Violencia contra las cuidadoras en residencias de protección

Quienes en nuestro país están al cuidado de niños, niñas y adolescentes en Residencias de Protección Especializada (RPE) enfrentan una violencia alarmante, con altas tasas de agresiones por parte de los niños, niñas y adolescentes a su cargo. A ello se suma precarización laboral y la falta de reconocimiento social a su labor. La estructura de cuidado infantil es, en general, una tarea externalizada y feminizada. Dos investigadoras sobre el tema recuerdan en la siguiente columna para CIPER: «Es crucial que el Estado se enfoque en mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras, ofreciendo salarios adecuados y proporcionando oportunidades de desarrollo profesional. Además, se deben implementar programas de capacitación continua».

La violencia que cuidadoras de niñas, niños y adolescentes (NNA) sufren en las residencias de protección es un problema crítico en diferentes países. En Chile, esta realidad se ve agravada por la precarización de las trabajadoras del cuidado en general; especialmente, en las Residencias de Protección Especializada (RPE), donde se emplean las más vulnerables, más demandadas y menos reconocidas entre los trabajadores de los distintos servicios sociales (las RPE son una medida de protección excepcional y transitoria que se implementa por orden de un tribunal en casos de graves vulneraciones a NNA, y buscan ser lo más parecido a un hogar familiar, con grupos reducidos de niños).

Se trata de una realidad que cada cierto tiempo vuelve a nuestro debate, como ha sido estas últimas semanas con nuevas denuncias públicas de la Asociación de Funcionarios/as del Servicio de Protección Especializada en la Niñez y Adolescencia (ANFUSEPNA), así como la presentación en la Comisión de Familia de la Cámara del «Informe Nacional de Visitas a los Centros Residenciales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”, elaborado por el Poder Judicial y con alarmantes conclusiones.

El año pasado, publicamos el primer estudio de violencia contra las trabajadoras del cuidado de NNA realizado en Chile  [DÍAZ y CALDERÓN 2023]. Allí analizamos la violencia hacia los equipos de trabajo en las residencias de protección privadas, a partir de los testimonios de más de trescientas trabajadoras.

Los resultados del estudio muestran una realidad lamentable: 94% de las trabajadoras en residencias de protección han sido víctimas de alguna forma de violencia por parte de los NNA que allí viven. Este dato no solo es alarmante por su magnitud, sino también por las implicancias que tiene sobre el ambiente laboral de estas cuidadoras y sobre el logro de los objetivos que persiguen las Residencias de Protección Especializada. 

Los tipos de violencia experimentados son variados. Incluyen ataques a las instalaciones (82%), abuso verbal (78%) y miradas o gestos intimidantes (77%), los cuales no solo ponen en riesgo la seguridad física de quienes trabajan, sino también su bienestar psicológico. De acuerdo con las trabajadoras entrevistadas, las causas de la violencia se deben más a las características de lo/as usuarios —NNA y sus familias que son parte de los programas de protección—, que a la experiencia o formación de quienes se emplean en servicios de cuidado. En efecto, las trabajadoras explican las agresiones, en gran medida, como resultado del trauma producto de las experiencias de violencia experimentadas por los niños, y, además, perciben que las situaciones de agresión que vivieron como trabajadoras ocurrieron debido a que el usuario es un niño en proceso de desarrollo, o bien un adolescente con tendencias a romper las reglas.

PROTECCIÓN INFANTIL EN CHILE
La protección infantil y el cuidado institucionalizado en Chile han sido tradicionalmente el resultado de la colaboración entre organizaciones privadas —principalmente, de afiliación católica— y el Estado. Sin embargo, a principios de los años 80, el modelo de desarrollo neoliberal impuesto bajo dictadura cambió el paradigma de este sistema, introduciendo principios de competencia, contestabilidad y subsidiariedad. Bajo las directrices de este modelo, el sistema de protección infantil en Chile terceriza el cuidado de niñas y niños institucionalizados, externalizándolo a organizaciones privadas, que reciben subsidios por cada niño atendido.

A través del Servicio Especializado de Protección Infantil, el Estado externaliza una proporción significativa de los programas de protección de la niñez. De hecho, el Sindicato de Trabajadores Externalizados de SENAME estima que el 97% de la oferta de protección especializada, tanto ambulatoria como residencial, se encuentra externalizada, y es llevada a cabo por organizaciones de la sociedad civil dependientes técnica y financieramente del servicio público.

