#8M Las deudas del gobierno feminista

«Cuando es vacua, la paridad se hace exigua para angostar las abismantes brechas de justicia social que continúan exhortando a las otras mujeres a las distancias más extensas, entre el pan duro recalentado y la confianza en los organismos estatales…»

La ironía no se nos escapó cuando, apenas asumir, el nuevo presidente prometía liderar «el primer gobierno feminista de Chile», con un hombre a la cabeza. Ad portas de un nuevo 8M, y a dos años de esa largada, hemos de  preguntarnos si acaso el feminismo al que aludía entonces Gabriel Boric y su entourage político es o no similar a aquel por el que las mujeres en la otredad del filtro político, indefectiblemente, batallamos.

Pese a ciertas marcas y símbolos de aparente avance, como el cuidado por la paridad en cargos públicos y otras medidas de mayor o menor visibilidad para las mujeres chilenas, el gobierno en ejercicio no ha podido desprenderse de una obcecada marca de decepción frente a promesas deficientemente cumplidas o, simplemente, reaccionarias. Hoy parece no tener escapatoria para el constante rugido social que le enrostra las múltiples urgencias desatendidas de las mujeres. Como los anzuelos cargados de piure fresco en las «caletas con perspectiva de género» no sacian el hambre, nos mantienen pensando que algo mejor y más contundente está por venir.

Algo como, por ejemplo, terminar 2023 con uno de los índices más altos de femicidios frustrados. O algo como que, en sólo 64 días de 2024, la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres ya informa de doce muertes violentas de mujeres, a las cuales hay que agregarle el deceso más reciente, ocurrido el 2 de marzo en Rancagua. Para otras seis muertes sospechosas de mujeres en lo que va del año no existen nombres ni registros.

Acá va otro «algo»: comparativamente a 2021, los casos conocidos de delitos sexuales han ido en aumento: 20.7% en 2022 y 7% en 2023 [CEAD]. Esto, pese a la ampliación presupuestaria para el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, anunciado con rimbombancia y en redes sociales con el objetivo de resguardar a las mujeres de todas las violencias. Pero lo cierto es que el gobierno de Gabriel Boric y el mando ministerial concerniente a Antonia Orellana han fallado en su intento por convertir en evidencia concreta aquel ímpetu de cambio fundado en el feminismo. Es más: a la luz de sus resultados, por momentos parece que el interés primario es transformarse en una caricatura desdibujada y antojadiza posmaterialista; un gobierno de influencers.

Así como la forma progresista de barbas aromáticas, estilosos trajes cortos de dos piezas y atavíos de turista social por conveniencia ha sido celosamente protegida, lo mismo puede decirse, lamentablemente, del feminismo oficialista: anuncios vistosos pero despreocupación por el fondo; olvidando que, cuando es vacua, la paridad —que el presidente señaló como símbolo de su gobierno feminista— se hace exigua para angostar las abismantes brechas de justicia social que continúan exhortando a las otras mujeres a las distancias más extensas entre el pan duro recalentado y la confianza en los organismos estatales.

No todas las mujeres son feministas, señor presidente.

La indiferencia hacia las urgencias de las mujeres chilenas ha sido una constante en nuestra historia política, pero nunca antes habíamos visto a tantas autoridades manipular tan abiertamente la capacidad electoral y la desesperanza femenina. Una cosa son las intenciones, y otra, los resultados.

Al menos en cuanto a violencia intrafamiliar y de género no es cosa de opinión, sino de estadísticas. Entre 2021 y 2023 Chile ha ascendido 25 lugares en el índice global del crimen organizado, y en esa dramática alza las mujeres y niñas aparecen también de manera recurrente. El tráfico de personas, por ejemplo, cuyas víctimas son mayoritariamente mujeres y niñas explotadas sexualmente, figura en primer lugar de una variada lista de conductas desviadas en el país. No obstante, nada se ha escuchado desde el Ministerio de la Mujer al respecto. Las niñas chilenas que son víctimas de tráfico permanecen en el anonimato: no las vemos en fotos ni haciendo stories para pedir ayuda, pues no pueden hacerlo.

Si de algo puede servir la conciencia en torno a esta nueva conmemoración del 8M acaso sea sacudir el estrecho entendimiento de que la forma open-minded no basta. Cuando la respuesta del Estado es mínima o ineficaz, sus autoridades son cómplices de todas las conductas delictivas particulares que hoy persisten en la tortura, violación y comercialización de mujeres y niñas prostituidas, quienes no podrán marchar ni este ni ningún otro 8 de marzo.