El dilema de los desalojos de tomas y las miles de hectáreas “en engorda” en el país: Una herida abierta

El autor de esta columna escrita para CIPER aprovecha la noticia en torno a la toma en San Antonio para profundizar en los datos disponibles sobre personas y ocupación ilegal de terrenos en Chile, y los cruza con los existentes sobre el uso de los suelos dentro los límites urbanos. Sostiene que “urge la formulación de una política de desarrollo urbano y una política de suelo que dé respuesta a las necesidades del momento, pero que también sea capaz de otorgar una visión de futuro al desarrollo de nuestras ciudades, porque las políticas que hoy existen son letra muerta”.

Créditos imagen portada: Sebastián Ríos / Agencia Uno

La decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordena el desalojo de las tomas de terrenos en la comuna de San Antonio, con la activa participación del Gobierno, ha generado un remezón en las conciencias, en la vida política de la nación, en las estructuras del Ejecutivo, en las políticas públicas y en la convivencia nacional.

No son sólo las 3.900 familias de San Antonio, son las 113.887 familias a escala nacional que se asientan en forma ilegal en terrenos de terceros, en el contexto de un déficit habitacional que se estima entre 630.000 y 1.030.000 según diferentes criterios y fuentes de información.

La esencia del problema es la tierra, el acceso a un lugar donde vivir. La mayoría son hogares que viven una crisis tan severa que se manifiesta literalmente en el hecho de que “no tienen ni donde caerse muertos”, como dice el dicho popular respecto de quienes viven una realidad de completo desamparo y abandono.

Es un problema multisectorial, como se infiere del fallo de la Corte Suprema. Es un problema respecto del cual el Gobierno no tiene respuestas, como se afirma implícitamente en un artículo reciente del arquitecto Iván Poduje.

Es también una crisis moral porque antepone el derecho de propiedad, legítimo y necesario para una sana convivencia en un régimen democrático, a la necesidad básica de tener un lugar donde vivir, un lugar donde caerse muerto, como respuesta primaria y más elemental de la vida en las ciudades. Esto se expresa con toda claridad en el Documento de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil correspondiente a la 20ª Asamblea Nacional de Obispos del Brasil, febrero de 1982 denominado Suelo Urbano y Acción Pastoral, donde se citan muchos textos que expresan la visión de la Iglesia sobre la materia, como por ejemplo:

En años recientes, esta enseñanza fue reiterada por Pablo VI, que en Populorum progessio afirma: “La tierra le fue dada a todos, y no solamente a los ricos. Quiere decir que la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. Nadie tiene el derecho de reservar para su uso exclusivo aquello que le es superfluo, mientras a otros les falta lo necesario. En una palabra, el derecho de propiedad nunca debe ejercerse en detrimento del bien común, según la doctrina tradicional de los Padres de la Iglesia y de los grandes teólogos”.

Juan Pablo II, en su encíclica Laborem exercens, afirma enfáticamente refiriéndose al derecho de propiedad: “La tradición cristiana nunca defendió tal derecho como algo absoluto e intocable; al contrario, siempre lo entendió en el contexto más amplio del derecho común de todos a utilizar los bienes de la Creación entera; el derecho a la propiedad privada está subordinado al derecho al uso común, subordinado al destino universal de los bienes”.

Considerando el derecho a la vivienda, se puede aplicar también el principio general enunciado por el Concilio Vaticano II: “Dios destinó la tierra con todo lo que ella contiene para el uso de todos los hombres y pueblos, de modo que los bienes creados deben llegar equitativamente a las manos de todos, según la justicia, secundada por la caridad. (…) Finalmente, a todos les asiste el derecho de tener una parte de bienes suficientes para sí y sus familias. (…) Sin embargo, aquel que se encontrara en un estado de extrema necesidad, tiene derecho a tomar de los bienes de los otros lo que necesita” (Constitución Apostólica Gaudum et spes)

Hay en Chile miles de hectáreas desocupadas dentro de los limites urbanos de las ciudades cuyos propietarios las mantienen en la esperanza de una valorización fruto del esfuerzo de los demás, del esfuerzo colectivo de la sociedad, tanto del sector público como de la iniciativa privada, sin hacer ningún aporte a la ciudad. Son terrenos en engorda. Además, tienen un avalúo fiscal tan bajo, que por lo general quedan exentas o pagan muy pocas Contribuciones de Bienes Raíces. Por donde se lo mire, hay en esto un error garrafal por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) y una política pública escandalosamente equivocada.

