luego se paga, será un ingreso bienvenido cuando esté provisionado. En definitiva, evidentemente un cliente reprogramado es más peligroso que uno no reprogramado”. Además, Gana sugirió reforzar el área de riesgo de crédito y Nicolás Ramírez, entonces gerente general, indicó que se estaba buscando una persona especializada para el cargo de gerente de riesgo. No obstante, la elección del nuevo gerente, que habría detectado de inmediato el fraude, se iría aplazando.

Dos días después, el 24 de noviembre, esta vez en una sesión de directorio, María Isabel Farah confirmó “que su modelo de riesgo no distinguía si el deudor tenía una o más renegociaciones”. Y Franke apuntó que “es posible que el modelo de Farah no esté recogiendo adecuadamente el riesgo, al no distinguir entre los clientes renegociados una vez o más”.

El 6 de enero de 2011, en el comité de directorio, Gana volvió a la carga: “Señaló que es importante que el Comité tenga información de las distintas variables consideradas, como cuánta gente ha renegociado por primera vez”. Franke manifestó que “lo que le preocupa es que aparentemente hoy habría una variable que no estaba en el modelo aplicado por la gerencia de Administración, que son los clientes con más de una renegociación”.

Andrés Ibáñez, otro director electo por las AFP, fue más lejos y señaló que “es recomendable evaluar la contratación de un consultor externo que trabaje este tema (el riesgo del crédito)”. Pero el gerente general Nicolás Ramírez volvió a darles una aspirina con aquello de que la compañía “ha estado trabajando en la búsqueda de un gerente de Riesgo que se enfoque específicamente en esta materia”.

En el comité de directores del 25 de enero pasado, Franke e Ibáñez insistieron en que desde octubre se hablaba de buscar a un gerente de riesgo, “pero que no se ha visto nada formal al respecto”. A tal punto llegó la presión de los directores que habían sido electos por las AFP, que el 26 de enero Pablo Alcalde, a petición de Francisco Gana, concordó en que el comité de directores debía reunirse por lo menos una vez al mes sólo para analizar el riesgo del crédito.

Con todas estas intervenciones de los directores electos con votos de las AFP, es difícil creer que las administradoras de fondos de pensión no se coordinaban con ellos y que nada sabían del riesgo que corrían sus inversiones en la multienda. Aunque legalmente estos directores no representan a las AFP una vez elegidos, sino que deben velar por todos los accionistas, las mismas AFP en su respuesta al oficio de la SP del 9 de junio dejaron en claro que sí se han reunido con directores que fueron electos con sus votos.

De acuerdo con la información divulgada por el Diario Financiero, las AFP reconocieron ante la superintendencia que tras la junta de accionistas de abril pasado se reunieron con dos de los nuevos directores que habían sido postulados por ellas: Luis Hernán Paul y Martín Costabal. Según informaron a la SP, la cita fue para reforzar “la importancia de fortalecer las políticas de riesgo crediticio” en la compañía. Si las AFP deseaban “fortalecer” esta área, es obvio que tenían la convicción de que las políticas de riesgo de crédito de La Polar eran débiles. Y, aún así, mantenían en conjunto 59.581.260 acciones de la multitienda, nada menos que el 23,9% de la propiedad.

El raíz del perjuicio que sufrieron los fondos de pensión por el fraude de La Polar, un grupo transversal de senadores presentó un proyecto legislativo para aumentar la responsabilidad de las AFP ante «toda pérdida irrogada al patrimonio de un fondo» como consecuencia de una administración descuidada, negligente o contraria a las normas que regulan estas inversiones. En tales casos las AFP estarían obligadas a responder a los cotizantes. El proyecto fue presentado por el senador Carlos Bianchi (independiente) y patrocinado por Eduardo Frei (DC), Antonio Horvath (RN), Andrés Zaldívar (DC) y Eugenio Tuma (PPD). Bianchi señaló que hoy están más protegidas las AFP que los trabajadores y «este proyecto viene a dar vuelta las cosas».