El Juzgado de Garantía de Antofagasta confirmó la legalidad de la detención de Daniel Andrade y Carlos Contreras. Estos quedaron formalizados por delitos de fraude al Fisco que, según detalló el Ministerio Público, apuntan a que se haya pactado un convenio entre personas vinculadas, a que se hayan destinado los recursos mayoritariamente al pago de sueldos y porque Democracia Viva no cumplía con los requisitos para adjudicarse el programa. La defensa solicitó la suspensión del procedimiento alegando que no había un perjuicio fiscal claro en las imputaciones, señalando que los fondos no llegaron al “bolsillo” de nadie. La jueza declinó la solicitud.
“El señor Contreras excedió en sus facultades sin fundamento alguno, justificación o razón, e instruyó el día 12 de julio de 2022 a Alfonso Legunda Zatas, jefe del Departamento de Planes de la Seremi (de Vivienda) de Antofagasta, que contactara a Daniel Andrade Swarze, representante legal de la Fundación Democracia Viva, para que fuera receptora de los fondos públicos de los convenios, proporcionándoles sus contactos”.
Con esas palabras, el fiscal Cristián Aguilar comenzó a describir los hechos por los cuales se imputan delitos de fraude al fisco al director de Democracia Viva, Daniel Andrade, y al exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, los que fueron formalizados este jueves 14 ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta.
Según lo expuesto por el Ministerio Público serían tres las conductas constitutivas de fraude al fisco:
Haber pactado el convenio entre personas relacionadas.
Haber gastado los fondos en honorarios que superaron lo fijado en una resolución exenta.
Haber omitido que la fundación no cumplía con la totalidad de los requisitos para adjudicarse los $426 millones que le fueron asignados por el seremi Contreras.
Estos son los hechos que se tuvieron a la vista para solicitar la orden detención, registro de sus domicilios y la formalización de ambos imputados. Y aunque la defensa solicitó que se suspendiera el procedimiento, alegando que no había un perjuicio fiscal claro en estas imputaciones porque los fondos no llegaron al “bolsillo de nadie”, la jueza Sissi Bertoglio-Talap declinó la solicitud.
La fiscalía hizo hincapié en que Andrade y Contreras se conocían previo a la firma del convenio, no solo en virtud de que ambos eran militantes de RD, sino además porque la diputada RD, Catalina Pérez, había sido jefa del Seremi de Vivienda en el Congreso y pareja del director de Democracia Viva. El fiscal reprochó que, dadas estas vinculaciones, no se haya adoptado el deber de abstención y que se diera curso a tratos directos con personas que mantenían “amistad íntima”.
El fiscal agregó que “Contreras logró modificar intencionalmente la nómina de fundaciones que en 2022 serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos, logrando la incorporación de Democracia Viva”. Esto apuntando al envío del Oficio N° 1.711, del 3 de agosto de 2022, donde solicitó la reasignación de recursos para la ejecución del proyecto de habitabilidad primaria. Además de otro oficio emanado en octubre de ese año, donde designó como receptoras de recursos a Democracia Viva y Fundación Tomarte.
El 10 de agosto, según la cronología presentada por la fiscalía, Contreras sostuvo una reunión con Andrade: “Lo que bastó para que 30 días después se suscribieran los primeros dos convenios por $370 millones”.
La segunda imputación de la fiscalía sostiene que Democracia Viva no cumplió con los requisitos necesarios para recibir transferencias públicas: no estaba inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos ni contaba con el giro necesario para realizar las obras de mejoramiento en los asentamientos precarios que debían ser beneficiados con este programa. Esto último, según los cargos presentados por la Fiscalía Regional, fue modificado por Andrade luego de suscribir los dos primeros convenios: “El imputado cambió a su beneficio el giro de Democracia Viva, lo que estaba en conocimiento de Contreras”.
La fiscalía también aludió a que Democracia Viva contaba, al momento de suscribir los convenios, con menos de un año de existencia. Aunque las condiciones fijadas en la Resolución Exenta N° 366, del 28 de julio de 2022, establecen que las fundaciones con al menos seis meses de antigüedad pueden participar de los procesos.
Y como tercer punto, imputó que la mayoría de los dineros transferidos fueron al pago de honorarios y no para ejecutar obras en beneficio de los asentamientos precarios (tomas y campamentos), siendo que esto último era el principal objetivo de estos programas del Ministerio de Vivienda. La fiscalía afirmó que las remuneraciones pagadas fueron superiores a las fijadas en la ya mencionada Resolución Exenta N° 336, suscrita por el exseremi.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Contreras y Andrade, asunto que no terminó por discutirse. “Pedimos que se extienda la prisión preventiva porque la libertad de ambos representa un peligro para la sociedad”, señaló el fiscal Aguilar. A las 18:24 horas de hoy jueves 14 de diciembre, la jueza determinó receso hasta el día siguiente.
