La sorprendente historia del abogado que asesoró a la ministra Matte en el millonario pago a Kodama

En septiembre de 2007 me correspondió por pura casualidad llegar a una asamblea de trabajadores de la piedra en el norte de Santiago, un grupo al que se le conoce como “los canteros de Colina”. Debido a una serie de acusaciones que recaían sobre ellos por el uso de explosivos, estaba en esa reunión a la espera de entrevistar al presidente de la organización.

Mientras esperaba y escuchaba el relato de un abogado que se dirigía a la concurrida asamblea, me di cuenta que el motivo de la reunión era una verdadera bomba periodística para la zona. Hacía pocos días estos trabajadores de la piedra habían descubierto que la anterior administración de su agrupación gremial, la Asociación de Canteros de Colina, había vendido cerca del 80 por ciento de las pertenencias mineras en las que trabajaban los 250 miembros de la entidad. Los canteros reclamaban que ellos nunca autorizaron ni supieron de esa venta. El resto del pueblo, dependiente también del trabajo de la piedra, tampoco lo sabía.

La enajenación de las pertenencias se había concretado tras la firma de un “acuerdo marco” (ver documento) entre los representantes de los canteros y dos empresas interesadas en los predios. El abogado que asesoró a la directiva de los trabajadores y que los convenció de suscribir ese acuerdo, con el que terminaron desprendiéndose de sus bienes, fue Álvaro Baeza Guíñez. El mismo que ahora asesoró a la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, en el polémico pago de $17.000 millones al Consorcio Kodama y que es investigado por el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.

En esa reunión a la que asistí en septiembre de 2007, el nuevo abogado de los canteros les estaba interpretando seis contratos, derivados del “acuerdo marco”, que había podido rescatar -a punta de presión y amenazas- a los anteriores dirigentes de la agrupación. Y para rematar, utilizó la siguiente frase: “Amigos, disculpen el ejemplo, pero a ustedes se los violaron y cuando no terminaban de subirse los pantalones ya se los habían violado nuevamente”.

Pero las sorpresas no quedaron en esos seis contratos. Con el paso del tiempo, esos seis documentos iniciales se transformaron en 18, todos firmados por un par de inmobiliarias interesadas en desalojar la actividad cantera de un sector que sería destinado a construir lujosos condominios y por una empresa de áridos, interesada en explotar la roca existente en el lugar. Como contraparte, los contratos llevan la rúbrica de Elías Aravena Villarroel, entonces presidente de los canteros, y otros cuatro directores de la asociación gremial, todos encomendados por sus representados para enfrentar la amenaza del negocio inmobiliario y posibilitar la continuidad de su centenaria labor en los cerros del sur de Colina. El mismo sector que actualmente es conocido como Chicureo, una exclusiva zona residencial de primerísimo nivel.

El presidente subrogante de los canteros, sucesor de Elías Aravena, me entregó los seis contratos y comencé a estudiar el tema. En el intertanto, fui conociendo más profundamente a los canteros, comprobando que, con suerte, la totalidad de ellos había cursado octavo básico. ¿Cómo entendieron entonces, los 18 contratos que sus representantes y su abogado iban a firmar (o que ya habían firmado)? En realidad, no habían entendido nada, porque el asesor que tuvieron a la hora de representarlos en la tensa relación que llevaban con las inmobiliarias, según ellos, sólo les había pedido autorización para “iniciar conversaciones”, algo que la asamblea de los canteros autorizó cuando el abogado les “explicó” lo que iba a hacer. Según ellos, nadie les dijo nada de vender sus preciadas pertenencias mineras.

