La Cruz de Ana Fabricia

Ana Fabricia Córdoba siempre tuvo palabras fuertes y directas para hablar de lo cerca que sentía la muerte, que ya se había llevado a su hijo hace once meses y que vino por ella el martes, a manos de un sicario que le disparó en un bus de Medellín.

Recorrió las calles de la capital antioqueña abanderada de las necesidades de los desplazados. Su delgada figura y el rostro de ceño duro se enfrentaron una y otra vez a los micrófonos para enjuiciar con sus palabras a los agentes del Estado y condenarlos como responsables de la muerte de su hijo. También lo sostuvo hace un año ante las cámaras del documental ‘Desconexión en Movimiento’ que se rodó en su barrio, una y otra vez responsabilizó a las multinacionales por su desplazamiento efectuado por paramilitares, expuso las necesidades de los desplazados, la carencia de servicios públicos y las ganas de recuperar su tierra.

A La Negra no le temblaba la voz, por eso siempre fue blanco de amenazas, por eso fue capaz de decir en el último encuentro de derechos humanos al que asistió en abril: “Me van a matar y no han hecho nada”.

Llegó a Medellín en 2001 huyendo del Urabá antioqueño, donde fue asesinado su primer esposo. Se asentó en La Cruz. Una ladera ubicada en la Comuna 3, al nororiente de Medellín, donde las invasiones de desplazados se han tragado la punta de la montaña y el aire que se respira es distinto pues parece que se estuviera más cerca del cielo que de la tierra. Desde arriba la capital se contempla inmensa. Con los años las montañas, cada vez menos verdes, se han vestido de tablas y ladrillo, de construcciones informales que terminaron convertidas en barrios.

La Cruz, como la mayoría de asentamientos periféricos de Medellín, parece una Antioquia chiquita. Si se hiciera un censo, quizás podrían encontrarse representantes de la mayoría de municipios que en el departamento fueron víctimas de paramilitares, guerrilla y ejército, como el Urabá, San Carlos, San Rafael, Caucasia, Segovia o El Aro. Es un barrio de sobrevivientes, de relatos de noches en que salieron corriendo de la finca, del marrano olvidado, de la tierra arrebatada, de los muertos que bajaron por los ríos, de los que se quedaron en el camino y de la difícil vida en una Medellín abrumadora. Esta carga de injusticia que reúne La Cruz motivó a que su comunidad de desplazados, liderada por mujeres, se convirtiera en una de las más activas en la movilización frente a la defensa de derechos humanos en la ciudad.

Hace tres años, Ana Fabricia creó la organización de víctimas del conflicto armado Líderes Adelante por un Tejido Humano de Paz (Latepaz) y además hacía parte de la Mesa Interbarrial de Desconectados —que lucha por que los servicios públicos les sean garantizados— y de la Organización de Mujeres Aventureras, gestoras en derechos, creada por otra importante líder del barrio y conformado por unas 20 mujeres desplazadas y cabezas de familia, que adelantan proyectos comunitarios productivos y se movilizan contra los atropellos, a los que aseguran han sido sometidas por todos los actores armados, incluidos los oficiales. Desde Medellín, organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad, la Red Juvenil y el Instituto Popular para la Capacitación acompañan a la comunidad en procesos de capacitación frente a la defensa de sus derechos.

La situación de servicios públicos es preocupante. Algunas mujeres de La Cruz cocinan con leña, pues al barrio de terrenos inestables aún no llegan, ni llegarán pronto, las redes de gas o de energía legalizadas. Empresas Públicas de Medellín ha llevado a algunos sectores sistemas ‘provisionales’ llamados pilas públicas, desde donde se les entrega energía a varias casas a través de un contador comunitario y entre familias se dividen la cuenta mensual. También, hace tres años se implementó el sistema de energía prepago, en el que las personas pueden comprar una tarjeta de mínimo 2 mil pesos de energía y activarla en casa. Pero los habitantes se quejan de las elevadas tarifas cotizadas y ven en el prepago una forma de privatizar un derecho, entonces los servicios terminan cortados por falta de pago y los ranchos a oscuras. También escasean el agua potable y el alcantarillado, los niños juegan cerca de las aguas negras y en algunos sectores el vital líquido sólo llega por momentos. Por ello, todos los días las mujeres se ven obligadas a recoger en la madrugada el agua para el consumo diario.

Así es La Cruz, un barrio donde es normal encontrar hombres de sombrero, machete y poncho, cultivos improvisados en los solares de los ranchos, de donde se comen zanahorias, lechugas y cilantro, donde el invierno y sus deslizamientos han dejado varias casas destrozadas y donde gran parte de sus habitantes preferirían simplemente regresar a la finca de donde los sacaron, regresar al marrano, las vacas y al trabajo de la tierra.

ONU y Francia piden castigo para asesinos
Mientras las autoridades ofrecen $150 millones de recompensa para quien entregue información que permita dar con los responsables del asesinato de la líder comunitaria Ana Fabricia Córdoba, las reacciones de la comunidad internacional ya comienzan a sentirse.

El gobierno francés condenó el crimen y pidió que sus autores sean llevados ante la justicia. “Francia se une al luto de los allegados de Ana Fabricia Córdoba y expresa su solidaridad con todas las víctimas de la violencia en Colombia”, señaló el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, Bernard Valero.

Por su parte, el representante de la ONU en Colombia, Christian Salazar, pidió al Gobierno adoptar medidas para reforzar la seguridad de los líderes de las víctimas en el país. Durante la presentación en Sincelejo de un informe sobre derechos humanos en Colombia, Salazar lamentó el asesinato de Córdoba, que calificó como “triste y preocupante” .