La preocupación de EE.UU. por el tráfico de personas en Chile

Lo que esperaba a las siete mujeres que iban en ese bus rumbo a Punta Arenas ya había ocurrido antes. Todas eran paraguayas, tenían entre 18 y 26 años y una promesa de trabajo en la ciudad más austral del continente. Era octubre de 2008. Después de atravesar Argentina, cruzarían por un paso fronterizo remoto en el sur de Chile sin conexión a la base de datos del sistema nacional de inmigración. Pero su camino fue interrumpido en Río Gallegos, a 280 kilómetros de su destino. Allí, las dos mayores, las que llevaban el dinero de todas las demás, fueron detenidas. Las otras cinco quedarían alojadas en un centro de asistencia social mientras se tramitaba el retorno a su país, luego de que un par de ellas le dijeran a la policía argentina que estaban en ese bus contra su voluntad. De haber llegado a la capital de la Región de Magallanes, les hubiera pasado lo mismo que a otras 13 muchachas de su misma nacionalidad; lo mismo que a las chicas de Babilonia.

En marzo de ese mismo año, una mujer paraguaya llamó a su familia y les dijo que la habían engañado. A ella y al menos a otras 12 chicas las habían traído desde Paraguay para trabajar como garzonas en un local nocturno de Punta Arenas. La ruta había sido la misma: cruzar Argentina por tierra hasta llegar a esa ciudad, donde les entregarían sus papeles y firmarían sus contratos. Pero la oferta de trabajo no resultó como esperaban: en Babilonia, el local donde trabajaban, las obligaban a prostituirse.

La historia fue relatada en diversos medios de la época y aunque no fue el primer caso detectado en el país, sí fue importante porque recién entonces las autoridades comenzaron a pensar en la posible presencia de un grupo internacional organizado involucrado en el tráfico de personas en Chile. Por eso fue que el entonces embajador estadounidense en Santiago, Paul Simons, incluyó el episodio en el cable Nº 193.156, emitido al Departamento de Estado en febrero de 2009. En él, Simons respondió las 27 preguntas hechas desde Washington sobre la situación chilena para configurar el Reporte sobre Tráfico de Personas (TIP*, por sus siglas en inglés) correspondiente a ese año.

La información incluida por el embajador en el documento fue recabada por la Organización Internacional para la Migración (OIM) en todo el país durante 2008. Los datos entregados señalan que el gobierno ha progresado en sus esfuerzos para enfrentar la trata de personas, pero al mismo tiempo dice que “fracasó en la aprobación de una legislación amplia” y que el tráfico interno y laboral de adultos aún no es delito bajo la ley chilena. Que aunque el gobierno sabe que existe una falta de conocimiento sobre ese problema en Chile, “no hay planes para profundizar el estudio o investigar la materia en el futuro”.

El informe también habla de las familias peruanas y bolivianas internadas para trabajar en el norte del país, de las mujeres extranjeras que alimentan los burdeles, principalmente en las zonas mineras; y de los chinos que son traídos para trabajar en pésimas condiciones en las minas y el campo.

–Chile es un país de origen, tránsito y destino para personas traficadas. El tráfico se produce dentro de las fronteras del país pero, a excepción de la prostitución infantil, es extremadamente difícil de detectar –dice el cable diplomático.

La lucha contra el tráfico

La información contenida en el documento no es muy distinta a la que ya había enviado en marzo de 2006 la embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en Chile. En esa oportunidad, el informe dividido en dos cables (Nº 55.111 y Nº 55.112) se refería, entre otros casos, a los dos chilenos y un argentino detenidos un mes antes en Antofagasta por internar a esa ciudad a nueve argentinas para prostituirse. Y consigna las 74 causas vigentes por prostitución y pornografía infantil. También se relata la historia de tres ciudadanas chinas reclutadas para estudiar español en una universidad chilena, pero que acabaron obligadas a trabajar como masajistas en un spa, incitadas a ofrecer servicios sexuales a los clientes y a vivir con restricciones de movimiento.

