El alto costo del ajuste en Argentina: 15 millones de personas viven en la pobreza

El ajuste económico del presidente Javier Milei en Argentina ha tenido un fuerte impacto en la población. En esta columna se revisan los datos oficiales al respecto y sus autores señalan que “El desafío para la democracia argentina es equilibrar estas medidas de austeridad requeridas para la estabilización macroeconómica, con la necesidad de mantener la cohesión social, la protección a los más vulnerables y la generación de institucionalidad que permita al país retornar a su senda de crecimiento, la cual necesita insoslayablemente de acumular capital humano”.

Más de 15 millones y medio de personas en la Argentina (poco menos de 4,5 millones de hogares) viven en condiciones de pobreza. Esta es la última cifra oficial reportada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina en base a la Encuesta Permanente de Hogares que cubre a 31 aglomerados urbanos del país. Aproximadamente un tercio de estas personas está bajo pobreza extrema (indigencia). Esto equivale a una tasa de pobreza del 52,9% y una tasa de indigencia del 18% (42,5% y 13,6%, respectivamente, medido en términos de hogares).

El diagnóstico del presidente Javier Milei se centra en la necesidad urgente de reformas económicas en Argentina con el objetivo de lograr un equilibrio fiscal, reducir el tamaño del Estado y controlar la inflación. Su enfoque libertario se centra en reducir drásticamente el gasto público, privatizar empresas estatales, limitar o eliminar directamente el Banco Central y desregular sectores clave. Desde esta mirada, el Estado ha sido el principal responsable de la crisis económica, y su estrategia busca disminuir su tamaño, permitiendo mayor libertad al sector privado y reduciendo la carga fiscal. Las reformas apuntan a una irrenunciable y prioritaria estabilización monetaria basada en el equilibrio fiscal, seguida de la reducción del tamaño del Estado y la desregulación de la actividad económica con el fin de generar condiciones para que el sector privado se transforme en el motor del crecimiento. Por ahora, la primera parte del plan se ha basado en recortes significativos en los subsidios a los servicios públicos y de programas sociales.

Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera, el gasto ejecutado en términos reales a septiembre del 2024 cayó en 29.7%. Esencialmente la estrategia de contención de gasto de Milei ha consistido en mantener el presupuesto nominal del año 2023 y aplicar ajustes ad-hoc a ciertas partidas.

Dos grandes partidas, Prestaciones a la Seguridad Social y Transferencias Corrientes, representan aproximadamente el 39% y 35% del gasto acumulado hasta septiembre del corriente año. Las prestaciones a la seguridad social han caído en términos reales en 22,3%, aunque esta caída se ha desacelerado en los últimos meses, debido a un cambio en el cálculo de las jubilaciones y la incorporación de un bono de 70 mil pesos argentinos a partir de septiembre, el cual en el proyecto de presupuesto para el 2025 se estima dejar fijo en valor nominal de forma de que decaiga en términos reales por efecto de la inflación). En forma paralela, dentro de las transferencias corrientes, dos rubros importantes como son las transferencias al sector privado (programas sociales en la órbita la secretaría de educación, ministerio de capital humano y secretaría de energía) y transferencias al sector público (provincias y universidades), sufren bruscas reducciones del orden del 25,4% y 40% interanual real. La única partida de transferencias sociales que aumenta en términos reales es la Asignación Universal por Hijo (AUH) que acumula un aumento del 27% en lo que va del año. Pero fuera de este programa, la mayoría de los programas sociales registraron importantes contracciones tanto en septiembre como en el acumulado anual. 

Sobre llovido, mojado… El mercado laboral en Argentina atraviesa un momento difícil, caracterizado por la estabilidad en la tasa de desempleo, que se situó en 7,6% en el segundo trimestre de 2024, pero con un aumento preocupante del trabajo precario (paradójicamente la forma más pura libertaria de establecer una relación laboral). Aunque la tasa de empleo creció ligeramente, esto se debe al aumento de empleos informales y por cuenta propia, mientras que los puestos formales disminuyeron. 

