Las falsas cifras que nos legó el debate de la Ley de Protección de Turberas

El número de personas supuestamente afectadas por la norma no coincide con los datos oficiales sostiene la siguiente columna para CIPER. Bajo esta premisa, según el autor, se dejó la puerta abierta para intervenir fundamentales ecosistemas para la biodiversidad, combatir la crisis climática y la seguridad hídrica.

El 6 de marzo, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, celebró la promulgación de la Ley de Protección de Turberas (conocida como «Ley Pompón»), que el 10 de abril se transformó en la Ley 21.660.  «Este proyecto de ley demuestra que la discusión legislativa puede conversar con la ciencia, y que, cuando eso ocurre, los resultados nos permiten llegar a consensos transversales para proteger nuestro medioambiente» dijo en la ocasión la secretaria de Estado.

Tras seis años de tramitación, la iniciativa (ingresada en 2018 en el Senado por un grupo transversal de parlamentarios) sería un nuevo escenario para la disputa cultural que enfrenta la visión pro crecimiento económico con la de conservación de elementos de la naturaleza fundamentales por los servicios ambientales que prestan y las funciones ecosistémicas que cumplen. En este caso, el de las turberas (tipo de humedal en el cual se produce la acumulación superficial por capas de material orgánico en un estado de descomposición conocido como turba).

A estas alturas de la crisis ecológica global —en sus componentes climáticos, de contaminación y de pérdida de biodiversidad— no debiese ser necesario explicar la importancia de proteger, e incluso regenerar, fundamentales ecosistemas de los cuales dependemos. Las Naciones Unidas y el Estado de Chile han sido claros: el cuidado del medio ambiente y la naturaleza no pueden esperar. Sin embargo, la realidad arrasa con las buenas intenciones, y nuestro país prodiga constantes ejemplos al respecto: la articulación de la industria salmonera en contra de cualquier cortapisa a sus actividades en los mares del sur, incluidos parques nacionales; el rechazo de las inmobiliarias a la regulación de la destrucción del suelo rural a través de las masivas parcelaciones, y el desmantelamiento de la institucionalidad ambiental vía modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La adhesión de moros y cristianos —izquierdas y derechas, gobiernos ecologistas y extractivistas— al ideológico neologismo llamado «permisología», junto a los llamados públicos en contra de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible, nos ha hecho retroceder varias décadas en materia de responsabilidad ambiental. Ejemplo de ello fue la discusión sobre la extracción del musgo que crece sobre las turberas de la Patagonia, «responsable del origen de la turba». Sin el Sphagnum magellanicum, estos especiales ecosistemas no podrían existir.

Las “fake news” del debate

La explotación masiva de la turba se ha realizado tanto para usarla como combustible o como «sustrato para el cultivo de distintas plantas como hongos, champiñones o almácigos». Sin embargo, hoy por hoy el principal impacto proviene de la extracción del pompón, que por su composición química y física, junto a su alto nivel de absorción de agua, se utiliza para la horticultura. En 2017 el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Kampenaike de Magallanes ya promovía las capas inferiores (previo a transformarse en turba) para estos fines mediante la publicación de la guía «Cómo utilizar la turba rubia de Sphagnum en horticultura».

Ese año, también, ya existía claridad sobre la tierra de nadie en que se encontraba la explotación de estos humedales.

Haciéndose cargo de esta situación, el gobierno de Michelle Bachelet dictó en 2017 el Decreto 25 del Ministerio de Agricultura que «dispone medidas para la protección del musgo Sphagnum magellanicum». El texto  más que resguardar, regulaba su «extracción sustentable» mediante una serie de condiciones: establecía tamaño máximo de corta (15 centímetros, con ciclos diferenciados para una nueva intervención: 12 años en Los Ríos y Los Lagos, y 85 años en Aysén y Magallanes), prohibía el uso de maquinaria pesada o compactadoras, así como el drenaje de estos sitios, y obligaba al propietario a presentar un plan de manejo, el cual sólo podría cosechar el 70 % del área a intervenir.

Durante la administración de Sebastián Piñera se postergó la entrada en vigencia de la norma para luego, en 2019, modificarla introduciendo sustanciales cambios que dejaron estos ecosistemas aún más vulnerables: eliminó los períodos de veda de corta, asegurando sólo que «el residuo del musgo que permanezca sea de al menos 5 centímetros de musgo vivo» (también se retiró la alusión a la máxima altura de cosecha de las hebras).

Se omitió la exigencia en el plan de manejo del «registro del nivel freático (agua superficial) de la turbera en la que se encuentra el musgo Sphagnum magellanicum, que se propone cosechar, medido un año antes de la fecha en que se plantea comenzar la ejecución de la cosecha».  Se permite que el área a intervenir sea continua o discontinua, por tanto paños colindantes pueden formar una sola unidad habilitando la cosecha total en únicos sectores.

Dentro de lo «positivo», agregó al requisito de plan de manejo para la explotación, el que «el dueño del predio, el recolector o la persona autorizada para realizar la extracción del musgo Sphagnum magellanicum deberá realizar un curso de prácticas sustentables de recolección y de elaboración de planes de cosecha, realizado por el Servicio Agrícola y Ganadero. El Servicio deberá llevar un registro de las personas que hayan aprobado dicho curso, debiendo entregar una certificación que así lo acredite».