El informe también decía que existían avances por parte del gobierno para enfrentar el problema: que se estaba trabajando con la Organización de Estados Americanos (OEA) y el MERCOSUR “para definir la extensión del TIP en la región” y que ya se había empezado a compilar información sobre la investigación y judicialización del tráfico al interior del país. Algo positivo, si se considera que el mismo documento señalaba que “no hay estadísticas oficiales ni completas sobre el tráfico de personas disponibles en Chile”.

Desde entonces, varios de los cables diplomáticos de EE.UU. filtrados por Wikileaks, se refieren a los esfuerzos para fortalecer las capacidades gubernamentales en el combate del tráfico de personas. En enero de 2008, una delegación chilena viajó a Austria para participar en un foro internacional sobre la materia; en julio del mismo año, la embajada norteamericana presentó la película Tráfico Humano en la Escuela de Investigaciones; y cinco meses después, Chile aceptó la invitación al Taller Latinoamericano sobre Tráfico de Personas que se realizaría en marzo de 2009.

Un par de meses antes de ese taller, dictado por la Academia Internacional para la Aplicación de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés), se realizó en Chile la primera Cumbre Iberoamericana sobre Tráfico de Personas, detallada en el cable Nº 185.588. En esa oportunidad, los 21 países participantes emitieron una declaración en la que se comprometieron a la cooperación y el intercambio de información y a promover la capacitación y la integración en los esfuerzos entre fronteras. Se reconocieron además, las deficiencias para combatir el tráfico en la región. En el caso chileno, se remarcó la falta de tipificación del delito y que la ley “no distingue entre el tráfico de personas y el contrabando de migrantes, vinculando el tráfico exclusivamente con la prostitución, y no provee protección legal a víctimas de explotación sexual o laboral”.

–Chile tiene un proyecto de ley pendiente que eliminaría estas irregularidades y pondría a la legislación en línea con el Protocolo de Palermo –dice el cable.

Para cuando salió el informe de 2009 –que incluye el caso de las jóvenes paraguayas en Punta Arenas–, el proyecto de ley que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas ya llevaba siete años en discusión en el Congreso. La lentitud del proceso fue bastante criticada en los cables de la embajada norteamericana. Para EE.UU. –como lo señalan los cables Nº 214.975 y Nº 234.969– el tema representa uno de los puntos clave en sus relaciones con Chile. El proyecto recién fue aprobado por la Cámara de Diputados el 8 de marzo recién pasado.

Mientras la ley se discutía, el gobierno creó una Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas para estudiar los alcances del problema en el país y coordinar las acciones a tomar, pero cuando Simons envió el informe, el grupo sólo se había reunido una vez sin llegar a ningún resultado. El cable indica que la mayoría de los agentes policiales chilenos no están debidamente capacitados para perseguir a los traficantes y que los fiscales suelen no investigar la trata de personas ante la ausencia de leyes que la penalicen. A eso se suma la deficiencia estatal de recursos humanos y financieros destinados al manejo del problema. A pesar de los foros, cumbres y talleres internacionales, y aunque las instituciones chilenas ahora sí cuentan con información confiable sobre el tema –aunque no centralizada–, lo que Paul Simons reportó al Departamento de Estado a principios de 2009 es prácticamente lo mismo que se informó tres años antes.

Chile como origen, tránsito y destino

Los chilenos víctimas de la trata de personas son, en su mayoría, chilenas. Mujeres que salen del país rumbo a Europa y Asia reclutadas para ejercer como prostitutas, “pero una vez en esos países encuentran condiciones de empleo por lejos peores de las que les fueron descritas”.

Sobre la cantidad de chilenos traficados hacia el extranjero el cable dice que no hay estimaciones confiables. Lo mismo dice sobre los casos de personas que usan Chile como escala antes de llegar a su destino en otro país.

-Como país de tránsito, las víctimas son traficadas a través de Chile en ruta a México, Brasil y posiblemente los EE.UU. Las víctimas del tráfico que transitan por Chile son primordialmente hombres chinos sometidos a la explotación laboral. No hay evidencia concluyente de si grupos criminales organizados o traficantes independientes son los responsables de las víctimas que transitan por Chile. No hay estimaciones confiables sobre el número de víctimas del tráfico que transitan por Chile –señala el documento de la embajada norteamericana.

