La ultraderecha internacional desmantela los sistemas educativos: voces de alerta para la sociedad chilena

El autor de esta columna escrita para CIPER mira lo que está ocurriendo en el mundo en materia educacional, y la orden ejecutiva de Donald Trump esta semana de terminar con la Dirección de Educación, y entrega datos de lo que se comienza a conversar en Chile para advertir del peligro de que se instalen políticas que vayan en sentido contrario de los avances en inclusión que ha habido en el sistema educativo local. Dice que “habrá que estar atento sobre el devenir de esta materia en nuestro caso y de la hegemonía ultraderechista en las alianzas políticas en gestación”.

“Terminado el partido, el rey y el peón vuelven a la misma caja”
Refrán italiano

En muchos países del “primer mundo”, gobiernos y coaliciones políticas de ultraderecha tienen plena claridad que un pueblo ignorante es una condición clave para el éxito de su proyecto político en el tiempo. La relevancia política y social de todo sistema educativo es tal, que no hay Imperio o Gobierno, desde las épocas inmemoriales al presente, al dominar un nuevo pueblo le impone sus pautas de acción y valores culturales, interviniendo decididamente el sistema educativo de los dominados, práctica vigente en los movimientos de todas las tendencias, aunque con métodos diferentes.

Ejemplos recientes como Italia, Hungría, ahora EE. UU. y los potentes movimientos ultraderechistas de Francia, Alemania, España, -entre otros- y sus expresiones regionales autollamadas “libertarias” en Brasil Argentina y recientemente en Chile, por mencionar algunas, nos alertan sobre una profunda crisis social de las consecuencias turbulentas, impredecibles y poco alentadores en nuestra convivencia cotidiana de su propuesta “anti-equidad”.

En Chile, al finalizar el año 2024 las derechas políticas re-emergieron en la escena pública, interviniendo los recursos presupuestarios del Ministerio de Educación del 2025, referidos al traspaso de la educación municipal a los sistemas locales de Educación Pública, y también los avances de la ley de inclusión escolar, que suprime el financiamiento compartido, prohíbe el lucro y la selección de estudiantes. Aspectos que las derechas condicionan para entregar los recursos públicos a los establecimientos educativos y que, posiblemente, más adelante –desde sus diversos enclaves de poder- intenten retrotraer como parte de su proyecto político/ideológico para la educación nacional, proceso caracterizado por reposicionar algunas ideas conservadoras contrarias a la equidad social, siempre a partir del mercado. 

Las diversas expresiones de la ultraderecha en el país han sido capaces de liderar el sector en materias críticas y obligar a la derecha democrática a sumarse a sus posturas tan extremas, lo que en este caso podría ocurrir ante la ausencia de propuestas relevantes de los diversos sectores políticos en este campo que no sean la “vuelta a una mediocre municipalización de la educación” y esencialmente a que prime a todo evento el mercado en ella, defendiendo a ultranza el subsidio por estudiante como base del financiamiento escolar, ya que la derecha entiende perfectamente que con este instrumento clave de financiamiento de mercado maneja en gran medida la política educacional. Más aún cuando suprime iniciativas que compensen las grandes inequidades sociales y económicas de nuestra población.

El modelo de mercado instalado desde los ’80 en la educación chilena generó las condiciones para la privatización masiva del sector, desregulando el sistema para que los privados operaran sin límites y, paralelamente, debilitando y ahogando al sector público mediante la municipalización. La llave de este proceso fue “privatizar su lógica de funcionamiento desde el subsidio por estudiante”, haciendo de la política de financiamiento -desde entonces hasta hoy- un factor estratégico de las decisiones educativas de la escuela (y sus sostenedores), y otorgando a los privados los estímulos para su consolidación.

También, el éxito en el tiempo del neoliberalismo en la educación chilena se sustenta en el mito de las bondades de la competencia, materializada por la “libre elección de las escuelas por las familias” como causa primera, sustentada en escasa evidencia empírica, e instalándose la creencia de que la educación privada es de mejor calidad que la pública. Por ello necesita eliminar el actual Sistema de Admisión Escolar (SAE), pues éste próximamente demostrará que tales diferencias se reducen significativamente, y menos se asocian a la propiedad del sostenedor educacional, sino a la capacidad de sus equipos docentes para enfrentar la tarea pedagógica, lo que es una mala noticia para quienes defienden el negocio del lucro por sobre la calidad del sistema educacional y por tanto de las personas.

Lo interesante es que quienes repudian y buscan desmantelar al Estado, no trepidan en sostener que éste financie masivamente la educación inicial y escolar (en Chile más del 90% de los estudiantes están en esa condición), proceso que en países como España, Italia, Hungría y ahora EE.UU., entre otros, las ultraderechas sostienen que prioritariamente dichos recursos deben ir a las familias “nacionales” y solo posteriormente a los migrantes, dejando instalado un componente xenofóbico al que hay que poner atención. En EE.UU. explícitamente se ha sacado de las escuelas a niños y niñas cuyos padres tienen una situación irregular de migración, y estudiantes de educación superior se les suprimen  los apoyos financieros para estudiar.

