Otro flanco para el alcalde de Algarrobo: el millonario negocio de los convenios para tramitar permisos de circulación

En junio de 2022 la administración del alcalde José Luis Yáñez (UDI) aprobó un convenio con la automotora ICAR para tramitar permisos de circulación de autos 0 km. En sólo un año el trato generó $6 mil millones, que se dividieron entre Algarrobo y el Fondo Común de Municipalidades. Aunque la Contraloría resolvió que estos convenios deben tener “costo cero” para los municipios, Algarrobo ha pagado más de $700 millones a la empresa Don Gaspar, que brinda soporte y un software para procesar los cientos de permisos de circulación. El municipio argumenta que nunca ha pagado a ICAR y que el trato con Don Gaspar no sería un gasto asociado al convenio. Esta operación figura entre los antecedentes denunciados al Ministerio Público, el que abrió una causa por malversación en la que ya se emitió una orden de detención contra el alcalde y se dictó prisión preventiva para una funcionaria de la Tesorería Municipal.

La administración del alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez (UDI), está bajo la mira del Ministerio Público desde agosto pasado. Una denuncia por malversación de caudales públicos, que apunta a contratos, proveedores y cuentas de la municipalidad, originó una investigación de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso. La indagatoria tomó ribetes mayores cuando un funcionario de la Dirección de Asuntos Financieros de Algarrobo denunció millonarias transferencias desde la cuenta municipal a cuatro personas que no prestaban servicios al municipio, entre ellas, dos familiares del alcalde. Las transacciones, que según la Fiscalía ascienden a $1.060 millones, eran autorizadas por Belén Carrasco, funcionaria de la Tesorería Municipal a cargo de la elaboración y pago de nóminas. Ella quedó en prisión preventiva, mientras que sobre el alcalde Yáñez pesa una orden de detención por malversación y cohecho.

“A partir de una denuncia formulada el mes de agosto del presente año por la concejala Marcela Mancilla, de la Municipalidad de Algarrobo, la Unidad Anticorrupción se encontraba investigando un conjunto de operaciones que tuvieron lugar al interior de esa municipalidad y que podrían revestir carácter de delito”, declaró el fiscal Jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, cuando estalló la arista de las transferencias.

Entre las operaciones cuestionadas y que han sido objeto de denuncia ante la Contraloría y el Ministerio Público, están los contratos con la empresa “Asesoría e Inversiones Don Gaspar”, que provee a la municipalidad de un software que es clave para ejecutar un millonario convenio con la empresa tecnológica ICAR Chile S.A. En junio de 2022 Algarrobo firmó un acuerdo con ICAR para tramitar permisos de circulación digitales, un servicio que fue creado por ICAR y que es usado por las principales automotoras del país. Durante el primer año de funcionamiento, el convenio para otorgar permisos para autos 0 km., ha generado ingresos por más de $6 mil millones, los que se dividen entre Algarrobo y el Fondo Común de Municipalidades (ver informe).

Este tipo de tratos han estado bajo el foco de la Contraloría, quien definió que los convenios entre automotoras y municipios no pueden tener un costo para la entidad pública. Ese antecedente provocó cuestionamientos de concejales al decidir la contratación de Don Gaspar. Pero, los funcionarios de Algarrobo dijeron al Concejo Municipal que sin el software de Don Gaspar no podían cumplir con el millonario convenio de ICAR. Lo que no transparentaron, es que fue la misma empresa Don Gaspar la que llegó hasta el municipio con la propuesta de convenios para generar más recursos, y realizó gestiones para que ICAR firmara el acuerdo. Según la información de Mercado Público, la Municipalidad de Algarrobo ha pagado $762 millones a Don Gaspar por sus servicios.

