La ofensiva de Ángela Vivanco en Contraloría para que Dorothy Pérez se pronuncie sobre su procedimiento de remoción

El 13 de septiembre, la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco solicitó a Contraloría un pronunciamiento jurídico respecto al debido proceso si llega a ser removida de su cargo. Lo que busca Vivanco es que Dorothy Pérez, contralora subrogante desde diciembre pasado, elabore un dictamen respecto a cómo repercutirá en una futura remoción, que la Comisión de Ética no le haya dado acceso al expediente que posee en su contra la comisión. CIPER constató que desde marzo de 2024, su hermano, Arturo Vivanco, trabaja para el ente fiscalizador, mismo profesional que estuvo contratado por nueve meses en la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales. Él es ingeniero comercial, con experiencia en retail y, según explica Contraloría, ingresó tras haber enviado un CV que pasó una selección. Entró a grado 13, se desempeña en el Centro de Datos e Inteligencia Artificial de la institución y su última remuneración fue de $4,8 millones.

El pasado viernes 13 de septiembre, la jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, suspendida de su cargo luego de que la Comisión de Ética de esa magistratura, abriera en su contra un cuaderno de remoción, está jugando una nueva carta para defenderse y obtener los antecedentes con los que el pleno de la Corte la inculpan. 

En dos oportunidades, la comisión le negó acceso al expediente que esa entidad posee y que sostiene los seis episodios por los que está siendo investigada en el máximo tribunal, anunciados junto a la apertura de un proceso de remoción. 

Lo que busca Vivanco es que la contralora general (s), Dorothy Pérez, se pronuncie respecto al debido proceso que debe tener un juez removido de su cargo, apuntando a que, si la llegaran a destituir, será el Presidente de la República quien firme el decreto de remoción y por tanto, verificar que se haya cumplico con “estándares básicos” de un debido proceso. Desde su mirada experta, señala que en ese ámbito la Contraloría posee jurisdicción, apuntando a que es esa entidad la que debe verificar la legalidad de ese acto administrativo. 

“De este modo, y conforme a todo lo señalado en esta presentación”, dice Vivanco, “es que solicito a la Contralora General de la República (s) que, previo informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dictamine que es ilegal el decreto presidencial que da cumplimiento a la remoción de un juez, conforme el artículo 80 de la Constitución Política de la República, si omite dar satisfacción a la garantía del debido proceso, en cuanto a dar acceso a todo el expediente y prueba al juez inculpado”, señala el escrito. 

En 2018, Ángela Vivanco emitió uno de los tres votos con los que contó Dorothy Pérez para mantener su cargo como subcontralora, luego del público conflicto que tuvo con el excontralor, Jorge Bermúdez. Esto porque fue la Tercera Sala de Corte Suprema la que determinó el reintegro de la subcontralora a su labor, luego de que Bermúdez la desvinculara. 

A partir de marzo de este año, dos meses después que la contralora (s) asumiera el máximo cargo de esa institución en reemplazo de Bermúdez -quien cumplió su mandato de ocho años-, un medio hermano de Vivanco, Arturo Vivanco Olave, ingresó a trabajar en la Contraloría. Específicamente llegó a integrar un nuevo Centro de Datos e Inteligencia Artificial, creado justamente cuando Pérez asumió en diciembre de 2023. 

Según explican desde la Contraloría, Vivanco Olave arribó a la entidad fiscalizadora haciendo llegar su CV que fue seleccionado. Y luego de sostener una entrevista de trabajo, el profesional fue contratado en grado 13.  Agregan que lleva seis meses a prueba. 

Ángela Vivanco

En su respuesta a CIPER, la contraloría lo describe así: 

“El proceso regular de postulaciones a la CGR se realiza mediante el ingreso del curriculum vitae tanto al portal institucional, en la sección ‘Trabaje con nosotros’, como a través de las diversas oficinas de partes de todo el país o en el Departamento de Personal en el nivel central. Cualquier persona puede ingresar sus antecedentes”.

