En tierra de nadie. Pasivos socioambientales tras el cierre de termoeléctricas a carbón

La falta de voluntad política para aplicar la normativa ha derivado en «una transición teñida de injusticia», define la siguiente columna de Opinión para CIPER sobre el abandono de centrales termoeléctricas que han dejado de operar en el país, «sin que las empresas o el Estado se hagan cargo de los años contaminando suelo, agua, océano, además de enfermar comunidades».

De tanto en tanto, el empresariado destaca sus esfuerzos en el proceso de descarbonización del país. Que se está avanzando hacia una economía con energía verde y sustentable, nos informan, plegándose así a los compromisos nacionales en materia de transición hacia las renovables. El desafío no es menor, pues Chile se ha comprometido a alcanzar al año 2050 la carbono neutralidad.

Así, entonces, el hidrógeno «verde», el litio y el cobre son nuestro nuevo El Dorado [ver columna previa del autor en CIPER-Opinión], aquél que nos sacará del permanente estado de desarrollo intermedio (o «en vías de desarrollo», como también se le llama). Y qué mejor si es ayudando al mundo —a Europa más bien, vía exportación— a bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Win-win, le llaman.

La Asociación de Generadoras notifica «un futuro carbono neutral y electrificado». Replica un ex presidente de la Sofofa: «Chile ha sido pionero y líder en una transición energética con soluciones de mercado». Y, en el gobierno, asienten: «Tenemos que conseguir la descarbonización de nuestra matriz energética, acelerar y adaptarnos al cambio climático. Tenemos que hacerlo rápido, pero también tenemos que hacerlo de una manera que sea justa para las personas» expresó el ministro de Energía Diego Pardow, al firmar en marzo de 2023 un acuerdo con Alemania para proveerles de hidrógeno industrial (mal llamado, «verde»).

En este clima se inserta el proceso de descarbonización. En 2020, el gobierno de Sebastián Piñera presentó el primer «Plan de Retiro y/o Reconversión de Unidades a Carbón» tras una larga negociación político-empresarial, que en la práctica aún es de carácter no vinculante. Recordemos que en Chile han operado 28 de estas unidades desde la primera puesta en marcha (1964). En el marco del citado plan ya se han retirado once: CT Tarapacá (ENEL, Iquique); Tocopilla 12, 13, 14 y 15 (ENGIE, Tocopilla); Ventanas 1 y 2 (AES Andes, Puchuncaví); Bocamina 1 y 2 (ENEL, Coronel); Nueva Tocopilla 1 y 2 (AES Andes a través de Norgener, Tocopilla). Se prevé que al 2025 cierren o se reconviertan nueve más: Mejillones CTM1 y CTM 2 (ENGIE, Mejillones); Andinas y Hornitos (ENGIE, Mejillones); Infraestructura Energética Mejillones (ENGIE, Mejillones); Angamos 1 y 2 (AES Andes, Mejillones); Nueva Ventanas (AES Andes, Puchuncaví); y Campiche (AES Andes, Puchuncaví).

Sin fecha concreta de cese todavía se encuentran otras ocho: Cochrane 1 y 2 (AES Andes, Mejillones); Guacolda 1, 2, 3, 4 y 5 (Capital Advisors, Huasco); y Santa María (Colbún, Coronel).

Bien por la descarbonización. Pero, ¿y los pasivos ambientales?

Hasta hoy, el principal foco del proceso de retiro de las termoeléctricas ha sido, desde el sector productivo, cómo asegurar la estabilidad del sistema eléctrico al reemplazar su aporte con energía renovable. Esto, dado que siempre se ha mencionado que uno de los «inconvenientes» de este tipo de tecnología es su intermitencia: el sol no ilumina siempre, tampoco el viento sopla todos los días, y los caudales de los ríos fluctúan. Teniendo carbón, en cambio, las centrales pueden trabajar 24/7.

Lo cierto es que cuando comenzamos a ver los ciclos de la naturaleza como un problema, éste ya no está en la tecnología, sino en nuestro modelo de desarrollo. Desde la sociedad civil, en tanto, adelantar el fin de todas las operaciones al año 2030 y no al 2040, como se ha propuesto en la planificación gubernamental, ha sido uno de los más urgentes desafíos en la materia.