Desde el municipio recalcan a CIPER que los pagos y contratos con Don Gaspar están en regla y que “el convenio con ICAR no genera ningún gasto presupuestario”, señaló Cristián Celedón, director jurídico de la municipalidad. “La Contraloría dice que los convenios con las empresas no pueden significar ningún costo y en ese sentido estamos bien. Lo que sí se hace, efectivamente, es un gasto por el software que nos permite, entre comillas, justamente hacer el procesamiento de los permisos de circulación de manera masiva”, agregó.

Pero el servicio de Don Gaspar va más allá de la habilitación de un software para el cumplimiento del convenio. Quienes han sido parte de procesos de negociación de Don Gaspar con municipios, dicen a CIPER que es la empresa, o su dueña, la abogada Denise Sánchez, la que propone inicialmente los convenios con grandes contribuyentes como una forma de aumentar los ingresos municipales. “Primero llega Don Gaspar y después los convenios”, destacan. 

Municipalidad de Algarrobo

La misma Denise Sánchez lo explicó a CIPER al ser consultada sobre el servicio inicial que pagó la Municipalidad de Algarrobo, vía trato directo por $48 millones, en junio de 2022:

-Nosotros vamos en primer momento, se entrega una cotización, donde va descrito todo lo que vamos a hacer. Nosotros le pedimos una cantidad de tiempo, que sea acotado, porque nadie está llamado a lo imposible, en donde nosotros durante “equis” cantidad de tiempo vamos a lograr tales logros, estos van a ser los logros. Los logros se miden en ingresos. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, nosotros en su momento vamos generando reuniones con distintas empresas entre el alcalde, o sea, la Municipalidad y las empresas. Después de esto, si la Municipalidad está de acuerdo y la empresa está de acuerdo, se genera un convenio entre la Municipalidad de Algarrobo y la empresa ICAR.

-¿Y a ustedes los contratan para ese servicio inicialmente, el primer trato directo, en Algarrobo?

-Sí, en Algarrobo. Y además de eso, administrar este convenio, porque se trabaja todo lo que significa Algarrobo, es de manera electrónica-, agregó Denise Sánchez a CIPER.

Este servicio de asesoría inicial, o corretaje, al que hace mención la dueña de Don Gaspar, no es mencionado en el primer trato directo con la Municipalidad de Algarrobo, el que sólo se remite a la asistencia técnica del convenio para sacar permisos de circulación (vea aquí el contrato). Según la concejala Marcela Mancilla este antecedente nunca fue expuesto al Concejo Municipal, ni siquiera en una reunión previa de preparación, en la que la empresa presentó los detalles de su servicios, junto al detalle del convenio con la automotora ICAR. 

Cómo llegó la propuesta de ICAR parece ser una incógnita en Algarrobo. La concejala Mancilla asegura que la automotora nunca se presentó ante el Consejo Municipal, mientras que el director jurídico de la municipalidad, Cristián Celedón, explicó a CIPER que “esa información te la podría dar el antiguo administrador municipal, que fue el que manejó todo. Él estuvo desde el inicio del proceso y finalmente. A mí me delegan las consultas más bien legales y administrativas”.

Consultado por CIPER, el exadministrador municipal, César Corvalán, que dejó su cargo hace tres meses, asegura que recuerda haber asistido a algunas reuniones, pero no los detalles de lo conversado: “Fui parte del proceso administrativo solamente”, dijo. Según profundizó,  “los convenios se celebran con el alcalde”.

LA NEGOCIACIÓN AMARRADA

Pasaron menos de 20 días entre el primer acercamiento de Don Gaspar con el municipio de Algarrobo y la firma de un trato directo por $48 millones, más el convenio con ICAR. Un comunicado emitido por Don Gaspar, en junio de este año, ante los cuestionamientos de la concejala Marcela Mancilla, indica que la primera reunión entre la empresa y la municipalidad fue el 17 de mayo de 2022, tras una solicitud vía Ley de Lobby ingresada el día anterior. 

