El caso WOM: por qué financiar a una empresa en quiebra

La bancarrota de la empresa de telecomunicaciones ha puesto de relieve dos desafíos fundamentales para las leyes de insolvencia, describe la siguiente columna de opinión para CIPER: la financiación de la reorganización y la decisión sobre el destino de la empresa. La legislación chilena ofrece procedimientos de reorganización y liquidación, y está por verse la eficacia del enfoque elegido.

Ha sido noticia en estas últimas semanas lo que en medios de comunicación se ha identificado como «la quiebra» de WOM, empresa de telecomunicaciones fundada en 2015 y que llegó a convertirse en la tercera mayor participación de mercado de nuestro país, solo detrás de Movistar de Telefónica y Entel SA, con más de ocho millones de clientes. WOM-Chile enfrentó una serie de incumplimientos y el fracaso de sus intentos de refinanciar una deuda de US$348 millones que vencía en noviembre pasado. En consecuencia, la compañía decidió acogerse a una reorganización judicial, bajo el capítulo 11 de Estados Unidos, que le permitirá reestructurar pasivos por US$1.630 millones. Bajo esta legislación, se congelan momentáneamente las acciones de cobranza hacia WOM en Estados Unidos y la empresa mantiene el control de la gestión.

Más allá de las decisiones estratégicas de esta compañía en particular, su caso nos permite reflexionar sobre dos de los múltiples desafíos que enfrentan las legislaciones de insolvencia. El primero es cómo entregar financiamiento a la empresa para permitir que implemente su plan de reestructuración. En este caso, como parte del proceso, la empresa obtuvo un acuerdo de financiamiento Deudor en Posesión (Debtor In Possession, DIP, por su sigla en inglés) por US$200 millones —proporcionado por JPMorgan— que le permitirá mantener sus operaciones. Se espera que estos recursos ayuden a cumplir con las deudas y compromisos de proyectos adquiridos en Chile.

Ahora bien, ¿por qué una compañía que está en quiebra puede obtener más financiamiento? ¿Por qué un banco o un acreedor podría estar dispuesto a financiar a una empresa que ha llegado a esta situación? Prestarle dinero a una empresa en quiebra es contraintuitivo. Es muy riesgoso. Por ello, la legislación estadounidense entrega incentivos a los financistas DIP. Estos acreedores tienen preferencia de pago respecto a los demás acreedores. Si el proceso de reorganización fracasa y la empresa es liquidada, los financistas DIP tienen prioridad respecto a los activos.

Por otra parte, para proteger a los acreedores originales, el financiamiento DIP es supervisado por el tribunal de quiebras, el cual aprueba las condiciones del financiamiento, las tasas de interés y las condiciones de pago. Además, el tribunal exige que la administración entregue información periódica del avance del proceso de reestructuración, a fin de mantener la transparencia y entregar confianza a las partes involucradas.

El segundo desafío para las legislaciones que este caso resalta es: ¿Cómo tomar la decisión correcta respecto al destino de la empresa? La legislación chilena contempla dos procedimientos para reorganizar y/o liquidar los activos y pasivos de una empresa. En primer lugar, el Procedimiento Concursal de Reorganización tiene por objetivo la reestructuración de los pasivos y los activos de una empresa cuando esta es viable. En segundo lugar, el Procedimiento Concursal de Liquidación que busca la liquidación de los bienes de la empresa para el pago de los acreedores cuando la empresa no es viable. Durante el año 2023, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento registra 49 procedimientos concursales de reorganización y 1.099 procedimientos concursales de liquidación de activos. Estos últimos se concentran en la RM (48,6%), Región de Valparaíso (9,3%), Región de la Araucanía (7,6%) y Región del Biobío (7,2%).

Las legislaciones de insolvencia procuran evitar que sus procedimientos lleven a dos tipos de errores [CARRASCO 2020]. El error tipo I es liquidar empresas que son viables; es decir, liquidar una empresa cuyo valor de liquidación es menor al valor que tiene al ser reorganizada. El error tipo II es mantener en funcionamiento empresas inviables; esto es, reorganizar una empresa cuyo valor es menor al que tendría siendo liquidada.  A este respecto, llama la atención que del total de 1.148 empresas que registraron un procedimiento durante 2023, una enorme mayoría de 95,73% (1.099 empresas) inició un procedimiento de liquidación de activos y solo un 4,27% (49 empresas) realizó un proceso de reorganización. En principio, esta proporción podría ser un indicio de una tendencia hacia un error tipo I que haría reflexionar a una empresa que pudiera elegir entre someterse a la legislación de insolvencia chilena o a la legislación norteamericana.

En el caso de WOM Chile, distintas partes interesadas, desde la administración de la empresa hasta la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, además de JP Morgan y el tribunal norteamericano, coinciden en considerar que el negocio de WOM es sano y la empresa sería viable si puede reorganizar sus pasivos y, eventualmente, modificar su estructura de capital. Está por verse si estos actores están en lo cierto y la decisión de mantener la operación de WOM-Chile fue correcta.