En el Gran Santiago la situación es extrema, hay casos brutales: un terreno de unas 30 ha en Maipú, se ofrece en la web a unos 37.500 $/m² y tiene un avalúo fiscal 4.600 $/m². Uno de unas 25 ha en Puente Alto, se ofrece en unos 150.000 $/m² y tiene un avalúo fiscal de 3.750 $/m² y uno de unas 20 ha en San Bernardo que se ofrece en unos 22.500 $/m² tiene un avalúo fiscal de 2.800 $/m².

Un ejemplo concreto a escala comunal es Viña del Mar. Es la comuna que tiene la mayor cantidad de campamentos en Chile. Hay 99 asentamientos donde viven 10.735 familias. En Viña del Mar el SII ha designado con uso agrícola un 62% de la superficie comunal. Son 70.094.600 m². Estos terrenos tienen un avalúo fiscal que promedio alcanza $ 13,55 m² en moneda de 2017, que significa 0,0005 UF/m². Son un total de 778 roles de terrenos, de los cuales solo dos están afectos parcialmente al pago de Contribuciones.

Hoy los dueños de los terrenos en engorda esperan recibir muchos millones de dólares por sus propiedades. ¿Qué tal si a los residentes de los campamentos se les diera la posibilidad de adquirir los terrenos que habitan en función del avalúo en base al cual sus propietarios pagan Contribuciones de Bienes Raíces? Está claro que desde el punto de vista urbano esa no es una solución, y tampoco desde el punto de vista político, porque la radicación de las tomas significaría legitimarlas como camino de solución a la necesidad de alcanzar un lugar donde vivir.

Este es un tema generalizado en las ciudades chilenas, partiendo por la Quinta Región, donde Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso establece una superficie de 45.617 hectáreas urbanizables, mientras que la mancha urbana del Gran Valparaíso es de 11.116 hectáreas, lo que significa que hay 34.501 hectáreas con designación de uso urbano en los instrumentos de planificación que mantienen una designación de uso agrícola para efectos tributarios por parte del SII. En la Región Metropolitana hay del orden de 50.000 hectáreas de suelo con designación de uso agrícola dentro del límite urbano de las ciudades, terrenos baldíos en engorda. En la Región del Biobío el Plan Regulador Intercomunal establece una superficie de 60.357 has. urbanizables para una mancha urbana del Gran Concepción de 13.354 ha, lo que significa que hay 47.003 disponibles. En Puerto Montt hay 8.990 urbanizables para una mancha urbana de 2.343 ha., lo que significa que existe 6.647 disponibles. Esto es igual en todas las capitales regionales de Chile. Miles de hectáreas de suelo con designación de uso urbano en engorda, sin pagar Contribuciones, mientras que una fracción marginal de esa superficie vacante es ocupada por hogares sin casa, muchos de ellos en una situación de extrema necesidad.

El contraste del avalúo fiscal con los valores comerciales es mayúsculo.

Hoy en día en Chile hay una defensa irrestricta de una ganancia injustificada con la valorización de la tierra. El escándalo de las tomas no es por la falta de respuesta de las instituciones de gobierno a la carencia habitacional de miles de hogares, sino que por la invasión ilegal de una fracción marginal de terrenos, que ni siquiera alcanzaría al uno por ciento de los terrenos en engorda.

Se cumple así una versión perversa del Evangelio cuando afirma “…a los que tienen les será dado, y a los que no tienen, hasta lo poco que tienen, les será quitado”. (Marcos 4:25) Porque la contraparte del enriquecimiento que generan los terrenos en engorda, es la persecución sin solución a los ocupantes ilegales de la tierra.

Con todo, es necesario aclarar, que se puede comprender y empatizar con el fenómeno de las tomas, pero ese jamás será el camino a una mejor forma de vida (como señaló el Premio Nacional de Urbanismo Sergio Baeriswil) y la construcción de una ciudad que alcance una convivencia ciudadana armoniosa. Por esa razón, es fundamental la creación de líneas de acción de política pública que evite la proliferación de nuevas tomas y que simultáneamente vaya dando solución gradual a las tomas que existen actualmente.

Urge una acción pública que alivie esta dolorosa realidad y abra un camino de solución, para lo cual, la historia del desarrollo urbano habitacional de nuestras ciudades nos deja importantes lecciones, desde la operación tiza hasta el lote con servicios y tantas otras que recogen una visión solidaria y el cumplimiento del derecho a la vida, del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad.

Desde una perspectiva más amplia, urge la formulación de una política de desarrollo urbano y una política de suelo que dé respuesta a las necesidades del momento, pero que también sea capaz de otorgar una visión de futuro al desarrollo de nuestras ciudades, porque las políticas que hoy existen son letra muerta.