¿Dónde está la macroeconomía argentina?

En un análisis estrictamente técnico, el autor de esta columna para CIPER detalla los cambios, ajustes y mejoras pendientes que caracterizan hasta ahora el manejo macroeconómico del gobierno de Javier Milei: «En el largo plazo, el reperfilamiento de la deuda ampliando los plazos puede estar generando una carga que sea difícil de soportar en el futuro próximo y por otras administraciones. El timing adecuado de los cambios estructurales profundos debe ejecutarse a la perfección para evitar que se esté generando el germen de una nueva crisis.».

Como ocurre en toda crisis, el ritmo de los acontecimientos es acelerado y muchas veces con marchas hacia adelante y hacia atrás. Hace menos de un año, Argentina era un país al borde de una hiperinflación alimentada por diversas causas: años de malas políticas públicas, el desarrollo de una campaña electoral de promesas populistas y un discurso que promovía la destrucción de la moneda nacional. Ese peak de tensión económica parece haber quedado atrás. Dejando de lado la comparación interanual que arrojó casi un 300% de incremento en el IPC, en abril pasado la variación mensual de los precios retornó a índices de un dígito (después del 25,5 de diciembre 2023), aunque tampoco podemos hablar aún de algo muy promisorio: 8,8% mensual.

Las estimaciones para los próximos meses indican que la inflación en Argentina seguirá bajando, si bien los agentes económicos ven difícil que se aleje mucho en los próximos meses del 5% mensual. Los ojos del mundo están puestos sobre la situación macroeconómica del país, en general; y del rumbo como gobernante de Javier Milei, en particular. Guardando todo tipo de distancias, quizás la experiencia de Chile desde el retorno a la democracia pueda darnos una idea de lo que le espera a Argentina en el manejo de sus cuentas fiscales.

•El año 1990 encontró a Chile con una tasa de inflación anual cercana al 30% , la cual descendió gradualmente a ese 3% que suele citarse como la añorada referencia de reactivación en el manejo de la Concertación, pero a la que se llegó prácticamente tras una década. Se logró con cierto orden fiscal, una economía en crecimiento impulsada por el precio del cobre y un escenario político que podríamos llamar «estable». La ratificación de las normas e instituciones económicas establecidas, esencialmente durante los años 80, permitieron el desarrollo de mejoras importantes en términos de productividad en el sector privado, acompañadas por reformas en el Estado en virtud de mejorar su previsibilidad de sus finanzas.

•Pero desde que comenzó este siglo la historia de Chile ha sido muy distinta. Sus períodos de bonanza han estado fundamentalmente marcados por el precio del cobre, y la mayoría de los analistas e inversores tienen claro que no ha habido mejoras de productividad importantes. Hasta ahora, y más allá de todas las agendas procrecimiento de los distintos gobiernos, nada parece hacer despegar a la economía chilena nuevamente.

Vemos, entonces, dos etapas bien definidas en los últimos casi 35 años de la historia chilena,y de cuyas implicancias posiblemente Argentina no va a estar exenta. Como dijimos al inicio, en Argentina fue dado el primer paso: frenar los riesgos hiperinflacionarios, algo que para ese país era recurrente en la historia económica reciente (1985, 1989, 1990, 2001), a partir del desbarajuste de las cuentas fiscales.

Desde que asumió el gobierno, Javier Milei y su equipo aplicaron fuertes recortes a los gastos e incrementos a los impuestos. En base-caja, y a valores nominales, al mes de abril 2024 el conjunto de gastos primarios se ha incrementado casi un 200% anual, por debajo de la inflación para el mismo periodo. Esto incluye tanto a las prestaciones sociales, los subsidios a la energía y el transporte y los gastos de funcionamiento del gobierno nacional. Sin considerar el golpe a los salarios y jubilaciones, los sectores más golpeados por los recortes de transferencias hasta ahora han sido las universidades nacionales [ver en CIPER-Opinión: “La motosierra y la licuadora argentina contra la investigación científica”] y las jurisdicciones provinciales y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires (que solo aumentaron un 3,5% respecto de hace un año). Vale recordar que la situación de la educación pública generó la mayor movilización y protesta social que ha enfrentado hasta ahora Milei, y que la relación con las provincias ha sido también una de las grandes fuentes de conflicto que ha dificultado el tratamiento de los proyectos de ley presentados por el gobierno en el Congreso.
 
