La urgencia de la educación sexual integral

Una nueva polémica en torno a charlas de contenidos inapropiados para escolares devuelve en estos días el tema de cómo niños, niñas y adolescentes reciben en Chile una guía que les permita orientar una sexualidad sana y segura. En columna para CIPER, una especialista en psicología y salud pública comenta cómo el tema no puede seguir esperando: «Se necesita un currículo de ESI que sea actualizado y apropiado al desarrollo de las cambiantes necesidades de la adolescencia hoy, con objetivos de salud claros. Negar esta información y cuidados viola derechos y tiene consecuencias adversas, tanto en desarrollo individual, como para la salud pública de la población general.»

Cuando viví mi adolescencia, eran comunes las anécdotas sobre malos tratos al interior de la pareja, el miedo a practicarse un aborto, violencia hacia personas LGBTQ+ y la falta de acceso a la Salud Sexual y Reproductiva (SSR). Muchas veces me vi enseñándoles a mis cercano/as acerca de educación sexoafectiva y la sexualidad misma, y no porque yo estuviese más calificaciones para ello, sino porque el acceso a esta información se trata de un derecho. Según la literatura científica, recibir educación sexual durante la adolescencia puede prevenir la iniciación sexual temprana y ayudar a tomar decisiones responsables [OMS 2023], y no tener acceso a ella aumenta la vulnerabilidad ante enfermedades de transmisión sexual o abuso sexual. Es por ello que padres y madres no pueden ser los únicos responsables de educar a sus hijo/a/es sobre «la intimidad». La educación sexual integral (ESI) es una responsabilidad de salud pública y un tema de justicia social.

Hoy Chile necesita urgentemente legislación de salud y educación integrada en cuanto a ESI, y que esta pueda satisfacer las necesidades de adolescentes y jóvenes.

Cada vez que una polémica devuelve este tema al debate público comienzan a circular argumentos poco científicos, y diversos sectores recurren a presiones y a lobby. A mediados de 2023, coincidieron la acusación constitucional contra el entonces ministro de Educación por «​​presuntas infracciones en la implementación y ejecución de los programas de educación sexual del ministerio» y las denuncias de abuso sexual por parte de personal médico en una escuela de Talcahuano. Esta semana, en tanto, ha saltado a los medios la denuncia de un grupo de padres de una escuela de Arica cuyos hijos de quinto básico (9 a 10 años) recibieron una charla sobre sexualidad de contenidos inapropiados para la etapa de desarrollo de los menores, además de estar fuera de un protocolo claro y no haberse discutido previamente con la comunidad escolar.

Se trata de temas que no son livianos, y que exigen una discusión con evidencia científica. Niños, niñas y adolescentes (NNA) representan el 24% de la población chilena, y 70% de ésta utiliza el servicio de salud pública [DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 2021]. Necesitamos por eso un plan a largo plazo que, además de enseñar ESI en la escuela, dicte estándares de salud y estrategias para su alcance efectivo. Hoy la Ley 20.418 aborda la «fertilidad» (métodos anticonceptivos o de gestión reproductiva) y las ETS de manera insuficiente en el currículo escolar, considerando que Chile «tiene las más altas tasas de nuevos casos de VIH en América Latina» [FERRER et al. 2022], con alzas en las ETS en la población de entre 15 y 25 años reportadas el pasado agosto por el MINSAL. Desde la epidemiología, estos números son indudablemente una crisis de salud pública.

Más grave aún, esta ley no especifica diferencias de desarrollo biológico, psicológico y sexual entre grupos etáreos, planteando «normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad». Con el mayor uso de la tecnología y los grandes cambios socioculturales de la última década, es una normativa que requiere urgente reevaluación, y no desde posturas que promuevan mitos ni desinformación. Chile necesita un currículo de ESI que sea actualizado y apropiado al desarrollo de las cambiantes necesidades de la adolescencia hoy, con objetivos de salud claros. Negarles a NNA esta información y cuidados viola sus derechos y tiene consecuencias adversas, tanto en su desarrollo individual, como para la salud pública de la población general.
 