Denise Sánchez recuerda que asistió al encuentro junto a un trabajador de Don Gaspar y que el alcalde José Luis Yáñez estaba acompañado del director jurídico y el exadministrador municipal, César Corvalán. El convenio con ICAR aún no estaba sobre la mesa. De este encuentro no hay registro, ni acta, en la Plataforma de Ley de Lobby, pero Sánchez hizo llegar a CIPER una captura del mail que confirmaba una cita a las 11:00 en dependencias municipales.

La dueña de Don Gaspar dice que en esa reunión ofrecieron “ayudar a crear vinculación entre la municipalidad y empresas del rubro automotriz para que así aumenten sus ingresos. Nosotros administramos ese convenio, tenemos un software que es de la empresa, al cual llegan bastantes órdenes de operaciones, se pueden codificar y decodificar múltiples órdenes de proceso”.

Pero esa cita no habría sido el primer encuentro. Según el escrito de una demanda laboral por vulneración de derechos fundamentales y despido injustificado, ingresada en febrero de 2023 por un extrabajador contra Don Gaspar, la primera reunión entre la empresa y representantes de la municipalidad se dio el 9 de mayo de 2022. Habrían asistido el ex trabajador de la empresa, Denise Sánchez y el alcalde Yáñez, junto a Corvalán y Celedón. De este acercamiento no hay registro oficial.

El 23 de mayo fueron presentados y votados en el Concejo Municipal de Algarrobo el convenio con ICAR y el trato directo con Don Gaspar. Aunque el primero fue aprobado sin problemas por los concejales, el trato directo por $48 millones fue rechazado, debido a la falta de antecedentes de la empresa y las dudas de algunos concejales sobre un modelo de negocios que había sido cuestionado públicamente.

En 2022, la Contraloría determinó que las comunas de Hualañé, Colbún y Río Claro, habían incurrido en gastos improcedentes, al pagar los servicios de habilitación del software de One Consultores para mantener convenios con la empresa automotora AGP S.A., debido a que se incluía el pago de un 16% por cada permiso tramitado, lo que fue revelado en el reportaje “El millonario negocio de los permisos de circulación” de T13. El Ministerio Público abrió una investigación por el caso. 

Desde septiembre de 2021 Don Gaspar mantenía un contrato con la municipalidad de Calle Larga por el servicio de acompañamiento y asistencia de software para convenios con automotoras, como ICAR y Americar. El acuerdo con Calle Larga establecía un monto fijo bruto mensual de $4,4 millones, más un porcentaje de los ingresos derivados de los permisos de circulación tramitados. 

Este antecedente surgió en la sesión del Concejo Municipal extraordinario. “Yo les deje súper claro -a Don Gaspar- que nosotros no vamos a hacer un trato directo ni nada por el estilo que tenga comisiones”, enfatizó César Corvalán, ante la pregunta de los concejales. El funcionario, que figuraba como alcalde subrogante, agregó que “Don Gaspar no tiene problema y no tuvo problema con una investigación de Chilevisión o de Canal 13, incluso un reportaje de ese estilo también tiene que buscar cuenta legal, va a ver si es que hay alguien preso, o si es que la Fiscalía determinó algo y en este caso solamente hay información”.

En la sesión hubo diferentes presiones para que el trato directo con Don Gaspar quedara amarrado el mismo día. Algunos concejales destacaron la ausencia del alcalde Yáñez en una sesión tan relevante. El concejal Luis Núñez reconoció que sólo tuvieron “dos días hábiles para revisar esto” y agregó algunos antecedentes, como, por ejemplo, que ICAR tiene convenios con otros municipios, como Providencia, y que no exige para su ejecución la contratación de ninguna asesoría o uso de un software, aunque reconoció que Algarrobo, siendo un municipio pequeño, necesitaba un apoyo externo para la tarea. Finalmente, ofreció la ayuda de la unidad de tránsito de la Municipalidad de Providencia.  

