EN LOS PRÓXIMOS DÍAS TRIBUNAL LABORAL DETERMINARÁ SI EXISTE VULNERACIÓN DE DERECHOS
Oficiales de Carabineros denuncian irregularidades en el proceso de admisión a la Academia de Ciencias Policiales
07.11.2023
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EN LOS PRÓXIMOS DÍAS TRIBUNAL LABORAL DETERMINARÁ SI EXISTE VULNERACIÓN DE DERECHOS
07.11.2023
Proceso judicial confirmó que no existe rúbrica o pauta de evaluación para el examen oral, ni otros instrumentos de medición. Autoridades de la Academia de Ciencias Policiales (Acipol) declararon que los postulantes son evaluados por “opiniones y apreciaciones individuales” de una comisión que no elabora registros públicos. Al menos cuatro funcionarios denuncian que desde hace años existiría un problema estructural de fraude académico, el que consideran avalado por el alto mando institucional. Además, un peritaje caligráfico concluyó que la firma de un acta de notas fue falsificada.
El 9 de septiembre pasado por primera vez un oficial superior de Carabineros transparentó ante la justicia el criterio utilizado para seleccionar a los postulantes de la Academia de Ciencias Policiales (Acipol), organismo que permite ascender al mando institucional. El teniente coronel Claudio Rosales Pacheco, exsubdirector académico de la Acipol y actual jefe del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros, debió declarar ante un tribunal laboral en un proceso iniciado por la denuncia de presuntas irregularidades en el proceso de admisión 2023. Ante la magistrada Claudia Salgado reconoció: “En cada pregunta que se va planteando se va colando una apreciación de cada uno de nosotros. (…) No existe rúbrica, porque no está establecido”. La rúbrica es una guía o pauta de evaluación preestablecida que contiene criterios específicos para medir el desempeño de los estudiantes.
Miguel Fernández, abogado querellante, pregunta al teniente coronel Claudio Rosales Pacheco la metodología del examen oral aplicada durante el proceso de admisión a la Acipol (Academia de Ciencias Policiales) bienio 2023 – 2024. Juicio Laboral T2081-2022. Fuente: Poder Judicial
CIPER revisó esa denuncia laboral contra Carabineros por vulneración de derechos, tramitada ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago (rol T2081-2022). Los hechos allí descritos fueron corroborados con entrevistas a cuatro oficiales de policía en servicio activo, los que solicitaron resguardo de su identidad por temor a eventuales consecuencias a su carrera funcionaria. Los relatos fueron, además, contrastados con tres investigaciones internas de Carabineros. Esos expedientes comprueban que los funcionarios consultados postularon, en diferentes procesos, a la Acipol. Además, la documentación indica que todos ellos efectuaron denuncias o reclamos, anteriores a sus postulaciones, en contra de algún superior.
Tal como lo declaró el teniente coronel Rosales, la documentación y los relatos a los que tuvo acceso CIPER confirman que no existe una rúbrica para evaluar los exámenes orales, correspondiente a 40% de la nota final de postulación, que cada año deben rendir los oficiales que aspiran a ocupar los puestos de mando de Carabineros. La investigación de la justicia determinó, además, que una de las actas de evaluación presenta una firma falsa, que no corresponde a quien fue el director académico de la Acipol durante 2022: el mismo Rosales Pacheco.
Las declaraciones de los oficiales coinciden en que tampoco existe un correcto resguardo de los exámenes escritos, el cual equivale a 50% de la postulación. Asimismo, ante Contraloría se han interpuesto al menos dos reclamos en los cuales se identificaron problemas en el proceso de admisión.
Cada año alrededor de 160 oficiales postulan a la Acipol, entidad que ofrece 80 cupos destinados al escalafón de Orden y Seguridad, mientras que los funcionarios de Intendencia (dedicados a la administración) tienen reservadas siete plazas. La misión del plan de estudios, con una extensión de dos años, es especializar a los funcionarios para que “ejerzan el mando institucional”. El proceso de postulación inicia entre noviembre y febrero. En junio los aspirantes deben rendir tres exámenes con diferentes ponderaciones: condición física (10%), escrito (50%) y oral (40%). En esta última evaluación el mayor Mauricio Lezana acusó irregularidades, por lo que presentó una demanda laboral contra Carabineros por “vulneración de derechos fundamentales en relación laboral”.
