A propósito del caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, la autora de esta columna escrita para CIPER se pregunta cuántos funcionarios públicos están dispuestos a asumir el costo de denunciar a un superior, cuando los que deben recibir la acusación son muchas veces miembros del mismo partido de la autoridad, o parte de “su equipo”. Y pone el acento en que la forma de trabajo de la administración pública ha ido mutando negativamente y que “el actual escenario público irá con los años consolidando un fortalecimiento del individualismo laboral, una nula coordinación para el desarrollo de los trabajos, llevando a un funcionamiento del servicio público como compartimentos estancos”.
Créditos imagen de portada: Víctor Huenante / Agencia Uno
La Ley N° 18.834, de Estatuto Administrativo, establece en su Título III, De las obligaciones funcionarias, artículo 61, letra k, la obligación de denunciar los crímenes o simples delitos con la debida prontitud ante el Ministerio Público o ante la policía, si no hubiere fiscalía en el lugar en que el funcionario presta servicios. Y también, a la autoridad competente los hechos de carácter irregular, especialmente de aquellos que contravienen el principio de probidad administrativa regulado por la Ley N° 18.575.
La norma da cuenta de la convicción de que, para resguardar y hacer efectivo el cumplimiento del principio de la probidad administrativa, se requiere contar con medios eficaces para denunciar los hechos irregulares de que tome conocimiento un funcionario público.
En el convencimiento de que la probidad administrativa es uno de los principios fundamentales que deben inspirar la actuación de los órganos de la administración del Estado, la norma se perfeccionó incorporando un sistema de protección del denunciante a objeto de evitar que no se denuncie por temor a venganzas y represalias. Lo que ha sido poco efectivo.
La normativa no ha logrado evitar la activación de redes políticas, familiares, internas y externas a los servicios, que se activan cuando un funcionario público denuncia y cuando en los hechos se ve involucrado personal que ingresa a la institución pública asociado al Gobierno en ejercicio que tienen como respaldo su militancia política en algún partido de Gobierno y/o sus relaciones familiares o de amistad con personeros políticos de renombre. Tampoco ha logrado anular el rol que ocupa la simpatía que se tiene por algún funcionario involucrado en estos procesos, los cuales, no obstante ser, algunas veces, trabajadores mediocres, lograrán contar con todo el apoyo de los niveles superiores.
Ante esta realidad el funcionario público que denuncia tiene mucho que perder y los resguardos dados por la norma pasan a ser letra muerta. No hay que olvidar que la decisión final sobre una investigación de esta naturaleza la toma el Jefe de servicio, el que delega la revisión del expediente investigativo en sus asesores de confianza, los que intentarán por todos los medios proteger a aquellos pares con los que la autoridad asumió la dirección de la institución (el equipo de confianza política). Los denunciados por su parte tomarán contacto directo con sus “padrinos políticos”, intentando que se produzca a lo menos algún llamado telefónico que promueva su defensa y señale el “mal elemento” que es el funcionario público denunciante, el que quedará tildado a lo menos de “conflictivo” y verá cómo su situación laboral y tranquilidad personal se ven perjudicadas.
Así las cosas, el ámbito público queda expuesto a faltas de controles que permitan anular situaciones relacionadas con la falta de probidad y comportamientos éticamente incorrectos, ya que la cultura organizacional y las redes políticas atentan contra el funcionario que denuncia.
Tómese como ejemplo lo ocurrido con el caso asociado al exsubsecretario del Interior, don Manuel Monsalve, hoy ex militante del Partido Socialista, quien asume el cargo con su equipo de confianza política, militantes del partido señalado. Algún funcionario en conocimiento de los hechos, más allá de la afectada, ¿tuvo la impronta de realizar alguna denuncia formal? Nunca sabremos lo que hubiera pasado si los hechos no hubieran sido publicados en la prensa, pero lo que sí podemos afirmar es que situaciones de esta envergadura, así como han sido tratadas por el Gobierno y la prensa, afectan el cumplimiento de la obligación de denunciar del funcionario público. En este caso, vale preguntarse a quién podría haber denunciado el personal en conocimiento de los hechos, si a nivel de las unidades de Gabinete prima la confianza política: a la Ministra, al Jefe de Gabinete, a la Jefa de Personal, a alguna jefatura de División, si en estricto rigor todos ellos responden a los lineamientos y confianzas políticas del partido que les sirve de paragua para ocupar el cargo que ostentan, más que al cumplimiento de normas éticas internas y cumplimiento de la normativa legal vigente o el hacer primar el interés general por sobre el particular, donde lo que se busca es el bienestar del “Lote” “núcleo”, “partido” y muchos etcéteras que deberían estar muy alejados de lo público.