Los casos de personas internadas al país son los que registran mayor información. En 2008, el estudio de la OIM detectó 110 casos de trata de personas en Chile, que involucraban a 148 individuos traficados, la mayoría detectados en Viña del Mar y San Felipe. No se trata de secuestros ni de venta de personas, sino principalmente de engaños en ofertas de empleo. Según los datos registrados en el cable, mientras que el 53% fue víctima de explotación sexual, el 47% restante sufrió explotación laboral. Y sólo un 16% correspondía a tráfico interno: chilenos traficados dentro del país. Del 84% conformado por extranjeros, al menos la mitad viene de mucho más lejos de lo que suele pensarse.

El cable indica que Chile es el destino para muchos asiáticos víctimas del tráfico laboral. Se afirma que el 51% de los extranjeros traficados proviene de China y son destinados al trabajo en pequeñas minas o en el sector agrícola. Después de los chinos, los países con más personas que ingresan a Chile a través de la trata son Perú, Bolivia, Colombia y Paraguay; inmigrantes que se reparten por todo Chile, incluidos Santiago, Punta Arenas, Iquique y Calama. Sobre el tráfico de mano de obra para labores del campo, se indica que familias enteras “son traficadas sin documentos a través de la porosa frontera chilena con Perú y Bolivia para trabajar en los campos agrícolas”. Normalmente reciben sueldos mucho más bajos que los prometidos y se los hace trabajar por horarios que superan por mucho lo permitido legalmente. También dice que se espera que cada uno de los miembros de esas familias trabaje. Incluso los niños pequeños. Que a veces, en vez de sueldos, los hacen trabajar a cambio de comida.

Nivel 2

Muchas de las respuestas entregadas por el embajador Simons al Departamento de Estado parten con la frase “sin cambio desde el año pasado”. Eso ocurre cuando dice que la prostitución sigue siendo legal en Chile. También cuando indica que, a pesar de que las víctimas no son tratadas como criminales, al terminar el proceso legal pueden ser deportadas o expulsadas del país; o cuando señala que, si bien los puestos fronterizos están bien desarrollados, “debido a la longitud de la frontera chilena, con la mayor parte de los tramos deshabitados en las montañas o el desierto, es casi imposible monitorear todo el movimiento de personas”.

En abril de 2009, la embajada de EE.UU. remitió un nuevo documento a Washington, el cable Nº 203.835. El reporte nuevamente reconoce los esfuerzos del gobierno chileno para combatir la trata de personas. Incluye datos como que entre abril y septiembre de 2008 el Ministerio Público abrió 104 causas por tráfico humano (un 10% más que el año anterior), que la Policía de Investigaciones (PDI) y la OIM entrenaron a aproximadamente 225 trabajadoras sexuales para identificar la trata, y que “el concepto de trabajo forzado –donde los trabajadores son retenidos contra su voluntad, como servidumbre, amenazados e intimidados– no describe precisamente la situación en Chile”.

–El tráfico laboral en Chile es más común en el norte del país, donde los inmigrantes son atraídos con la promesa de condiciones de trabajo seguras (salarios, beneficios, horas) en la agricultura o industrias mineras, pero esas promesas a veces se rompen. Los problemas típicos incluyen salarios bajos y horarios más extensos, pero los trabajadores no son sometidos a condiciones de trabajo forzado –dice el cable.

La embajada también propone mantener a Chile en el nivel 2 en la escala sobre tráfico de personas. Eso quiere decir que se mantiene entre los “países que no cumplen con los estándares mínimos de los Actos de Protección para las Víctimas de Tráfico, pero que están haciendo grandes esfuerzos para estar en conformidad con esos estándares”, según lo define el Departamento de Estado en su sitio web.

El 12 de junio, llegó a la sede diplomática norteamericana el cable Nº 211.681, firmado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton. En él se informaba que cuatro días después se anunciaría públicamente el resultado del Reporte sobre el Tráfico de Personas 2009 y entregaba una guía de preguntas y respuestas para que el embajador respondiera a la prensa. Cualquier declaración previa en relación al tema, estaba completamente prohibida.

