CARTAS: Saltarse la fila en Salud

Señor director:

El Ministerio de Salud anunció en julio que las terapias para abordar dos enfermedades de alto costo –la Atrofia Muscular Esquelética (AME) y Fibrosis Quística (FQ)– no se financiarían mediante Ley Ricarte Soto (RS). Los dos motivos aparentes eran la falta de recursos en dicha normativa y la necesidad de usar mejores mecanismos de pago que los permitidos en la ley, que contribuyan a la sostenibilidad financiera del sistema, al acceso de la población y a compartir el riesgo financiero con el oferente de la terapia cuando no existe plena evidencia de su efectividad. Cabe mencionar que algunos tratamientos de estas condiciones de salud están judicializados, es decir, los pacientes han demandado al Estado para que financie dichos tratamientos y el Poder Judicial ha fallado a favor de ellos, ordenado que Fonasa los financie.

Aun cuando se comprende que existe una necesidad real de la población, una creciente judicialización y una intención de contener costos mediante nuevos métodos de pago, no parece prudente que se obvien los procesos establecidos por ley, que buscan justamente equidad, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos en salud, siempre escasos, reduciendo la discrecionalidad. Ha costado años establecer procedimientos de evaluación de tecnologías sanitarias, priorización y definición concordada de los beneficios en salud, especialmente en el sector de medicamentos de alto costo, donde existen muchos intereses relacionados y es deber público regular para que no exista oportunismo ni malas prácticas.

Para avanzar en esta línea, se deben abordar las razones de fondo esgrimidas por la entidad rectora, buscando agregar más recursos para la ley Ricarte Soto, armonizar los sistemas garantizados para aumentar la eficiencia, e incorporar la posibilidad de usar mecanismos innovadores de compra, mediante modificaciones a la norma asociada, ya que introducir un mecanismo de pago de riesgo compartido no es solo una línea de compra nueva, sino que involucra una nueva gestión y roles, por lo que se requiere también una mejor institucionalidad que la existente.  

La compra directa del Ministerio de Salud del medicamento Zolgensma para AME, uno de los más caros del mundo —cuyo costo es de $1.300 millones por cada paciente—, comprometiendo recursos del presupuesto hasta 2027, implica saltarse la fila de todos los pacientes, proveedores, actores y entidades del sistema sanitario que están siguiendo los conductos regulares y que también han solicitado la inclusión de terapias de otras condiciones de salud en el fondo de la Ley Ricarte Soto, en las garantías explícitas en salud (GES) y en Fonasa. Es complejo explicar a la ciudadanía que no hay recursos para ampliar las prestaciones incluidas en dichos programas, pero sí lo hay para estos casos.

Los principios de justicia asignativa y de igualdad de las personas en su relación con el Estado y la equidad en la atención de salud deben ser resguardados, evitando estas acciones y avanzando en mejorar los procesos existentes de evaluación de tecnologías sanitarias, como ha sido mencionado por los expertos y ex ministros convocados recientemente por el Senado. Esta arquitectura para la toma de decisiones en salud es fundamental para construir una salud universal que sea equitativa, justa y sostenible financieramente.