Es importante preguntarse si el caso del exsubsecretario Monsalve es noticia por la gravedad de los hechos denunciados o por quien es el acusado, por el cargo que ostentaba, por sus proyecciones políticas y por cómo golpea esta denuncia al Gobierno del Presidente Boric. En esta línea de ideas, también cabe preguntarse la importancia, reserva y debido proceso que pueden seguir las denuncias de un funcionario público afectado/a por este tipo de hechos al interior de la administración pública, cuántos casos más hay de maltrato laboral y acoso sexual en la estructura pública y cómo se ha actuado respecto de ellos, porque la demora en las investigaciones y las irregularidades en la ejecución de procedimientos parece ser la tónica.
En este contexto, fue observable que tras conocerse el Caso Monsalve, el Ejecutivo ordenara instruir un sumario administrativo a nivel interno, según prensa se señaló que diversas subsecretarías de gobierno habían manifestado su incomodidad por investigar el actuar de don Manuel Monsalve. Quizás lo mejor y lo que entregaba mayor “transparencia” es lo que sucedió, quedando la Contraloría General de la República a cargo de instruir tal procedimiento sumarial. Deberemos estar atentos a sus resultados.
Por otro lado, las denuncias en materia de maltrato laboral se hacen cada vez más frecuentes. Para los funcionarios con años de experiencia en lo público, principalmente mujeres que se formaron profesionalmente en un sistema público que las conducía a un empoderamiento casi obligado para poder “sobrevivir” en dicho ámbito y lograr a lo menos un “poder relativo” siempre cuestionado por el solo hecho de ser mujer, se vuelve cada día más complejo desempeñarse en un sistema que está propendiendo a la investigación y castigo de todo tipo de actitudes y conductas que se desvíen de los parámetros de interrelación establecidos por el actual gobierno. Levantar la voz y defender los puntos de vista en forma vehemente, disentir de la opinión del otro entregando los correspondientes fundamentos, son casi un suicidio en la actual Administración Pública. El tratar un conflicto en forma madura entre dos funcionarios y si es necesario con la intermediación de alguna jefatura fueron formas que se han ido quedando en el pasado. La sensibilidad de las actuales generaciones crea un complejo escenario que nos obliga a preguntamos hacia dónde va el servicio público.
No se critica la normativa vigente respecto del tema, lo que es observable es cómo las personas, equipos y niveles de jefaturas funcionan con base a dicha normativa, cómo ante cualquier situación, sin revisar en profundidad sus causas, se opta por activar un protocolo de maltrato afectando negativamente al funcionario acusado, a su entorno y finalmente al sistema público. No podemos negar que el rol de las jefaturas en este tipo de casos es relevante. Pero también es cierto que para manejar equipos, enfrentar y buscar soluciones a conflictos se requiere de cualidades que muchas veces solo dan los años de vida de experiencia y trayectoria profesional. Soy una convencida en que hay que entregar espacios a las generaciones jóvenes, sin embargo no tengo ninguna duda en que no es posible entregarles espacios de decisión para los cuales aún no están preparados. ¡¡Y en eso estamos!!
El actual escenario público irá con los años consolidando un fortalecimiento del individualismo laboral, consolidando una nula coordinación para el desarrollo de los trabajos, llevando a un funcionamiento del servicio público como compartimentos estancos. El relacionarse con el otro pasará a ser un riesgo más que una necesaria forma de lograr objetivos comunes en beneficio del ciudadano.
COMPARTIR
CONTENIDO DESTACADO
TC revisará el próximo jueves la admisibilidad del requerimiento de destitución contra senadora Allende
El funcionario público tiene la obligación de denunciar hechos. Entiendo que de aquellos de los que fue testigo o de los que tiene evidencias. No sé si aplica a hechos que otras personas dicen que ocurrieron. Eso se prestaría para un infinito de denuncias de los que otros dicen.