“El profesional, luego de haber pasado la respectiva entrevista, controles y exámenes pertinentes para ingresar a la administración pública, ingresó en marzo de 2024 en modalidad contrata a prueba, hasta el 30 de junio de 2024, para cumplir la función de analista, con una jornada de 44 horas, en el grado correspondiente a las labores que desempeña y a su experiencia profesional especializada”, señalan (lea la respuesta completa de Contraloría). 

CIPER contactó a Ángela Vivanco para saber si tuvo relación con la llegada de su hermano a Contraloría, lo que descarta. “Gestiones a favor de mi hermano, ninguna. La Contraloría debiera contar con todos los antecedentes, sus buenas calificaciones, sus postulaciones y en las condiciones en las cuales él se presentó y ganó el concurso”, dijo la suspendida ministra a través de su abogado, Juan Carlos Manríquez.  

Asimismo, intentamos hablar con el hermano de la ministra para conocer detalles de ese proceso, solicitando los datos de contacto al abogado, pero esto no fue posible. 

Arturo Vivanco Olave es ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral y, según su LinkedIn, trabajó en la empresa Samsonite Chile y posee experiencia en el retail. Fue por esa experiencia que, según el presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, Carlos Swett, tuvo un empleo también en esa entidad. “Él trabajó, no recuerdo bien, entre abril y diciembre (de 2022), prestó servicios a través de boletas de honorarios por un lapso limitado de tiempo, plazo en que se cumplió con los objetivos requeridos y se terminó el trabajo. (…) La idea era beneficiar a los empleados de las notarías y para esos efectos, como este caballero trabajó en el retail, queríamos a una persona que cumpliera ese perfil”,  dijo Swett en junio pasado a CIPER, cuando fue consultado a partir de otro reportaje (véalo aquí). El conservador de Concón además señaló que una persona, cuya identidad no reveló, le pidió contratarlo. 

Para esa investigación, Vivanco también señaló que no tuvo relación con la llegada de su hermano a la asociación de notarios. 

Según datos de Transparencia de Contraloría, Arturo Vivanco entró en marzo de 2024 en calidad de funcionario a contrata, percibiendo una remuneración bruta de $2.168.293. Hasta el mes de agosto de 2024 percibió un sueldo bruto de $3.219.528. Sin embargo, en el mes de junio su renta bruta fue de más de $4,8 millones. Esto, según explican desde la entidad, porque ese mes, todos los funcionarios públicos reciben un incentivo.  

Desde la Contraloría señalan que en junio pasado, el ingeniero fue evaluado de forma positiva por su jefatura y se le prorrogó su contrata por tres meses más, hasta el 30 de septiembre, fecha en que se definirá su continuidad. También afirman que en los procesos de reclutamiento o incorporación de personal “no se consulta ni se considera si los postulantes tienen parentesco o afinidad con funcionarios de otras entidades públicas o poderes del Estado”.

LA SOLICITUD A DOROTHY PÉREZ

En su solicitud de ocho páginas (ver acá), Ángela Vivanco pide a la contralora general (s), Dorothy Pérez que se pronuncie respecto al proceso de remoción. La magistrada alega que el pleno no le ha dado acceso al expediente de remoción en su contra, donde constan los testimonios de las personas citadas por la comisión. Esto, en virtud de los seis puntos anunciados el 9 de septiembre pasado, los que dieron curso a un cuaderno de remoción contra Vivanco. 

Estos son: 

1. Interferencia en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y en los nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón.
2. Irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa de Consorcio Belaz Movitec SPA con Codelco.
3. Intervención en el nombramiento de ministros y ministras de cortes en coordinación con el abogado Luis Hermosilla Osorio.
4.  Intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas de la Corte Suprema con el abogado Luis Hermosilla Osorio.
5. Entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas de conocimiento de la Tercera Sala de esta corte, antes de la firma de la sentencia y su notificación, y efectuar recomendaciones procesales al abogado antes mencionado.
6. Concertación con el abogado ya referido para obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses.