Anualmente, la Acipol nombra una Comisión Examinadora conformada solo por oficiales de Carabineros: dos directivos de la misma academia y cuatro docentes. La comisión aplica los exámenes orales. Cada postulante ingresa solo, por orden de antigüedad en su promoción, y desde una tómbola extrae un número que designa un set de temas a evaluar. Disponen de 15 minutos para responder tres preguntas, dos de ellas obligatorias y una a elección.
El 6 de junio de 2022, el mayor Lezana, oficial especializado en control financiero y prevención de fraudes, rindió la prueba escrita de postulación para cursar estudios de Oficial de Intendencia Contralor. El examen de 90 preguntas incluyó contenidos sobre doctrina institucional, actualidad, gestión, ciencias policiales y conocimientos jurídicos. Lezana obtuvo la mejor calificación del proceso, un 5,83.
Un día después, Lezana dio el examen de capacidad física y salud: fue calificado con un 5,5. El 8 de junio se presentó ante la Comisión Examinadora, compuesta por dos autoridades y cuatro docentes de la Acipol, tres de ellos con rango de general. El grupo evaluador lo calificó con un 4,8, promediando una nota de postulación de 5,3.
El 20 de junio comenzó a circular vía Whatsapp, no correspondiente al canal oficial de comunicación interna de Carabineros, un listado con los oficiales aceptados en la Acipol. Fue entonces cuando el oficial Lezana se enteró que por 0,17 milésimas no fue aceptado para el curso de perfeccionamiento 2023 – 2024.
El oficial Lezana no comprendía la diferencia de puntaje entre su evaluación oral y escrita, su única certeza era que aquella brecha anulaba sus posibilidades para acceder al liderazgo institucional. Tampoco, las autoridades de la Academia le hicieron llegar alguna rúbrica u observaciones. A los oficiales, según fuentes internas de Carabineros, nunca se les explica el motivo de sus notas de postulación y navegan en una caja negra sin saber sus aciertos y errores. Deben conformarse con esperar un próximo proceso, porque pedir explicaciones a sus superiores está mal catalogado y puede afectar sus pretensiones futuras.
Lezana, ante la ausencia de explicaciones formales, decidió preguntar a otros oficiales cómo califica la Comisión Examinadora las pruebas orales. En su relato ante el tribunal laboral, el mayor indicó que ninguno de los consultados tenía certeza del mecanismo. Así que optó, según consta en el mismo proceso judicial, por consultar al oficial que entonces ejercía el rol de ayudante de admisión de la Academia. En la versión que presentó a la justicia, Lezana afirmó que, vía telefónica, este oficial le habría confidenciado que “lo bajaron” para entregar el cupo a un capitán. Pero, al ser requerido como testigo, el oficial que habría conversado con Lezana desconoció haber entregado esa información. En todo caso, el mismo capitán mencionado en el relato promedió apenas 0,17 milésimas más que Lezana.
En 2022 el teniente coronel Claudio Rosales Pacheco se desempeñó como subdirector académico de la Acipol, ese año también integró la Comisión Examinadora. En su declaración ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, efectuada en marzo de este año, precisó que una de sus funciones fue “articular el proceso de admisión” correspondiente al bienio 2023 – 2024.
Rosales, al ser consultado por el mecanismo de evaluación de los exámenes orales, expuso: “Cada integrante de la Comisión coloca una calificación conforme a la apreciación que cada uno de nosotros tiene sobre las preguntas planteadas”. Al ser interpelado para precisar el método de elaboración de las notas guardó silencio unos segundos y después respondió: “Emm, por medio de la calificación la plasmó ahí”. Luego, profundizó: “No existe rúbrica, porque no está establecido”.
En su declaración el exsubdirector académico de la Acipol dijo no recordar el proyecto académico que regía el proceso de postulación.
Miguel Fernández, abogado querellante, pregunta al teniente coronel Claudio Rosales Pacheco la metodología del examen oral aplicada durante el proceso de admisión a la Acipol (Academia de Ciencias Policiales) bienio 2023 – 2024. Juicio Laboral T2081-2022. Fuente: Poder Judicial
César Martínez Barrientos, actual subdirector administrativo de la Acipol, confirmó en su declaración que no existe rúbrica ni una escala de desempeño para evaluar a los postulantes: “(Cada integrante de la Comisión Examinadora) emite una opinión, después se pone una calificación respecto a lo que apreció la persona que estaba escribiendo la respectiva acta. (…) Es solamente un acta, no tiene rúbrica. Solo va el acta con las opiniones y la evaluación”.
