El rol del Sistema Penitenciario en el elevado costo público del delito

El autor de esta columna escrita para CIPER analiza los datos del informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el impacto del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe, con un foco en los costos asociados en capital humano y gasto público y privado. Sostiene que “sería pertinente redoblar esfuerzos en la implementación de medidas alternativas a la prisión para delitos menores. Estas estrategias, además de ser efectivas, pueden aliviar el hacinamiento carcelario, disminuir el contacto de reclusos con organizaciones criminales y mejorar la gestión de quienes cumplen condenas vinculadas al crimen organizado”.

El impacto del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe (ALC) ha sido documentado ampliamente, posicionando a la región como una de las más inseguras del mundo. Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo, BID aborda este tema desde una perspectiva integral, conceptualizando y midiendo los costos asociados a este fenómeno que limita la calidad de vida y frena el desarrollo económico y social de los países de la región. Este análisis no solo desglosa los diferentes componentes del costo del crimen y la violencia, sino que también evidencia la complejidad y diversidad de sus efectos.

El informe distingue entre costos directos e indirectos asociados al crimen y la violencia . Los primeros, que representaron en 2022 un 3,4% del PIB de la región, incluyen tres categorías principales: el capital humano, los costos públicos y los costos privados. El capital humano refleja las pérdidas en productividad causadas por la victimización o la privación de libertad. Los costos públicos corresponden al gasto estatal en seguridad, justicia y sistemas penitenciarios. Por último, los costos privados incluyen el gasto de empresas y ciudadanos en medidas preventivas contra el crimen.

El documento también resalta costos de carácter indirecto, en la medida que el crimen y la violencia afectan varias dimensiones clave del desarrollo y a través de diversos mecanismos. Tal como resume el informe, se encuentra ampliamente documentado que el delito tiene efectos adversos en términos de, por ejemplo, actividad económica, inversión, migración, empleo, turismo, desempeño escolar, salud infantil y confianza social. 

En lo que refiere a Chile, el informe del BID documenta para 2022 un gasto de entre 1,8% y 3,0% de su PIB en costos directos del delito, donde casi una tercera parte corresponde a costos públicos. Si bien esta cifra se encuentra por debajo del promedio regional, debería exhibir una tendencia creciente si se consideran, entre otros aspectos, los esfuerzos presupuestales que ha realizado el actual gobierno. La administración del presidente Boric ha priorizado este tema, destinando recursos significativos en el Presupuesto 2025 para reforzar las capacidades de la policía, la justicia y el sistema penitenciario. En cuanto a la integración del gasto directo de origen público, más de una tercera parte se destina a cárceles, a pesar de que no han sido capaces de entregar los resultados esperados. 

El sistema penitenciario representa una carga significativa dentro de los costos públicos asociados al crimen, particularmente debido al modelo de reclusión cerrado que limita o elimina la participación de las personas privadas de libertad en actividades productivas. Según el informe del BID, el costo para Chile fue de 0,2% del PIB en 2022, una cifra inferior al 0,4% reportado en Brasil y Uruguay, pero aún considerable menor que en países como Panamá (0,5%) y El Salvador (0,6%). Aunque el impacto en Chile es menor en comparación con otros países de la región, sigue reflejando un uso ineficiente del capital humano, subrayando la necesidad de explorar alternativas que puedan reducir estos costos sin comprometer la seguridad pública.

Además de las pérdidas asociadas al capital humano, el sistema penitenciario chileno genera costos directos significativos. De acuerdo con el informe, en 2022 Chile destinó el 0,28% de su PIB al funcionamiento de las cárceles, cifra que supera ampliamente el promedio regional (0,18%) y es comparable a los niveles de Costa Rica (0,26%) y Uruguay (0,27%). Según datos de Gendarmería, el costo promedio mensual por recluso oscilaba entre 900.000 y 1.000.000 de pesos en 2022, dependiendo de si se trataba de cárceles públicas o concesionadas. Aunque este costo ha disminuido debido al incremento de la población penitenciaria, sigue siendo notablemente alto en el contexto nacional. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas reportó que el ingreso laboral neto promedio mensual en Chile fue de 750.000 pesos en ese año. Esto implica que, después de descontar las contribuciones previsionales y de salud, el ingreso disponible de un trabajador promedio es aproximadamente un 25% inferior al gasto estatal por cada persona privada de libertad. Este contraste subraya el desafío de optimizar los recursos destinados al sistema carcelario y resalta la necesidad de explorar alternativas más eficientes. 

A pesar de sus costos, las cárceles no funcionan. Aunque representan una carga económica sustancial, las cárceles han fracasado en su función primordial de rehabilitar e integrar a las personas privadas de libertad, contribuyendo en muchos casos a perpetuar el ciclo delictivo. La evidencia académica muestra que los sistemas penitenciarios tienen una capacidad limitada para reducir la reincidencia entre quienes han cumplido condena e, incluso, pueden contribuir a la perpetuación del ciclo delictivo a través de efectos criminógenos documentados en diversos estudios.   

Este panorama es particularmente preocupante en ALC, donde las cárceles se han convertido en terrenos propicios para que simples pandillas evolucionen hasta transformarse en mafias transnacionales. Organizaciones como el Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil han utilizado las cárceles como centros operativos para expandir sus actividades ilícitas. El PCC y otros grupos como el Comando Vermelho y la Família do Norte no solo han tomado el control del narcotráfico en Brasil, sino que también desafían abiertamente la autoridad estatal dentro y fuera de las prisiones. 

El impacto de estas organizaciones trasciende las fronteras nacionales. El PCC, hoy la mayor organización criminal de la región, ya ha extendido sus operaciones a territorio chileno , lo que subraya la necesidad urgente de implementar políticas públicas efectivas que aborden tanto la sobrepoblación carcelaria como la influencia creciente del crimen organizado dentro de las prisiones. Estos desafíos demandan un replanteamiento profundo del rol de las cárceles y de las estrategias de gestión penitenciaria para evitar que se conviertan en catalizadores del problema que buscan resolver. 

El Presupuesto 2025 prioriza el sistema penitenciario y su vínculo con el crimen organizado, alineándose con los desafíos actuales de seguridad en Chile. Sin embargo, el informe del BID sobre los costos del delito en América Latina y el Caribe invita a reflexionar sobre cómo optimizar el uso de los recursos públicos destinados a combatir el crimen. Tal como sugiere, sería pertinente redoblar esfuerzos en la implementación de medidas alternativas a la prisión para delitos menores. Estas estrategias, además de ser efectivas, pueden aliviar el hacinamiento carcelario, disminuir el contacto de reclusos con organizaciones criminales y mejorar la gestión de quienes cumplen condenas vinculadas al crimen organizado. Aunque persisten debates sobre la concentración o dispersión de grupos en prisión y su impacto en la violencia interna, está claro que dichas estrategias son inviables en sistemas penitenciarios colapsados. En este contexto, explorar alternativas a la prisión no solo es una necesidad pragmática, sino un paso crucial hacia un sistema penal más eficiente y sostenible.