La derecha en Europa y en Chile -en nuestro caso con la complicidad de algunos personeros del progresismo- insisten en la necesidad de recuperar la meritocracia en la escuela/liceo, calificando al sistema vigente como ineficaz y mediocre, debido a que queda muy poco del mérito académico en la formación escolar. Por lo cual, se atribuye a todas las formas de afirmación positiva, sea de grupos minoritarios, estudiantes especiales, migrantes y otros, la pérdida de la meritocracia, clamando por su reposición al menos en la educación secundaria (expresándose en Chile en algunas propuestas de cambio del Sistema de Admisión Escolar para el 2026). 

La ultraderecha europea y de EE.UU, no habla de “igualar la cancha para que el mérito sea efectivamente el producto del esfuerzo del estudiante y no de sus ventajas sociales y económicas familiares (capital social y económico)”. Sino, por el contrario, suprimir los sistemas de apoyo que reducen desigualdades muy agudas, tal como hizo la semana pasada Donald Trump al dar la orden de eliminar la Dirección de Educación. 

La ultraderecha busca reinstalar con este argumento una escuela elitista al servicio de la selección y segmentación social y territorial en todos los niveles. Con este subterfugio proponen –con distinto nombres- escuelas para ricos y escuelas para pobres en territorios muy diferenciados. Su argumento final es que bajo una supuesta mejor integración de los estudiantes a la sociedad no debe existir una reducción de las exigencias escolares (ciertamente eliminando los sistemas de apoyo en diversas materias).

El mérito arrulla a quienes piensan que “éste se debe a su esfuerzo y capacidad personal, más que al capital social de la familia”. No es sencillo que una persona privilegiada entienda lo que es la vida sin privilegios. Por ello, es común encontrar en los planteamientos de la ultraderecha la exaltación de los valores del trabajo y la disciplina como pilares de la mejora de la calidad educativa. Acto seguido, ello conduce a que la pedagogía escolar se centre en la disciplina, lo punitivo y el control de los estudiantes. 

En la Italia de hoy se amenaza con encarcelar a los padres de los niños que desertan de la escuela (medida planteada en Chile en 1920, la cual tuvo escaso impacto). El ministro italiano de “Educación y Mérito”, Guiseppe Valditara (2024) -de extrema derecha- en su libro “La escuela de los talentos”, expone la humillación como herramienta educativa. Los fracasos de los estudiantes deben ser factores desencadenantes de la toma de conciencia: no debemos alentar, sino que ser “objetivos” sobre las insuficiencias de los estudiantes. Principio que se aplica básicamente a los migrantes, cuya integración a la sociedad se considera un “fracaso”, sugiriendo para ellos la creación de dispositivos segregados.

Lo expuesto sustenta una enseñanza secundaria elitista, que oriente a una gran proporción de sus estudiantes a la enseñanza técnico-profesional, reduciendo el número de estudiantes de enseñanza científico-humanista para su proyecto elitista. Complementado esto con una amplia red de escuelas de segunda oportunidad de formación técnica, localizadas en los territorios vulnerables como forma de apartheid educativo. También, la ultraderecha francesa promete la creación de centros especializados para estudiantes disruptivos. Estos serían reformatorios donde los estudiantes se asignarán sin posibilidad de regresar a un establecimiento regular (es decir, un Sename en educación).

No obstante, en Italia se va más allá, el citado ministro de “Educación y Mérito” plantea que la gestión de las escuelas ha de devolver el poder a los hombres en una profesión demasiado feminizada, cuya solución sería reforzar la autoridad y así reparar el desempeño de los establecimientos educativos, razón que lleva a establecer cuotas para reclutar a más hombres para dirigir escuelas.

Esto se complementa invitando a los padres de familia a controlar el trabajo docente en la escuela y el currículo escolar.

Podría profundizarse más en los contenidos curriculares, exacerbando la “restauración de la identidad nacional” basada en la recuperación de un supuesto pasado épico, identitario y mítico, una supremacía “natural” ligada a valores religiosos, raciales, culturales y su combinación. No obstante, habrá que estar atento sobre el devenir de esta materia en nuestro caso y de la hegemonía ultraderechista en las alianzas políticas en gestación.

La tarea de la ultraderecha chilena en esta materia es más simple que la de varios países europeos, pues en el país se ha avanzado demasiado en este camino, no solamente siendo reconocido como un ícono global de privatización del sistema educativo y de la sociedad, sino que además apoyada por la connivencia de algunos actores claves del movimiento progresista que parecieran no entender el profundo impacto negativo de estas iniciativas en la convivencia nacional.