Gobierno ha quitado y renovado más de 30 veces la urgencia al proyecto de eutanasia y el trámite no registra avances significativos

Pese a que el Presidente Gabriel Boric anunció en su cuenta pública del 1 de junio pasado que aceleraría la tramitación del proyecto de “muerte digna” o eutanasia, la iniciativa sigue sin avanzar en el Senado. Integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara Alta dicen que el Ejecutivo ha debido sortear tantos problemas legislativos en esa área, que la propuesta ha quedado relegada a un segundo plano. Solo nueve países tienen una legislación al respecto.

En su cuenta al país del 1 de junio pasado el Presidente Gabriel Boric anunció: “Pondré urgencia e impulsaremos el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que está actualmente en el Senado, porque aprobar esta ley es un acto de empatía, de responsabilidad y de respeto”. Diez días después de su discurso, el Mandatario cumplió su promesa y le puso “urgencia simple” a la iniciativa que estaba “congelada” en el Congreso desde octubre de 2022, sin embargo, no ha habido avances significativos pese a que en septiembre del año pasado se le asignó “suma urgencia”, una condición que ha sido quitada y repuesta en múltiples ocasiones, sin que la Comisión de Salud del Senado haya siquiera iniciado la discusión al respecto. 

Desde junio de 2022, el año en que asumió el actual Gobierno, hasta hoy, se han presentado y retirado en 34 ocasiones distintos niveles de urgencia, desde discusión inmediata (una semana de tramitación) hasta suma urgencia (15 días) y urgencia simple (un mes), para este proyecto. 

Senadores de la Comisión de Salud señalan que ante las muchas urgencias del país en esta área, el mismo Ejecutivo ha frenado el avance de la iniciativa. El presidente de la Comisión, Javier Macaya (UDI), comentó que “es el propio gobierno quien a pesar de plantear simbólicamente este tema como parte de su agenda, nos ha impuesto otro tipo de prioridades en la misma comisión. Se tiene que priorizar. Y la comisión, de manera bastante transversal, ha considerado, al plantear las tablas de la semana, que legislar sobre eutanasia, más allá de enviar una señal a un determinado público en su agenda, no soluciona los grandes problemas de la salud de Chile”. 

El Ministerio de Salud (Minsal) no respondió al requerimiento de CIPER acerca de si tiene planificado un plazo para que termine el proceso legislativo de la norma. 

Juan Luis Castro (PS), expresidente del Colegio Médico y senador de la misma comisión, señaló a CIPER que “es un proyecto que puede generar grados de acuerdo razonables, pero necesita un impulso mayor. Y en ese sentido, si el gobierno tiene interés, que yo sé que lo tiene, debe impulsarlo con más fuerza. Y por mi parte, la receptividad está, porque yo al menos ya lo aprobé en su primer trámite siendo diputado en el año 2021”.

La ministra de Salud asistió a la sesión de la comisión del 26 de noviembre para reactivar el proyecto, mostrando  los lineamientos de la norma que apoya el Ejecutivo mediante una presentación en Power Point. Desde entonces ha habido nueve sesiones y los temas que se han tratado, entre otros,  son la ley integral de salud mental (en tres oportunidades), análisis del pago de las isapres a los usuarios por cobros indebidos y la evaluación de la implementación de la Ley Corta de Isapres. El 10 de diciembre se puso en tabla la eutanasia, pero no hubo tiempo para ella, y una semana después se trató la evaluación de la implementación de la ley de cuidados paliativos, vigente desde 2021, que tiene cercanía con el proyecto en cuestión. Pero la eutanasia volvió recién a estar en tabla el pasado 21 de enero, cuando asistió a exponer la doctora Ximena Luego, coordinadora de la Oficina de Bioética del Ministerio de Salud. Para la sesión de este martes 28 de enero se espera la participación nuevamente de la ministra Aguilera, con el fin de volver a tratar el tema.

