Calidad de la educación, escasez de profesores(as) y admisión a las carreras pedagógicas el 2025: la peligrosa tentación «del sillón de don Otto»
28.08.2024
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28.08.2024
“La población chilena ha presentado sistemáticamente grandes dificultades de comprensión lectora y de operaciones matemáticas combinadas, incluso en los segmentos sociales de elite. Un ejemplo de ello es que, en las pruebas de ingreso a la educación superior, se han simplificado sino suprimido en el tiempo muchas materias importantes, debido a que los postulantes ‘no las dominaban’, reduciendo así la capacidad de discriminación de las pruebas destinadas a seleccionar estudiantes».
La Ley 20.903 que instaló el año 2016 el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (actualizada el 2019) se encuentra próxima a su plena vigencia, en un contexto en que vuelve a presentarse en el horizonte “la pesadilla” de la creciente disminución de postulantes a las carreras de pedagogía, que tras la incontrolable explosión de sus matrículas en la primera década de este siglo, que significó duplicar y más la matrícula total de estudiantes -en algunos carreras con incrementos cercanos al 900%- se ha venido produciendo desde el 2011 una sistemática y manifiesta reducción de postulantes (salvo marginalmente los dos últimos años por el aumento de opciones de postulación anual). Tiempo atrás, esta materia fue alertada por Elige Educar (2019 y 2021), señalando que para el año 2025 se alcanzará una situación crítica de escasez de la dotación de docentes escolares, la que será mayor en algunas regiones menos desarrolladas económicamente.
Todo proceso educativo es de lento desarrollo, por eso hoy estamos pagando aquellas decisiones de los años 80 que significaron una fuerte reducción del presupuesto público de educación de casi del 25% real en esa década, el cual impactó en la calidad de la educación (el primer Simce -en 1988- evidenció para los 4º básicos resultados inferiores al 50% de logro), unido a la pérdida del rango universitario de las carreras pedagógicas producto de la reforma de 1980 (corregido en los 90). Estos factores provocaron un desmedro del reconocimiento social del profesorado, agudizado por su traspaso desde profesionales del Ministerio de Educación a funcionarios municipales, sumado al triste derrotero de la Facultad de Educación de la U. de Chile, que tras su cierre terminó en las fallidas Academias Pedagógicas, para después ser reconvertidas en las actuales universidades pedagógicas. Además, se debe adicionar la reducción de vacantes sino la supresión de las carreras de formación docente en los años 80’y parte de los 90’ en muchas universidades, incluyendo varias de las estatales y privadas del CRUCH.
Es difícil encontrar una década en nuestra reciente historia educacional en la que se hayan cometido tantas torpezas en educación, como también es insensato pensar que estas decisiones no impactarían negativamente en su calidad.
Por lo mismo, la educación nacional, a inicios de los 90’, estaba en un punto crítico de profundo deterioro, que habría requerido de mucho esfuerzo “para hacerlo peor”. No obstante, en los años 90’, bajo un discurso que buscaba situar a la educación como la gran herramienta para el desarrollo personal, social y económico del país, se iniciaron cambios, aunque ello no fue prioridad en el presupuesto nacional sino hasta fines de la misma década.
Estos hechos han incidido profundamente en nuestra calidad de la enseñanza -entre otros- de quienes hoy son adulto-jóvenes, por eso, más allá de los éxitos alcanzados en estos años en logros de aprendizaje dentro del barrio latinoamericano, la población chilena ha presentado sistemáticamente grandes dificultades de comprensión lectora y de operaciones matemáticas combinadas, incluso en los segmentos sociales de elite. Un ejemplo de ello es que, en las pruebas de ingreso a la educación superior, se han simplificado sino suprimido en el tiempo muchas materias importantes, debido a que los postulantes “no las dominaban”, reduciendo así la capacidad de discriminación de las pruebas destinadas a seleccionar estudiantes.
Si bien es indudable que desde el retorno a la democracia existe mayor preocupación gubernamental por la educación, los hechos evidencian que las mejoras en su calidad mantienen una brecha negativa importante ante los requerimientos del mundo real y también ante los logros de estudiantes de los países que aspiramos alcanzar.
Existe una máxima muy potente en educación que sostiene que “la calidad de su sistema escolar responde directamente a las capacidades (calidad) de su profesorado”. Validada además con la afirmación de que “nadie puede enseñar lo que no sabe”. Por lo cual, el desempeño de los docentes es un factor determinante y fundamental de la calidad de un sistema escolar.