El citado Plan de Descarbonización de 2020 se originó en un acuerdo voluntario suscrito por el gobierno de Sebastián Piñera con las generadoras AES Gener (hoy AES Andes), Colbún, ENEL y ENGIE. En 2023, el gobierno de Gabriel Boric implementó un nuevo proceso —llamado públicamente «segundo tiempo de la transición energética»—, basado en «la construcción de una hoja de ruta para la descarbonización de nuestra matriz eléctrica, instancia que incluirá la visión de diversos actores del sector con el objetivo de habilitar la reducción progresiva de las emisiones del sector eléctrico». Este contempla tres ejes: i) modernización de la red y el mercado eléctrico, e infraestructura; ii) reconversión termoeléctrica y combustibles de transición; iii) transición energética justa y comunidades. En ambos momentos no hay mayor énfasis en los necesarios planes de cierre (también llamados de abandono), que deben incluir no sólo el cese de operaciones o reconversión de las centrales, sino la desinstalación de las infraestructuras y la remediación ambiental.

En la Estrategia de Transición Justa en el sector Energía de 2021 esto tampoco es mencionado con claridad. Haciendo referencia a los resultados de la «Mesa de Retiro y/o Reconversión de Centrales a Carbón» de 2020, se explica allí que los focos son: i) gradualidad en el proceso de retiro/reconversión para que se alcance a disponer de un sistema seguro y eficiente; ii) acompañamiento para la transición laboral de los trabajadores de las centrales y las comunas en las que se encuentran en un contexto de transición justa y sustentable; iii) adecuación de normativas que sean necesarias para facilitar el proceso mediante una adecuada flexibilidad del sistema y resguardo ambiental; y iv) compromiso con origen voluntario (cronograma de retiro).

En paralelo, también en el marco de la estrategia, cada comuna debe elaborar e implementar planes de acción local participativos que acompañen el proceso. Hasta hoy, a tres años y con una oficina específica radicada en el ministerio del Medio Ambiente desde 2022, sólo se ha elaborado el de Tocopilla. 

LA LUZ ROJA QUE DEJÓ EL CASO NORGENER

En el papel, todo iba bien con el plan de descarbonización hasta el cierre de las dos unidades Norgener (Nueva Tocopilla 1 y 2) de AES Andes en abril de este año. Durante este proceso, habiéndose cuestionado públicamente la quema acelerada de 94.000 toneladas de carbón que solicitó la empresa y que el Estado aprobó, surgieron dudas: ¿qué pasa con las termoeléctricas luego que dejan de funcionar?; ¿la reconversión o simple desconexión les exime de la remediación socioambiental?   Aunque en la RCA de estas centrales está comprometido el correspondiente plan de cierre, no hay fecha para su presentación.

Durante dos procesos de fiscalización realizados este año por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), responsables de la empresa señalaron que el complejo «no ha planificado un abandono de las instalaciones, sino que no se continuará generando energía eléctrica». A mayor abundamiento, mencionaron que se ha presentado una pertinencia de ingreso al SEIA «en la que se establece el uso de las instalaciones» (25 de marzo) y que ésta «se encuentra desconectada, no cerrada. […] No se tiene programado el desmantelamiento de las unidades, su destino será definido al término de la vida útil de la unidad» (15 de abril). Efectivamente ésta se presentó  con respecto a las reconversión de instalaciones, sin mencionar la remediación de los impactos por años de operación. El En enero, la autoridad determinó que esto no requería ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

El problema es que, independiente de esta decisión, los pasivos de una termoeléctrica que deja de funcionar como tal —aun cuando se reconvierta— no son sólo las instalaciones sino los depósitos de ceniza, los ductos de enfriamiento, las canchas de acopio de carbón y la contaminación local histórica por material particulado y metales pesados, entre otros aspectos complejos. La realidad es que las centrales Tocopilla 12, 13, 14 y 15 de ENGIE, cerradas entre 2019 y 2022, se encuentran abandonadas, como vestigio que transformó a esa ciudad costera en zona de sacrificio socioambiental. En abril anunciaron que reconvertirán la infraestructura a un «complejo de almacenamiento» con capacidad de 660 MWh. Pero no hay señales sobre la remediación de los impactos.

Se trata de un problema que en el fondo es legal, pero también de voluntad política. Desde hace años las organizaciones socioambientales han apuntado al fin de las industrias contaminantes y tóxicas, pero en un contexto de transición socioecológica justa: que los costos de las medidas que vayan en tal dirección no los paguen las personas ni el medioambiente; es decir, que no signifique desempleo y pobreza sino que exista reconversión productiva sustentable. Pero también que las empresas, en primer lugar, junto al Estado, se hagan cargo de los pasivos socioambientales.

