RECIBIÓ $92 MILLONES POR OCHO AÑOS DE TRABAJO Y EQUIPO DE SICHEL DICE QUE EL PAGO FUE LEGAL
Exfuncionaria municipal de Ñuñoa querellada por el CDE por cobrar millonaria indemnización prepara su retorno con Sichel
10.12.2024
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RECIBIÓ $92 MILLONES POR OCHO AÑOS DE TRABAJO Y EQUIPO DE SICHEL DICE QUE EL PAGO FUE LEGAL
10.12.2024
Verónica Farfán dirigió la Corporación Cultural de Ñuñoa entre 2015 y 2021. En 2019, bajo la alcaldía de Andrés Zarhi, firmó una cláusula para que, en caso de ser despedida, cobrara ocho meses adicionales de sueldo. Tras ser finiquitada con $26 millones, inició acciones legales para hacer valer su contrato y en mayo de este año el tribunal laboral acogió su reclamo, aunque no se pronunció sobre si la cláusula es «defraudación o ilícito civil». La municipalidad tuvo que agregar $66 millones al pago. El CDE se querelló contra ella, Zarhi y otros cuatro exfuncionarios que suscribieron indemnizaciones similares. Ahora, Farfán se alista para retornar a la municipalidad. Al asistir a la ceremonia en que Sichel asumió la alcaldía, ella dijo a CIPER que volvería a la Corporación de Cultura. Pero, cuando consultamos a la nueva administración por su eventual nominación, a pesar de la querella que enfrenta, respondieron que los nombramientos no están definidos. En todo caso, desde el equipo de Sichel indicaron que los pagos a Farfán se ajustan a la ley.
Créditos imagen de portada Sebastián Sichel: Agencia Uno
“Que me duela, que me duela profundamente cuando se malgasta un peso. Los que me conocen hace rato saben que soy jodido con eso, no me gusta que se malgaste la plata del Estado”. Así, el nuevo alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, en la ceremonia en que asumió la jefatura comunal, remarcó la importancia que él asigna a la probidad municipal.
Entre el público que escuchaba las palabras del alcalde Sichel, estaba Verónica Farfán, quien dirigió la Corporación Cultural de la comuna entre 2015 y 2021. Farfán está querellada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por una posible malversación de fondos públicos, debido a que, bajo la administración del alcalde Andrés Zarhi, pactó que, en caso de ser despedida, recibiría una indemnización adicional de ocho sueldos por sobre lo que le correspondía según las normas del Código del Trabajo (vea la querella aquí). Al ser finiquitada en 2021, recibió $26 millones, pero ella decidió recurrir a la justicia para hacer valer su contrato. El tribunal le dio la razón, aunque se declaró incompetente de pronunciarse si estas cláusulas era una “defraudación” o contenían algún “ilícito”, y en mayo pasado cobró otros $66 millones. En total, las arcas municipales desembolsaron $92 millones para satisfacer la inusual cláusula que acordó.
Tras la ceremonia en la que Sichel asumió la alcaldía, Verónica Farfán confirmó a CIPER que fue designada, por la nueva administración, como subdirectora de la Corporación Cultural de la comuna. Aquel antecedente fue consultado al equipo de comunicaciones del municipio, desde donde, vía telefónica, inicialmente confirmaron la información. Pero, minutos después, por escrito, matizaron la respuesta: “No hay nadie contratado hasta el momento en la corporación. Hoy siguen a cargo las personas que están y aún no se toman esas decisiones”.
