La suspensión del SAE: Un retroceso para la equidad educativa en Chile

Las autoras de esta columna escrita para CIPER desmenuzan las principales críticas que se realizan al Sistema de Admisión Escolar, las cuales a su juicio se basan en supuestos errados. Por tanto, indican que “la suspensión del SAE (decidida por el Congreso cortando su presupuesto) busca en definitiva reforzar la segregación del sistema – ‘salvando’ a unos y ‘enterrando’ a otros -, en vez de apostar por el fortalecimiento de la calidad de la educación provista (valor agregado) y de la calidad del sistema escolar público en su conjunto”.

Créditos imagen de portada: Pablo Ovalle / Agencia Uno

La reciente suspensión del Sistema de Admisión Escolar (SAE) para el proceso de admisión 2026 representa un grave retroceso en los avances hacia la equidad educativa en Chile. La mal llamada “tómbola” es en realidad un sistema centralizado de admisión escolar que protege el derecho a la educación de todas/os las/os estudiantes, pues prohíbe la selección por parte de los establecimientos escolares que reciben subvención del Estado. Esto quiere decir que, con el SAE los establecimientos públicos y particular subvencionados están obligados a admitir a todas/os sus postulantes si cuentan con los cupos suficientes y que, de existir sobredemanda (más postulantes que cupos), no pueden discriminar a un postulante en base a sus características socioeconómicas o académicas. 

De este modo, el SAE maximiza las preferencias de las familias al establecer un ordenamiento aleatorio de las/os postulantes, dando prioridad (más que nada por temas de conveniencia para las familias) en los siguientes casos: i) primera prioridad, a quienes tienen hermanos en el establecimiento; ii) segunda prioridad, a postulantes prioritarios en términos socioeconómicos (solamente hasta un 15% en la escuela); iii) tercera prioridad, a postulantes que son hijas/os de funcionarios en el establecimiento; y iv) cuarta prioridad, a exalumnos que quieran reincorporarse (que no hayan sido expulsados). 

En reemplazo del SAE, el Ministerio de Educación regulará un proceso alternativo, para lo cual será clave la conformación de una mesa técnica que desde enero de 2025 trabajará en identificar medidas de optimización del SAE. En esta columna, argumentamos que las principales críticas realizadas al SAE se basan en supuestos errados, por lo que es clave que la mencionada mesa técnica identifique qué ajustes son necesarios para superar las deficiencias de implementación del SAE, manteniendo su esencia: un procedimiento de admisión escolar centralizado y aleatorio con criterios de priorización de las postulaciones, para evitar la discriminación de las/os estudiantes y sus familias en el proceso de admisión escolar y que  continúa  priorizando las preferencias de las familias en el momento de asignación. 

En primer lugar, las críticas hechas al SAE por supuestamente debilitar la educación pública se fundan en argumentos ideológicamente sesgados y derechamente falsos. La disminución de la matrícula en la educación pública y fuga de estudiantes hacia la educación particular (subvencionada y pagada) son un hecho. Sin embargo, se trata de un problema grave que se acarrea desde la dictadura, con la implementación de políticas de privatización de la educación en desmedro de la educación pública, y no un fenómeno de los últimos tres años. En efecto, pese a que el SAE comenzó a implementarse en 2017, esto se hizo de manera gradual y en 2020 (un año de pandemia y pocas clases presenciales) se terminó de aplicar al incluir a la Región Metropolitana en todos los cursos. De este modo, es recién en 2022 que el SAE comenzó a operar en su totalidad en un contexto de clases presenciales, pero con todas las complejidades académicas y de convivencia que sabemos implicó la pandemia y el cierre de escuelas por un período excepcionalmente largo, especialmente en la educación pública. Atribuir al SAE el debilitamiento de la educación pública es, por tanto, un despropósito sin evidencia que lo respalde. 

En segundo lugar, se ha hecho referencia a los efectos supuestamente negativos del SAE en las oportunidades de las/os estudiantes para acceder a una escuela. Sin embargo, no existe evidencia que sustente las afirmaciones de que esto se debe al SAE. Sabemos que hay familias frustradas por no haber sido asignadas a un establecimiento de su preferencia pero esto es algo que ya ocurría antes del SAE, debido a que las preferencias tienden a concentrarse en un grupo reducido de establecimientos escolares, haciendo que estos tengan sobredemanda mientras que otros no logran completar su matrícula. Más aún, antes del SAE este proceso de asignación se realizaba de manera discriminatoria debido a los procesos de selección aplicados por los establecimientos escolares. En este sentido, las familias que no ven su preferencia satisfecha ahora son “aleatorias”, mientras que antes las familias perjudicadas tendían a ser las más desfavorecidas en cuanto a situación socioeconómica y resultados académicos de las/os estudiantes, lo que reforzaba las desigualdades existentes. Lo que no es posible decir es que más familias están quedando sin cupo ahora: hay evidencia de que antes del SAE había establecimientos que incluso optaban por no admitir estudiantes pese a contar con cupos disponibles, ello en consideración de características definidas como indeseables (estudiantes vistos como potencialmente problemáticos) (Carrasco, Gutiérrez, & Flores, 2017). Ahora, con el SAE, eso no es posible: el Estado actúa como garante de que se llenen todos los cupos disponibles y, en ese sentido, de asegurar el derecho a la educación al establecer una regulación a las escuelas. 