 

***
 
La recaudación de recursos ha mostrado signos del estancamiento de la actividad económica, y solo ha logrado compensar los efectos de la inflación por una mayor presión tributaria, esencialmente basada en los derechos a la exportación («retenciones», como las llaman en Argentina) y el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) que se estableció durante el gobierno de Alberto Fernández en 2019 y ha sido reforzado por el de Javier Milei.

La conjunción ha permitido al gobierno presentar un pequeño superávit primario de base-caja, pero que debería reconsiderarse frente a gastos postergados, algunos de los cuales han llegado a los tribunales, como los de las transferencias a las provincias. Esto sin mencionar la negociación de la deuda de CAMMESA (equivalente al Centro de Despacho y Control en Chile) con las generadoras eléctricas y la paralización prácticamente total de la obra pública y las erogaciones de capital, las cuales ya han traído más de algún problema.

Los resultados fiscales hasta el momento y la instrumentación de una política de saneamiento financiero del balance del Banco Central son los pilares para la estabilización de los precios, pero dejan dudas respecto de la evolución de corto plazo y la posibilidad de hacerla sustentable en el más largo plazo. El bajo nivel de actividad compromete la evolución futura de la recaudación fiscal y no hay atisbo de que la recuperación en V, de la cual habla el gobierno, sea percibida por el sector privado. La conjunción de paralización de la obra pública, caída en el empleo público y privado, y un tipo de cambio real que dificulta las exportaciones e incentiva a los consumidores a buscar productos en otros países, presentan un duro panorama para el sector productivo.

El resultado en materia inflacionaria también ha estado acompañado de una buena cuota de discrecionalidad en el manejo de los aumentos de tarifas de servicios públicos y la no homologación de acuerdos salariales entre entidades empresariales y sindicales (que pondrían más presión en los precios). En el largo plazo, el reperfilamiento de la deuda ampliando los plazos puede estar generando una carga que sea difícil de soportar en el futuro próximo y por otras administraciones. El timing adecuado de los cambios estructurales profundos debe ejecutarse a la perfección para evitar que se esté generando el germen de una nueva crisis.

Sobre ese horizonte de más largo aliento, aún el gobierno no ha empezado a operar intensamente. Apertura de la economía, desregulación de sectores económicos (con marchas y contramarchas), seguridad jurídica, desarrollo de capacidad de regulación con fundamentos técnicos para mercados que presenten fallas, el desarrollo de una institucionalidad fuerte en materia de defensa y promoción de la competencia, y dotar de instrumentos que limiten la discrecionalidad del gobierno en el manejo de los ciclos de la economía son los pilares para ponerla en el punto de partida. A partir de ahí, recién comenzará la búsqueda de condiciones que aseguren el aumento constante y acelerado de la productividad (algo que aún no hemos podido encontrar en Chile).

El camino no es fácil, porque seguramente requerirá de la destrucción de muchos puestos de trabajo para insertarlos en un proceso de reconversión de capacidades laborales y relocalización, lo que normalmente lleva mucho tiempo, y para lo cual se requiere de la paciencia social. La «Ley Bases» —mermada pero aprobada ya en la Cámara de Diputados,  y a la cual se le están introduciendo cambios en el Senado— y el Decreto de Desregulación —sobre el cual hay materias que debieran ser revisadas, pero sobre el que aún pende la discusión sobre su constitucionalidad por parte de la Corte Suprema— son apenas un primer paso.