Al cierre de este artículo, el equipo de comunicaciones del alcalde entrante envió una nueva respuesta, en la que resaltó que la posición de Verónica Farfán, respecto de cobrar ocho sueldos por sobre el límite establecido por las normas laborales, se ajusta a la legalidad:
“No se ha definido el cambio de dirección de la actual corporación. El nuevo director será quien determine su equipo. Respecto al caso de la señora Farfán, analizando los juicios relacionados a su relación anterior con la Corporación Municipal, ella no se encuentra formalizada o imputada en ninguna causa al día de hoy. Lo que sí encontró es una sentencia condenatoria contra el Municipio de Ñuñoa, liderado por Emilia Ríos, por una demanda laboral de la señora Farfán por despido injustificado. En ella, el tribunal resolvió ordenar a la corporación municipal el pago de la indemnización, en concreto, se obliga al municipio a cumplir la obligación. Dicha sentencia fue confirmada en la Corte Suprema, quedando firme y ejecutoriada. El juicio en comento -laboral- significó que la postura sostenida por la señora Farfán era la que correspondía a derecho de acuerdo a lo determinado por el Poder Judicial”.
CIPER volvió a consultar a Verónica Farfán, quien también matizó su postura inicial, pero confirmó que el alcalde Sichel le ofreció volver a la corporación: “Lo que pasa es que me dijeron eso, pero aún no se definen bien los cargos (…). El alcalde (Sichel) me ofreció ir a la corporación, él no me ofreció ningún cargo, me ofreció volver, pero no cargo. Eso está en el aire todavía, nosotros asumimos el lunes y ahí se va a definir qué cargos vamos a tener, capaz que no tenga ni uno”.
Farfán también fue consultada por la querella que el 7 de febrero de este año el CDE presentó en su contra por su posible autoría en la malversación de los fondos públicos de la Corporación de Cultural de Ñuñoa. En un primer momento negó aquella acción judicial en su contra: “No, no estoy querellada por el Consejo de Defensa del Estado”. CIPER le explicó el contenido y validez de aquel documento, ante lo cual Farfán respondió: “Tengo el documento del Consejo de Defensa del Estado donde yo no estoy demandada, y nunca me han llamado”. Verónica Farfán ofreció enviar dicha documentación y señaló que uno de sus abogados se comunicaría para explicar su situación judicial con el CDE. Al cierre de esta edición, y tras varios requerimientos de CIPER, ninguno de los dos compromisos se concretó.
En los registros del Poder Judicial, actualizados al 6 de diciembre pasado, no se encuentran documentos que indiquen que el CDE haya desistido de su querella contra Farfán.
Dos fuentes ligadas a la investigación confirmaron a CIPER que la querella del CDE contra Farfán se mantiene, pero señalaron que ella no ha sido formalizada y que la fiscalía aún no la cita a prestar declaración. La acción penal se ha centrado en contra el exalcalde Andrés Zahri y cuatro exdirectivos de la Corporación de Desarrollo Social que recibieron cláusulas especiales de indemnización: José Fernando Palma Vega, Ludwig Bornard Manaka, Ximena Vivanco Garrido y Roberto Ignacio Stern Elfenbein.
En 2013, el entonces alcalde Pedro Sabat (RN) la nombró subdirectora de Corporación Cultural. Dos años después, el 1 de julio del 2015, fue designada directora gerente. Fue entonces cuando se realizó la primera modificación a su contrato, la que ahora es objetada por el CDE, estableciendo una cláusula especial que va más allá de lo que fijan las normas para cualquier empleado: una indemnización sin tope por años de servicio más un monto equivalente a seis sueldos brutos (lea acá un reportaje de CIPER al respecto).
El 1 de julio de 2019, se agregó otro anexo al contrato de Farfán. El entonces alcalde Andrés Zarhi, amplió la “indemnización especial” de seis a ocho meses. Es decir, en caso de despido se pagarían los años de servicio y vacaciones proporcionales, más un monto extra correspondiente a ocho sueldos brutos.
Las cláusulas especiales para indemnizaciones en corporaciones municipales, fueron enfáticamente cuestionadas por el excontralor, Jorge Bermúdez, por tratarse de cláusulas propias del mundo privado. En 2022, ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, las comparó con las que se entregan en empresas mineras. “El año pasado, cuando hubo muchos cambios en los gobiernos locales, ¡la cantidad de recursos que se pagaron en las corporaciones sin límite por indemnizaciones! Porque se habían agregado anexos a los contratos de trabajo. Se pagaron millonarias indemnizaciones a las personas que dejaban un cargo. Sin causal (…) como si fuera una minera”.