Fue en este contexto que se dio el debate sobre la cosecha del Sphagnum. Donde quienes abogaban por menores cortapisas para su extracción, aludieron sistemáticamente a la dependencia económica de las familias de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes de su extracción.

Una de las cifras más conservadoras la entregó la Agrupación de Recolectores de Musgo de la Provincia de Chiloé (AREMU), organización interesada en la menor regulación del sector, que en agosto de 2021 presentó un catastro en el cual se hablaba de «tres mil personas» en la provincia de Chiloé, según su vocero Daniel Cárdenas.

Posteriormente, en abril de 2022 el senador por la región de Los Lagos Fidel Espinoza señaló que «no podemos permitir la eliminación total de la actividad que realizan las y los trabajadores del pompón, dejando a más de 7 mil familias sin actividad laboral, por una clara injusticia de algunos parlamentarios».  Y durante la comisión mixta, de principios de este año, la representante de la Asociación Gremial de la Industria del Musgo Pompón de la ruta costera de Chiloé (ASMUGS), Oriana Muñoz, citada por el acta de relación, señaló que «actualmente existen más de 12 mil familias que viven de esta fuente laboral», lo cual fue reforzado por David Hernández, vocero de la Asociación de Podadores de Musgo de la Provincia de Llanquihue: «Se estiman que serían alrededor de 12 mil las familias que perderían su fuente laboral de aprobarse la iniciativa legislativa que busca proteger los ecosistemas de turberas donde crece el pompón».

Sin embargo, fue durante la sesión del senado del 8 de marzo de 2023 cuando había subido ya la apuesta a niveles superiores.

El senador UDI por la Región de Los Lagos Iván Moreira expresó en la ocasión que «más de 20 mil familias dependen del sustento que provee la poda del pompón tanto en Los Lagos como en Los Ríos, Magallanes y Aysén, pero también en el extremo norte de la Región de Arica».  Algo que reiteró en la misma sesión la senadora Carmen Gloria Aravena, al indicar que «el tema del pompón es muy importante para muchas familias. Ya lo dijeron nuestros colegas -por su intermedio, presidente-, más de 20 mil personas están vinculadas al rubro».

Para el caso de Aysén, la diputada Marcia Raphael, durante sus sistemáticas intervenciones, había señalado que «la cosecha o poda del musgo Sphagnum o pompón es la principal fuente de ingreso para más de quinientas familias de la Región de Aysén y genera más de 17 millones de dólares de venta al año».

Durante el debate, nadie exigió que se revelaran las fuentes de tales afirmaciones.  E incluso, aunque se mencionó tal incongruencia durante las exposiciones de Defendamos Chiloé y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén el 8 de agosto de 2022 ante la Comisión de Agricultura, y Medio Ambiente y Bienes Nacionales Unidas, se hizo caso omiso de esto.

Lo que sí dicen las cifras

Para las cifras entregadas durante el proceso de discusión, se solicitó al Servicio Agrícola y Ganadero el «listado completo de personas que hayan aprobado el curso de prácticas sustentables de recolección y de elaboración de planes de cosecha que imparte el Servicio Agrícola y Ganadero, según establece el Artículo 3 del Reglamento aprobado por Decreto 25 de 2017 del organismo».

Según la información entregada, en la Región de Los Lagos, durante 2019, se certificaron 42 personas; en 2020 un total de 771; en 2021 llegaron a 142; en 2022 a 185; y en 2023 a 19.  En total, 1.159.   En Aysén, en tanto, el total en estos cinco años es de 166 capacitado/as: 24 en 2019; 95 en 2020; 10 en 2021; 19 en 2022; 18 en 2023.  Y en Magallanes, en el mismo período sólo han sido 32 las personas que han cumplido el requisito.

De esta forma, el total global es de 1.357 personas.  Ninguna en Arica, región que tanto preocupaba al senador Iván Moreira y muy lejos de las miles de familias que durante toda la tramitación se utilizaron como argumento para validar la menor protección de las turberas.

Pero esto no es lo único.  A la fecha en la región de Los Ríos se han presentado sólo 4 planes de cosecha; en Los Lagos 174; en Aysén 74; y en Magallanes 18.

En el fondo, los datos daban lo mismo.

Porque, por un lado, si fueran poco más de mil las familias que efectivamente dependen de la actividad, se estaría permitiendo la destrucción de fundamentales ecosistemas en circunstancias de que quizás, lo mejor habría sido apuntar a la reconversión de los involucrados y proteger tales humedales.

En la otra segunda opción, que  efectivamente fueran 20 mil personas las que se dedican a la extracción, esto sería ilegalmente, considerando que por lo menos desde 2019 la norma exige condiciones que no se estarían cumpliendo.

Actualmente gran parte del cumplimiento de la Ley de Protección de Turberas se sustenta en el trabajo que pueda realizar el SAG en términos de fiscalización.  Sin embargo, desde que entró en vigencia el Decreto 25 sólo se han realizado 32 de estos procedimientos en Los Lagos; 15 en Aysén; dos en Los Ríos. En total, 49 fiscalizaciones para un sector que es crítico en términos de biodiversidad, acceso al agua, y cumplimiento de los objetivos del país en materia de cambio climático.

Tal fue el marco en que se aprobó la ley.  Uno donde lo que menos importa es considerar la ciencia y las cifras.

La importancia de las turberas