Más (y más) alzas en la tarifa eléctrica

Los usuarios nos vemos hoy frente a anuncios de aumentos significativos de los costos de nuestro consumo eléctrico. Pero se vienen más alzas, advierte en esta columna para CIPER el director ejecutivo de la Fundación Energía Para Todos, quien propone la renegociación de antiguos contratos como una vía legítima de solución tanto para las familias como para el medioambiente.

Desde mi última columna en este medio [ver «Un ‘zapato chino’ energético» en CIPER-Opinión 04.10.2023], la urgencia por modificaciones en el debate sobre energía, contaminación y tarifas eléctricas no ha hecho más que escalar. El informe definitivo de la Comisión Nacional de Energía de hace un par de semanas indica aumentos en las «cuentas de la luz» a los usuarios de entre un 8% y un 88%, lo cual provocó que el Ministerio de Energía ingresara el proyecto de estabilización «PEC 3», con el fin de «mitigar la brusca alza», en palabras del ministro Pardow.

Se trata de una iniciativa que, sin embargo, se encuentra hoy en una situación incierta. Se ha conformado una «bancada por la reducción de la tarifa eléctrica» [foto superior], con un grupo de diputado/as que rechazaron la iniciativa del Ministerio de Energía y proponen renegociar con las eléctricas los contratos antiguos, caros y fósiles como la vía para la reducción de la tarifa. El debate toma un nuevo rumbo (otro más), sin seguridad de que este realmente pueda beneficiar a los ciudadanos.


QUÉ ES EL «PEC3»
El 11 de octubre pasado, la Comisión de Minería y Energía del Senado llegaba a un acuerdo con el Ministerio de Energía en el que, en parte, se establecía el compromiso de presentar ese mismo mes un proyecto de estabilización del precio de la tarifa para hacer frente a la gran deuda existente con las generadoras. Los medios hablaban entonces de US$5.000 millones en falta, a propósito de los mecanismos de estabilización «PEC 1» y «PEC 2», lo cual se sumaba a la deuda que día a día genera el atraso en la actualización del precio de la energía (responsabilidad íntegra de la Comisión Nacional de Energía y Ministerio de Energía). De hecho, el aumento de tarifas recientemente anunciado por la CNE es el que correspondía al primer semestre del año 2023; en otras palabras, durante todo el año pasado pagamos una tarifa menor a la que realmente era. Al día de hoy, según algunos, la deuda es de un total de US$6.000 millones.

El Ministerio de Energía no cumplió su compromiso en octubre, pero sí con tres meses de atraso. Así, la semana pasada anunció el ingreso al Senado del proyecto de estabilización «PEC 3»; el cual, en simple, propone pagar paulatinamente la deuda que tenemos a través de un aumento sostenido y prolongado de las tarifas eléctricas hasta el año 2035, agregando además un cargo extra (de $22 por KW en el período 2025-2027, y de $9 por KW en 2028-2035).

Así, si ya teníamos asegurado el alto precio de la electricidad hasta el 2032 producto del mecanismo de estabilización «PEC 2», ahora tendremos asegurados precios aún más altos por tres años más.

El proyecto recién presentado propone eliminar la diferenciación de precios por nivel de consumo que se creó cuando se puso en vigencia la ley «PEC 2», en agosto de 2022. Pero, ¿qué trae consigo la eliminación de esa diferenciación? Significa que los grandes consumidores de electricidad tendrán un alza mucho menor a la anunciada originalmente (no más de un 20%, según el Ministerio de Energía), pero que para todo el resto de los consumidores, que son el 95% de la población, el alza a partir del próximo año será mayor (no de un 8%, como se nos dijo, sino que de un 12%). Recordemos que a este aumento hay que sumarle el cargo extra de $22 por kWh, lo cual, variando según localidad, en realidad significará un alza en las «cuentas de luz» particulares de un 15%. En total, el proyecto aumentará en un 27% el alza de la cuenta al pasar el primer año.  

UN SUBSIDIO INSUFICIENTE
Desde el Ministerio de Energía defienden el proyecto de ley del «PEC3» apuntando a que trae consigo un subsidio para las familias más vulnerables. Sin embargo, el análisis detallado no nos permite ser tan optimistas. 

Se trata de un subsidio de US$120 millones destinado a unas 850 mil familias pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad (en términos reales, un 9.5% de los hogares del país). Pero este está financiado sólo en un 17% por aportes del Estado, y todo el resto (83%) por los propios consumidores. O sea, es un subsidio cruzado: al 90.5% de la población le cobrarán un poco más para subsidiar al 9.5% subsidiado.