El abogado querellante Miguel Fernández pregunta al actual subdirector Administrativo de Acipol, César Martínez Barrientos, la metodología del examen oral aplicada durante el proceso de admisión a la Academia. Juicio Laboral T2081-2022. Fuente: Poder Judicial
Martínez Barrientos especificó ante el tribunal que los exámenes orales no se graban y que tampoco se genera otro tipo de respaldo. Cada postulante debe firmar un documento de satisfacción, pero no existe un mecanismo para asegurar que las actas no sean modificadas y no se permite el ingreso de observadores.
La falta de respaldo de las respuestas de los postulantes y de un resguardo de las actas, situación reconocida por el actual director administrativo de Acipol, es relevante por las pericias caligráficas encargadas por el tribunal y que determinaron que hubo una falsificación de firma en una de las actas.
El teniente coronel Rosales Pacheco escribe con letra minúscula manuscrita. Así lo confirman 15 de las 16 actas que elaboró en la evaluación de los exámenes orales del 8 de junio del 2022. Sin embargo, en el acta de calificación de Mauricio Lezana utilizó mayúscula manuscrita. Ante esto la parte querellante solicitó un peritaje caligráfico, el cual fue realizado por el perito particular Luis Alberto Morán.
El informe técnico N°2507-2023 determinó que la letra si pertenece a Rosales, mas no una de sus firmas: “Se observaron interesantes diferencias entre las firmas periciadas y contenidas en estos documentos, (…) e insimilitudes que permiten establecer que la firma contenida en los documentos objetados, señalados en el texto IV2 a, no pertenece a don Claudio Rosales Pacheco, por lo tanto, es falsa”.
El resultado del peritaje caligráfico es uno de los indicios que la justicia laboral deberá analizar para emitir su fallo en los próximos días.
En junio de 2017 un general que era jefe de zona, ingresó al aula donde 160 oficiales de Carabineros rendían el examen escrito para postular a la Acipol y le habría “soplado” las respuestas a uno de sus subalternos. El resto de los postulantes, testigos de la interacción entre el general y el aspirante, quedaron desconcertados.
Esteban Infante, exsuboficial de Carabineros y abogado de la ONG Defensoría Policial, confirma que en el proceso de admisión 2017 existió descontento por el actuar de este general: “Había molestia, él entregó las respuestas a los oficiales que postulaban desde la Dipolcar. Lo hizo a la vista de todos”.
Cuatro oficiales en servicio coinciden que durante años este tipo de irregularidades fueron conocidas, pero por miedo no fueron denunciadas: “En caso de no quedar, preferíamos volver a intentarlo en otro proceso. Siempre ha existido temor a las consecuencias. Cualquier reclamo te lo cobran en tus futuras postulaciones”, señaló a CIPER uno de ellos.
Un año antes otro oficial objetó irregularidades en la entrega de sus calificaciones, por lo cual interpuso un reclamo ante la Contraloría. En un primer momento el promedio de los exámenes le habría permitido ser seleccionado en la Acipol. Luego, una rectificación lo dejó fuera. Desde Carabineros argumentaron que esto se debió a un “error de transcripción”. Finalmente, el dictamen fue favorable a la institución policial. No obstante, la Contraloría estimó que “dicho organismo policial deberá adoptar, a la brevedad, las medidas pertinentes tendientes a poner a disposición de la máxima autoridad institucional los antecedentes respectivos” (vea acá el dictamen).
En 2022 la Acipol logró ser acreditada por primera vez en sus 83 años de funcionamiento. La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) certificó a la Academia en el nivel avanzado hasta 2026. La CNA consideró que la “institución ha formalizado e instaurado mecanismos de aseguramiento de la calidad en los diversos ámbitos de su quehacer. Estos son de implementación reciente, lo que no permite evaluar aún en todos los casos su aplicación sistemática y efectividad”. Aunque en el mismo documento la comisión evaluadora consignó que no evidenció “procedimientos explícitos para la definición y fundamentación de la oferta, considerando evaluaciones técnicas” (revise la resolución de la CNA aquí)
CIPER consultó a la CNA las razones para acreditar una institución académica que no cuenta con procedimientos de evaluación y admisión claros, pero argumentaron que por protocolo no se refieren ni realizan observaciones públicas a las resoluciones de acreditación.
