La nueva regulación del uso de la fuerza en Chile: una potencial regresión en estándares internacionales
24.02.2025
Señor Director:
Un controvertido proyecto de ley chileno (Boletín 15805-07) que pretende regular el uso de la fuerza está generando preocupación entre expertos internacionales por introducir distinciones normativas que podrían comprometer la protección efectiva de derechos humanos y la uniformidad de criterios operativos.
En una significativa intervención, cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas dirigieron el 24 de enero de 2025 una carta al Presidente Gabriel Boric identificando deficiencias estructurales en el proyecto. El análisis revela que la iniciativa, en lugar de consolidar un estándar único conforme al derecho internacional, podría fragmentar el marco jurídico que rige el uso de la fuerza estatal.
La principal preocupación radica en la creación de facto de estándares diferenciados según la institución del agente estatal, contraviniendo el “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” de 1979. Este instrumento establece expresamente que sus disposiciones aplican a todos los agentes que ejercen funciones policiales, independientemente de su institución de origen.
El proyecto ignora la tendencia internacional hacia la unificación de criterios operativos, evidenciada en los instrumentos fundamentales de Naciones Unidas sobre la materia. Esta omisión resulta especialmente problemática en el contexto chileno, donde la creciente tendencia de otorgar funciones policiales a las Fuerzas Armadas se refleja en una multiplicidad de normas sobre uso de la fuerza.
Los relatores identifican una preocupación adicional especialmente grave: la autorización del uso de fuerza potencialmente letal para proteger infraestructura crítica. Esta disposición no solo contraviene la Observación General N°36 del Comité de Derechos Humanos, sino que, combinada con la confusión de criterios, podría crear zonas de impunidad.
Esta falta de claridad normativa resulta particularmente problemática en el contexto de las operaciones de mantenimiento del orden público. El reciente “Protocolo Modelo de Naciones Unidas” introduce estándares fundamentales que requieren un marco normativo uniforme. Por ejemplo, su artículo 78 establece que «las decisiones sobre uso de la fuerza deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, no discriminación y rendición de cuentas», exigencia imposible de satisfacer bajo un sistema de estándares diferenciados.
El destino de este proyecto podría definir el futuro de la seguridad pública en Chile. Su actual estructura no solo contradice estándares internacionales, sino que podría comprometer la efectividad de la función policial y la protección de derechos humanos.
