CARTAS: La urgente necesidad de reformar la Ley de Lobby

El “Caso Hermosilla” ha puesto de manifiesto las profundas grietas en el sistema legal y ético que rige las interacciones entre el sector privado y las instituciones públicas. Mientras la atención mediática y política se ha centrado en los delitos económicos, la corrupción y el cohecho, un aspecto crucial ha quedado relegado a un segundo plano: la imperiosa necesidad de reformar y fortalecer la Ley de Lobby.

Esta omisión es particularmente preocupante, por cuanto no sólo podría ser clave para prevenir futuros casos similares, sino que también porque el Ejecutivo ha enviado recientemente una propuesta de reforma a dicha normativa, la cual nos pone en un punto privilegiado para realizar un análisis profundo y un debate serio.

La Ley de Lobby, promulgada hace más de una década, fue un paso importante hacia la transparencia en las relaciones entre el sector privado y las autoridades públicas. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que esta legislación tiene vacíos significativos que permiten que acciones como las atribuidas a Hermosilla sigan ocurriendo. En un país donde la confianza en las instituciones públicas y privadas se erosiona cada día más, es imperativo abordar estas deficiencias de manera urgente y efectiva.

Entre los principales problemas de la actual Ley de Lobby se encuentra la falta de precisión en la información que se registra sobre las reuniones entre lobbistas y autoridades. Esta ambigüedad dificulta el seguimiento y la fiscalización efectiva de estas interacciones, dejando espacio para influencias indebidas que pasan desapercibidas. Además, existe una notable disparidad en el acceso a las autoridades, favoreciendo a menudo a grandes empresas y gremios por sobre organizaciones sociales y ciudadanos comunes, lo que perpetúa un desequilibrio en la representación de intereses ante el poder público.

La reforma propuesta por el Ejecutivo representa un paso en la dirección correcta, sin embargo, es crucial que el debate legislativo no diluya su esencia. Se requiere una ley lo suficientemente ambiciosa y exigente, una normativa con dientes y garras capaz de prevenir y sancionar efectivamente las prácticas que socavan la democracia y el buen gobierno. Esto implica no solo ampliar su alcance, sino también dotar a los organismos fiscalizadores de las herramientas y recursos necesarios para su efectiva implementación.

Si no se aprovecha esta oportunidad para implementar una reforma robusta y efectiva, corremos el riesgo de que casos como el de Hermosilla se repitan en el futuro. La confianza en las instituciones, ya gravemente dañada, podría erosionarse aún más, profundizando la crisis de legitimidad que enfrentan tanto el sector público como el privado en nuestro país.

Mientras el país se enfoca en conocer cada día nuevos detalles de este escabroso caso, no podemos perder de vista la importancia de acelerar y profundizar la reforma de la Ley de Lobby. Solo a través de una regulación más exhaustiva y exigente podremos aspirar a un sistema donde la transparencia sea la norma y no la excepción. La sociedad chilena merece instituciones en las que pueda confiar, y una Ley de Lobby robusta es un pilar fundamental para reconstruir esa confianza. El desafío está sobre la mesa, y la respuesta que demos como sociedad definirá en gran medida el futuro de la integridad pública en Chile.