En tercer lugar, se ha dicho que la eliminación del SAE busca reponer el valor del “mérito” de las/os estudiantes, de modo que los establecimientos escolares con sobredemanda puedan seleccionar a las/os estudiantes más “meritorios”. Sin embargo, no es claro que los mecanismos de selección utilizados puedan realmente identificar o medir ese supuesto mérito. En efecto, la evidencia muestra que la aplicación de exámenes y entrevistas así como la solicitud de notas y cartas de recomendación abren el proceso de admisión a distintos tipos de sesgos implícitos. ¿Cómo se asegurará que la selección se base puramente en razones académicas y realmente mida el “mérito” de un niño de 12 años? Antes de la Ley de Inclusión ya existía la prohibición de aplicar mecanismos de selección en la educación básica pero, en la práctica, estos se aplicaban. ¿Cómo se puede garantizar el buen manejo de la selección por mérito en un sistema descentralizado? ¿Cómo se puede garantizar la transparencia que las familias se merecen en una decisión tan importante?

En cuarto lugar, existen críticas al SAE con respecto a la ineficiencia en el momento de la matrícula. Devolver el proceso de admisión a las escuelas no solo abre nuevamente la puerta a la selección y la reproducción de las desigualdades educativas, sino que además significaría retroceder a un sistema de admisión menos eficiente. Que las escuelas estén a cargo de la admisión escolar requiere que estas gasten recursos y tiempo de trabajo en este proceso, en vez de dedicarlos a la enseñanza, lo cual no es eficiente ni aporta a la calidad educativa. La evidencia internacional es enfática en este sentido: devolver el sistema de admisión a las escuelas es mucho menos eficiente, pues cada familia tendría que buscar el sistema de admisión de cada escuela y postular uno por uno en vez de solo una vez. Mientras, el sistema centralizado con asignación deferida es el más eficiente para asignar al mayor porcentaje de postulantes a un establecimiento preferido (Abdulkadiroğlu, Pathak, & Roth, 2009). En el caso de múltiples sistemas, un/a estudiante puede ocupar varios cupos a la vez y las escuelas solamente van a poder admitir otros/as estudiantes después que la familia del estudiante dé aviso de su decisión de matricularse en otra escuela. Si tenemos ya un problema con la falta de cupos y mucho movimiento en el momento de matricularse, este movimiento sería mucho mayor si se permite que cada escuela tenga su propio sistema de admisión. 

En quinto lugar, se busca que la suspensión del SAE mejore el rendimiento educativo en la educación pública, pero esto es falso ya que solo podría, eventualmente, mejorar la calidad de unos pocos establecimientos públicos y no por mejoras en la enseñanza, sino por la concentración de los “buenos” alumnos en pocas escuelas. Esto no apostando por la mejora de la calidad de la educación que proveen, sino reinstalando la selección de estudiantes que vienen con ventajas académicas previas. De este modo, los buenos resultados académicos de un establecimiento no necesariamente se deben a sus procesos educativos sino a las características de sus estudiantes. En efecto, muchas veces se alude a la necesidad de “rescatar” a los emblemáticos o Bicentenarios. La reputación de los emblemáticos y el sello “bicentenario” han perdido su significado, en tanto no parece ser indicativo de excelencia en la educación que proveen sino más bien de su prestigio debido al tipo de estudiantes que reciben. Estos establecimientos que ocupan dinero del Estado debieran poder educar a cualquier alumna/o que espera esforzarse y estudiar allí, y no solamente a quienes ingresan ya con un alto rendimiento académico. En este contexto, la suspensión del SAE busca en definitiva reforzar la segregación del sistema – “salvando” a unos y “enterrando” a otros -, en vez de apostar por el fortalecimiento de la calidad de la educación provista (valor agregado) y de la calidad del sistema escolar público en su conjunto.

Con todo, la suspensión del SAE no resuelve los problemas estructurales del sistema educativo chileno; al contrario, nos arriesga a retroceder a prácticas discriminatorias e ineficientes que perpetúan la desigualdad. Es crucial que la mesa técnica prevista para 2025 priorice ajustes al sistema de admisión basados en evidencia, que fortalezcan la educación pública y protejan el derecho a la educación para todas y todos, sin importar sus antecedentes socioeconómicos o académicos. Debemos avanzar hacia un sistema educativo inclusivo, equitativo y de calidad, que garantice oportunidades reales para cada estudiante en Chile.