A los oficiales, según el testimonio de cuatro funcionarios en servicio, también les preocupa el protocolo de seguridad del examen escrito. Aquella prueba consta de 90 preguntas de selección múltiple, las respuestas se deben consignar en las casillas de un documento anexo. La preparación de los instrumentos y la revisión son responsabilidad de una empresa externa, pero es aplicada y fiscalizada por alumnos de la Acipol.
“No hay ninguna persona externa que supervise el proceso, nadie te asegura que luego tu prueba no sea intervenida antes de entregarla a la empresa revisora. Las cajas plásticas donde se almacenan no tienen sellos de seguridad. Ellos (los directivos de la Acipol) dicen actuar de buena fe, pero aquí no hay nada de buena fe”, señala un oficial que en dos ocasiones rindió el examen.
Otro oficial, que también postuló en dos instancias, complementa: “Este proceso solo lo ven funcionarios de Carabineros, ningún civil lo certifica. No hay medidas de seguridad, nadie te asegura que esos documentos no se manipulen. Si tú vas a la academia puedes integrar el futuro alto mando institucional, no puede ser un proceso tan poco serio”.
El pre-informe N° 37 de Contraloría, sobre la base de una fiscalización realizada el 22 de noviembre de 2021, también objetó la cadena de resguardo de los exámenes escritos: “(La empresa externa) genera un archivo Excel con los resultados y, mediante un pendrive, los remite al subdirector Administrativo de la ACIPOL, en razón de la confidencialidad de la información de que se trata”.
En la fiscalización, la Contraloría no logró acceder a los resultados, dado que el pendrive se encontraba extraviado. La situación fue consignada en el expediente: “No fue posible tener acceso a dicho dispositivo, toda vez que no fue encontrado por la entidad policial el día de la mencionada visita, así como tampoco en el transcurso de la presente auditoría, y sólo se tuvo a la vista un correo electrónico, de 4 de agosto de 2021. (…) Lo relatado, expone a la entidad al riesgo de que los resultados del proceso puedan ser expuestos o conocidos por terceros de forma previa a la publicación oficial, así como también da cuenta de una debilidad en el resguardo de tales antecedentes, situación que además impidió a este Organismo de Control efectuar verificaciones de integridad sobre los datos proporcionados por la entidad policial”.
Un tercer oficial consultado por CIPER considera que las irregularidades en el proceso de postulación a la Acipol serían represalias por situaciones anteriores. Para sustentar su afirmación muestra documentación que confirma que años atrás denunció a un superior por mal uso de recursos institucionales. El caso llegó hasta el alto mando de Carabineros, pero no se aplicaron sanciones.
Miguel Fernández, abogado querellante, comenta que existe hastío y decepción por parte de los oficiales que buscan ascender al alto mando de Carabineros: “Están cansados, las irregularidades son muy evidentes. Quieren que los cargos se ganen por competencias, no por amiguismo. (….) Si alguien realizó una denuncia en contra de algún superior, aunque sea muy buen funcionario no va a quedar nunca. Está instalada la idea de que solo quedan los amigos de los jefes”.
Tres oficiales en servicio coinciden en que la Acipol no cumple con el objetivo de perfeccionar a los funcionarios para ejercer el mando institucional. Uno de ellos lo sintetiza: “En el proceso (de admisión) te estás jugando un montón de cosas: tu carrera, el aumento de sueldo (de 65%) y el bienestar familiar. Conocimiento no, sinceramente. Tú no vas a la Academia a adquirir conocimiento, cero. Esto lo puede decir cualquier oficial. Vas por plata, por ascenso. En esos dos años de formación he visto oficiales que salen peor capacitados”.
CIPER formuló a Carabineros consultas para este reportaje. Inicialmente, indicaron que responderían vía correo electrónico. No obstante, 25 días después, al cierre de este artículo, el Departamento de Comunicaciones Sociales de la institución no había contestado.
Los oficiales disconformes con el mecanismo de admisión a la Acipol esperan que la sentencia de la justicia laboral marque un precedente institucional. Sus expectativas son que la academia incorpore, como cualquier plantel educacional acreditado por la CNA, una rúbrica para los exámenes orales y que se transparenten todos los pasos del proceso.