En medio del ajetreo en que se convirtió este caso, apareció el escrito del “acuerdo marco” que posibilitó la transacción. Y surgió una nueva revelación. Finalmente se lograba establecer que poco más de las 200 hectáreas de propiedad minera de los canteros de Colina (de un total de 300), se habían vendido a una inmobiliaria por 800 millones de pesos. A ello se agregaba que hasta esa fecha, los canteros no sabían dónde estaba esa cuantiosa suma. Establecer el destino del dinero se dificultó aún más cuando el ex presidente de la asociación, Elías Aravena, se “fuga” a la localidad de Casablanca, donde se construye una casa nueva y abre un nuevo taller de piedra. Gran capacidad de ahorro…

Pues bien. La pregunta obvia es: ¿Quién era este abogado asesor de los canteros de Colina que viene a “defenderlos” para que no les quiten algo de su propiedad y termina negociando con las inmobiliarias gran parte de las hectáreas mineras, a cambio de un dinero que se evaporó?

La respuesta estaba en Las Canteras de Colina. Esta empresa de áridos, interesada en “hacerse” de la roca molida de los canteros (qué reconfortante tener una fuente de áridos a metros del sector en construcción más caro de Chile: Chicureo), había puesto a disposición de los humildes “picapedreros” un abogado de prestigio, de reconocida trayectoria, con bufete propio y sin registro en el Colegio de Abogados; un profesional de las leyes con una capacidad de oratoria y un desplante capaz de acallar a cualquier suspicaz ex alumno de octavo básico del colegio de Las Canteras: Álvaro Baeza Guíñez.

En una confesión sacada como se resuelven la cosas en Las Canteras, el fugado ex presidente reconoció ante sus colegas el valor de los honorarios pagados a este asesor legal, configurando la curiosa casualidad de que la cifra que se “embolsó” este profesional concordaba íntegramente con lo pagado por la inmobiliaria por las pertenencias mineras de los canteros: 800 millones de pesos. Es decir, TODO lo que había transado el abogado por las pertenencias fue a parar a sus propios bolsillos. Eso, sin contar lo que también le iba a pagar la empresa de áridos Las Canteras de Colina por defender a los canteros.

Obviamente, me correspondió entrevistar a Baeza, un verdadero flautista de Hamelin frente a su interlocutor. Es por esa misma razón que no me sorprende lo de Kodama-Serviu y que la ministra Magdalena Matte terminara firmando el pago de 17.000 millones de pesos, proceso que luego fue detenido en procura de nuevos antecedentes.

En aquella conversación telefónica el hombre dio cuenta de su ego, refiriéndose a los 18 contratos como verdaderos “tratados de derecho” y como un material que debería ser de estudio en las universidades, ya que los canteros no tenían ni una sola posibilidad de ganar a las inmobiliarias sin su participación (este consejo podría ser perfectamente aplicable al caso Kodama: “Ministra, no hay posibilidad de ganar; hay que negociar con Kodama y pagar, al menos, parte de lo que piden”).

Respecto de sus honorarios, me confirmó que entregó la respectiva boleta y que efectivamente había cobrado los 800 millones de pesos, una cifra que era habitual -dijo- para un profesional de su nivel. Al consultarle por el valor de las propiedades mineras de los canteros, me señaló que no valían ni un peso. ¡Un paladín de la justicia!

Luego de embolsarse los recursos de la transacción de los canteros, Baeza desapareció del pueblo. Y los canteros, obviamente, comenzaron a ser expulsados de sus ahora ex pertenencias mineras por parte de las inmobiliarias. Fue en ese momento que los trabajadores contrataron un nuevo abogado y entablaron una demanda que sigue vigente hasta hoy. En ella, Baeza fue acusado de prevaricación y estafa. Un pequeño problema que no le impidió ser contratado como asesor y apoyo jurídico por la ministra de Vivienda. Por supuesto, la resolución de la demanda de los canteros de Colina no ha tenido la misma y sorprendente celeridad que sí tuvo la que interpuso Kodama contra el Serviu, que se solucionó en 30 días con el pago de los 17.000 millones, proceso en el que tuvo un rol protagónico el ahora ex asesor de la ministra Matte que participó en las negociaciones: Álvaro Baeza Guiñez.

No sé por qué el caso Kodama me huele a Modus Operandi…