El concejal Marco González preguntó sobre la relación de ICAR con Don Gaspar. En la sesión, el exadministrador César Corvalán dijo que ambas empresas “no tienen relación comercial. Incluso, ahí la gerente fue súper abierta en decir que no tenía relación comercial con ICAR. Ellos venden un servicio aparte”. Pero Don Gaspar si tiene relación comercial con ICAR. Su dueña Denise Sánchez dijo a CIPER que le prestan un servicio en la Región de Los Lagos: “Lo que hacemos es administrar algunas operaciones de ellos en la ciudad de Puerto Montt”, explicó. Don Gaspar presenta un contrato en esa región, con la Municipalidad de Los Muermos, por $26 millones.

Sánchez no ve conflicto de interés en esta relación comercial con ICAR y el servicio que le presta a municipios para mantener sus convenios, ya que “es un convenio gratuito, no hay ningún pago de la municipalidad a ICAR y de ICAR tampoco a la municipalidad, lo único que se realiza es la emisión del permiso de circulación y el pago de este”. CIPER intentó tomar contacto -por distintas vías- con los gerentes de ICAR para consultar sobre su relación con Don Gaspar, pero no obtuvo respuesta. 

Antes de la votación en el concejo del 23 de mayo de 2022, el entonces administrador municipal, César Corvalán, advirtió: “No quiero hacer ningún tipo de presión ni nada por el estilo (…), ICAR necesita saber si es que hoy vamos a aprobar o no, en relación a que ellos también tienen otro tipo de requerimientos con otras municipalidades e invirtieron con nosotros”.

Finalmente, el trato directo se rechazó y pasó a ser votado en la sesión del 25 de mayo, en la que se terminó aprobando, tras el compromiso de enviar los antecedentes de la empresa a los concejales y hacer un seguimiento periódico al cumplimiento de las labores de Don Gaspar. El contrato fue firmado el 2 de junio de 2022, bajo la figura de “administración, seguimiento, supervisión, mantención y cumplimiento de los convenios celebrados con grandes contribuyentes, en materias de obtención y renovación de permisos de circulación, utilizando los medios informáticos denominados ‘REPORTES _ BCL’ Y ‘PDF a_Texto’”. Un título distinto al que había sido propuesto en la sesión del 23 de mayo y que fue cuestionado por el Concejo por resumir el servicio de forma genérica, como “gestión para la creación y mantención de convenios celebrados con grandes contribuyentes”. Cabe destacar que el detalle del servicio de “gestión para la creación” de convenios fue eliminado del trato final (revise el acta del Consejo Municipal).

Después de que el Concejo Municipal diera luz verde al contrato con Don Gaspar, Denise Sánchez envió un mensaje vía WhatsApp a uno de sus colaboradores: “Resultó!!! Mañana cierro el trato con Algarrobo. Costó una coima de 2 palos” (sic), escribió. Un mensaje del que quedó registro en la denuncia laboral que pesa sobre la empresa. La dueña de Don Gaspar reconoce haber enviado el mensaje, pero como una broma: “Fue contextualizada, porque en la primera reunión y la única que participó él -el extrabajador- en la Municipalidad de Algarrobo hizo una acusación bastante grave de que todos los funcionarios eran ladrones. Para mí era gracioso, jamás pensé que esto iba a ser usado de esta forma” (vea aquí el registro del mensaje).

El director jurídico de la municipalidad, Cristián Celedón, explicó que formalmente como municipio no han tomado cartas sobre el asunto, ni consultaron de manera oficial a Don Gaspar sobre la denuncia. El abogado destacó que el tribunal “deberá ver si es efectivo o no” y que “si se hace una investigación dentro de la municipalidad, nosotros aportaremos los antecedentes que corresponden”.