Los servicios específicos que reciben los niños por parte de las organizaciones subcontratadas se establecen mediante reglas detalladas en orientaciones técnicas desarrolladas por el mismo Estado, que luego deben ser ejecutadas por estas entidades privadas y evaluadas en función del cumplimiento de indicadores de gestión establecidos en los términos de contratación. En este contexto, las organizaciones que realizan la función de cuidado externalizado son las que contratan a los trabajadores para implementar residencias de protección especializadas. A pesar de realizar una función pública, estas trabajadoras del cuidado tienen una relación laboral privada.

La base del funcionamiento del sistema es la premisa de que la integración de entidades privadas, la competencia y la evaluación del desempeño asegurarán una mayor eficiencia [ABRAMOVITZ & ZELNICK 2015]. Sin embargo, a la luz de las constantes tragedias ocurridas en las residencias, esta afirmación resulta altamente cuestionable.

UN TRABAJO HECHO POR MUJERES
En Chile, las instituciones externalizadas de cuidado están altamente feminizadas y precarizadas en términos laborales: se trata de un trabajo altamente demandante, con turnos diurnos y nocturnos, remuneraciones básicas y con niños que necesitan un cuidado especializado, y que requieren atención prioritaria para acceder a otros servicios sociales, pero sin contar con la oferta disponible.

Por ejemplo, en el mes de mayo del 2024, 4.855 niños y adolescentes fueron atendidos por residencias de protección. Además de violaciones graves de derechos (como violencia, negligencia y abuso sexual, entre otros), existen serios problemas de salud mental y falta de acceso a atención psicológica o psiquiátrica ambulatoria [DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 2022], lo que se traduce en demandas más complejas para las cuidadoras.

A pesar de que las tareas de cuidado representan una carga física y emocional pesada para quienes las realizan, no han sido reconocidas como una necesidad social. Generalmente, se llevan a cabo mediante la donación de tiempo y energía por parte de las cuidadoras, y el cuidado institucionalizado no es una excepción. Quienes ofrecen servicios de cuidado en el mercado laboral enfrentan condiciones laborales adversas, salarios bajos y poco reconocimiento del valor social de su trabajo.

El servicio de protección especializada se caracteriza entonces por una alta demanda, atendida a través del trabajo de instituciones privadas donde, principalmente, las trabajadoras del cuidado reciben bajos salarios y enfrentan altos riesgos psicosociales.

Las situaciones de violencia hacia las cuidadoras de NNA en las residencias de protección presentan varios desafíos importantes para las políticas públicas. Es crucial que el Estado se enfoque en mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras, ofreciendo salarios adecuados y proporcionando oportunidades de desarrollo profesional. Además, se deben implementar programas de capacitación continua que aborden específicamente la gestión de conflictos y agresiones por parte de los niños atendidos o de sus familias, además de otras situaciones violentas, así como manejo del estrés.

Las cuidadoras deben tener acceso a recursos de apoyo técnico y emocional para ayudarles a lidiar con el impacto de la violencia en su bienestar personal y profesional, observar su propia práctica y aprender de ella. Esto podría incluir servicios de supervisión y acompañamiento, grupos de apoyo y programas de bienestar laboral. La capacitación debe ser integral y adaptada a las necesidades específicas del trabajo en residencias de protección, con programas que incluyan técnicas de manejo de crisis, estrategias de desescalamiento de conflicto y habilidades de comunicación efectiva.

Asimismo, las estructuras de supervisión deben reforzarse para proporcionar un apoyo continuo y efectivo a las cuidadoras. Los supervisores deben estar capacitados para ofrecer orientación y apoyo en situaciones de violencia y para intervenir cuando sea necesario.

Junto con estas medidas específicas, resulta crucial integrar medidas organizacionales y de política pública, tendientes a abordar las causas de la alta rotación de personal, incluyendo la mejora de las condiciones laborales, el reconocimiento y la valoración del trabajo de las cuidadoras y la creación de un ambiente de trabajo más seguro y satisfactorio.

Abordar la violencia contra las cuidadoras en residencias de niños y adolescentes en Chile requiere un enfoque colaborativo que incluya mejoras asociadas a formación, apoyo emocional y psicológico, pero también al mejoramiento de las condiciones laborales. Solo así se podrá garantizar un entorno seguro y de apoyo tanto para las cuidadoras de la protección especializado, como para los niños y adolescentes que hoy se encuentran bajo su cuidado; pero por sobre todo bajo el cuidado del Estado.