Los niños como víctimas

A principios del año pasado, la embajada volvió a enviar un cable al Departamento de Estado, pero esta vez, actualizando la “información sobre las peores formas de trabajo y trabajo forzado infantil en Chile”.

El documento dice que no ha habido cambios en las agencias responsables del cumplimiento de las leyes relacionadas a los menores en trabajos peligrosos o forzados. Y agrega que no existe ningún mecanismo específico para denunciarlos. Según el cable, entre enero y octubre de 2009 la Inspección del Trabajo impuso sanciones en 47 casos vinculados al trabajo infantil. Mientras que la mayoría fueron infracciones a los requerimientos contractuales para jóvenes entre los 15 y 18 años, 10 sanciones fueron por contratar a menores de 15. “Otras infracciones incluyen una por trabajos peligrosos, cuatro por tener a menores trabajando más de ocho horas diarias y tres por tener menores en trabajos nocturnos”.

En el informe se señala que las estadísticas del gobierno no discriminan entre el tráfico, la explotación sexual y el uso en actos ilegales de menores. También que el país no tiene ni agencias ni personal dedicado exclusivamente al cumplimiento de esas leyes, además del Ministerio Público y las policías, ni tampoco cuenta con una central telefónica exclusiva donde se reciban ese tipo de denuncias.

–El Sename continúa a la cabeza del Grupo de Trabajo Nacional sobre la Peores Formas de Trabajo Infantil, que compila un registro nacional de casos. Durante 2009 hubo 289 casos detectados de niños y adolescentes involucrados en las peores formas de trabajo infantil y el 56% de ellos involucraba niñas. La mayoría de los casos son de naturaleza de comercio sexual –dice el cable.

El reporte diplomático incluye también varios datos estadísticos de 2009 sobre la explotación sexual de menores y menciona los acuerdos firmados entre el gobierno y las asociaciones de empresarios para eliminar el trabajo infantil. Dice que si bien los casos detectados en 2009 son un poco más que el año anterior, “el aumento puede deberse a la mayor visibilidad del problema de la explotación laboral infantil y una mejoría en las habilidades de las autoridades gubernamentales para detectarlo. La mayoría de los casos de peores formas siguen estando relacionados a la explotación del comercio sexual”.

Informe 2010: No hay cambios

En el sitio web del Departamento de Estado hay un mapa actualizado a 2010 con la categoría de cada uno de los países en la escala sobre tráfico de personas. Como casi todos en la región –a excepción de Colombia–, Chile aún no cumple con los estándares internacionales y permanece en el nivel 2. El por qué se entiende al ver el cable Nº 250.730, donde Simons remite la información para elaborar el Reporte sobre el Tráfico de Personas 2010: dejando de lado la inclusión del caso detectado en julio de 2009, con funcionarios de la PDI involucrados en una red de prostitución infantil, el informe sigue igual que los años anteriores.

Cuando se refiere a las fuentes de información, el embajador repite que las instituciones chilenas cuentan con datos confiables pero que no están centralizados, y añade que “no hay planes del gobierno para llevar a cabo más documentación sobre la trata de personas”. Las víctimas que salen de Chile o las que usan el país sólo de escala, aún no aparecen en los registros. Durante 2009, la Mesa Intersectorial creada por el gobierno no se reunió y varios representantes de las instituciones que la componen señalaron que “existe sólo de nombre y no está activo”.

El cable asegura que las habilidades en Chile para dirigir la trata están limitadas por la falta de recursos y las leyes vigentes; las mismas deficiencias descritas en los informes previos. Como la embajada de EE.UU. suele mandar la información para los reportes anuales en febrero, es muy probable que en la versión de este año no haya diferencias sustanciales, ya que no incluiría la aprobación en su último trámite parlamentario del proyecto de ley que sanciona el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas en el país, lo que se concretó hace un par de semanas. Ahora sólo falta que el Presidente Sebastián Piñera promulgue la nueva ley.

*Los cables referidos al tráfico de personas ocupan la sigla TIP, que significa trafficking in persons.