La política educacional chilena en el presupuesto 2024

Qué dice la partida presupuestaria presentada por el gobierno de Gabriel Boric respecto a los énfasis y prioridades de la Educación Inicial, Básica y Superior, la formación técnico-profesional, la recuperación de clases pospandemia y la calidad general de la enseñanza en Chile. Responde punto por punto en columna para CIPER un investigador académico especialista en el tema.

El presupuesto público en educación gestionado por el Ministerio de Educación representa prácticamente el 98% de los recursos públicos que se asignan al sistema educativo en todos sus niveles (desde educación parvularia a superior), y por lo mismo es un factor crucial y determinante para el funcionamiento del sector (el aporte de los municipios a Educación representa menos del 2% de los recursos totales públicos). Por esta razón, su análisis es muy relevante para comprender los énfasis y silencios que el Ejecutivo plantea al respecto en este campo.

Sabemos que todo presupuesto inicial experimenta importantes modificaciones en su tramitación en el Parlamento; de allí que el análisis de la propuesta del Ejecutivo expresa más fielmente la intencionalidad que este le asigna a la tarea educativa, ya que todo presupuesto tiene elementos de continuidad derivados de las leyes permanentes. En otras palabras, no es una propuesta que se escriba en una hoja en blanco.

Lo que muestra la propuesta presupuestaria 2024 enviada por el Ejecutivo al Congreso para el sector Educación incluye, en términos generales lo siguiente:

(i) el sector recupera su protagonismo como el de mayor asignación presupuestaria neta, volviendo formalmente la educación a un lugar de privilegio en esta materia; (ii) ello va acompañado, además, de un aumento presupuestario real y por sobre el aumento del presupuesto total de la nación; (iii) también hay una creciente concentración presupuestaria en dos líneas programáticas (subvenciones escolares y educación superior), las que superan el 75% de los recursos netos del Mineduc para el año 2024.

Esta prioridad política debiera trasuntar en mayor efectividad del gasto que se realiza, lo que es complejo de evidenciar en toda propuesta consolidada, pero deja de manifiesto un énfasis en la tarea escolar y en la educación superior que llama a la prudencia en algunas dimensiones (toda vez que los principales incrementos responden a leyes de continuidad en estas materias que tienen límites muy próximos a su saturación).

•Hay un aumento importante en las políticas sociales insertas en la escuela —fenómeno que podría obedecer a una cuestión coyuntural tras la pandemia— como apoyo a la labor educativa, y que si bien tiene incidencia en la continuidad de la asistencia de los estudiantes, es fundamental avanzar en su efectividad. Debe, por eso, supervisarse que este incremento: a) llegue a quienes verdaderamente necesitan de ella; b) aumente su aceptación social; y c) sea pensada como un soporte extra del sistema educativo, pues en la actualidad sigue gravando a los docentes con responsabilidades que no les competen (la alimentación de los estudiantes, por ejemplo).

•Igualmente, la propuesta otorga a la educación técnica de nivel medio y superior un papel menos relevante del que ya ostenta, con las consecuencias directas e indirectas de ello. No se ve consistente con los llamados a la productividad, y debe considerarse además que esta área de la enseñanza atiende de preferencia los quintiles sociales de menores recursos, por lo cual su eventual debilitamiento afecta a los más pobres dentro del sistema educativo (y aún más en la enseñanza Media técnico-profesional, que ya viene en una caída importante de sus matrículas en los últimos años).

En forma concomitante, las CFT públicos que ingresaron a un mundo dominado por el sector privado no han logrado a la fecha un posicionamiento que les permita cumplir con sus objetivos gestacionales. Por lo mismo, sería prematuro reducir los aportes públicos en una iniciativa que es proclive a retrocesos de magnitud.

•Los dineros para la educación inicial (jardines infantiles) decrecen marginalmente, pero en cifras que son importantes. Ello requiere atención, dado que la deseabilidad de mejorar y ampliar este nivel de la enseñanza colisiona con las diferenciales de calidad de los proyectos educativos de la enseñanza pública regular, los jardines JUNJI e Integra y VTF, que son inexplicables desde la política pública en la actualidad.