El extrabajador de Don Gaspar también planteó, en su demanda laboral, que habría contratos cruzados entre Don Gaspar y la municipalidad. De acuerdo con esta denuncia, Don Gaspar contrató para el cargo de relaciones públicas a una mujer recomendada por el exadministrador municipal, César Corvalán, con un sueldo de $1,7 millones. “No obstante, jamás prestó servicios en la empresa”, destaca la demanda. Por otro lado, en Algarrobo figura contratada la tía de la mujer que aparece prestando servicios para Don Gaspar. Denisse Sánchez, asegura que la mujer fue “contratada por Don Gaspar Limitada, sin existir recomendación por parte de don César Corvalán ni de ninguna otra persona” y que no “tenía conocimiento del presunto parentesco de ella con algún funcionario municipal”. Por su parte, Corvalán dijo no tener “nada que ver con esos temas”.

LOS OTROS CONTRATOS DE DON GASPAR

Según la información de Mercado Público, en sólo dos años de existencia la empresa Don Gaspar ha prestado servicios principalmente a municipios pequeños que necesitan generar recursos propios, como Calle Larga, Paihuano, Los Muermos y Algarrobo. Según los registros de Mercado Público, Don Gaspar ha percibido ingresos por -al menos- mil millones de pesos por un mismo servicio a los municipios: proveer un software que permite tramitar grandes volúmenes de permisos de circulación. Estos permisos provienen de automotoras como Americar y empresas como ICAR, la que implementó el sistema de procesamiento digital de permisos de circulación para autos nuevos y usados, aunando los requerimientos de diversas automotoras a lo largo del país. 

El primer contrato de Don Gaspar fue firmado el 29 de septiembre de 2021 con la Municipalidad de Calle Larga, también fue un trato directo, pero estableció un monto fijo bruto mensual de $4,4 millones, más un interés por cada permiso vendido. La empresa no contaba con experiencia previa, había sido creada sólo dos meses antes, el 15 de julio, por Sofía Núñez Bozzo y Denise Sánchez Durán. En esos días la abogada trabajaba a honorarios en la misma Municipalidad de Calle Larga, que es liderada por la alcaldesa socialista, Dina González. 

Desde mayo de 2020, Sánchez estuvo a cargo de la coordinación con grandes contribuyentes del área automotriz, para la captación de permisos de circulación, un servicio por el que recibió un sueldo de $2,2 millones mensuales hasta septiembre de 2021, según la información de Transparencia. Denise Sánchez explicó a CIPER que durante su paso por Calle Larga el municipio logró convenios con distintas automotoras, como ICAR S.A. y Americar, pero que la municipalidad le informó que su contrató dejó de estar vigente desde el 31 de octubre recién pasado.

Desde Calle Larga explicaron a CIPER que, en noviembre de 2020, la administración anterior tomó contacto con ICAR y otras automotoras con el objetivo de aumentar los ingresos municipales: “Al momento de firmar el convenio, el Municipio de Calle Larga contaba con parte del personal e implementos técnicos necesarios para cumplir con el convenio. El resto de las necesidades estuvo primeramente a cargo de Denise Sánchez y posteriormente fue gestionado a través de una empresa externa (Don Gaspar)”, señalaron desde el municipio. El convenio con ICAR fue terminado en 2022 y desde esa fecha la emisión de permisos de circulación ha disminuido entre un 30% y 40% en la municipalidad. En la actualidad, la gestión de grandes contribuyentes está a cargo del propio departamento de tránsito de Calle Larga.

El mismo modelo se repite en los contratos con la municipalidad de Paihuano, dirigida por Hernán Ahumada (RN). Si bien el municipio firmó un convenio con ICAR en septiembre de 2022, recién en marzo de 2023 fue emitido el decreto para su ejecución, ya que la empresa no habría liberado la documentación para el convenio. Un mes antes, según los registros de Transparencia, en febrero de 2023, Denise Sánchez y otro trabajador de Don Gaspar aparecen prestando servicios a honorarios en la Municipalidad de Paihuano, para la “digitalización de permisos de circulación”. Cada uno recibió $2,5 millones mensuales hasta agosto de 2023, cuando se formalizó la adjudicación del contrato con Don Gaspar vía licitación pública, por $150 millones en un plazo de seis meses.

