“Los niños chilenos o los niños migrantes”: la falsa dicotomía de Rodolfo Carter

El autor de esta columna escrita para CIPER analiza la declaración hecha por el exalcalde de La Florida en una entrevista que ofreció al programa Tolerancia Cero de CNN. Sostiene que “en política, las palabras importan. Y cuando un candidato presidencial construye su campaña sobre la base de la desinformación y el miedo, no solo precariza el debate público, sino que también pone en riesgo derechos fundamentales que han tardado décadas en consolidarse”.

«Mientras tengamos beneficios en Chile, están trayendo la migración ilegal». Con esta frase, Rodolfo Carter, el autoproclamado candidato presidencial de la derecha, dejó en claro su postura en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile. Su argumento central: eliminar el acceso de niños y niñas migrantes al sistema educativo chileno. «No se trata de falta de bondad, se trata de que no tenemos más capacidad, porque bajo el discurso buenista de decir ‘qué hacemos con esos niños’, no hay forma de mantenerlos”, insistió.

Más allá de la crudeza de sus palabras, lo preocupante es la falta de fundamento en sus declaraciones. Su postura no sólo es contraria a los tratados internacionales suscritos por Chile hace más de 35 años, sino que también ignora la vigente Ley de Migración y la propia Constitución. Carter propone que, salvo los «derechos humanitarios básicos», los niños migrantes no deberían tener acceso a la educación, como si este no fuera un derecho fundamental garantizado por múltiples normativas nacionales e internacionales.

La legislación chilena, en concordancia con los tratados internacionales, establece que ningún niño o niña puede ser excluido del sistema escolar debido a su situación migratoria. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a República Dominicana, entre otros aspectos, por negar el acceso a la educación a niños migrantes haitianos. Si Chile adopta medidas discriminatorias similares, podría enfrentar consecuencias legales y diplomáticas. Más que una estrategia para frenar la migración irregular, impedir la escolarización de niños y niñas constituye una vulneración evidente de sus derechos fundamentales.

Si Chile decidiera ignorar sus compromisos internacionales en materia de derechos de la infancia, enfrentaría sanciones diplomáticas, condenas en organismos internacionales, demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e incluso restricciones económicas. Todo esto es de conocimiento básico para cualquier persona con formación jurídica, pero Carter elige omitirlo, disfrazando su discurso de una supuesta «lucha contra el buenismo», cuando en realidad se trata de una estrategia populista que explota el miedo y la desinformación.

Incluso desde sectores ideológicamente cercanos a Carter se han desmentido sus afirmaciones. En 2023, el think tank Idea País analizó datos del Ministerio de Educación y concluyó que los estudiantes extranjeros representan apenas el 7,4% de la matrícula total en establecimientos chilenos. Si bien este número ha crecido en línea con el aumento del flujo migratorio, no es un porcentaje que comprometa el acceso a la educación de los niños chilenos.

En 2024, la investigadora Sylvia Eyzaguirre publicó un estudio para el Centro de Estudios Públicos (CEP) sobre el impacto de los escolares inmigrantes en el norte del país. Una de las conclusiones fue clara: no hay evidencia clara de que la presencia de estudiantes migrantes afecte negativamente el rendimiento escolar de los chilenos. Las brechas educativas que existen responden a factores socioeconómicos, geográficos y de vulnerabilidad, no a la nacionalidad de los estudiantes.

Si los datos no respaldan su argumento, ¿qué motiva realmente el discurso de Carter?

El rechazo a la migración se ha convertido en una bandera política conveniente para algunos sectores. La crisis migratoria ha generado descontento social, y Carter ha sabido capitalizarlo con un discurso simplista que reduce un problema complejo a una falsa dicotomía: «o los niños chilenos o los niños migrantes». Pero más que soluciones reales, lo que ofrece es un eslogan vacío, diseñado para generar impacto mediático y sumar votos, sin considerar las consecuencias de sus palabras.

Lo más grave es que en su afán de ganar protagonismo, no duda en señalar a niños y niñas como los responsables de una crisis que no eligieron vivir. Con la expresión «los niños ilegales», Carter deshumaniza a menores de edad que no tienen voz ni voto en su proceso migratorio. No son ellos quienes deciden venir a Chile, ni quienes diseñan las políticas públicas. Sin embargo, en su relato, se convierten en los culpables de la falta de matrículas en colegios, de la crisis migratoria y de cualquier otro problema que necesite un chivo expiatorio.

El discurso político del autoproclamado candidato se ha convertido en un ejercicio de populismo que distorsiona la realidad, alimentando el descontento social frente al fenómeno migratorio y trasladando esa frustración hacia la infancia. La noción de “colapso” del sistema educativo es una falacia que oculta los problemas estructurales de la educación en Chile y utiliza la migración, desviando la atención a soluciones necesarias y enmarcadas en la ley.

En política, las palabras importan. Y cuando un candidato presidencial construye su campaña sobre la base de la desinformación y el miedo, no solo precariza el debate público, sino que también pone en riesgo derechos fundamentales que han tardado décadas en consolidarse. Porque los derechos humanos no son una cuestión de «buenismo», son la base de cualquier sociedad democrática.