Sociedades Anónimas Deportivas: Cero gol a favor y millones de pesos en contra, la trampa del modelo económico del fútbol
17.12.2024
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La semana pasada el Senado aprobó una nueva etapa en el proceso legislativo de una actualización de la ley que estableció las sociedades anónimas deportivas en el país, la cual lleva seis años discutiéndose en el Congreso. Quien escribe esta columna para CIPER, y además uno de los autores del libro “El salvataje del fútbol profesional chileno: Una historia reservada”, analiza los efectos que la normativa ha tenido en el desarrollo de la actividad. Sostiene que “el fútbol es más que un negocio; es un fenómeno cultural que moviliza a millones de personas. Por ello, su administración no debe estar sujeta únicamente a lógicas mercantiles, sino también a principios de transparencia, equidad y sostenibilidad financiera que asegure el desarrollo de la actividad”.
Créditos imagen de portada: Diego Martín / Agencia Uno
El fútbol profesional chileno, como muchos deportes alrededor del mundo, se ha visto profundamente influenciado por una combinación de factores tecnológicos, sociales, políticos, legales y sobre todo económicos. En Chile, la introducción de la Ley Nº 20.019 en 2005, destinada a regular las sociedades anónimas deportivas profesionales, prometía un punto de inflexión en la gestión del deporte. Sin embargo, casi dos décadas después, los resultados de esta regulación están lejos de lo esperado.
La Ley Nº 20.019 se creó con el objetivo de reorganizar la gestión del fútbol profesional en Chile. Esto incluyó la transformación de clubes en sociedades anónimas deportivas y la implementación de mecanismos que facilitaran el pago de las deudas históricas de los clubes, que se centraron al menos en las deudas tributarias (quedaron fuera otras también de importante magnitud, como las previsionales). En principio, esta normativa buscaba promover una administración más profesional, equilibrar las finanzas de los clubes y fomentar la inversión. No obstante, su impacto ha sido desigual.
Por ejemplo, aunque muchos clubes adoptaron la nueva figura jurídica, otros optaron por mantener su estructura como corporaciones o fundaciones. Esto generó disparidades significativas en los resultados financieros. Mientras clubes que optaron por continuar bajo el modelo de corporación lograron mantener cierta estabilidad, las sociedades anónimas deportivas profesionales han registrado recurrentes pérdidas, a excepción de años determinados, como fue el año 2018 con ocasión de la venta del Canal del Fútbol.
Uno de los pilares de la ley era profesionalizar la gestión deportiva. Sin embargo, la sola creación de sociedades anónimas deportivas no garantizó mejores prácticas administrativas. Aunque los reglamentos exigen transparencia en la gestión financiera, como la presentación de balances auditados y presupuestos anuales, los resultados demuestran que muchos clubes no han alcanzado la sostenibilidad económica. Al cierre de 2023, cerca del 70% de los clubes de primera división acumulaban pérdidas, sumando más de 51.000 millones de pesos.
La fiscalización también ha sido un aspecto débil. A pesar de los esfuerzos de distintas entidades gubernamentales, los resultados no han redundado en mejoras. La Comisión para el Mercado Financiero debe fiscalizar finalmente tres tipos de instituciones: Sociedades anónimas deportivas profesionales, fondos del deporte y sociedades anónimas del régimen general. Justamente estas últimas son las actuales formas de reorganización de las concesionarias Blanco y Negro S.A. y Azul Azul S.A.
Entre 2016 y 2021, el Servicio de Impuestos Internos detectó cerca de 300 distintos tipos de incumplimientos tributarios en los clubes de fútbol profesional. Por su parte, el SERNAC recibió, entre 2023 y junio de 2024, cerca de 1.300 reclamos relacionados con los clubes, de los cuales el 30% se refieren a problemas con la compra de abonos. La Unidad de Análisis Financiero informó que 7 clubes profesionales no habían designado al oficial de cumplimiento, y que cerca de 10 procesos sancionatorios fueron iniciados, aunque estos últimos permanecen bajo reserva. En el ámbito laboral, la Dirección del Trabajo registró multas y moras presuntas que sumaron 300 millones de pesos, además de 2.700 casos de moras presuntas en las divisiones A y B. Aunque estas últimas pueden explicarse parcialmente por la dinámica de las relaciones laborales, representan una alerta que exige evaluar este tipo de riesgos de manera más exhaustiva.
