Fiscalía reconstruye los pasos de Manuel Guerra: así se selló la salida del administrador electoral de Piñera del caso Penta

En sus chats con Luis Hermosilla, el exfiscal Manuel Guerra afirma que contactó a Andrés Chadwick para avanzar en la salida de Santiago Valdés del caso Penta. Después del mismo Chadwick, Valdés es el segundo hombre de extrema confianza de Sebastián Piñera que aparece en el caso Hermosilla. Valdés era investigado por 16 facturas presuntamente falsas pagadas por SQM a Bancorp, una empresa de Piñera. Aunque admitió ante el SII que él pactó ese trato con SQM, la justicia resolvió no considerar ese testimonio. El entonces fiscal Guerra decidió no recurrir de queja ante la Corte Suprema y Valdés zafó de la acusación. Con su salida se extinguió también la arista judicial que vinculaba al círculo de confianza de Piñera con el financiamiento político ilegal. Hoy, tras la revelación de sus chats con Hermosilla, los pasos de Guerra en el caso Penta y otras causas son investigados por el fiscal de Arica, Mario Carrera.

En solo un par de líneas, escritas en un chat, el entonces fiscal Manuel Guerra reunió los nombres de dos de los principales hombres de confianza de Sebastián Piñera: Andrés Chadwick, el más importante consejero político del fallecido exmandatario, y Santiago Valdés, uno de sus colaboradores más estrechos en el mundo de los negocios. Tal era la confianza de Piñera en Valdés, que le encargó el estratégico puesto de administrador de su exitosa campaña presidencial de 2009 mientras, en paralelo, ejercía como gerente de Administración y Finanzas de Bancard, el family office de los Piñera Morel. 

Guerra escribió ese chat el 27 de septiembre de 2016, cuando tenía a su cargo la investigación del caso Penta, en el que Valdés había sido formalizado. El mensaje, que quedó registrado en el celular de Luis Hermosilla, muestra que Guerra alertó a Chadwick -al menos eso es lo que le cuenta al penalista- acerca de que no se estaban consiguiendo avances para que Santiago Valdés lograra zafar del caso Penta.

Guerra: “Lucho le escribí a Andrés (Chadwick) ya que me preocupa los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta así como lo relativo a Stgo Valdes”. 

Guerra: En el fondo saber cuál es la postura en que están a fin de poder tomar decisiones de fondo.

Hermosilla: Te agradezco Manuel.

Por ese diálogo -publicado por The Clinic– el jefe de la Fiscalía Regional de Arica, Mario Carrera, investiga si Manuel Guerra actuó al margen de lo legal al compartir con Hermosilla, y eventualmente con Chadwick, información sobre el caso Penta. No es la única causa que estuvo en manos de Guerra que ahora es revisada por Carrera. Son al menos nueve los casos que llevó el exfiscal en que Carrera busca eventuales anomalías (vea un reportaje de CIPER con el detalle). 

Si Carrera comprueba que el exfiscal compartió con Chadwick información de los casos que investigaba, eso puede ser relevante para el futuro procesal de Guerra. Este último, dejó el Ministerio público en julio de 2021 y al mes siguiente, según la información publicada en su perfil de LinkedIn, comenzó a trabajar en la Universidad de San Sebastián, donde Chadwick ha sido decano y presidente de su junta directiva.

Santiago Valdés era investigado en el caso Penta por su probable responsabilidad en un trato que involucró $340 millones pagados por SQM a Bancorp, una de las empresas de los Piñera que estaba bajo su control. La fiscalía presumía que las 16 facturas emitidas por Bancorp en esta operación, fechadas entre agosto de 2009 y octubre de 2010, eran ideológicamente falsas, es decir, que esa sociedad no había prestado servicios a SQM, por lo que no se justificarían los pagos. Las sospechas se acrecentaron cuando SQM, en 2015, ya envuelta en el escándalo de las platas ilegales para políticos, rectificó ante el SII los pagos que había hecho a Bancorp. 

Finalmente, en 2019 Santiago Valdés fue sobreseído. La Corte de Apelaciones estimó que a la fecha en que se abrió la investigación ya se habían cumplido cinco años desde los hechos indagados, por lo que habían prescrito. Esto, a pesar de que la última factura -fechada en octubre de 2010- se pagó antes de que se cumplieran los cinco años, lo que interrumpía la prescripción.

Para su resolución final, la corte tuvo en consideración que Valdés había dejado las empresas de los Piñera en mayo de 2010, por lo que estimó que no tenía responsabilidad en las cinco facturas finales. Para llegar a esa conclusión, el tribunal decidió no considerar una declaración de Valdés ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), en la que el exgerente había reconocido que el trato con SQM, incluyendo la fórmula de pago en 16 facturas, se había acordado bajo su gestión.

