Esta columna se escribe con un sentimiento de urgencia, para llamar la atención sobre una tremenda injusticia acontecida en Puente Alto, y sobre cómo las acciones destinadas a revertirla han abierto una oportunidad para realizar mejoras en la educación chilena.
La injusticia a la que nos referimos es la discriminación que ha sufrido un grupo de estudiantes que en marzo de este año, al ingresar a cuarto medio, se les negó la matrícula. En diciembre no contaban con el dinero suficiente para pagar su valor y a pesar de que los padres acordaron la reserva del cupo correspondiente con la administración del colegio particular-subvencionado, el Centro Educacional Principado de Asturias, finalmente no los dejaron matricularse.
Los y las estudiantes excluidos y sus familias se movilizaron –con el apoyo de sus compañeros y de otros apoderados del establecimiento– y concurrieron a las autoridades correspondientes para defender su derecho a la educación. Sin embargo, tanto la municipalidad de Puente Alto como la Dirección Provincial Cordillera del MINEDUC les señalaron que no tenían atribuciones para intervenir en estos casos, porque si bien el Estado subvenciona al colegio, su administración es de carácter privado.
Fue así como el Foro Educación de Calidad para Todos se dispuso y ofreció a apoyar su empeño por revertir la arbitraria acción del colegio. Con la colaboración de abogados especializados se interpuso, como primera acción, un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel apelando a la libertad de enseñanza. Este recurso se declaró admisible y acogió a tramitación por parte de dicha Corte el 5 de abril.
Acto seguido, el 27 de abril, se interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, solicitándole que declare inaplicable la Ley de Subvenciones en este caso (que faculta al colegio a cobrar por el servicio educativo bajo el Financiamiento Compartido), por generar como resultado una situación contraria al espíritu de la Constitución.
Más específicamente, se requirió a este Tribunal, después de un acucioso estudio realizado por el abogado Fernando Atria, sobre la configuración del derecho a la educación en nuestra Constitución, que declarara inconstitucional la aplicación de dicha Ley a la hora de resolver sobre la situación creada por el colegio, por atentar contra el precepto constitucional de la Libertad de Enseñanza. Esta argumentación se sustenta en que este precepto contiene la regla maestra del régimen constitucional de la educación en Chile, presente en el inciso 3° del N° 10 del artículo 19, que señala: “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”.
Teniendo en cuenta que el derecho a educar a los hijos posee como complemento el deber de educarlos, y que este deber se plasma, en la práctica, en la obligación de los padres de enviar a los hijos a un establecimiento educacional, el ejercicio de este derecho a educar debe ser entendido como un derecho de elección: el derecho de los padres a escoger libremente el centro educativo al que enviará a sus hijos, sin discriminación de ningún tipo, incluyendo la económica.
Lo ocurrido en Puente Alto, lo saben muchos chilenos que lo han vivido en carne propia, se reitera con preocupante frecuencia a lo largo del país. Se trata de un aspecto crítico de la educación chilena: la segregación social y económica de sus estudiantes, lo que ha sido verificado por especialistas de la OCDE este año así como por una amplia gama de expertos y actores sociales en Chile. Tanto los procesos de selección y exclusión de jóvenes por rendimiento académico, como en forma importante por el Financiamiento Compartido -como ocurrió en Puente Alto-, son las principales causas de la segregación escolar, la que, peor aún, se intensifica por culpa de nuestro sistema educativo (véanse los estudios de Juan Pablo Valenzuela y Cristián Bellei, 2009; y Valenzuela y Ernesto Treviño, 2011).
Por esto, el camino de justiciabilidad del derecho a la educación que se ha emprendido, sea cual sea la resolución del Tribunal Constitucional, es una oportunidad para dar continuidad a un debate abierto hace muchos años y retomado con especial fuerza gracias al movimiento pingüino del 2006: el debate sobre las desigualdades educativas que reproduce y amplía nuestro sistema escolar, debido a la forma en que ha sido concebido y estructurado, y sobre las posibilidades de superarla.
Debate que el Foro Educación de Calidad para Todos impulsará con especial intensidad durante este mes, con motivo de la celebración de la Semana de Acción Mundial por la Educación (del 23 al 27 de mayo), y hará suya el problema de la segregación escolar en nuestro país. Un debate que nos remite a preguntas esenciales: ¿qué tipo de educación queremos para Chile? ¿Una educación para los que tienen dinero y pueden pagarla y otra para los que no? Usted, ¿qué opina?
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Caso Convenios en La Araucanía: director de Fundación Local reconoció a la fiscalía que la ONG fue creada por estrecho asesor del gobernador Rivas
No siempre el FC es para incrementar el lucro, en algunos casos, como en las Fundacioens sin fines de lucro, se hace necesario cobrar una mensualidad para garantizar una buena educación, por los altos costos que ésta requiere y que la subvención estatal no alcanza a cubrir. Trabajo en un colegio que tiene estas características y casi siempre los apoderados que no pagan (a todos los que no pueden pagar se les da beca) no es por problemas económicos si no por dejación o por priorizar otros gastos (obviamente no me refiero a gastos de primera o segunada necesidad). Y el cobro es de 10 mil mensual y se entrega educación de primera calidad. Entonces si el apoderado no postuló a beca él mismo asume que puede pagar la mensualidad y pasa todo el año y no cancela, me pregunto si es justo que se pueda matricular para el otro año, habiendo familias que quizás tengan mayor dificultad económica y sí cancelaron la mensualidad a un colegio que no lucra y que garantiza buena educación. Y que necesita el FC para dar estas garantías. Solo digo cuidado con lo que se reclama, no todos funcionan de la misma manera.
magduglas | 14.05.2011
les recuerdo que durante 20 años la educacion solo hubieron barnices y ahora ¿echarle la culpa a la derecha?.
en un año no creo que puedas realizar muchos cambios, y si habla del lucro lease el art 11 de la constitucion donde habla del derecho de la educacion
magduglas | 14.05.2011
constitucion chilena
10°. El derecho a la educación.
La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas
etapas de su vida.
Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos.
Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.
Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia y garantizar el
acceso gratuito y el financiamiento fiscal al segundo nivel de transición, sin que éste
constituya requisito para el ingreso a la educación básica.".. 40 41
La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado
financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de
toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la
ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.42
Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en
todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y
la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.
Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la
educación;
11°. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener
establecimientos educacionales.
La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la
moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.
La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia
político partidista alguna.
Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para
sus hijos.
Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán
exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las
normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su
cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecer los requisitos para el
reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel; 43
Gonzalo | 09.05.2011
Hacer la educación pública más mala de lo que ya es, tiene por objeto producir mano de obra barata para las empresas que operan en Chile. Desde este punto de vista, no hay nada que se pueda hacer en tribunales, y de alguna manera legitima el movimiento pingüino, que se parece mucho a las protestas estudiantiles que lucharon por impedir la municipalización de la educación chilena en dictadura.
Paulina | 06.05.2011
Como es el titulo de aquel renombrado articulo?, a la educación la mato la derecha ??? Y la disfraZada también
Acto seguido, el 27 de abril, se interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, solicitándole que declare inaplicable la Ley de Subvenciones en este caso (que faculta al colegio a cobrar por el servicio educativo bajo el Financiamiento Compartido), por generar como resultado una situación contraria al espíritu de la Constitución.