Una de las consecuencias más notorias ha sido la llamada «inflación salarial». En los últimos 10 años, los gastos en remuneraciones han aumentado significativamente, mientras que la inversión en jugadores ha disminuido drásticamente. . Por el contrario, los gastos salariales han absorbido gran parte de los recursos provenientes de derechos televisivos, los cuales representan en promedio el 42% de los ingresos de los clubes de primera división.
Esta situación refleja una gestión desequilibrada, donde se priorizan gastos operativos inmediatos sobre inversiones a largo plazo. Además, los altos salarios no han redundado en mejores resultados deportivos internacionales, siendo la única excepción destacable la obtención de la Copa Sudamericana por parte de Universidad de Chile en 2011.
El gasto en seguridad también revela inconsistencias en la administración de los clubes. Entre 2015 y 2022, más del 20% de los partidos disputados registraron incidentes de violencia, según cifras de Estadio Seguro. A pesar de ello, los clubes destinaron menos del 1% de sus ingresos presupuestados a seguridad en 2023. Este desinterés compromete la experiencia de los aficionados y la imagen del fútbol chileno. Mientras tanto, el Estado subenciona la actividad con milonarias inversiones en infraestructura y seguridad pública, destinando más de 50.000 efectivos policiales para los encuentros de los campeonatos oficiales de Primera A y B en un año y más de 10.000 medio logísticos como radiopatrullas, motos, furgones policiales y otros.
El incentivo a la inversión era otra de las metas de la Ley Nº 20.019. No obstante, las pérdidas recurrentes y la falta de una gestión eficiente han limitado la confianza de los inversores. Dentro del top 3 de pérdidas acumuladas encontramos a los dos clubes de mayor respaldo popular en Chile. Incluso hay casos de clubes que han tenido que hacer aportes de capital en 8 ocasiones (como es el caso de O’Higgins, desde su transformación en sociedad anónima, para poder cubrir los déficit financieros y no para materializar inversiones de largo plazo.
El avance del proyecto de ley que modifica la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales es una noticia que, sin duda, alienta la posibilidad de mejora en el panorama del fútbol chileno. Sin embargo, es importante destacar que este es solo el primer paso de un proceso legislativo en el cual es crucial observar cómo la idea ingresada transita en la discusión en particular y cómo se define el texto final del proyecto. A pesar de las buenas intenciones, los intereses involucrados hacen difícil que el proyecto tenga un resultado positivo, pero al menos representa un intento por abordar algunos de los problemas que afectan al fútbol nacional».
La Ley Nº 20.019 y sus posteriores modificaciones fueron un intento ambicioso de modernizar la gestión del fútbol profesional chileno. Sin embargo, los resultados no han cumplido con las expectativas. La falta de fiscalización efectiva, el aumento descontrolado de los gastos salariales, la disminución de la inversión en jugadores y la baja prioridad otorgada a la seguridad son síntomas de un sistema que necesita una evaluación integral.
Es fundamental que se revise el marco normativo vigente, promoviendo mecanismos que garanticen la sostenibilidad financiera y fomenten inversiones a largo plazo. Además, se requiere una fiscalización más estricta y transparente para evitar que los clubes caigan en patrones de gestión deficiente.
El fútbol es más que un negocio; es un fenómeno cultural que moviliza a millones de personas. Por ello, su administración no debe estar sujeta únicamente a lógicas mercantiles, sino también a principios de transparencia, equidad y sostenibilidad financiera que asegure el desarrollo de la actividad.