CARTAS: Colusión del gas industrial, un nuevo quiebre de la confianza pública

Señor director: Llevada a cabo en medio de la pandemia, aunque hecha pública durante estas últimas semanas, la colusión de las empresas Linde e Indura ha generado un nuevo impacto en la fe pública. Se trata de dos firmas que en conjunto concentran casi el ochenta por ciento del mercado de gases industriales, medicinales y especiales en nuestro país, y contra las cuales (y tres de sus ejecutivos) la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó el pasado 29 de abril un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por una colusión de mercado que las llevó a acordar asignarse zonas o cuotas de venta, definiendo no competir entre sí por los clientes que cada una ya abastecía. La acción se habría hecho efectiva al menos entre noviembre de 2019 y enero de 2021, afectando a clientes de los rubros metalúrgico, papelero, forestal, constructor, acuícola, alimentario, laboratorios, minería, refinería de petróleo, acero, vidrios y hospitalario, entre otros.

Aunque la acusación de la FNE aún debe ser probada, de inmediato surge la sospecha de si acaso esta posible colusión pudo haber tenido consecuencias en la salud de pacientes que requieren oxígeno. Tan solo el surgimiento de la sospecha es quizás uno de los efectos más perniciosos de noticias como esta, debido a cómo infligen un daño quizás irreversible a la confianza que los consumidores mantienen hacia las empresas. La confianza es el cimiento sobre el cual se construye una economía saludable; es la fuerza invisible que permite el flujo eficiente de bienes, servicios y capital. Sin confianza, el sistema económico se desmorona, los procesos se entorpecen y el desarrollo se desacelera. Así, tan sólo percibir que las empresas puedan priorizar sus beneficios sobre deberes básicos hacia la salud pública erosiona profundamente la fe en el sistema de mercado. Esta pérdida de confianza tiene repercusiones a largo plazo, ya que los consumidores y ciudadanos desarrollan una desconfianza generalizada hacia las empresas y las instituciones reguladoras en Chile.

Uno de los riesgos de la desconfianza hacia los mecanismos propios del mercado es desencadenar una demanda creciente de intervención gubernamental y regulación más estricta. Aunque la regulación es esencial para evitar abusos de mercado, un exceso puede sofocar la innovación y la competitividad. Chile, con su economía abierta y dinámica, podría enfrentar una reducción en su flexibilidad económica si la confianza en el mercado libre se erosiona. Este delicado equilibrio entre regulación y libre mercado está en riesgo cuando se debilita la confianza en las prácticas comerciales justas, creando un ambiente menos favorable para el crecimiento y la adaptabilidad económica.

A largo plazo, el costo de restaurar la confianza y la productividad es elevado. Las empresas deberán realizar inversiones significativas para reconstruir su reputación, y los gobiernos tendrán que fortalecer sus mecanismos de supervisión y sanción. Esto implica no solo recursos económicos, sino también tiempo y esfuerzo que podrían haberse dedicado a la recuperación y crecimiento pospandemia en Chile. La tarea de reconstruir la confianza y revitalizar la productividad no es exclusiva de las empresas involucradas; es un desafío para todo el sistema económico y regulador del país, que debe demostrar su capacidad para proteger los intereses públicos y prevenir futuros abusos.

Sin embargo, esta denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) también puede verse desde una perspectiva positiva. A partir del caso de colusión de las farmacias, la legislación se modificó y se le otorgaron más herramientas a la Fiscalía, además de aumentar las penas. Este será el primer caso de colusión que se presenta posterior a la fecha de esta modificación legal. En 2007, la FNE denunció colusión en este mismo mercado, pero este proceso no fructificó por falta de evidencia directa. Hoy, gracias a la nueva ley, la Fiscalía sí cuenta con evidencia de este tipo, lo que sin duda es una buena noticia, pues contamos con una institucionalidad más sólida para enfrentar casos como estos, que, por supuesto, siempre habrá. Pero lo importante es que se encuentren, se juzguen y que los responsables paguen por este delito que tanto impacto tiene en el bienestar de las familias.