Y no es ésa la única «letra chica» de esta propuesta. El diseño del subsidio se hizo sobre la base de una canasta básica por hogar de un aporte máximo de $11.180 mensual. De esta forma, las familias a las que ahora les suba la cuenta un 27%, tal como propone el proyecto, enfrentarán un alza mayor al subsidio que reciban. Esto es muy relevante, pues el beneficiado no verá en la práctica la ventaja de haber obtenido el subsidio, dejándole de asignar valor público a la medida.

Por último, si éste es un subsidio que, en palabras del ministro Pardow, apunta a la disminución de la pobreza energética, parece entonces muy relevante preguntarse conceptualmente qué es lo que entendemos por ella [ver columna previa del autor: «Qué es la pobreza energética y por qué importa como política pública», en CIPER-Opinión 27.07.2022]. En términos muy simples, la pobreza energética es la relación de las personas con la energía, vista desde el acceso, la calidad y equidad que estas tienen a ella. Quienes se encuentran en mayor situación de pobreza energética, desde el punto de vista de la equidad, son aquellas familias que perciben un ingreso bajo y tienen un consumo alto; lo cual en nuestro país tiene directa relación con el grado de hacinamiento de las familias (la cantidad de personas «detrás del medidor», podríamos decir).

El subsidio recién descrito tiene buenas intenciones, pero está mal diseñado. La pregunta no es a cuántos hogares beneficia sino, en realidad, cuántas familias pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad en el país terminarán pagando un costo de electricidad mayor al subsidio entregado. 

LA URGENTE RENEGOCIACIÓN
En columnas previas he propuesto como una vía para la reducción de la tarifa eléctrica la renegociación de los contratos de largo plazo que se mantienen con las empresas eléctricas y que fueron firmados antes del año 2015. Desde 2006 y hasta la fecha, prácticamente todos los años se han hecho licitaciones que han cerrado contratos con un precio definido. Estos últimos han sido de dos tipos: aquellos acordados en el período 2006-2014 tuvieron precios muy caros y estuvieron asociados a fuentes fósiles (o sea, que si sube el gas, el petróleo o el carbón nos sube la cuenta de la luz). Aquellos de 2015 en adelante han sido más baratos y asociados a las energías renovables. El problema es que el precio de la energía que hoy pagamos es un promedio de todos los contratos, los caros y los baratos, y es por eso que la entrada de las energías renovables nunca bajó el precio de la «cuenta de la luz», pues aún seguimos pagando contratos antiguos, caros y fósiles, que ya es hora de renegociar.

Nuestra propuesta a este último respecto fue tomada por un grupo amplio y transversal de diputadas y diputados, y se materializó el pasado 13 de diciembre con la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara. De esta forma nació la «Bancada por la Reducción de la Tarifa Eléctrica», la cual ya cuenta con alrededor de treinta parlamentarios que se han mostrado contrarios al proyecto de ley del «PEC3». La bancada ha sido muy clara, además, en buscar bajar la tarifa eléctrica a través de la renegociación de contratos y el mayor impulso a las energías renovables (tal como hace poco lo hizo en CODELCO el ex ministro de Energía y actual presidente de la minera, Máximo Pacheco, descarbonizando en un 70% su matriz eléctrica; ver video a continuación). 
 

 

Pienso que frente a la crítica situación actual respecto a tarifas eléctricas y matriz energética, lo primero que debe resolver el Estado es si en nombre de sus ciudadanos debe emplear políticas públicas que vayan en ayuda de las familias; en especial, de las más vulnerables. Si la respuesta es afirmativa, la renegociación de contratos con las generadorass es una alternativa que debiera observar y trabajar. Esta alternativa, además de  producir un impacto muy positivo en la población, lograría el deseable objetivo de normalizar las tarifas eléctricas, dejando de generar las deudas con las generadoras.

Resuelta dicha disyuntiva, se deben poner todas las alternativas de renegociación sobre la mesa. Estas incluyen: extender contratos a cambio de disminución de precios, inyección de recursos estatales a través de ENAP, relicitación de contratos regulados, compensación a suministradores de energía mediante sistema take or pay, etc. Lo importante es que —y estimo que gran parte de la población coincide con estas prioridades— las alternativas que luego se comiencen a trabajar bajen la tarifa e impulsen aún más las energías renovables.