Casa de Allende: el plan de la familia para mantener el control de la residencia luego de venderla en $993 millones al fisco

En la declaración que el abogado del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), José Cortés Vergara, prestó ante fiscalía, reveló que el abogado Felipe Vio, representante de la familia Allende, le entregó una presentación en marzo de 2024, donde se detalla la propuesta de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. En esta se proponía que, después de comprar la casa, su administración sería cedida a la Fundación Salvador Allende, presidida por Marcia Tambutti, hija de Isabel Allende y pareja del abogado Vio. La senadora Allende es una de las fundadoras de la organización y según su última Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), continúa siendo integrante honoraria. La casa, cuya compraventa no se concretó, iba a ser adquirida por Bienes Nacionales pero con recursos traspasados desde Serpat.  CIPER revisó el historial de adquisiciones de inmuebles de ese ministerio y pudo constatar que respecto a compras de bienes con fines patrimoniales, ese mecanismo es inusual.

El 21 de marzo de 2024, tuvo lugar una reunión clave para la historia de la fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende. El abogado Felipe Vio, yerno de la senadora Isabel Allende y representante de la familia del exmandatario, llegó junto al arquitecto Genaro Cuadros, hasta el Palacio Pereira para juntarse con el asesor del Servicio del Patrimonio y las Culturas (Serpat), José Rafael Cortés Vergara. El encuentro formaba parte del proceso de compraventa. 

En esa primera reunión, Felipe Vio y Genaro Cuadros entregaron al funcionario del servicio, un documento de cinco carillas titulado “Guardia Vieja 392, Casa Museo Presidencial Salvador Allende Gossens”. En este se proponía un proyecto de adquisición, restauración y habilitación de la casa museo. 

Fuente: Agencia UNO

La reunión fue descrita por Cortés ante la fiscalía, en su declaración ante el Ministerio Público entregada el 21 de enero de 2025. Según ese testimonio, el objetivo de la familia Allende era que, después de que la casa fuera comprada por el fisco en $993 millones, el inmueble pasaría en comodato a la Fundación Salvador Allende. De acuerdo con la Declaración de Intereses y Patrimonio vigente, al menos hasta marzo de 2024, la senadora socialista era miembro honorario de esa fundación. Y su hija, Marcia Tambutti Allende, es la presidenta de la organización. Ella a su vez es pareja del abogado que representó a la familia en la fallida compraventa, Felipe Vio. 

CIPER accedió a la declaración del abogado y funcionario del Serpat. Su testimonio es clave, puesto que su experiencia como abogado especialista en el área patrimonial, y su rol a cargo de llevar el proceso de compraventa del inmueble, revelan el objetivo detrás de la anómala compraventa que finalmente resultó fallida. 

“Se propone la adquisición por parte del Fisco de Chile de esta propiedad para ser destinada a una casa museo que conservara la memoria del ex presidente Allende, proponiendo un modelo de gestión que involucre la Fundación Salvador Allende (FSA), que recibiría en comodato de parte del fisco”, explicó Cortés Vergara ante el fiscal Cooper.

De esta forma, posterior a la venta, el control del inmueble quedaría en manos de la familia Allende. Según agregó Cortés en su testimonio –que en parte reveló Mega en un artículo publicado hoy 5 de marzo– , el proyecto entregado por los Allende incluía la creación de una segunda entidad, porque luego del proceso de adquisición, la administración del inmueble pasaría a manos de otra persona jurídica sin fines de lucro, que se consitituría especialmente para este fin: la Fundación Casa Museo Salvador Allende, pero no especifica quiénes la compondrían.

Finalmente, la compraventa por $993 millones no se concretó debido a vicios de constitucionalidad. Esto porque la Constitución vigente prohíbe la celebración de un contrato entre el Estado, una senadora de la República y una ministra de gobierno, como lo son la titular de Defensa, Maya Fernández y su tía, la senadora Isabel Allende. El proceso motivó que abogados ligados al Partido Republicano, ingresaran una denuncia por fraude al fisco ante tribunales que se está investigando. Además de presentaciones en el Tribunal Constitucional para destituir de sus cargos a Allende y Fernández, requerimientos que también fueron acogidos a trámite.  

Fuente: Agencia UNO

En su declaración, Cortés explicó que el Servicio debía entrar en el proceso de compra, ya que los $1.200 millones para financiar la transacción estaban incluidos en la glosa presupuestaria del Serpat, por lo que existía apuro por sacar la compra adelante: 

“Estaba la presión del tiempo, ya que había recursos aprobados para el año 2024 que debían ser ejecutados antes del 31 de diciembre de 2024”, declaró el funcionario. 