El entonces jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, tomó la decisión de no recurrir de queja ante la Corte Suprema, como lo prueban los correos que en esos días intercambió con funcionarios de la Unidad Especializada en Delitos Económicos de la fiscalía nacional, emails que hasta ahora se desconocían y a los que CIPER tuvo acceso. Así se selló la salida de Valdés del caso Penta, algo que, como lo demuestran sus chats con Hermosilla, preocupaba a Guerra. Y de esta forma se extinguió también esta arista judicial que conectaba al círculo de confianza de Sebastián Piñera con el financiamiento político ilegal.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, ya analiza los posibles delitos que podrían surgir de las conversaciones entre el exfiscal y Luis Hermosilla. Al ser consultado sobre si convocará a Santiago Valdés a declarar, Carrera respondió a CIPER: “Todos aquellos que estén mencionados en la investigación, ya sea en las declaraciones o en los chats, serán citados a declarar”.

SINCERÁNDOSE ANTE EL SII

Cuando Sebastián Piñera consiguió llegar por primera vez a La Moneda, el ingeniero civil Santiago Valdés era uno de los hombres de máxima confianza del fallecido exmandatario en sus negocios. Durante el año electoral de 2009, Valdés cumplió el doble rol de administrador de su campaña y gerente de Bancard.

El 1 de octubre de 2015, Valdés fue formalizado en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago por presuntos delitos tributarios, entre ellos, la emisión de las 16 facturas presuntamente falsas emitidas por Bancorp a SQM entre agosto de 2009 y octubre de 2010. 

El 16 de octubre de 2018, el 8° Juzgado de Garantía rechazó el sobreseimiento de Valdés. El magistrado argumentó que había un elemento en la carpeta investigativa que impedía determinar “la falta de participación que tendría el señor Valdés en estos hechos”. Esa pieza corresponde a la declaración de Valdés ante el SII, en la que afirmó que todas las facturas, incluidas las emitidas tras su finiquito con Bancorp, correspondían a pagos parciales por una asesoría a SQM que se habían acordado bajo su gestión. Además, el tribunal destacó que, posteriormente, SQM rectificó sus declaraciones de impuestos, “ya que esas facturas no tendrían ninguna contraprestación” (vea esa resolución).  

CIPER accedió y revisó el testimonio completo que prestó Valdés ante el SII el 22 de abril de 2015. En esa declaración, Valdés afirmó que todas las facturas -lo que incluye las fechadas entre junio y octubre de 2010, después de su finiquito-, correspondían a una asesoría financiera que Bancorp prestó a SQM que fue acordada cuando él dirigía esa empresa. El trato lo había cerrado con Patricio Contesse, entonces gerente general de la minera y mano derecha de su controlador, Julio Ponce Lerou: “Se pactó una asesoría que duraría 18 meses, por un monto total de 700 mil dólares, el que se pagaría en cuotas mensuales (…). Si mal no recuerdo, existía un contrato, el cual por un lado suscribí yo, pero no recuerdo la segunda firma”, ”, declaró Valdés. 

Ante la autoridad tributaria, el ingeniero indicó que en mayo de 2010 le comentó a Contesse que se iría fuera de Chile: “Por lo que negociamos un término anticipado del contrato que consistió en el pago del 50% del saldo aproximadamente”. Añadió que notificó a Nicolás Noguera, su sucesor en Bancard, sobre lo acordado con Contesse: “Desconozco si después se le entregó (a SQM) algún tipo de reporte que estaba acordado”. 

Cuando se le preguntó quién era el encargado de emitir las facturas de Bancorp, Valdés respondió: “Yo daba la orden de facturación, generalmente a Luis Palominos por teléfono o personalmente, luego de lo cual me hacían llegar la factura, yo la revisaba y ésta era enviada al cliente”. 

No había dudas acerca de que el negocio completo con SQM lo había amarrado Valdés. Y aunque esa declaración ante el SII formaba parte de la carpeta de fiscalía, en 2019 la Corte de Apelaciones decidió dejar fuera este antecedente. La declaración fue desestimada porque, a pesar de que Valdés fue citado en cinco ocasiones por el Ministerio Público, nunca testificó. Según el tribunal, aceptar su testimonio ante el SII vulneraría su garantía a guardar silencio en la causa penal (vea el fallo de 2019).

El abogado de Valdés, Rodrigo Zegers, presentó un antecedente que inclinó aún más el tablero: el ingeniero había firmado su finiquito con Bancorp el 20 de mayo de 2010. Con este nuevo dato, luego de dejar fuera la declaración ante el SII, la corte determinó que, desde esa fecha, Valdés no había intervenido en la administración de la empresa. Por esa razón, a pesar del testimonio del propio Valdés frente al SII en que admitió que había planificado la forma de pago con SQM, el tribunal de alzada dictaminó el sobreseimiento por su falta de participación en calidad de representante de Bancorp S.A. en los hechos que interrumpían la prescripción de los delitos imputados a Valdés.