 

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Hace unos años, el proyecto de ESI propuesto por la diputada Camila Rojas fue rechazado por el Senado. En abril del año pasado consiguió ser aprobado el Proyecto de Resolución N° 643, que un grupo de diputadas liderado por Emilia Scheider había presentado con la solicitud al Poder Ejecutivo de «el envío de un proyecto de ley para una política nacional de Educación Sexoafectiva Integral». Este no es un tema que pueda seguir esperando. El 82,9% de lo/a/es jóvenes obtiene en redes sociales información sobre enfermedades de transmisión sexual, antes que acudiendo a su familia [INJUV 2019] . Dejar que la juventud explore su sexualidad sin la educación ni apoyo apropiados es un riesgo, debido a la posible exposición a información no apta para menores, prácticas sexuales inseguras o la falta de conocimiento y lenguaje para denunciar eventual abuso sexual.

Desde la oposición, han surgido organizaciones bajo lemas como “Con Mis Hijos No Te Metas” o “Firme Contra la ESI”, las cuales proponen que la educación sexual desde fuentes estatales tiene componentes ideológicos que violan el derecho de padres y madres a educar según su parecer [ver columna previa en CIPER-OPINIÓN: “Cómo la frase con mis hijos no te metas perpetúa el desconocimiento en sexualidad y afectividad“]. Sin embargo, no son ello/as los únicos responsables de proveer de información médica sensible en un tema que tiene efectos directos sobre la salud pública.

Al sugerir la necesidad de que se provea de «orientación para la vida afectiva y sexual» durante la enseñanza media, la Ley 20.418 apunta que ésta sea «de acuerdo a sus creencias o formación. En la práctica, esto deja en manos del MINSAL «[disponer] el modo en que los órganos con competencia en la materia harán efectivo el ejercicio de este derecho», dejando pendiente establecer estándares nacionales y longitudinales en materia de SSR, con direcciones generales y metas concretas para una óptima ejecución.

Una nueva ley de ESI debiera contemplar estándares de educación y salud, tanto en componentes biológicos (fertilidad, comprensión de ciclos corporales, y transmisión de ETS/ITS) como de violencia sistémica hacia mujeres y minorías sexuales (en el pololeo, delitos de odio, suicidio), así como en lo referido a abuso sexual, particularmente de menores. Es responsabilidad del Estado, y no únicamente del gobierno o la familia, velar e informar a su población, para así asegurar la protección de su salud. La necesidad urgente de la ESI y SSR en Chile nace de la deuda de una resolución legal longitudinal, con una política unificada que eduque para mejorar la salud pública, problematice la violencia de género y minorías, y permita a la población vivir plenamente en su SSR. Una vida libre de violencia y con la mayor cantidad de recursos disponibles para tomar decisiones entusiastas y bien informadas es un derecho humano, y una necesidad para NNA en Chile. 

Entre las estrategias concretas para un modelo efectivo de SSR entre adolescentes, la literatura científica sugiere: hacer los planes de ESI y SSR amables y apropiados a jóvenes y adolescentes; conectarlos con programas de salud pública o centros de salud específicos; tener profesionales calificados en espacios educativos y médicos en la materia; que estos sean gratis en costo; que el currículo escolar de ESI sea tranversal al ciclo educativo (desde preescolar a enseñanza media), apropiado según el desarollo y con contenido diferenciado para promover la autonomía progresiva; enseñar diversidad para crear una sociedad más tolerante y libre de violencia. Las posibilidades son infinitas, y han sido estudiadas exhaustivamente, siendo imaginadas y ejecutadas localmente por organizaciones como Amnistía Internacional, ESIgualdad Chile y APROFA, entre otras. Apoyar estas iniciativas y demandas puede darse de múltiples maneras, conversando en familia, especialmente con jóvenes; asegurando que sepan de su derecho a acceder atención médica que podría cambiar sus vidas.

Es algo que yo no tuve en mi reciente adolescencia en Chile, pero a lo que me gustaría que las futuras generaciones pudiesen acceder, junto con un sistema de apoyo médico que potencie una vida sana sin violencia. No resolver esta necesidad urgente en la salud pública de Chile, a través de la difamación, ignorancia o estrategias de persuasión moral, niega a la juventud, a las futuras generaciones y la población general, el derecho fundamental a una vida sexual plena y sana.