Cortés también se refirió a la otra compra pretendida por el gobierno de Gabriel Boric: la residencia de la familia del expresidente Patricio Aylwin, la que iba a ser adquirida del mismo modo que la de Allende y que, tras la polémica desatada por la inconstitucionalidad de esa compraventa, tampoco se concretó.  El funcionario recordó que, en mayo de 2024, la Subsecretaría de Patrimonio envió los antecedentes de la compra de la casa de los Aylwin -proceso que había sido recopilado por Bienes Nacionales en una primera etapa, a inicios de 2023- cuando aún no era oficializada la idea de comprar la casa de Allende. Entre la documentación, estaban las tasaciones y registros gráficos del inmueble, además de un proyecto desarrollado por los herederos de Aylwin para que el inmueble fuera administrado por la fundación que lleva su mismo nombre. (Lea aquí el reportaje de CIPER “En enero de 2023 el Ministerio de las Culturas recomendó a Presidencia no comprar las dos casas del presidente Aylwin”).

“Recuerdo que se conversa el tema de la sostenibilidad del proyecto, señalando que si lo compramos por parte del servicio, debíamos asumir la administración del bien, porque administrativamente tenía que ser así, al ser adquirido con recursos de nuestro servicio. En esa época, no había total claridad si esta propiedad sería patrimonio del fisco, del servicio y quién administraría esta propiedad”, declaró Cortés. 

El mecanismo que se quería implementar para comprar los inmuebles de Allende y Aylwin, fue inusual. CIPER revisó todas las adquisiciones de Serpat disponibles en el Portal de Transparencia, abarcando desde el año 2019 a 2025. Durante ese periodo, no existieron inmuebles que fueran adquiridos y luego entregados en comodato a un tercero. 

Por eso, también es anómalo que en el decreto de compraventa de las casas de Allende y Aylwin, se estipulara que estas, debían ser adquiridas por el Ministerio de Bienes Nacionales, pero con dineros provenientes del presupuesto de Serpat.

CIPER constató que entre 2009 y 2025, existió solo una compra por parte del Ministerio de Bienes Nacionales con finalidad cultural o patrimonial: en octubre de 2016, esta cartera concretó la compra por una propiedad a la Fundación de Ayuda Social de Fieles de las Iglesias Cristianas (Fasic), con el fin de levantar un memorial en homenaje al trabajo de aquella entidad privada en dictadura, entregándola posteriormente a Fasic en comodato. 

Sin embargo, esta adquisición tampoco resulta idéntica a lo que se intentó hacer con las casas presidenciales, puesto que la casa de Facis fue declarada bien patrimonial antes de pasar a ser propiedad del fisco.  Por esa casa se pagaron $504 millones, un valor menor al del avalúo fiscal fijado en $515 millones. 

Para el caso de las casas de los expresidentes Aylwin y Allende, sus adquisiciones implicaban tasaciones comerciales y las propiedades no fueron declaradas patrimonio nacional. 

CIPER consultó al Servicio de Patrimonio y las Culturas si existían antecedentes de que inmuebles comprados por el Servicio fueran entregados en comodato para ser administrados por privados, pero señalaron que no emitirían declaraciones mientras exista un proceso judicial en curso. 

En tanto, desde Bienes Nacionales explicaron a CIPER que ellos sí pueden realizar concesiones gratuitas u onerosas, en base al Decreto Ley N°1.939 de 1977, y confirmaron que el ministerio “no posee la competencia para administrar directamente un centro cultural”.

CIPER se contactó con el equipo de prensa de la Senadora Isabel Allende, pero no obtuvo respuesta, mientras que la ministra Maya Fernández señaló que no se referirá mientras haya una investigación en curso. Desde la Fundación Salvador Allende tampoco entregaron declaraciones.

EL MECANISMO Y LAS ADVERTENCIAS

La ruta que se utilizó para comprar las casas de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin, es inusual. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural mandató al Ministerio de Bienes Nacionales a comprar la casa, pero con fondos que provinieron de la glosa presupuestaria del propio servicio de Cultura. Esto, en circunstancias que Bienes Nacionales no registra compras de inmuebles con fines culturales o patrimoniales desde 2016. 

CIPER revisó las adquisiciones del Serpat, detectando que esta entidad sí cuenta con este tipo de compras: seis meses antes de que se firmara el contrato de compraventa de las casas de los expresidentes, en julio de 2024, el servicio adquirió un inmueble en Chillán para crear el Archivo Regional de Ñuble por $337 millones. Este proyecto aún no se encuentra operativo ni abierto al público, por lo que no existe certeza de si se entregará en comodato a un tercero o será administrado por Serpat.

Bienes Nacionales, en tanto, no cuenta en su historial de adquisiciones registradas en el Portal de Transparencia, la compra de un inmueble con finalidad cultural y patrimonial desde 2019. Durante ese periodo, la cartera adquirió principalmente oficinas para ser utilizadas por otros servicios. 