"CONTRERAS DEJÓ EN INDEFENSIÓN AL ESTADO"
“Contreras dejó en indefensión al Estado”, fue una de las conclusiones que la fiscalía presentó en la formalización. Aquello fue sostenido porque en el transcurso de la investigación, cuya reserva se levantó hace dos días, se detectó la “ausencia de un plan de trabajo”, dijo el fiscal Aguilar. “Contreras no se preocupó de exigir a Democracia Viva especificaciones técnicas y plazos, en suma, un plan de trabajo para fiscalizar la correcta ejecución de las obras”, agregó.
El rol de Andrade fue descrito por la fiscalía como el de la persona que “distorsionó los montos de los convenios comprometidos”, a través del mecanismo de no consignar “el monto bruto y no líquido, dejando fuera el descuento por pago de impuestos”. Aquello, según la investigación, tenía como objetivo beneficiar a su círculo cercano en desmedro del mejoramiento de “las condiciones de vida de las personas que debían verse beneficiadas”.
En 2022, la Fundación Democracia Viva suscribió tres convenios con la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Antofagasta del Ministerio de Vivienda (Minvu), presidida por Carlos Contreras. Se traspasaron, para el trabajo denominado “Laboratorio de Acción Territorial Antofagasta”, fondos públicos por $426 millones. El 66% de los recursos, según cálculos de la Subsecretaría de Justicia (vea acá ese reportaje de CIPER), se destinaron al pago de sueldos y 33% a costear obras para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de campamentos de la zona.
El primero de esos convenios, consignado con el N°504, se firmó el 3 de octubre de 2022. Se transfirieron $200 millones para su ejecución. Según el cálculo hecho por el ministerio, que CIPER reveló en septiembre, los gastos de ese proyecto se dividen en 66,28% en honorarios, mientras que el 33,72% restante se relaciona con gastos de contratos de construcción y otras facturas. Asimismo, para la ejecución del segundo convenio, el N° 576, se traspasaron $170 millones. Según el oficio del ministerio, el gasto en honorarios en este convenio fue de 42,72%; mientras que, en construcción, 57,78%. En el tercer convenio suscrito, por $56 millones, solo 2% de los fondos se utilizaron en obras de mejoramiento.
En septiembre, Carlos Aguilar, jefe del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, explicó a CIPER: “La estructura de gastos está concentrada especialmente en el pago de honorarios de diversas especies, alcanzando un orden del 70% aproximadamente y un 30% restante se destinaba básicamente para el objeto del convenio. Dos de los tres convenios eran de carácter operativos, de hacer cosas materiales. Entonces, llama la atención precisamente que en esos convenios también pasara lo mismo, que había pocos materiales y mucha más plata para los honorarios”.
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Todas las obras públicas o privadas deben financiar los recursos humanos y fisicos, en el inicio de esta es rezonable que en una fundación que trabaja para el Estado su primer rendición se haga con una proporción del 70% para los contratos de las personas y un 30% para instalación de faenas, sinó, ¿hay alguna explicación para demostrar lo contrario%, además en el campo laboral donde el director de la fundación con experiencia laboral es un Ingeniero civil industrial titulado en la mejor universidad del país, la Universidad de Chile, hay explicación para decir que no tenía mérito para ser el director, cabe hacer notar que el señor Andrade no recibió sueldo y solo autorizó los pagos que desde la fundación en la obra le informaron, en este caso la profesional en obra, esta acusación se maquinió en el congreso por gente ignorante de una obra y con el propósito de perjudicar a un partido político, llamando fraude al fisco a lo obrado por el Ingeniero Civil Industrial Cristián Andrade en circunstancia que el no es empleado público, esto no es más que una injusticia en su contra y me atrevo a decir, una vulgar y desinformada e ignorante persecución política en contra de este gobierno.
Luis Carreño | 01.01.2024
Impecable trabajo de investigación y denuncia.
Es de esperar que los casos que aun deben quedar "sueltos" sean investigados y como este sean llevado a los tribunales.
Finalmente que todo sea transparentado y los responsables enfrenten a la justicia por el bien de nuestro pais.
Guillermo | 19.12.2023
Me parece muy eficiente la acción de la Fiscalía en esta ocasión.
Espero que al fiscal que le corresponda investigar los fraudes del abogado Hermosilla y compañía le resulte todo más fácil, ya que el carácter delictivo de las conductas llevadas a cabo por él y sus cómplices fue definido por un experto.
