Espionaje ilegal, captura del Estado y selección de magistrados

Revelaciones recientes en el caso de espionaje del Ejército a un periodista muestran un panorama más preocupante de lo que inicialmente se temía, comentan en columna para CIPER dos abogados, incluyendo a la querellante en el caso hoy en investigación. Se trata, estiman, de alertas sobre eventuales delitos sistémicos, que subrayan «la profundidad de la corrupción y la falta de transparencia en las instituciones encargadas de salvaguardar la justicia y nuestro Estado de derecho».

El caso sobre espionaje ilegal contra el periodista Mauricio Weibel que actualmente investiga la Fiscalía Centro Norte [ver notas previas en CIPER] genera un justificado revuelo. Surgió en el contexto de la investigación que Weibel llevaba a cabo hace una década sobre los hechos de corrupción que luego fueron conocidos como «Milicogate», y que se conocieron por primera vez en un reportaje para The Clinic de agosto de 2015.

Hasta el momento, la investigación [N. de la Ed.: la cofirmante de esta columna es parte del juicio como abogada querellante] ha resultado en la formalización de cargos por 19 delitos y la prisión preventiva del general Schafik Gonzalo Nazal Lázaro, así como del ministro de la Corte de Apelaciones Juan Antonio Poblete Méndez. El primero, ordenó en su calidad de jefe de Inteligencia del Ejército la interceptación de las comunicaciones de Weibel, así como de otras víctimas. El ministro Poblete, en tanto, autorizó estas interceptaciones ilegales. 

La investigación en curso también ha sacado a la luz la existencia de una impropia captura estatal del Poder Judicial, y su impacto significativo en los procesos de selección de magistrados. Este hecho demuestra que lo que está en cuestión no solo se trata de un crimen de Estado, perpetrado por agentes estatales utilizando recursos públicos, sino también de un crimen sistémico, cuyas magnitud y consecuencias continúan siendo reveladas, subrayando la profundidad de la corrupción y la falta de transparencia en las instituciones encargadas de salvaguardar la justicia y nuestro Estado de derecho.

Como ya hemos señalado, la corrupción adopta múltiples formas; entre ellas la «captura estatal» [ver columna previa de uno de los autores en CIPER-Opinión del 27.03.2024]. Este fenómeno está vinculado al «aprovechamiento de un cargo o función pública en beneficio de intereses privados, particulares o compartidos» [LÓPEZ 1997], lo que «genera una situación de dependencia» [LESSIG 2012]. La captura estatal afecta el deber del Estado y sus instituciones de salvaguardar la plena vigencia de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sostenido que la captura de la administración de justicia por parte de otros poderes del Estado se traduce en la ausencia de control horizontal y en la omisión de las obligaciones de control interinstitucional [CIDH 2019].

En este sentido, los antecedentes del caso —en su mayoría obtenidos a través de requerimientos de transparencia y el allanamiento del domicilio del ex presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó— han revelado información alarmante. El ministro Poblete pasó a integrar el Ejército de Chile en calidad de reservista [ver reportaje previo en CIPER del 03.05.2023], y compartía fotos en las que lucía su traje militar mientras servía a los intereses del general de Inteligencia. En ese momento, el general Schafik era representado por el actual ministro de la Corte Suprema, señor Matus, quien contaba con financiamiento del alto mando del Ejército. A raíz de estos antecedentes, el ministro Sr. Matus ha manifestado que se encuentra afectado por una causal de inhabilidad para conocer las aristas de esta investigación en la Corte Suprema.
 
 

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En paralelo a todo lo anterior, CIPER ha revelado nuevos antecedentes que demuestran que, en el contexto de la investigación secreta realizada por la Cámara de Diputados sobre las interceptaciones ilegales basadas en el uso indebido de la ley de Inteligencia, se habrían conocido el imputado Sr. Poblete y el ex ministro de Defensa Mario Desbordes. Durante esta relación, el actual imputado solicitó los buenos oficios e influencias de Desbordes para que la ministra Sra. Letelier pasara a integrar la Corte Suprema, enfatizando su relación de amistad. Esta amistad no fue invocada por la ministra cuando, hace un año (el 19 de junio de 2023), integró la sala penal que conoció y resolvió el amparo presentado por la defensa del Sr. Poblete, otorgándole la libertad. Sin embargo, esta libertad fue revocada posteriormente por el Ministerio Público y los querellantes, una vez que se resolvió la querella de capítulos en contra del exmagistrado.

Adicionalmente, CIPER informó sobre la existencia de comunicaciones entre el imputado Sr. Poblete y el ministro de la Corte Suprema, Mario Rolando Carroza Espinosa. Este último ha participado en la investigación judicial como testigo, y, según los informes, habría solicitado a Poblete su colaboración en el nombramiento de un notario. Estas revelaciones agregan una capa más de complejidad al caso, evidenciando la interconexión entre diferentes niveles del Poder Judicial y la influencia ejercida en procesos que deberían ser transparentes e imparciales.
 
 

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Así, las complejidades que ha develado la investigación en curso son al menos preocupantes; no solo en relación con los delitos que implicaron la interceptación de las comunicaciones de un periodista que denunciaba actos de corrupción, sino también respecto a la falta de independencia judicial que debía garantizarse. Entre otras víctimas, Mauricio Weibel tenía derecho a una justicia imparcial y a un control efectivo sobre el accionar del aparato de inteligencia estatal por parte del Poder Judicial. La investigación revela la ausencia de salvaguardas frente a una autoridad capturada por el aparato de inteligencia y el consecuente debilitamiento del Estado de derecho. Esta situación se agrava al considerar que, al menos en el caso de tres ministros de la Corte Suprema, concurren inhabilidades para conocer los debates judiciales del caso.

Toda esta situación se torna más compleja respecto a las implicancias y riesgos de la captura estatal en los procesos de selección de altas magistraturas. Esto se evidencia aún más cuando, al abrirse una nueva arista de investigación sobre tráfico de influencias por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, nos enteramos que el Fiscal Nacional utilizó sus facultades para, mediante un comunicado de prensa, informar que ha removido de la competencia de esta nueva investigación al fiscal regional Sr. Xavier Armendariz Salamero, entregándosela a la fiscal regional Sra. Claudia Perivancich Hoyuelos. Esta decisión suscita preocupación sobre la transparencia y la imparcialidad en la conducción de la investigación, exacerbando las inquietudes sobre la integridad del sistema judicial. El comunicado de prensa no es suficiente para entender cómo se puede resguardar la integridad de la investigación al remover al fiscal que ha estado a cargo de la misma durante cuatro años y entregársela a una fiscal regional de otra jurisdicción.

En resumen, el caso del espionaje ilegal y las subsecuentes investigaciones han revelado profundas fallas en la estructura y operación del sistema judicial en Chile. La captura estatal y la corrupción sistémica no solo han vulnerado los derechos de individuos como el periodista Mauricio Weibel, sino que también han socavado la confianza pública en las instituciones que deberían garantizar derechos. Las acciones recientes, incluyendo la remoción de fiscales y la implicación de altos magistrados, subrayan la necesidad urgente de reformas profundas para asegurar la independencia judicial y la transparencia en la administración de justicia.