“Forzar la discusión de eutanasia, cuando está pendiente aún la reforma a las isapres y a Fonasa, que debieran significar un avance en la disminución de las listas de espera, es un contrasentido. Es bipolar ayudar a morir cuando no se está ayudando a vivir (…) Hay muchísimos temas prioritarios en salud y el tiempo no alcanza para todo”, dijo Macaya.

El proyecto, básicamente, “crea el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable”, en los casos en que el paciente tiene una “enfermedad, dolencia o la disminución avanzada e irreversible de sus capacidades [lo que] le ocasiona sufrimientos físicos persistentes e intolerables y que no pueden ser aliviados en condiciones que considere aceptables”.

Para optar a este derecho se estipula que la persona debería ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus capacidades mentales y que, para tal efecto, debe ser asistida por un médico sin que éste sufra alguna sanción penal por ello. También, se indica que “en caso de que el paciente se encuentre inconsciente y dicho estado sea irreversible o esté privado de sus facultades mentales, procederá la asistencia médica para morir sólo en el caso de que medie una declaración que conste en un documento de voluntad anticipada”.

Se estipula que el método utilizado para terminar con la vida del afectado debe cumplir los requisitos de “estar reconocido por la ciencia médica como eficaz para causar la muerte de manera rápida, causar el menor sufrimiento posible al paciente, tanto físico como psíquico y considerar y dar prioridad en todo momento al respeto por la dignidad del paciente”.

LOS NUDOS DE LA INICIATIVA

Solo nueve países han legislado respecto a la muerte asistida. Son Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, España, Nueva Zelanda, Portugal y Ecuador. En todos, la discusión fue compleja por estar en juego principios valóricos como el derecho a la vida y la libertad de elegir. En Chile, según la última encuesta CEP, el 58% de los consultados está de acuerdo con que haya una ley que regule la eutanasia.

La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, comentó a CIPER que “es importante en el proyecto defender algunos conceptos que para nosotros son básicos, como es la objeción de conciencia como un espacio de libertad de los médicos y médicas para que puedan tomar una decisión. Y eso ofrece una posibilidad de restarse de aplicar un procedimiento que está asegurado por ley”.

El senador Castro coincide en que la objeción de conciencia es un punto que seguramente será debatido, y agrega que “también estarán entre los nudos de la discusión los niveles de consentimiento informado y, probablemente, los comités de ética que tienen que tomar decisiones”.

Para Sergio Gahona (UDI), también integrante de la Comisión de Salud, “ya hay una ley de cuidados paliativos y primero hay que revisar adecuadamente su implementación, porque yo creo que hay que hacer el máximo esfuerzo en sostener cuidados paliativos universales y que puedan ser accesibles para toda la ciudadanía antes de seguir discutiendo un tema de eutanasia”.

Macaya está de acuerdo con que mientras la implementación de la ley de cuidados paliativos no avance, es difícil hablar de la muerte digna. Esta norma consiste en la garantía estatal de darles a los pacientes con enfermedades graves o terminales una atención que se centre en entregarles una mejor calidad de vida. Junto con proporcionar medidas que alivien el dolor, integran aspectos espirituales, culturales y sicológicos al cuidado de las personas.

Sin embargo, el senador Macaya sostiene que el principal obstáculo para que la ley de eutanasia complete su tramitación “son las propias urgencias del Ejecutivo. Este tema no ha sido la exigencia número uno, ni por lejos, este año. Solo se ha planteado simbólicamente en momentos determinados”.

El diputado Vlado Mirosevic (Liberal), firmante de dos de los proyectos fundidos que están siendo discutidos, confía en que la iniciativa será finalmente aprobada: “No se puede rechazar. Ya para la sociedad chilena se considera una última libertad, tu último derecho a partir con dignidad. Esto se considera una cuestión súper legítima, que es tomar la decisión individual respecto de tu propia conciencia, respecto de cuándo partir en un escenario y sufrimiento extremo. Creo que eso, la sociedad chilena lo considera como un derecho legítimo, como una libertad súper necesaria”.

(*) En el reporteo para este artículo participaron las estudiantes de periodismo Anaiz Morales y Josefina Rochna.

LA BASE DEL PROYECTO