CIPER se contactó con el encargado de prensa de la comuna de Paihuano, pero no obtuvo respuesta.

LA INVESTIGACIÓN CONTRA ALGARROBO

La denuncia realizada por un funcionario de la Dirección de Asuntos Financieros (DAF) de la Municipalidad de Algarrobo en la Brigada de Delitos Económicos de San Antonio, la semana pasada, dejó al descubierto la falta de control interno y transparencia de los gastos de la Municipalidad de Algarrobo, lo que ya había sido advertido por la Contraloría por la falta de conciliaciones bancarias desde 2020 y porque no se había nombrado a un Tesorero Municipal oficial. Al interior del municipio, coinciden en que los montos sacados desde las cuentas fiscales -que superan los mil millones, según la Fiscalía- y el involucramiento del círculo cercano del alcalde José Luis Yáñez, rebalsaron el vaso.

Los hechos quedaron al descubierto cuando una persona llegó el pasado lunes 7 de noviembre a cobrar una boleta de honorarios a la Municipalidad de Algarrobo. Ante la ausencia de Belén Carrasco Serrano, encargada de la Tesorería Municipal, otro funcionario se percató de que había transferencias desde la cuenta municipal a personas que no cumplían funciones dentro del organismo, por lo que comenzó a revisar hacia atrás. Identificó a cuatro personas que tenían transferencias de hasta $15 millones mensuales, entre ellas dos familiares del alcalde José Luis Yáñez, y familiares de la funcionaria Belén Carrasco.

Según una denuncia presentada posteriormente por el diputado Andrés Celis ante el Ministerio Público, empleados municipales le informaron que “la señorita Belén Constanza Carrasco Serrano, tenía un control total sobre la chequera de la municipalidad y la clave del alcalde. Esta mujer, según testimonios, ejecutaba depósitos sin respaldo de decreto alcaldicio, sumiendo así a la municipalidad en un caos financiero y desatando un escenario de corrupción interna”.

La querella presentada por la concejala Marcela Mancilla describe cómo habría operado la funcionaria: “Carrasco incluía en dichas nóminas (de pago) las transferencias a los destinatarios sindicados como autores del delito de fraude al fisco, ubicándolas en los últimos lugares de las nóminas, editándolas e imprimiéndolas, acto seguido, se las presentaba a los apoderados bancarios conjuntamente con los decretos que contenían la documentación correspondiente, así, los apoderados bancarios contrastaban dicha nómina (adulterada) con los decretos de pago correspondientes, lo que evidentemente calzaba”, dice la querella. 

La concejala Marcela Mancilla reconoció que “hemos visto un problema de corrupción al interior del municipio hace mucho rato”. Recuerda que hubo cuestionamientos a la contratación de la empresa de software Amisoft, un episodio en el que la Contraloría, sostiene la concejala, dice “que hubo negociación incompatible y que hay tráfico de influencia”. También menciona las advertencias del mismo órgano contralor por la falta de conciliaciones bancarias en el municipio desde 2020. “El no tener conciliaciones implica un desorden financiero. Y ese desorden nos deja ciegos”, agregó la concejala. 

Tras la detención de Belén Carrasco, el pasado lunes 20 de noviembre, el fiscal Claudio Rebbeco calificó el caso como un “hecho gravísimo de corrupción y vamos a investigar éstas y todas sus aristas para los que resulten responsables”. Y agregó: “Es una investigación que está comenzando, hay muchas diligencias por delante”. El fiscal pidió al tribunal una orden de detención contra el alcalde Yáñez, la que hasta el cierre de este artículo no había sido ejecutada a la espera de que el cuestionado jefe comunal se presente ante el Ministerio Público. La autoridad municipal es investigada por los delitos de malversación y cohecho.

(*) Los antecedentes expuestos en este artículo incluyen procesos judiciales en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.