EL GIRO DE UN MAGISTRADO

Un antecedente importante es que la misma sala de la Corte de Apelaciones que en 2019 aceptó el sobreseimiento pedido por Valdés, tras años antes había rechazado una solicitud similar. Eso ocurrió el 1 de agosto de 2016, cuando los tres ministros integrantes, entre ellos Alejandro Rivera, coincidieron en que, en la etapa de la investigación en la que se encontraba el caso, “no existía la convicción” para acoger el requerimiento de la defensa. 

En esa resolución de 2016 la corte estableció que “no existe discusión en cuanto a que el último hecho imputado al sr. Valdés Gutiérrez es el haber facilitado a la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. la factura (…) de 4 de octubre de 2010, emitida por la sociedad Administradora Bancorp S.A, sosteniéndose que constituiría una documentación falsa y/o desembolsos o gastos que no cumplen con los requisitos copulativos” (vea ese documento). 

Pero, para 2019, todo cambió. Dos de los tres ministros que integraban la sala votaron por aceptar el sobreseimiento. De hecho, el ministro Rivera, que lo había rechazado en 2016, en esta segunda ocasión estuvo por aceptarlo. 

A través de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, CIPER consultó al ministro Alejandro Rivera sobre las diferentes posturas que adoptó en ambas resoluciones. En la respuesta se señala que el fallo de 2016 “se generó por una situación jurídicamente diferente, ya que en esa oportunidad se alegó a su respecto la procedencia de una posible prescripción de la acción penal, lo que fue desestimado”; mientras que, el de 2019 “alude a una falta de participación que originaría una causal diferente de sobreseimiento definitivo”.

“En cuanto al control jurídico procesal de esta sentencia de la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago -añade la respuesta-, lo cierto es que ello competía exclusiva y excluyentemente a los intervinientes del proceso, quienes contaron con todos los mecanismos legales pertinentes para instar por su control y/ revisión -en caso de no estar de acuerdo con lo decidido-, desconociéndose si estos medios se ejercieron o no” (lea respuesta completa).

CORREOS DESCONOCIDOS 

Para este artículo, CIPER también revisó los audios de los alegatos que precedieron al fallo de la corte en 2019. En ellos, quedó registro de la solicitud de la defensa de Valdés de no considerar la declaración prestada ante el SII, lo que en definitiva fue clave para acoger el sobreseimiento. Fue el fiscal Felipe Sepúlveda -parte del equipo que ahora lleva la investigación contra Luis Hermosilla-, quien compareció en esa oportunidad en representación del Ministerio Público. Sepúlveda se opuso a la solicitud de la defensa, pero no consiguió inclinar al tribunal a su favor.

Con la resolución de la corte, el caso contra Valdés terminó de enterrarse. La querella presentada por el SII el 1 de octubre de 2015, así como su formalización en la misma fecha, fueron consideradas tardías y sin efecto para impedir la prescripción (vea querella del servicio). 

Después de que la Corte de Apelaciones liberó a Valdés de los cargos que enfrentaba, la fiscalía dirigida por Guerra tenía solo una opción: presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema. Fue Guerra quien zanjó esa decisión: no hubo queja. El rastro de esa decisión de Guerra se encuentra en correos que el expersecutor despachó el 22 y 24 de enero de 2019 y que, hasta ahora, se desconocían.  

El 22 de enero de 2019, a las 11:44, Guerra le envió un email a Mauricio Fernández, director de la Unidad Especializada en Delitos Económicos de la fiscalía nacional, y otros miembros de ese departamento. Además de adjuntarle el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guerra le señaló que se encontraban evaluando la posibilidad de presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema por el sobreseimiento de Valdés:

“Estimados, remito fallo de ICA Stgo (Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago) que acogió apelación de la defensa del imputado Santiago Valdés Gutiérrez decretando su sobreseimiento definitivo conforme a las letras b y d del artículo 250 del CPP. Queremos evaluar la posibilidad de deducir recurso de queja por este fallo pronunciado por la misma sala que el caso de Wagner”. 

Guerra se refiere al subsecretario de Minería del primer gobierno de Piñera, Pablo Wagner (exUDI), quien recibió $42 millones de Penta mientras ocupaba su cargo y para quien Guerra privilegió una salida alternativa: fue condenado por incremento patrimonial indebido y delitos tributarios, pero absuelto del delito de cohecho. 