No cabe duda que estamos ante una problemática importante y compleja del sistema educativo, cuyos puntos críticos más visibles son: (I) la creciente escasez de docentes (y además calificados) en el sistema escolar, (II) el sostenido e importante menor interés por estudiar pedagogía; (iii) el abandono temprano de la profesión por muchos de los nuevos maestros, (iv) la aún irrecuperable y persistente baja estima social de la profesión docente, (v) los desafíos mayores de financiamiento de estas carreras, aumentados con las exigencias “academicistas” de acreditación; y su derivada mayor, (vi) los problemas sistémicos e históricos de calidad de la educación y sus profundos impactos en todas dimensiones de la sociedad.
Desde el retorno de la democracia se ha impulsado por los gobiernos al menos dos grandes iniciativas importantes que buscaban el mejoramiento de la formación inicial de los docentes, de ellas está vigente el Programa de Formación Inicial Docente (FID), que considera a una parte de las instituciones formadoras de maestros.
En este marco las universidades del CRUCH han elaborado un interesante documento con propuestas (La docencia Cambia Vidas) que, aunque es una respuesta algo tardía, amerita su debate y revisión por la comunidad toda -incluida ciertamente las autoridades políticas sectoriales- para llegar a un acuerdo país en esta materia que considere a todas las instituciones formadoras -no solamente una fracción- y además a las instituciones escolares.
Este documento es un aporte que podría complementarse con una autocrítica más profunda de las responsabilidades que les competen a dichas instituciones en la compleja situación de calidad de la educación nacional, de precisar debilidades críticas de la formación de sus docente, de actualización de los curricula (vinculación con las diversas necesidades de los territorios y personas) y de la necesidad de revisar la posible sobredimensión en años de la formación de maestros (y sus costos agregados), de un sistema de acreditación de carreras discutible respecto de la relevancia de algunas de sus dimensiones (especialmente cuando se necesita formar profesionales y no investigadores), del reducido espacio del componente “profesional” en la formación de los profesores, y otros como mantener por largo tiempo procesos de formación denominados de “regularización de título” por varias de sus universidades, proceso cuestionable incluso por ser competencia desleal intrainstitucional ante aquellos estudiantes que también formaban en sus mismas casas de estudio en periodos más prolongados de tiempo.
También en la actual coyuntura -que posiblemente sea extensa- podríamos pensar en procesos formativos muy diferentes a los implementados, que han mostrado falencias importantes de calidad y trayectoria de sus estudiantes, abrirse a alianzas con el mundo escolar para conocer mejor las demandas del medio y buscar formas de articulación “dual” mucho más efectivas que las impulsadas a la fecha. Crear una realidad próxima entre el sistema escolar y los procesos formativos de docentes es una condición indispensable de éxito en esta fase de atención de la emergencia.
Ante la magnitud de esta problemática es imprescindible pensar en propuesta realistas (factibles) de corto, mediano y largo plazo. En este marco, la formación convencional de profesores -optimistamente- es una opción de mediano sino de largo plazo, por lo cual hay que paralelamente urgirse pensando en lo urgente. La pandemia nos enseñó muchas formas de utilizar modelos de enseñanza online o semi presenciales, a saber: capsulas formativas, simuladores, etc., que son hoy opciones escasamente utilizadas. También podemos pensar en motivar a profesionales de otras disciplinas que puedan ejercer docencia a tiempo parcial y/o transitorio, proveyéndoles apoyo adecuado, en tanto se avanza con las medidas de mediano y largo aliento.
Cuando el año 2016 se instaló la gratuidad en la educación, era previsible que su formato implicaba desafíos importantes sobre la calidad de la formación de los estudiantes. Sea porque los nuevos estudiantes demandaban mayor atención que las capacidades instaladas disponibles en el sistema (dado que eran dominantemente de los primeros quintiles socioeconómicos), como por la reducción de recursos a la que se ha llegado en la actualidad. Desgraciadamente, la solución de algunas universidades ha sido aplicar en el área educacional “mecánicamente el manual de reducción de costos sin atender la calidad” a saber: drástica disminución del número de docentes, ampliación de la carga de horas aulas de quienes permanecen, reducción de sistemas de apoyo a los estudiantes, y aumento de los tamaños de los grupos curso. Medidas que merman significativamente la calidad de su desempeño.
Hoy, aquellos que privilegian los recursos económicos pueden sentirse tentados a “vender el sillón de don Otto”, y por lo mismo presionaran por bajar las exigencias de admisión a las carreras pedagógicas, lo que en el marco descrito implicará, más temprano que tarde, mayor deterioro de la insuficiente formación de los nuevos docentes y lo más importante: un detrimento casi irreparable de la calidad de la formación escolar de las nuevas generaciones ¿Quién se responsabilizará de todo ello?.