La deuda de Chile en política tributaria: un sistema que no dependa de los más vulnerables

Los autores de esta columna escrita para CIPER, desde la perspectiva de la economía y el derecho, analizan los avances normativos del sistema tributario chileno, pero indican que sigue teniendo margen de mejora para que sea menos regresivo. Sostienen que “es imperativo avanzar hacia un sistema más progresivo que garantice la equidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas para que no sean los sectores más vulnerables del país en quienes depende la recaudación fiscal”.

Hace algunos meses se promulgó la tan esperada Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, un cuerpo legal que no solo moderniza las herramientas de la administración tributaria para perseguir y combatir la elusión y evasión, sino que también mejora la institucionalidad tributaria y actualiza o elimina normas que en el pasado se utilizaban para eludir impuestos. El informe de Jorratt (2023) señala que el incumplimiento del impuesto a la renta llega al 50% en promedio para 2018 – 2020, mientras que el CEP (2023) indica que para el mismo periodo alcanza entre 42% y 40%. Independientemente del estudio, la conclusión es que la cantidad de impuestos que no se pagan es importante y que los problemas radican en gran medida en la recaudación del impuesto a la renta. Por esto, la importancia de modernizar el stock normativo en esta materia es fundamental para tener un sistema que tienda a la justicia tributaria y a la equidad vertical y horizontal entre contribuyentes.

La discusión de la política tributaria de un país se relaciona con su desarrollo y hay suficientes pruebas sobre el impacto positivo de la progresividad del sistema tributario en la reducción de la inequidad en el ingreso. Análisis de economistas del FMI (2021) recomiendan a los países de la región subir las tasas impositivas junto con otras medidas para aumentar el crecimiento y combatir la desigualdad. En Chile, el sistema tributario es tremendamente regresivo. El 50% de la población, entre los deciles 1 al 5, tributan en promedio un 16% de sus ingresos, tanto en impuestos a la renta como al consumo. Este grupo tributa proporcionalmente más que los 49 percentiles inmediatamente superiores. Además, el 0,01% más rico del país aporta cerca de un 12% de sus ingresos, por debajo que el resto de la población (Bohme et al, 2022). Esto evidencia la injusticia y falta de progresividad del sistema, que se consolidó con el código tributario (DL 830) dictado en diciembre de 1974.

Indudablemente, los ajustes tributarios impulsados en la última década por los tres gobiernos al mando han corregido ciertos mecanismos que favorecen la concentración y regresividad de nuestro sistema, a lo que ahora se suma la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. Sin embargo, aún quedan pendientes algunas medidas que impactan en la legitimidad del sistema tributario ante la ciudadanía. Es imperativo avanzar hacia un sistema más progresivo que garantice la equidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas para que no sean los sectores más vulnerables del país en quienes depende la recaudación fiscal.

Un primer elemento necesario para aumentar la progresividad del sistema es avanzar en la desintegración del sistema tributario, junto con modificaciones de las tasas impositivas del impuesto a la renta para primera y segunda categoría. También es crucial ofrecer simplicidad, apoyo y transparencia a los regímenes de MiPYMES, y revisar tributos como el impuesto a las herencias. La mayoría de las economías desarrolladas tienen sistemas desintegrados entre ambas categorías, lo que permite un carácter progresivo del sistema tributario. Es esencial gravar el capital, modificar las normas para evitar la elusión en el impuesto a la herencia, incentivar a las MiPYMEs a formalizarse y agregar valor a sus cadenas de producción, además de mantener el tramo exento del impuesto global complementario en las 13,5 UTA.

Es por esta razón que hay llamados de multimillonarios, así como de la presidencia actual del G20, centros de pensamiento como OXFAM y académicos como Gabriel Zucman, que advierten cómo los ultrarricos y las grandes corporaciones erosionan, mediante planificaciones agresivas, las arcas fiscales y la soberanía de las naciones. Estas prácticas también socavan la capacidad de los países y el multilateralismo para enfrentar emergencias globales y lograr una mejor distribución de la riqueza. Es necesario avanzar en un impuesto que grave la riqueza de este grupo, no solo en Chile, sino a nivel mundial.

Otro elemento necesario para disminuir la regresividad del sistema sería eliminar exenciones tributarias y revisar las tasas de otros impuestos es fundamental. Las primeras deben ajustarse a las necesidades fiscales de inversión, de política industrial y de sostenibilidad ambiental actuales. También se deben revisar las tasas del impuesto al consumo para cumplir con la equidad vertical. Es necesario plantear una reforma fiscal verde y aspectos de descentralización. Esto en parte se avanzó mediante el incremento a la tasa de emisión de CO2 que se planteó en la discusión del subsidio eléctrico, y se requiere un diseño a largo plazo que permita descarbonizar la matriz productiva, incentivando el recambio tecnológico y la producción de esa tecnología en el país, además de gravar a las fuentes contaminantes y proporcionar certezas a los contribuyentes sobre los plazos y mecanismos propuestos. El proyecto de Descentralización Fiscal, actualmente en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, entrega un marco de acción, control, transparencia y rendición de cuentas para que los Gobiernos Regionales puedan operar sus presupuestos.

Finalmente, es crucial avanzar en un sistema de fiscalidad internacional, especialmente en América Latina, para combatir la presión de los contribuyentes con suficiente poder y capacidad para realizar planificaciones tributarias agresivas en varios territorios. Esto trae perjuicios y un sentimiento de injusticia en todas estas sociedades. Para la cooperación fiscal internacional, es necesario avanzar en una convención marco para compartir información constantemente entre administraciones tributarias y para que los países de la región se sumen a disminuir la opacidad de sus sistemas y enfrenten conjuntamente los mecanismos legales complejos que utilizan estos contribuyentes.

Reconociendo el avance de la promulgación de la Ley de Cumplimiento Tributario, todavía queda mucho camino por avanzar. El llamado es a no perder de vista estas otras materias que continúan pendientes para acelerar el curso hacia un sistema impositivo justo que permita una mejor distribución del ingreso y la sostenibilidad social y fiscal del país.