Mercado eléctrico: el ejemplo perfecto de que el sector privado no lo es todo

La crisis por los masivos y prolongados cortes de luz durante estos días motiva al autor de esta columna para CIPER a analizar el esquema del mercado eléctrico chileno y el porqué de sus vigentes falencias: «Si bien podemos diferir entre los distintos grados de responsabilidad de los actores involucrados en este caso, hay algo que, a estas alturas, resulta indesmentible: ya sea por ineficiencias de la empresa en la entrega del servicio, o del Estado por no fiscalizar con la fuerza necesaria, hay sectores de la economía en cuya gestión la labor del sector privado es insuficiente por sí sola».

Los masivos y extensos cortes de luz durante este mes en varias comunas han afectado a más de un millón de clientes a lo largo del país. En algunos sectores, los cortes ya han durado hasta ocho días al momento de escribir este texto. Los cortes de energía no solo han afectado a personas, familias y hogares, sino también a más de seis mil empresas de todo tipo, no solamente por la mercadería perdida, sino también por los días no trabajados. Lo anterior ha motivado el inicio de una demanda colectiva por parte de Multigremial Nacional contra las empresas eléctricas. Todo esto, obviamente, se suma a las distintas medidas legales que pueda tomar el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y otras instituciones en nombre de los consumidores.

El problema mayor de lo que estamos viendo radica en que la electricidad, al ser hoy una necesidad básica, tiene un impacto profundo en numerosos aspectos de la vida cotidiana y la economía. La falta de suministro eléctrico no solo afecta a los hogares, sino que también provoca fallas en servicios esenciales como colegios, centros de salud y comercios, afectando gravemente a la comunidad.

Este no es un problema nuevo. Hace unos días, la SEC sancionó a Enel por cortes de energía eléctrica ocurridos en mayo, imponiéndole una multa con dos componentes principales. Enel fue sancionada por proporcionar «información errónea» a la SEC sobre el número de clientes sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana, un problema que también ha surgido en el evento de esta semana. Además, la multa se debió a que la SEC comprobó que Enel no respondió a las fallas en el plazo estipulado por la normativa, lo que contribuyó a la demora en la reposición del servicio eléctrico, dejando a algunos clientes hasta 72 horas sin energía. La multa total ascendió a 60.000 UTM, equivalentes a $3.950 millones. ¿Es una suma significativa para Enel? Según los estados financieros de la empresa entregados a la CMF, las utilidades de Enel Chile entre enero y junio de 2024 fueron de $275.628 millones, mientras que en todo el año 2023 alcanzaron los $680.013 millones, por lo que la multa sólo representa el 0,59% de las utilidades del 2023.

Si bien la responsabilidad en la gestión de los servicios eléctricos recae en tres entes distintos —las empresas de distribución eléctrica, el Estado y las municipalidades—, cada uno tiene distintos grados de responsabilidad en la crisis de estos días. Las empresas de distribución eléctrica enfrentan críticas por la falta de información oportuna y la demora en la reposición de los servicios. El Estado, como entidad reguladora, no ha ejercido una fiscalización suficientemente rigurosa para asegurar que estas empresas cumplan con sus obligaciones. Por su parte, las municipalidades han sido responsables en algunos casos de no realizar una poda adecuada de los árboles ni la remoción oportuna de aquellos en mal estado que podrían representar un riesgo de caída. Esta combinación de deficiencias en la gestión y regulación contribuye a la problemática general que enfrentan los servicios públicos en la comunidad.

Si bien podemos diferir entre los distintos grados de responsabilidad de estos actores, hay algo que, a estas alturas, resulta indesmentible: ya sea por ineficiencias de la empresa en la entrega del servicio, o del Estado por no fiscalizar con la fuerza necesaria, hay sectores de la economía —en este caso, el eléctrico— en cuya gestión la labor del sector privado es insuficiente por sí sola.
 
 

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En términos económicos, a lo que muchas veces se le llama «mercado eléctrico», en realidad son tres mercados distintos: generación, transmisión, y distribución. Cada uno con su rol específico, sus distintos actores, estructuras, y entes reguladores.

•El mercado de la generación eléctrica está dominado por un mercado competitivo, en el que diferentes empresas producen electricidad a partir de diversas fuentes; como energía hidroeléctrica, térmica, solar y eólica. A esto se le suma también un mercado spot (de corto plazo).

•Luego, el sector de la transmisión eléctrica es el responsable de transportar la electricidad desde las plantas generadoras hasta las redes de distribución.

•Finalmente, en el sector de la distribución están las empresas que llevan la electricidad desde las redes de transmisión a los consumidores finales, como hogares y empresas. Este segmento se considera un monopolio natural en cada área geográfica específica. Esto, ya que la distribución requiere de una infraestructura extensa y costosa, y tener múltiples redes de distribución en la misma área geográfica sería ineficiente y costoso; por ende, es inviable que exista más de una empresa en el mercado, lo que inevitablemente resulta en un monopolio.

En Chile, el mercado de la distribución eléctrica está dominado en su totalidad por empresas privadas desde que en 1982 se dan los primeros pasos de la privatización de Chilectra, la cual se acelera recién en 1985 a través de la venta de acciones a los Fondos de Pensiones y a los trabajadores. Dado que en cada zona de servicio opera una única empresa de distribución eléctrica, los consumidores no tienen la opción de cambiar a otra empresa de distribución, a diferencia de lo que ocurre con otros bienes y servicios que consumen. Esta situación es similar a la de las empresas sanitarias, que también funcionan como monopolios naturales.

Estos monopolios son regulados por el Estado a través de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que se encarga de establecer las tarifas que las empresas distribuidoras pueden cobrar a los consumidores finales en su área de distribución. Este «proceso de tarificación» se realiza cada cinco años, y es una regulación fundamental, porque, al no haber alternativa a los monopolios locales en el mercado de distribución eléctrica, la empresa podría fijar precios abusivos que perjudicarían gravemente a los consumidores. Esto es especialmente crítico en el caso de la electricidad, un bien con una demanda altamente inelástica, ya que se trata de una necesidad básica indispensable para el funcionamiento cotidiano.

¿Qué sigue después? Una vez que la Comisión Nacional de Energía (CNE) establece las tarifas, es necesario fiscalizar las actividades de las empresas distribuidoras para garantizar que cumplan con la normativa vigente. En Chile, esta función corresponde a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Si se detecta un incumplimiento de los contratos, como ha sucedido en recientes eventos, la SEC tiene la autoridad para imponer multas o incluso cancelar la concesión, una medida que ha sido objeto de debate tanto en la opinión pública como en el Gobierno en los últimos días.

Para esta regulación y fiscalización de monopolios naturales —sobre todo, de servicios básicos, como lo son la electricidad y el agua potable— se requieren Estados robustos y eficientes, con una institucionalidad sólida capaz de negociar concesiones que establezcan reglas claras para las empresas para que éstas entreguen el mejor servicio posible. Además, esta institucionalidad debe ser capaz de fiscalizar adecuadamente que se cumpla lo establecido en los contratos de concesión, y que, en caso de no cumplir, se puedan establecer multas significativas, compensaciones a los clientes afectados e, incluso, dar por finalizados las concesiones, como ocurre con cualquier incumplimiento de contratos de todo tipo.