Según explicaron a CIPER desde la Contraloría, la diferencia a la que apuntaba Bermúdez, es que en las corporaciones municipales estas cláusulas se pactan con fondos públicos, mientras que en una empresa privada, proviene del patrimonio de quien decide pactarla.
En febrero pasado, el CDE acusa, a través de su querella, que Verónica Farfán y otros cuatro exdirectivos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa se “concertaron” con el alcalde Zarhi con el objetivo de “sustraer caudales públicos”. En la acción penal que se sumó a la presentada por la Municipalidad de Ñuñoa en 2021, se explica el mecanismo: “Contemplaron maliciosamente indemnización sustitutiva, indemnización por años de servicio y feriado proporcional, dando lugar al pago de sumas superiores a la que correspondían legalmente”.
En julio de 2021, tras asumir la nueva administración de Emilia Ríos (RD), Verónica Farfán fue despedida. Su finiquito se calculó en base a lo establecido en el Código del Trabajo, considerando los ocho años que trabajó para la Corporación de Cultura y vacaciones proporcionales, fijando su indemnización en poco más de $26 millones. Tras cobrar ese monto, Farfán demandó al municipio por otros $41 millones. Argumentó que la nueva administración desestimó y no pagó la “cláusula especial”, acordada en 2019 con el exalcalde Zarhi, que en caso de despido incluía un pago extra.
El 4 de agosto de 2021, Verónica Farfán firmó un finiquito por más de $26 millones, correspondientes a los ocho años que trabajó para la Corporación Cultural de Ñuñoa. Tras cobrar el dinero realizó una demanda laboral contra el municipio, alegó que su exempleador no pagó la “indemnización especial a todo evento” suscrita en 2015 y luego modificada en 2019. En ese cobro de prestaciones, Farfán señaló que se le adeudaba $41.746.170 y otra diferencia de indemnización sustitutiva de $1.857.521.
En la demanda laboral, tramitada en el Primer Juzgado de Letras de Santiago, la defensa de Farfán argumentó la legitimidad de esos anexos de contratos suscritos entre Farfán y el exalcalde Zarhi, alegando la inestabilidad que provoca trabajar en la administración municipal, considerando que una elección permite renovar a sus autoridades cada cuatro años:
Es de señalar que las razones para pactar una indemnización superior a la legal son bastante obvias y legítimas. (…) Lo cierto es que, un cambio político expone a estos trabajadores a perder automáticamente sus puestos de trabajo.
El 12 de septiembre de 2022, Verónica Farfán debió prestar declaración ante la Fiscalía de Ñuñoa, en el contexto de la acción penal que la exalcaldesa, Emilia Ríos, presentó contra los directivos que suscribieron cláusulas. En la instancia, defendió los anexos suscritos durante la administración de Zarhi: “Yo entiendo que esta indemnización puede resultar agresiva para mucha gente, pero es algo legal”.
El 16 de enero de 2023, el Primer Juzgado de Letras de Santiago rechazó la tutela laboral interpuesta por Verónica Farfán contra la Municipalidad de Ñuñoa, quien alegaba despido injustificado. No obstante, ordenó al municipio a pagar los más de $43 millones reclamados por Farfán. En la sentencia el tribunal se declaró “incompetente” para pronunciarse si aquella cláusula de indemnización se sustentaba en un modelo de “defraudación o ilícito civil” (vea esa sentencia).
El 5 de mayo de este año, la Municipalidad pagó a Verónica Farfán lo adeudado en base a la cláusula de despido pactada en 2019. El monto pagado superó los $66 millones, ya que a los $43 millones iniciales se le sumaron más de $22 millones por concepto de reajustes e intereses. En los próximos días la nueva administración de Ñuñoa definirá cuál serán las nuevas funciones de Farfán en su regreso a la Corporación Cultural de Ñuñoa (vea esa liquidación de pago).