Casa de Allende: la minuta de la jefa jurídica de Bienes Nacionales que advirtió a Presidencia sobre “consecuencias morales, políticas y jurídicas”

El pasado 16 de marzo, en Chilevisión, el Presidente Boric recalcó que la exministra Fernández y la senadora Allende no tuvieron mayor relación con el proceso de compra. El mandatario aseguró que “la responsabilidad del proceso de venta (…) recaía en los equipos que habían llevado adelante esto”, algo que ahora queda en entredicho, pues apareció un documento que acredita que esos mismos equipos si advirtieron sobre las “consecuencias políticas y jurídicas por las personas que actualmente serían propietarias”. El 9 de octubre de 2024, la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, Macarena Diez, y la jefa de Gabinete de esa cartera, Denisse Hernández, se reunieron con los asesores de Presidencia, Leonardo Moreno y Bernardita Nazar, para tratar la compra. CIPER accedió a la minuta elaborada por Diez para esa reunión, donde en el tercer punto –titulado “Consecuencias morales, políticas y jurídicas”– se incluyó manifestar “preocupación y alerta por la adquisición de inmueble por las partes vendedoras”.

Los funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales y del Ministerio de las Culturas a cargo de tramitar la compra de la casa del expresidente Salvador Allende han sido apuntados por el gobierno como responsables de que la adquisición fallara. Pero, si bien no se han conocido alertas que repararan específicamente en la inconstitucionalidad de la operación, sí han existido múltiples testimonios de autoridades y abogados relacionados con el proceso que aseguran que se alertó a la Presidencia sobre problemas jurídicos. CIPER tuvo acceso a una minuta elaborada por la jefa de la División Jurídica de Bienes Nacionales, Macarena Diez, preparada previo a una reunión con asesores de La Moneda en octubre de 2024, donde se destaca como uno de los elementos a discutir las consecuencias “morales, políticas y jurídicas” de efectuar la compra. El documento fue aportado por la abogada al Ministerio Público como respaldo de que sí hubo alertas elevadas al gabinete del Presidente Boric.

El inmueble donde vivió Salvador Allende iba a ser adquirido por el fisco por $993 millones para ser transformado en una casa-museo. Sin embargo, el proceso se dejó sin efecto al constatarse –luego de firmado el contrato de compraventa– que entre los propietarios de la casa figuraban la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora socialista Isabel Allende, ambas impedidas constitucionalmente de celebrar contratos con el Estado. Esto provocó la apertura de una causa por presunto fraude al fisco, la presentación de recursos constitucionales contra la senadora y la ministra y, finalmente, la renuncia de Maya Fernández a Defensa. 

El pasado 16 de marzo, en una entrevista con Chilevisión Noticias, el Presidente Boric recalcó que la exministra Fernández y la senadora Allende no tuvieron mayor relación con el proceso de compra. También aseguró que “la responsabilidad del proceso de venta que no llegó a concretarse de la casa del expresidente Salvador Allende recaía en los equipos que habían llevado adelante esto”, es decir, en los funcionarios de Bienes Nacionales y las Culturas que intervinieron. Si bien no se han conocido advertencias específicas sobre los problemas constitucionales de la compra, existen testimonios de involucrados en el proceso donde aseguran que sí se elevaron alertas sobre problemas jurídicos y comunicacionales respecto a la compra (lea el reportaje “Casa de Allende: funcionarios de Bienes Nacionales y Cultura advirtieron a la Presidencia sobre problemas legales de la compra”).

CIPER reveló en febrero de este año que tanto la jefa Jurídica de Bienes Nacionales como la jefa de Gabinete de esta cartera, Denisse Hernández, alertaron a los asesores presidenciales, Leonardo Moreno y Bernardita Nazar, de problemas jurídicos en torno a la compra de la casa durante una reunión sostenida en octubre de 2024. Previo a aquel reportaje, La Segunda dio a conocer que funcionarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural elevaron un correo al Ministerio de las Culturas donde se indica que “se debe tener presente que hay dos personas de la comunidad que tienen calidad de autoridad, para efectos jurídicos”. 

Ahora, surgen nuevos antecedentes sobre la alerta expresada en la reunión que se realizó en octubre pasado entre las funcionarias de Bienes Nacionales y los asesores presidenciales: la prevención quedó estampada en una minuta que ya está en manos del Ministerio Público.

El 9 de octubre de 2024, las abogadas Macarena Diez y Denisse Hernández asistieron a una reunión con los asesores presidenciales Leonardo Moreno y Bernardita Nazar. Para la Presidencia el encuentro tenía como objetivo apurar el proceso, el que se encontraba detenido en la unidad jurídica de Bienes Nacionales, entonces dirigida por Diez. El proyecto había ingresado a dicha unidad con carácter prioritario, pero según la jefa Jurídica faltaban antecedentes fundamentales. Incluso, Diez le dijo a la jefa de gabinete de BB.NN. que el tiempo era “muy poco”, y que tenía ciertas aprensiones debido al “cuestionamiento político y jurídico” que podría traer consigo la compra de una casa que pertenece a dos autoridades. 