Que no se repita el caso de Arica que gracias a un negocio entre las mineras Promel (chilena) y Boliden (sueca), esta última desechó en el radio urbano de la ciudad 21 mil toneladas de desechos tóxicos a mediados de los 80 (el legado: «cáncer de distinto tipo, dolores articulares, dificultades respiratorias, alergias, anemia, abortos y defectos de nacimiento»). O el de Copiapó, que durante el aluvión de 2015 fue arrasada por los relaves abandonados por la minería, que dejó un saldo de 16 muertos.

En 2019 Chile Sustentable publicó un análisis  que dio cuenta de la tierra de nadie en que se encuentra todo lo relacionado con los planes de cierre y abandono.  En cinco años, esto no ha cambiado mucho: ninguna de las once termoeléctricas que ya se han cerrado ha presentado un plan de abandono. ¿Será éste el mismo derrotero de las nueve que debiesen cesar sus operaciones durante 2025? ¿Y las posteriores? 

La  verdad es que no hay certeza alguna. 

NORMATIVA SECTORIAL

Son varios los ámbitos sectoriales que, al margen de lo que pueda o no decir una RCA, se cruzan con los procesos de cierre y abandono. En materia de desechos el Ministerio de Salud puede aplicar el Código Sanitario (DFL 725, de 1966) sobre residuos industriales y mineros; el DS 594 (2000) sobre acumulación, tratamiento, transporte y disposición final de residuos industriales; y el DS 148 (2004) sobre manejo de residuos peligrosos. Con respecto a erradicar el posible material contaminante, el Ministerio de Transportes cuenta con el Decreto 75 (1987) sobre transporte de carga y desperdicios, y el DE 298 (1995) sobre sustancias peligrosas. En lo que se refiere a la permanencia de material tóxico o riesgoso el Ministerio de Salud puede recurrir al DS 43 (2016) que regula las condiciones de seguridad de almacenamiento de sustancias peligrosas y la propia clasificación de sustancias peligrosas del DS 57 (2021). Y en todo lo relacionado con emisiones, la misma cartera tiene a su disposición el DS 38 (2011) sobre emisión de ruido y el DS 144 (1941) sobre emanaciones y contaminantes atmosféricos, en tanto que el Ministerio de Vivienda cuenta con la Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL 458, de 1975) sobre construcción, reconstrucción, alteración, ampliación y demolición de edificios.

Es decir, normativa existe de sobra. Sin embargo, al día de hoy y según informaciones desde los propios territorios no existe certeza de que se estén aplicando. Al plantearse la posibilidad de simple desconexión o reconversión se estarían desentendiendo del proceso de remediación, como ha sido el anuncio de ENGIE en Tocopilla.
 
 

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Lo claro es que los procesos  de cierre deben ser evaluados y aprobados ambientalmente por la autoridad para entregar certezas a las comunidades, a los territorios y al Estado sobre qué ocurrirá con los pasivos ambientales y la infraestructura de las distintas centrales. Estas son condiciones mínimas para avanzar realmente hacia una transición socioecológica justa. Esta materia debiera ser base de la actualización del Plan de Descarbonización que la cartera de Energía, liderada por el ministro Diego Pardow, está llevando adelante, y que tendrá que entrar pronto a consulta pública. Hay sospechas de que el uso de conceptos como «desconexión» (evitando la figura de «abandono» o «cierre») o incluso el compromiso de futuras reconversiones puede terminar por aplazar y eventualmente no hacerse cargo de las responsabilidades sobre estas materias.

Al cese de operaciones de las termoeléctricas descrito hasta aquí se suma la ofensiva por el hidrógeno, llamado «verde» por su sustento en energías renovables, pero que en su idea de sustentabilidad no considera la escala de los proyectos (con megainfraestructuras en desalinizadoras, puertos, cientos de miles de hectáreas para centrales eólicas o solares) en Antofagasta y en Punta Arenas, como polos priorizados. O la extracción del litio para almacenamiento eléctrico, que no tiene normativa específica alguna, proyectando sacrificar fundamentales ecosistemas y formas culturales ancestrales en el altiplano.

Son los grises de una publicitada transición socioecológica que, al contrario de lo que se ha dicho, está empañada por la injusticia territorial de carácter ambiental y social.