La declaración del abogado Cortés, relata parte del recorrido que hizo la compraventa de la casa de Allende en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Partió diciendo que, al inicio del mes de marzo de 2024, su jefa, la directora Nélida Pozo, le informó sobre la instrucción para comprar las casas presidenciales. Le asignaron específicamente el proceso de compra de la casa del expresidente Allende, siendo su primera tarea contactar al representante de la comunidad hereditaria del exmandatario. El 24 de marzo de 2024 se realizó una reunión presencial con la familia.

“En esa primera reunión, los representantes de la familia Allende me entregaron el proyecto escrito, consistente en un documento de cinco carillas, denominado Guardia Vieja 392, Casa Museo Presidencial Salvador Allende Gossens, donde se propone la adquisición por parte del Fisco de Chile de esta propiedad para ser destinada a una casa museo que conservara la memoria del ex presidente Allende, proponiendo un modelo de gestión que involucre la Fundación Salvador Allende (FSA), que  recibiría en comodato de parte del fisco”, dijo. Luego de la compraventa, declara Cortés, “se propone la creación de la Fundación Casa Museo Salvador Allende, quienes se harían cargo de la administración de la propiedad”, explicó ante el Ministerio Público.

Según su testimonio, la propuesta le “pareció de mucha pertinencia patrimonial e histórica”, pero, agregó que se debía hacer un análisis del bien raíz sobre la factibilidad de la compra y sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Este fue el inicio de un intercambio de correos y antecedentes con el abogado Felipe Vio, que posteriormente se tradujo en el estudio de título para la compraventa.

Fuente: Agencia UNO

Respecto a los conflictos de interés entre los vendedores y el fisco, Cortés declaró que fue el propio abogado Felipe Vio quien le comentó que entre los integrantes de la comunidad estaban la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández. Esta información fue incluída por Cortés en una minuta que confeccionó junto a la jefa de gabinete del Servicio, Paz Carmona. En ese documento, según el abogado, plantearon que la compra de la casa de Allende incluía un problema tanto en el aspecto jurídico como comunicacional: “La presencia de dos autoridades de Estado”, dijo.

Respecto al tema jurídico, y particularmente sobre inconstitucionalidad del contrato, Cortés señaló que no lo explicó detalladamente en la minuta que presentó, “debido a que era una fase inicial de recopilación de antecedentes”. Pero señaló que sí advirtió que entre las eventuales consecuencias jurídicas estaba la posibilidad de una nulidad de la compraventa. Esto, según el abogado, podía ocurrir por dos motivos: porque el inmueble tenía una hipoteca; o por “la presencia de dos autoridades”. El abogado consideró que, esas advertencias realizadas al inicio de las tratativas, podían ser analizadas y solucionadas. 

Según siguió explicando, esa minuta fue entregada al jefe de gabinete del Ministerio de las Culturas, Gonzalo Pinto, el día 24 de abril de 2024, vía correo electrónico. Luego dijo que se envió una segunda minuta que tenía relación con aspectos técnicos de la Glosa Presupuestaria del Ministerio, en específico de los subtítulos 29 y 31, que contenían los fondos para las transferencias. En esa misma cadena de correos, señaló Cortés, también se adjuntó el documento de cinco carillas donde la familia Allende explicó los pasos del proyecto en que se incluía que la Fundación administraría la casa museo.

Según información de prensa, la senadora Isabel Allende no se mantuvo totalmente al margen del proceso.  Solo un par de semanas después de que corriera entre los intervinientes de la compraventa, las minutas con advertencias sobre problemas jurídicos, la senadora Allende dio una entrevista a La Tercera donde reveló detalles sobre el plan que poseía su familia con la propiedad que heredaron de su padre: “Es decisión del gobierno dejar como patrimonio las dos casas. Me parece una decisión acertada. Creo que tanto en el caso del Presidente Aylwin, por la transición democrática, y Allende, en el caso nuestro, tienen esa historia que es un legado que debe compartirse”.

Fuente: Agencia UNO

En el mismo artículo la senadora explicó que la casa de Guardia Vieja es un lugar que tiene una parte “tremendamente emocional”, señalando que en el inmueble se ha recibido a presidentes, primeros ministros y otras visitas que “se emocionan al saber que esta fue la casa del expresidente Allende”. 

En 2023, la casa fue abierta para una visita guiada en el contexto del Día de los Patrimonios. Según otra nota de La Tercera, la idea de la senadora era que esa experiencia se hiciera permanente si el fisco optaba por comprar la casa: “Debemos trabajar con la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de las Culturas para elaborar su destino, para que efectivamente sea casa museo. Aunque aún no se ha hecho nada. Es la decisión del gobierno”, afirmó.

Para esa fecha todavía no eran de público conocimiento los avances que se estaban realizando en el Servicio del Patrimonio Cultural para concretar la compra. No fue hasta octubre de 2024 que se emitieron los decretos presidenciales que autorizaban la adquisición del inmueble de Guardia Vieja y las dos casas del expresidente Aylwin. Los contratos fueron firmados el 30 de diciembre, pero la transacción no se ejecutó.