El jueves 24 de enero de 2019, a las 11:41, Guerra le escribió nuevamente a Fernández: “Hemos revisado el tema de Santiago Valdés y hasta el momento no vemos cómo podríamos construir seriamente un recurso de queja en contra de la sentencia de la Corte de Santiago”.

También dice que, a pesar de eso, había pedido un certificado para queja que vencía en cuatro días. Y agrega: “Me gustaría saber vuestra opinión en todo caso ya que nosotros no vemos el estándar de falta o abuso grave que exige el recurso de queja”. 

El correo de Mauricio Fernández apoyando la decisión de Guerra, llegó al buzón del entonces fiscal ese mismo día, a las 18:34. En ese intercambio, Fernández le señaló estar de acuerdo en cuanto a la falta de fundamentos para interponer una queja en contra de la sentencia de la corte. 

CIPER preguntó sobre este intercambio a la Unidad Especializada en Delitos Económicos, desde la cual señalaron: “Las Unidades Especializadas de la Fiscalía Nacional, por expreso mandato de la Ley 19.640, son solo consultivas y sus opiniones no obligan al fiscal a seguir la opinión dada. En la causa en cuestión, el exfiscal Guerra nos consultó opinión en una etapa muy tardía del procedimiento, después de zanjado el debate de fondo dado en la Corte de Apelaciones”. 

La respuesta agrega que “el recurso de queja fue considerado improcedente al no haber sustento para presentar dicho recurso que es extraordinario y que, a diferencia de la apelación, no implica un debate sobre el fondo, el cual ya estaba zanjado por la sala tributaria de la Corte de Apelaciones”.

El día en que venció el certificado de queja, la investigación contra Valdés fue sepultada. Guerra sumó otro «perdonazo» a la línea de ejecutivos, empresarios y políticos que evitaron la justicia penal en el caso Penta. 

Consultado para este artículo, el abogado de Manuel Guerra, Felipe Polanco, dijo que, junto al exfiscal, han decidido no emitir declaraciones hasta que puedan “aportar ante el fiscal (Mario Carrera)”. Pero Guerra ya inició su ofensiva. El pasado 10 de octubre presentó una querella por el delito de violación de secreto tras la filtración de sus chats con Luis Hermosilla. 

Luis Hermosilla (Fuente: CIPER)

MENSAJE CON LA DEFENSA DE VALDÉS

De acuerdo con los chats entre Guerra y Hermosilla que fueron publicados por The Clinic, el 7 de marzo de 2018 el entonces fiscal le reenvió al penalista un mensaje que supuestamente le había mandado el abogado de Valdés, Rodrigo Zegers, donde le copiaba una cuña que entregaría a La Tercera sobre el caso. “Eso me envió Zegers”, le dice Guerra a Hermosilla.

En respuesta a consultas de CIPER, Zegers descartó entendimientos con la fiscalía al margen del rol que deben cumplir ambas partes: “La relación de esta defensa con los fiscales que llevaban en aquel entonces la investigación siempre fue respetuosa, pero más bien tensa”. Entre otras razones, mencionó las “continuas filtraciones de la carpeta investigativa, en que muchas veces la prensa se enteraba antes de la defensa, como ocurrió con la acusación». El abogado señaló que la única conversación con el fiscal Guerra fue “para explorar una eventual suspensión condicional que nos ofreciera el Ministerio Público, la cual fue rechazada por esta defensa, dado lo cual insistimos en el sobreseimiento definitivo” (vea su respuesta completa). 

Zegers también aseguró que nunca supo de los mensajes entre Guerra y Hermosilla referidos a la situación procesal de Valdés: “Me molesta, porque se ensucia un caso que fue absolutamente claro, transparente, con absoluto respeto a las normas legales y éticas, y que se ve ensuciado por todas las otras operaciones que eventualmente pueden haber existido respecto de otras personas y respecto de otros imputados. Yo no tengo ninguna participación y don Santiago Valdés, menos”. 

El 24 de abril de 2018 se llevó a cabo una audiencia en la que se sellaría un acuerdo para pactar una salida alternativa. Pero eso no ocurrió, porque antes de que llegara el día de la comparecencia ante el tribunal, las negociaciones entre fiscalía y defensa de Valdés, se habían entramparon: mientras Valdés buscaba un sobreseimiento definitivo, Guerra quería una suspensión condicional del procedimiento para el ejecutivo. Según consignó prensa de la época, la condición de la fiscalía era que Valdés pagara el total de los montos facturados a SQM, que en total ascendían a más de $500 millones.

Cerca de un mes después, el 20 de mayo de 2018, Guerra le recordó a Hermosilla que no había logrado llegar a un acuerdo sobre Santiago Valdés. Hermosilla le respondió que le recordaría a Andrés Chadwick, quien, desde el 11 de marzo de ese mismo año, ya ejercía como ministro del Interior del segundo gobierno de Piñera.