Caso Hermosilla: fiscalía formalizará a un funcionario del SII y a otro de la Tesorería General de la República por cohecho

En el escrito enviado por la Fiscalía Oriente al 4° Juzgado de Garantía solicitando fecha para formalizar a los protagonistas del caso Hermosilla, se identifica a los dos funcionarios públicos que serán formalizados por cohecho: Patricio Mejías Esparza, del Servicio de Impuestos Internos, y Renato Robles Iturriaga, de la Tesorería General de la República. En el escrito también se detalla que Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos serán formalizados por soborno reiterado, delitos tributarios y lavado de activos. La audiencia de formalización quedó fijada para el próximo 21 de agosto.

A fines de mayo al interior del Servicio de Impuestos Internos (SII) ya sabían que uno de sus funcionarios había sido identificado por la fiscalía en el Caso Hermosilla. Patricio Mejías Esparza fue citado a declarar, y aunque al interior del SII dijo que era en calidad de testigo, él sabía que esa situación había cambiado y que ya era un imputado. La fiscalía logró acreditar que Leonarda Villalobos le realizó traspasos de dinero. Ella lo confirmó cuando declaró ante los fiscales a cargo de la causa.

Pero, Patricio Mejías no es el único funcionario público involucrado. El otro que será formalizado por cohecho es Renato Robles Iturriaga, funcionario histórico de la Tesorería General de la República. Desde 1983 ejerce labores en esa institución. Hasta junio de este año fue ejecutivo en gestión de cobros. 

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo miércoles 21 de agosto la audiencia de formalización del caso. Allí, la Fiscalía Metropolitana Oriente expondrá los detalles de su indagatoria. Cinco personas serán formalizadas: además de los dos funcionarios públicos involucrados, también escucharán los cargos en su contra el abogado Luis Hermosilla Osorio, su colega Leonarda Villalobos Mutter y el esposo de esta última, Luis Angulo Rantul.

El magistrado Rodrigo Carrasco, del 4° Juzgado de Garantía, no aceptó una de las solicitudes de la fiscalía, que los imputados fueran notificados directamente por el Ministerio Público, por lo que en las próximas horas serán avisados de la audiencia de formalización a través del Centro de Notificaciones que se utiliza tradicionalmente para estos efectos (vea aquí la resolución).

Según la solicitud que hizo llegar el fiscal Felipe Sepúlveda -de la Fiscalía Metropolitana Oriente, a cargo de las indagatorias-, los delitos se habrían cometido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2023. Todos  desde la oficina que Hermosilla tenía en el sexto piso de un edificio en Alonso de Córdova, en Las Condes, de acuerdo con los antecedentes recopilados en la indagatoria. Es la misma oficina que el año pasado fue allanada luego de que CIPER revelara la existencia de un audio donde Hermosilla, Villalobos y el empresario Daniel Sauer, hablaban de pago de coimas a funcionarios públicos.

A Hermosilla le imputarán los cargos de soborno, en calidad de consumados y reiterados, además de blanqueo de capitales y delitos tributarios (vea el artículo “SII se querella contra Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos: servicio estima que ocasionaron un perjuicio fiscal de más de mil millones de pesos”).

A la abogada Leonarda Villalobos la acusarán también de soborno reiterado, delitos tributarios y blanqueo de capitales. Según la indagatoria del Ministerio Público, ella era quien tenía el contacto con los funcionarios públicos que serán acusados por la fiscalía. 

En el caso del esposo de Villalobos -Luis Angulo-, será acusado por blanqueo de capitales y por delitos tributarios, luego de que el SII lo incluyera en su querella por ser representante legal de la sociedad Asesorías y Negocios Commercia, la que habría utilizado facturas falsas en su contabilidad. 

Esas facturas provenían de la estructura societaria vinculada con Factop, el factoring propiedad de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, quienes estructuraron un esquema para generar recursos para proporcionar financiamiento a los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, antiguos controladores del Grupo Patio. Esto, según lo que se escucha en el audio donde conversan Hermosilla, Villalobos, y Sauer (vea el reportaje “«Aquí estamos haciendo una huevá que es delito»: el audio en el que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF”).

DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SERÁN FORMALIZADOS POR COHECHO

Apenas se enteró de que la fiscalía estaba tras sus pasos, el funcionario del SII, Patricio Mejías, presentó una licencia médica que lo mantuvo alejado de sus funciones en el servicio. 

A los fiscales, la abogada Leonarda Villalobos les ha dicho que los pagos que realizó a Mejías están justificados. Ella explicó que se trata de encargos profesionales que le pidió al funcionario, y que no tendrían que ver con que ella solicitara información a cambio de esos pagos. Pero esa explicación no convenció a la fiscalía.

Mejías, según los datos de transparencia del SII, está contratado en esa entidad desde el 8 de febrero de 2019. Inicialmente, prestó servicios como “administrativo” en la Dirección Regional Metropolitana Oriente del SII.

Actualmente Mejías aparece como “administrativo del Departamento de Asistencia al Contribuyente”. Su remuneración mensual asciende a $1,2 millón brutos. Tiene 28 años y al interior del SII es considerado un funcionario de rango menor. Ya declaró en el sumario interno que lleva adelante el SII relacionado con este caso. Es soltero y no registra sociedades comerciales a su nombre. Será formalizado por el delito de cohecho reiterado.

No se descarta que aparezcan otros funcionarios del SII involucrados en esta trama. 

Renato Robles Iturriaga -64 años, funcionario de la Tesorería General de la República-, también será formalizado por el delito de cohecho, en carácter de reiterado. Trabaja en la Tesorería desde el 1 de mayo de 1983. Según los registros de transparencia, su remuneración mensual fluctúa entre los $2 y los $3 millones. Hasta junio de 2023, ejerció como ejecutivo en gestión de cobros. Está casado desde 1985. A su nombre registra dos automóviles, un Suzuki Espresso de 2022 y una Toyota Hilux también de 2022. No registra sociedades comerciales.