La validez de posturas divergentes en el debate sobre salud trans

Caricaturizar como discurso de odio las críticas a los enfoques afirmativos en el tratamiento de niño/as y adolescentes con disforia de género impide darle avance a la discusión sobre el tema con la transparencia necesaria, describe la siguiente columna de opinión para CIPER: «El debate en Chile necesita incorporar a quienes hoy planteamos, en forma clara y expresa, tanto críticas como alternativas al modelo afirmativo infanto-juvenil».

«Las retóricas anti trans no ganan votos», publicaba en X a inicios de mes la organización OTD-Chile frente al triunfo del Partido Laborista británico, agregando emoticones de aplausos. Pese a ser una agrupación con sede en Chile, OTD se vincula con movimientos internacionales con agenda en temas de género, en lo que en su página web definen como «activismo transfeminista para la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las trans diversidades y su empoderamiento». En los últimos años, la organización ha recibido fondos de parte de entidades públicas de nuestro país (Subsecretaría de Prevención del Delito, Municipalidad de San Vicente, Servicio Nacional de la Mujer y Subsecretaría de la Niñez, entre otras) para capacitaciones en temas relacionados con violencia de género y «niñez trans», si bien parte de la información sobre su financiamiento fue bajada hace unas semanas de su página web, luego de cuestionamientos públicos. La promoción de los servicios de OTD-Chile también incluye cursos y asesorías en atención psicológica, educación y desarrollo comunitario.

Aquel entusiasmo del colectivo por los resultados de las elecciones británicas quedó sin embargo descolocado a los pocos días, pues uno de los primeros anuncios del nuevo gobierno de Keir Starmer fue su intención de prohibir de manera permanente el uso de bloqueadores puberales entre niño/as y adolescentes, extendiendo así una medida que ya había tomado la administración que le antecedía. Bastante reportado ha sido el efecto que las conclusiones del llamado Informe Cass (2024) están teniendo sobre políticas de salud en diferentes países, y Gran Bretaña no es la excepción. La falta de evidencia científica sobre los tratamientos hormonales para tratar disforia de género en menores de edad y su potencial impacto irreversible en la maduración cerebral de niño/as y jóvenes llevó a que el nuevo Secretario de Salud británico, Wes Streeting, se manifestara contra los puberty blockers, y «otorgarles a los jóvenes el cuidado basado en la evidencia que merecen».

Por lo anterior, es llamativo que al debatir sobre disforia, transición y dudas de género entre menores de edad, se insista en eso de las «retóricas antitrans». Ya van varios meses desde que la discusión internacional ha ido superando las caricaturas impuestas inicialmente, aunque en Chile parecemos aún presos de posturas irreconciliables, incluyendo denuncias de fake news y delirantes acusaciones de «exterminio trans» por parte de activistas del tema, así como el cierre de la puerta al diálogo racional de vocero/as de organizaciones como Fundación Iguales o Todo Mejora. Al mismo tiempo, el mundo político —tanto de derecha como de izquierda— carece de preparación discursiva sobre el tema, lo cual hasta ahora ha impedido avanzar en la discusión transparente de una política pública en marcha en nuestro país bajo criterios imprecisos, como es el programa «Crece con Orgullo» (PAIG) del Ministerio de Salud [ver columna previa del autor en CIPER-Opinión 25.06.2024].

Como sea, el marco del enfoque «afirmativo» comienza a resquebrajarse, y no solo por las declaraciones destempladas que hasta ahora lo rodean. Salen también a la luz intereses privados y contradicciones teóricas que es fundamental revisar y debatir ampliamente. Menciono a continuación dos de ellos:

(1) El impacto de un reportaje publicado a fines de mayo en la web de radio Biobío activó una secuencia nunca antes vista en Chile de cartas a medios, columnas, entrevistas y coloquios sobre lo que está sucediendo en nuestro país con menores en transición de género. En un rápido intento por justificar su opción por el tratamiento «afirmativo» en la red pública, el Ministerio de Salud convocó durante junio a, al menos, una «mesa de trabajo» y un comité de expertos [imagen superior], con el objetivo «​​de interpretar y dar cuenta de la mejor evidencia científica disponible para su implementación en Chile en lo referente a hormonoterapia en adolescentes asociada a disforia o incongruencia de género», y así redactar lineamientos que sostengan las bases del PAIG a partir del segundo semestre de este año. Lo cierto es que la autoridad no ha dado a conocer el criterio para la selección de quienes participan en estas convocatorias, que en general reúnen a activistas y profesionales de salud (particularmente, de DIPRECE; algunos de ellos formados en WPATH, rectora mundial afirmativa) que operan bajo el enfoque afirmativo. Esto incluye, además, a integrantes de la ONG “Todo Mejora” y la Fundación Juntos Contigo, cuyas propias páginas web explicitan su vínculo con el Estado, vía financiamiento y/o programas de apoyo. Se trata de un conflicto de interés evidente, que muy probablemente terminará por invalidar lo que esas mesas concluyan.

(2) A inicios de este mes, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile organizó el conversatorio «Abordajes para un programa de salud trans en Chile», en el que participaron Manuela Guevara y Lorenza Quezada, dos personas cercanas que se han involucrado en el programa «Crece con Orgullo» del MINSAL como firmantes y/o consejeras. La información que se entregó durante la jornada —transmitida en vivo por redes sociales (de donde obtuvimos el registro)— es de antología, como la siguiente descripción de Quezada: «A nosotros nadie nos enseñó cómo crear una política pública. Yo, personalmente, vengo del mundo del teatro, y no tenía idea. La experiencia me llevó a entender un poco y saber […]». Agregó luego, en alusión a los críticos del enfoque afirmativo: «Hay que tener ojo con esas voces que se levantan, porque a veces son propias personas trans: las personas malas están en todas partes».

Junto a ella, Manuela Guevara agregó: «Creo que, a corto plazo, como la situación está tensa por distintos motivos, hay que trabajar a nivel municipal; podría ser una buena estrategia […]. El peso que hoy tienen los municipios en la estructura territorial y jurisdiccional chilena, les permite tomar la iniciativa a nivel de establecimientos de salud, establecimientos educacionales, así como en las mismas oficinas de diversidad que se han creado al interior de los municipios». Como si el PAIG ya no tuviera carencias, su estrategia pareciera ser extenderlas aún más: «Las municipalidades podrían contratar psicólogues y trabajadores sociales que se encargaran de hacer acompañamiento».

Sus palabras, en un contexto académico, replican una serie de simplificaciones en redes sociales y otros espacios que hoy hacen difícil garantizar el avance de este debate según la guía de una preocupación auténtica por el bienestar de los NNA. Pero lo cierto es que quienes buscamos opciones en salud y acompañamiento a niños y adolescentes que cuestionan su género mostramos diversidad ideológica; y, en algunos casos, hemos tenido nuestro propio recorrido social en el tema. La existencia de opiniones transdivergentes prueba la hipocresía aún imperante en este debate, en el que demonizar las críticas (o distorsionarlas como simples fake news o fanatismo ultraconservador) impide transparentar si acaso la prioridad son hoy los NNA o quienes activan banderas para su supuesta representación.

A nivel público y de gobierno, el debate en Chile necesita incorporar a quienes hoy planteamos, en forma clara y expresa, tanto críticas como alternativas al modelo afirmativo infantojuvenil. De lo contrario, bajo este clima áspero quedarán olvidados puntos importantes, que van más allá de la medicalización. Finalmente, este es un problema de gestión que abarca tres niveles de elaboración intersectorial: Salud, Educación y Desarrollo Social y Familia.