La contracción económica, especialmente en sectores como la construcción y la industria, ha empeorado la situación, con una pérdida significativa de empleos registrados. La paralización de la obra pública, junto a la reducción de aranceles a la importación en productos de consumo masivo como forma de combate a la inflación y la conjunción de cepo cambio y restricciones a la importación de insumos para la industria local no generan un buen panorama en el sector privado. El 16% de los ocupados está buscando un segundo empleo, lo que refleja el deterioro del poder adquisitivo de los salarios frente a las altas tasas de inflación registradas en los últimos doce meses. Mientras que los precios al consumidor registran una interanual a julio 2024 de 263%, los salarios de los trabajadores informales apenas si crecen 179%, los de los trabajadores privados formales, 235% y los de los trabajadores públicos 170%. La caída de poder adquisitivo, en particular para los trabajadores informales y empleados públicos es muy fuerte, y claramente refleja más que el paso del Gobierno de Milei, sino el deterioro que ha sufrido la economía argentina en los últimos años.

Frente a un sector público en retirada y un mercado laboral estancado durante el primer semestre 2024, no sorprende el dato del aumento de la pobreza e indigencia. Si las tasas de indigencia y pobreza son 13,6% y 52% respectivamente en el total de la población, se empinan al 27,3% y 67% en el segmento 0-17 años, y llegan a ser 38,6% y 76% en Gran Resistencia (Provincia de Chaco). En el segmento de adultos mayores, las tasas de pobreza e indigencia, si bien bastante más bajas que para el total de la población, 4% y 29,7%, se han más que duplicado en el último año (en el primer semestre del año 2023 eran 1.6% y 13% respectivamente), producto del deterioro de los haberes jubilatorios reales en los últimos dos años. 

Frente a este panorama el gobierno enfrenta importantes riesgos y desafíos. El perpetuar el ajuste fiscal a costa de “dejar” licuar el gasto no es una estrategia sostenible en el mediano plazo. Pudo ser una estrategia razonable, en un contexto que para las nuevas autoridades no era claro dónde estaba la holgura, pero debiera haber sido revertida tan pronto como se hubiera contado con mejores datos. Es totalmente razonable, focalizar la política pública con asistencias directas a los más vulnerables, pero desfinanciar la atención primaria, y las prestaciones educacionales en los niveles inicial, básico y medio pueden comprometer el desafío futuro.

Unas de las consecuencias de la descentralización de la educación en Argentina fue el deterioro sistemático de algunos sistemas locales. No es una condición fácil de resolver, dado que esta descentralización está establecida por Constitución al delegar como responsabilidad de las provincias la educación básica y media. Por ello es necesario que toda inversión en desarrollo temprano (más allá de programas de alimentación, que hay que mantener) debe estar acompañada de una inversión fuerte con mecanismos de control que garanticen su buen uso. Las cifras de abandono escolar en Argentina son alarmantes : al año 2022 sólo 60% de los alumnos de 17 años no están atrasados en sus estudios, 15% están atrasados un año, 6% dos años y 15% han abandonado la educación. La tasa de abandono está en torno al 35% en algunas provincias del país (Misiones y Santiago del Estero). En un contexto en donde los avances tecnológicos fuertes que impactan en el mercado laboral, estas  cifras comprometen sí o sí las capacidades de producción en el largo plazo.

A ello se suma la guerra contra las universidades nacionales, un frente que ha abierto el mismo presidente. Las transferencias a las Universidades Nacionales se redujeron 30% respecto al año anterior, recayendo este ajuste sobre salarios (tanto de docentes como de no docentes). Si bien es necesaria una debida fiscalización del gasto que realizan estas instituciones, el freno indiscriminado puede comprometer proyectos de investigación y desarrollo y las sinergias que las conexiones con el mundo científico traen aparejadas con beneficios de largo plazo. 

Las reformas de Milei han sido aplaudidas por los mercados financieros debido a la reducción del riesgo-país. Es lógico, los tenedores de papeles de deuda buscan asegurar la cobrabilidad de sus acreencias. El desafío para la democracia argentina es equilibrar estas medidas de austeridad requeridas para la estabilización macroeconómica, con la necesidad de mantener la cohesión social, la protección a los más vulnerables y la generación de institucionalidad que permita al país retornar a su senda de crecimiento, la cual necesita insoslayablemente de acumular capital humano. Para ello, y tal como lo refrendó la elección de los galardonados por el Nobel de Economía recientemente otorgado, la instauración de instituciones sólidas que puedan ser compartidas, no sólo por partidarios sino por la sociedad en su conjunto, es fundamental. El gobierno del presidente Milei enfrenta el reto de gestionar el descontento social tanto de aquellos que se vieron oprimidos en el pasado reciente, como de aquellos que hoy sufren la crisis del ajuste. Es esencial, por lo tanto, que la clase política argentina asegure la transparencia y el consenso en la implementación de las reformas, evitando profundizar la polarización política.