Según información confirmada por CIPER, la Comisión de Ética contó con los testimonios de Raimundo Labarca, abogado de Codelco Chile, quien acudió a relatar los pasos judiciales de la contienda que tuvo la cuprífera con Consorcio Belaz Movitec, la empresa bielorrusa que activó una inusual ofensiva judicial exitosa en la Tercera Sala, cuando circunstancialmente estaba Vivanco de presidenta. 

Asimismo, prestó declaración la relatora que vio esos recursos, quien sostuvo que no advirtió irregularidades en el procedimiento.   

Según señala Vivanco en el documento presentado ante Contraloría, dos veces se le ha negado acceso a ese expediente: 

“Con fecha 9 de septiembre de 2024, a fin de elaborar el informe solicitado en el cuaderno de remoción y poder preparar debidamente mi defensa en dicha sede, solicité copia de los antecedentes”, dice en su escrito, “documentos que me fueron rechazados según resolución de fecha 11 de septiembre de 2024. Mismo rechazo recibí luego, con fecha 12 de septiembre de 2024, cuando se rechazó igualmente por el Pleno de la Excma. Corte Suprema una solicitud de copia de antecedentes para los mismos objetivos anteriormente expuestos”, agrega.  

En su solicitud, la magistrada hizo énfasis en que el actual procedimiento de remoción de un juez en contra de ella se ha iniciado con ocasión a dos situaciones: la primera, relacionada a la publicación que realizó CIPER el 6 de junio de 2024, relacionada a conversaciones entre su pareja, Gonzalo Migueles y el fiscal regional Carlos Palma. 

En estos intercambios vía WhatsApp, el persecutor recibe una “especie de oferta” de parte de la pareja de la magistrada, donde se habla de un doctorado y el cargo de fiscal regional Centro Norte, presuntamente a cambio de que Palma diera apoyo a José Morales, otro fiscal postulante al cargo de fiscal nacional. El pantallazo de esa conversación que, según Palma, reenvió a Luis Hermosilla, derivó en una causa penal por omisión de denuncia.  

El segundo hecho se liga a una publicación realizada por El Mostrador, donde se relatan situaciones eventualmente anómalas en la participación de la magistrada en el conflicto entre CBM y Codelco (lea ese reporte). 

En su escrito también señala que otra publicación de CIPER relacionada a conversaciones de WhatsApp con Luis Hermosilla donde se evidencias favores mutuos entre la magistrada y el abogado, terminaron por aperturar el cuaderno de su remoción: 

“De este modo, el actual procedimiento de remoción del artículo 80 de la Constitución Política de la República se ha iniciado con ocasión de las dos mencionadas Comisiones de Ética (apuntando a los dos primeros reportajes periodísticos) y la publicación de una noticia en el medio de comunicación CIPER del día 7 de septiembre de 2024, sin que la suscrita conste con los primeros antecedentes”, dice Vivanco.  

A juicio de la jueza suprema, todo lo descrito, le impide preparar debidamente su defensa y es por eso que recurre a Dorothy Pérez. 

“La solicitud de dictamen se pide sobre un asunto concreto que es el procedimiento de revisión, (…) y busca, justamente resguardar la protección de la norma Constitucional” señaló Vivanco en el documento.

Esto, señalando que de ser removida, el Presidente de la República deberá firmar un decreto supremo para concretar la destitución, el que debe estar elaborado en base a las garantías de un debido proceso. Ese decreto sería entonces, un acto administrativo que la Contraloría deberá verificar en cuanto a su legalidad:  

“Así, de conformidad a la preceptiva constitucional es prístino que el procedimiento de remoción de un juez concluye con un decreto supremo suscrito por S.E. el Presidente de la República, acto administrativo que dispone la remoción del inculpado y que a propósito de dicha calidad jurídica se encuentra en el ámbito de competencia de la Contraloría General de la República”, señala Vivanco. 

“De este modo, no cabe duda de que, el procedimiento de remoción de un juez y el decreto supremo que lo afine por parte de S.E. el Presidente de la República debe hacer constar todas y cada una de estas circunstancias, so pena de incurrir en un acto ilegal y arbitrario. 

La magistrada tiene 20 días hábiles para presentar sus descargos, luego que la Corte Suprema, le negara una extensión del plazo.