Valencia designa a fiscal de Caso Procultura para investigar a Boric por fallida compra de la casa de Allende

La denuncia que dio origen a la causa fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago luego de que el gobierno intentara comprar la vivienda del expresidente Salvador Allende, entre cuyos propietarios están la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende. Ambas están impedidas por ley de celebrar contratos con el Estado. Designado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, Cooper también lleva el Caso Procultura, donde tomó declaraciones en calidad de imputada a la ex primera dama, Irina Karamanos.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, tomó una decisión respecto de quién investigará por posible fraude al fisco al Presidente de la República, Gabriel Boric, luego de que fuera denunciado por el fallido proceso de compra de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja, comuna de Providencia. El Ministerio Público confirmó a CIPER que, si bien inicialmente la causa había quedado en manos del fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, durante esta jornada se designó a su par regional de Coquimbo, Patricio Cooper, para investigarla.

Valencia optó por nombrar a Cooper valiéndose del artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que autoriza al fiscal nacional nombrar de oficio a un persecutor regional en casos que lo ameriten por su gravedad o complejidad. La normativa, además, permite apuntar a un fiscal regional distinto al de la región en que habrían ocurrido los hechos investigados “cuando la necesidad de operar en varias regiones así lo exigiere”.

La causa nace a raíz de una denuncia interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por la Fundación Fuerza Ciudadana, dirigida por el militante del Partido Republicano, Raimundo Palamara, en contra del Presidente Boric y de quienes resulten responsables del eventual fraude al fisco.

La polémica en torno a la fallida adquisición –y que dio pie a la querella de Fuerza Ciudadana– nació poco después de que se anunciara que el fisco compraría en casi $1.000 millones la vivienda de Allende. El 2 de enero, a dos días de que el gobierno hiciera pública la compraventa, el medio de comprobación de datos Fast Check dio cuenta de que el Ejecutivo había omitido que la casa que buscaba adquirir era propiedad de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y de la senadora Isabel Allende, entre otros dueños del bien raíz. El 7 de enero, cinco días después de publicado el artículo, la vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, anunció que resciliarían el contrato firmado con la familia Allende al advertirse que tanto la ministra como la senadora estaban impedidas de celebrar contratos con el Estado.

La Constitución prohíbe tanto a ministros como parlamentarios sostener contratos con entidades estatales, siendo la ley aún más estricta para el caso de diputados y senadores. De acuerdo con el artículo 60 del texto, los parlamentarios que celebren o caucionen contratos con el Estado serán cesados de su cargo. Esta norma es el argumento principal con que el Partido Republicano acudió este lunes 13 de enero al Tribunal Constitucional, para pedir la destitución de la senadora Allende. 

Para el caso de los secretarios de Estado, la Constitución solo menciona la prohibición sin plantear la salida del cargo. 

El jefe regional de Coquimbo a cargo de la investigación es el mismo que indaga los convenios entre el Estado y la Fundación ProCultura en al menos cuatro regiones. El pasado 10 de octubre fueron allanados 14 domicilios en esa causa —incluyendo el del fundador del organismo, Alberto Larraín— por los presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y lavado de activos. 

En el marco del Caso Procultura, el persecutor regional de Coquimbo tomó declaración en calidad de imputada a la ex primera dama, Irina Karamanos, investigada en el marco del proyecto “Recreo nos gusta el arte”, para el cual prestó servicios. Karamanos emitió un comunicado público respecto a su declaración ante el fiscal Cooper, asegurando que fue ella quien contactó al Ministerio Público para entregar información, además de indicar que no existen los depósitos que ella habría hecho a Procultura por los que se la investiga.