LA ACCIÓN PENAL ES POR FRAUDE AL FISCO Y FUE INTERPUESTA POR FUNDACIÓN QUE LIDERA MILITANTE DEL PARTIDO REPUBLICANO
Tribunal remite a Fiscalía Centro Norte denuncia contra presidente Boric por gestiones para comprar la casa de Allende
10.01.2025
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LA ACCIÓN PENAL ES POR FRAUDE AL FISCO Y FUE INTERPUESTA POR FUNDACIÓN QUE LIDERA MILITANTE DEL PARTIDO REPUBLICANO
10.01.2025
La denuncia se presentó en contra del mandatario y de todos aquellos que resulten responsables de un posible delito de fraude al fisco, luego de que el gobierno intentara comprar una propiedad de la familia Allende, dos de cuyos propietarios son la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago envió la denuncia a la Fiscalía Centro Norte, liderada por Xavier Armendáriz, quien debe designar al fiscal que se hará cargo del caso. Desde el Ministerio Público informaron a CIPER que en las próximas horas se tomará una decisión sobre quién asumirá la investigación. No se descarta que, dado que se trata del Presidente de la República, se designe a un fiscal regional para llevar a cabo la indagatoria.
Créditos imagen de portada: Agencia Uno
El Ministerio Público tiene en sus manos una nueva investigación en contra del Presidente de la República, Gabriel Boric. Esto, luego de que la Fundación Fuerza Ciudadana, que encabeza el militante del Partido Republicano, Raimundo Palamara, interpusiera una denuncia en contra del mandatario por la fallida compra de la casa que pertenece a la familia Allende, ubicada en calle Guardia Vieja, comuna de Providencia.
La magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía, Marcia Figueroa, determinó que la denuncia fuera remitida a la Fiscalía Centro Norte para ser investigada. Según explican desde el Ministerio Público a CIPER, la causa está ahora en manos de un fiscal provisorio, pero en las próximas horas se asignará al definitivo. En atención a que el acusado es el Presidente Boric, no descartan que el fiscal nacional, Ángel Valencia, asigne a un persecutor regional para investigarla.
La polémica en torno a la adquisición del inmueble se desató el 31 de diciembre, luego de que el gobierno hiciera pública la compra de esta propiedad por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, comprometiendo cerca de $1.000 millones en la transacción (24.291 UF). Esto, sostuvieron desde el Ejecutivo, como parte de las inversiones patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, establecidas en la Ley de Presupuesto para el Sector Público para 2024.
Dos días después, el 2 de enero, el medio de comprobación de datos Fast Check advirtió que el gobierno había omitido que el inmueble del expresidente Allende era propiedad de la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, y de la senadora Isabel Allende (los otros propietarios son Carmen Allende Bussi y Alejandro Fernández Allende). Esta información puso en entredicho la viabilidad del acuerdo, puesto que, por sus cargos públicos, las descendientes del expresidente no podrían celebrar contratos de este tipo con el Estado.
El gobierno terminó desistiendo de la compra, y a la ministra de Bienes Nacional, Marcela Sandoval (RD), le fue solicitada su renuncia.
La denuncia que presentó la Fundación Fuerza Ciudadana apunta al delito de fraude al fisco, y se centra en la responsabilidad que le cabría al presidente, Gabriel Boric, por las gestiones que hizo el gobierno para adquirir el inmueble:
“Que el denunciado en su calidad de funcionario público compró en diciembre de 2024 con recursos públicos a favor de la mencionada Maya Fernández Allende el inmueble antes mencionado, lo que constituye el delito de Fraude al Fisco, en atención que dicha compra fue a favor de una colaboradora directa e inmediata de él, de su exclusiva confianza, lo cual es un hecho público y notorio, por el precio de 24.291,72 UF que corresponde a una cantidad aproximada de $993 millones”, dice el documento (vea aquí la denuncia completa).
Palamara, el abogado detrás de esta denuncia, afirma que esta acción penal no proviene del Partido Republicano, sino que de su parte, sin coordinación con la colectividad en la que milita.
Palamara comenta qué la acción penal está dirigida en contra del mandatario “en atención a que él disponía de los fondos y del poder. Existe un decreto en que le ordena a la Ministra de Bienes Nacionales para que haga la compra de esta casa, se señala ahí mismo, que es por orden del presidente, por lo cual, el responsable aquí es directamente el Presidente de la República. Obviamente deberían haber otras responsabilidades, sobre todo si pasó por tantas manos, por tantos ministerios, por tantos abogados, entonces aquí debería haber más responsabilidades, no solo del Presidente, pero el Presidente es el principal responsable aquí”.