•Los aportes referidos a la recuperación de los aprendizajes y de la asistencia de los estudiantes al sistema escolar son importantes. Llegan algo atrasados; aun así son sustantivos. No obstante, requieren de flexibilidad para adecuarse a situaciones muy diferentes que no se conocen y que en general las normas que acompañan la aplicación de los recursos públicos suelen limitar los imprevistos, hoy fundamentales debido a que no hemos podido recuperar los niveles de asistencia prepandemia y que los aprendizajes perdidos en ella tardarán más de lo inicialmente esperado en recuperarse.
 
 

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Ciertamente el análisis más profundo de las políticas requiere revisar una serie temporal mayor, pero dado que nuestra política —por lo general— se juega en algo menos de cuatro años por la duración de los gobiernos nacionales y subnacionales, el presente análisis abre algunas interrogantes que es importante atender respecto de lo que no dice el presupuesto.

Sobre el tema subvenciones dos cuestiones son claves de tener presentes: una, que su actual formato de asignación por asistencia media de los estudiantes reclama una revisión que esté más vinculada a la matrícula del establecimiento, pues muchos de los costos de la educación son fijos —independientes del número de estudiantes—, siendo muy reducidos los de carácter variable, materia que no ha podido ser abordada en estos cuarenta años con mayor detenimiento. Complementariamente, es fundamental revisar cómo se calcula el valor del subsidio, pues no se conoce de estudios representativos que den solvencia empírica a estas cifras, sino que es una estimación sin un correlato real que asegure que esos recursos son los requeridos para formar adecuadamente un estudiante según su quintil de ingresos económicos.

Complementariamente y de igual importancia, el subsidio SEP requiere sensibilizarse más con las diversas realidades socioeconómicas de nuestra población para que responda realmente a su requerimiento de soporte efectivo de calidad de la población más vulnerable. Lo realizado a la fecha ha sido importante, pero claramente insuficiente (las brechas de aprendizaje se mantienen muy estables entre los diversos niveles socioeconómicos de la población escolar).

En este marco la partida de educación superior es la más compleja por su incidencia pronta y directa en los recursos sectoriales, dado que su crecimiento tendencial implica una provisión de recursos financieros muy demandantes que, en el mediano plazo, implicará necesariamente abordar su diseño y replantearse el modelo adoptado en la ley, con las tensiones políticas y sociales que ello implica. Pero será prontamente insostenible seguir aumentando los recursos para todas las instituciones y sus estudiantes de los seis primeros deciles en los términos actuales, materia que permanece en silencio en la actualidad, y que sería prudente hacer avanzar en su camino político de resolución. Técnicamente existen varios modelos efectivos, el problema es su viabilidad política.

En este marco el tema CAE es como una «piedra en zapato». no solo por la promesa electoral que hizo el gobierno actual, sino además por los pro y contras que implica para el Estado su condonación, como igualmente seguir pagando los diferenciales de tasas que se realizan en la actualidad.

Un factor muy preocupante es el menor apoyo financiero a la educación técnico-profesional de nivel medio y superior. Respecto del nivel medio, desde hace años viene declinando su matrícula y la empleabilidad (omitida la pandemia) muestra signos erráticos que hacen necesario repensar los modelos de enseñanza y práctica profesional, incluyendo modalidades e inversión en equipamiento. Hay un tema serio en este sector que se debería abordar para dirigir los recursos hacia soluciones ciertas de mediano plazo, hoy no visualizadas. En lo que respecta educación superior, hay dos cuestiones significativas que dilucidar: el apoyo y destino de los CFT estatales —que, más allá de los ideologismos sería importante considerar en su viabilidad— y, en esta misma perspectiva, zanjar de forma más eficiente la formación técnica superior que brindan CFT e institutos profesionales (al menos inicialmente, los datos ratifican su mayor efectividad respecto a universidades en formaciones equivalentes).

Ciertamente, al analizar el presupuesto desde la política educacional, creemos que era esperable mayores signos hacia el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza y, en esa perspectiva mayor evidencia de apoyo hacia la recuperación de aprendizaje y reforzamiento de la enseñanza escolar bajo diversas modalidades, fenómeno que creemos insuficientemente atendido al tenor del diagnóstico vigente. No parece relevante ni sustantivo volver a los temas del Simce y de evaluación de los docentes como factores detonantes de este cambio; por el contrario, se ven más como un retroceso hacia el concepto tan pobre en contenidos del «Estado evaluador», que es muy cuestionable no solo desde el plano ideológico sino de su real impacto positivo en la enseñanza de las grandes mayorías.