Por otra parte, para Diez y Hernández el objetivo de la reunión era comunicar a los asesores presidenciales una serie de reparos a la operación.

CIPER accedió a la minuta que elaboró la jefa Jurídica de Bienes Nacionales para aquella reunión. El punto número tres del documento, titulado “Consecuencias morales, políticas y jurídicas”, señala que “se manifiesta preocupación y alerta por la adquisición de inmueble Guardia Vieja por las partes vendedoras”, para luego agregar que “se expresan consecuencias políticas y jurídicas, por las personas que actualmente serían propietarias”. Finalmente, este punto de la minuta termina indicando que durante la reunión se debe ceder la palabra a Denisse Hernández, la jefa de Gabinete, quien “debe expresar sus preocupaciones y complejidades que han visto en MBN”. 

Si bien la abogada nunca recibió información respecto a sus alertas, en la reunión los asesores de la Presidencia definieron que las advertencias políticas y jurídicas serían revisadas junto a la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de Chile (Secom). 

La minuta a la que se tuvo acceso para este artículo fue entregada por Macarena Diez al Ministerio Público a modo de respaldo de que estas alertas sobre vicios legales fueron efectivamente presentadas por la abogada ante los asesores presidenciales. 

El gobierno no se ha pronunciado públicamente respecto a la existencia de advertencias legales en la compra del inmueble del exmandatario Salvador Allende, excepto el pasado 8 de enero, fecha en que CIPER consultó al departamento de prensa de La Moneda si en Presidencia se habían recibido “reparos o advertencias” por parte de funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales. En aquella oportunidad –momento en que el proceso de compra aún no se encontraba judicializado– indicaron que “a lo largo del proceso, no se formalizaron reparos o advertencias a la Presidencia de la República”, algo que la minuta aportada por Macarena Diez a la investigación del Ministerio Público pone en entredicho. 

A partir de lo indicado por Diez en la minuta que entregó a fiscalía, este medio volvió a consultar a Presidencia si se recibieron alertas jurídicas en relación a la compra de la casa presidencial, indicando que “debido a que hay una investigación en curso, desde la Presidencia de la República no se formularán declaraciones al respecto”.

La Moneda sí ha recalcado públicamente que no se presentaron advertencias específicas sobre el vicio constitucional detrás de la compra del inmueble, estando prohibida la celebración de contratos entre el Fisco y autoridades como ministros y senadores. De momento no existen declaraciones ni documentación que den cuenta que se haya alertado sobre el problema constitucional en particular, el cual implicaría el incumplimiento de los artículos 37 bis y 60 de la Carta Magna. 

Además, CIPER pudo ver parte de la declaración ante el Ministerio Público de Macarena Diez. En la instancia la abogada comentó que, en septiembre de 2024, antes de salir de vacaciones, se enteró informalmente sobre la inyección de recursos que recibiría el Ministerio de BB.NN. para la compra de las casas de los expresidentes Aylwin y Allende. A su vuelta se le informó que dos abogados estaban haciendo el estudio de títulos de ambas propiedades, los que posteriormente fueron entregados a Pablo Maino, jefe de la División de Bienes Nacionales.   

“Quisiera comentar que al regreso de mis vacaciones y para este proceso de compraventa de las casas presidenciales, en reuniones realizadas en la jefatura de la división, se comentó que era un compromiso presidencial prioritario, que debía realizarse antes que cualquier otra cosa, y que debía efectuarse durante ese año, por la ejecución presupuestaria”, declaró la abogada ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien dirige las indagatorias. 

Otro aspecto que llama la atención en su declaración es que entregó el detalle del seguimiento que se le hizo al proceso de compraventa en el ministerio, el cual pasó por al menos diez funcionarios de la cartera, los que forman parte del Departamento de Adquisiciones, la División de Bienes Nacionales, la Dirección Jurídica y el gabinete ministerial, antes de que el decreto de autorización fuera remitido hasta la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). En su declaración, Diez destaca que estos funcionarios deben cumplir con lo estipulado en la circular N°152 de julio de 2021, de la Dirección Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, que establece los criterios legales que rigen los actos administrativos de la cartera y detalla los documentos que deben acompañar los procesos de adquisición o venta de inmuebles por parte de BB.NN. 

La circular define para la Compra de Inmuebles por el Fisco los siguientes pasos: solicitar la compra al organismo interesado; título de dominio del inmueble y certificado de dominio vigente; certificado de hipotecas y gravámenes; informes de títulos de la propiedad; certificado de avalúo fiscal y una serie de otros documentos relacionados con la propiedad. En el punto N°9 se determina la necesidad de la “individualización completa del vendedor”, lo que se traduce, en el caso de una persona natural, solo en la copia de la cédula de identidad, el certificado de nacimiento, el de matrimonio, del AUC o certificado de soltería. No se incluyen otros aspectos, como la revisión de inhabilidades o la solicitud de una declaración jurada al respecto.