Presidente de la Asociación de Municipalidades
Inédita resolución judicial obliga a reabrir causa contra alcalde de Colina, Mario Olavarría
07.06.2011
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Presidente de la Asociación de Municipalidades
07.06.2011
A una semana de que el alcalde Mario Olavarría (UDI) reasumiera la presidencia de la Asociación Chilena de Municipalidades, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la suspensión condicional de una investigación seguida al alcalde de Colina por los delitos de cohecho y soborno. El dictamen obedece a una apelación presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa, que se opuso al arreglo propuesto por la Fiscalía Local de Colina
El alcalde UDI había sido formalizado por la fiscalía tras constatarse que recibió millonarios depósitos de su ex jefe de gabinete, Domingo Soto, que suponen pagos provenientes de coimas por autorizar la instalación de un supermercado Tottus en terrenos municipales. Sin embargo, en una controvertida decisión, a fines de abril último la misma fiscalía propuso la suspensión condicional de la causa a cambio de la devolución de dineros y la firma mensual de Olavarría y su ex jefe de gabinete, además del agente inmobiliario Nabil Mansour y el vicepresidente ejecutivo de Tottus Francisco Leyton.
El fallo de ayer obliga a la fiscalía a revocar la suspensión de la causa y continuar con la investigación para los tres primeros acusados. Para el ejecutivo de Tottus no hubo pronunciamiento, pues el CDE no apeló en ese caso atendiendo a que, a diferencia de los otros, estaba acusado de un delito de menor gravedad como es el soborno.
La decisión judicial fue adoptada en forma unánime por los ministros Emilio Elgueta y Patricia González, y el abogado Ángel Cruchaga. En el fallo se indica que “los hechos materia de la formalización, hasta ahora reunidos, aparecen como graves y reiterados y la salida alternativa de autos no se condice con los requisitos y fines perseguidos por esta medida”.
En el CDE consideran que se trata de una resolución inédita en este tipo causas. De hecho, el consejo había apelado sin éxito a la suspensión condicional propuesta por la Fiscalía Local de Colina para Débora Sepúlveda y Carlos García, administradora y secretario municipal de Colina, respectivamente. Estos funcionarios de confianza del alcalde Olavarría, segundo y tercero en la jerarquía del municipio, estaban formalizados por irregularidades en contratos para la venta de permisos de circulación y sortearon un juicio oral a cambio de firma mensual y la devolución de dineros cuyo origen se suponía ilícito.
En el caso del alcalde Olavarría, en los alegatos de ayer lunes la abogada Alma Sánchez, del CDE, partió preguntándose por qué si el Ministerio Público se opone a las suspensiones condicionales en casos de conductores que son sorprendidos conduciendo con más de 1.5 gr/l de alcohol en la sangre, no aplica el mismo criterio para delitos más graves como los que se acusa al alcalde de Colina. Luego la abogada pasó a resumir los antecedentes que pesan en contra de Olavarría y que a juicio de la querellante son suficientemente consistentes para llevarlo a juicio.
Citando la investigación del Ministerio Público, la abogada reparó en las inconsistencias de los ingresos del alcalde de Colina, quien entre 2006 y 2007 registró ingresos por casi $130 millones cuyo origen no tiene cómo justificar. Más aún considerando que su sueldo de alcalde es de $2.8 millones y debe pagar una pensión alimenticia de $2 millones.
Al explicar el origen de millonarios depósitos bancarios realizados a su favor en el mismo periodo por Domingo Soto, su ex jefe de gabinete, Olavarría declaró que se trató de préstamos que aquél le realizó en un periodo de aprietos económicos ante su separación matrimonial. Las indagatorias de la fiscalía de Colina determinaron que el agente inmobiliario Nabil Mansour, que actuó como intermediario en el arriendo del terreno donde se construyó el Tottus, realizó millonarios depósitos en la cuenta bancaria de Domingo Soto.
El abogado de Olavarría, Matías Balmaceda, dijo a CIPER que se reunirán con los representantes de la Fiscalía Local de Colina para evaluar la presentación de un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones. Junto con admitir que existen bajas probabilidades de que el recurso sea admitido, Balmaceda críticó la decisión de la segunda sala de la Corte de Apelaciones por cuanto «se cumplen cabalmente los dos requisitos para decretar la suspensión condicional: que la pena sea inferior a tres años y que el imputado no tenga antecedentes. Por eso, por decir lo menos, nos resulta extraña la decisión de la corte. Más aún considerando que se revocó la suspensión para tres de cuatro imputados».
La resolución del tribunal de alzada puede significar un importante precedente para el Ministerio Público, que ha sido cuestionado por acceder a suspensiones condicionales de funcionarios públicos acusados de irregularidades y que sin ser juzgados se mantienen en sus cargos a cambio de un pago y firma mensual. Uno de los casos más polémicos es el de la diputada UDI Claudia Nogueira, quien estaba imputada por fraude al fisco y hoy encabeza la comisión investigadora del controvertido caso Kodama.