Crisis en Atacama: hijas de la nueva directora del Servicio de Educación Pública aparecen en listado de pagos objetados

Dos de las hijas de la nueva directora ejecutiva subrogante del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, Ximena Sanhueza, han entrado y salido de la nómina de pagos de la institución en tres ocasiones. Siempre juntas, con el mismo sueldo, y con funciones parecidas. Según la auditoría del Ministerio de Educación, que detectó graves irregularidades, ambas forman parte de los sueldos objetados que se pagaban con platas de la subvención escolar, la que no puede destinarse a remuneraciones de administrativos. Esa nómina de pagos ya está en manos del Ministerio Público, que investiga el delito de fraude al fisco. Los estudiantes de la Región de Atacama suman más de 60 días sin clases debido al paro de los profesores, quienes acusan negligencia en la administración de escuelas y liceos, además de cuoteo político en el nombramiento de cargos.

Con la mesa de negociación rota y un paro de profesores que mantiene sin clases a los estudiantes de la Región de Atacama hace más de 60 días, el Ministerio de Educación intentó una maniobra de último minuto para buscar una solución al conflicto: sacó de su cargo a quien ocupaba la dirección ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), Luis Adasme, y nombró en su lugar a Ximena Sanhueza Piñones, quien trabaja en el Servicio desde que este recibió la administración de los colegios públicos de la zona, en 2021.

Las hijas de Sanhueza también han trabajado intermitentemente en el SLEP de Atacama desde 2021, cuando comenzaron como trabajadoras a honorarios. En 2022 dieron el salto y lograron un puesto a contrata -que entrega mayores beneficios y estabilidad laboral-, pero a fines de ese año dejaron de aparecer en los registros, sin explicación. Luego fueron recontratadas en febrero de 2023. Todas sus entradas y salidas del Servicio han sido al mismo tiempo, siempre han ganado lo mismo y cumplido funciones muy parecidas.

Según la auditoría al funcionamiento del SLEP que este año realizó el Ministerio de Educación, ambas formaron parte de los funcionarios cuyos sueldos fueron cancelados con dineros de la subvención general y la subvención escolar preferencial, la que no puede destinarse a pagar sueldos de administrativos.

Esa nómina de pagos, que incluye a cerca de 40 funcionarios, fue enviada al Ministerio Público que investiga el delito de fraude al fisco.

No solo esos pagos de 2022 a las hijas de la nueva directora del SLEP fueron cuestionados en la auditoría del Mineduc, sino que también su recontratación en febrero de 2023, porque ese movimiento no fue autorizado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), del Ministerio de Hacienda.

Ximena Sanhueza fue directora del Departamento de Educación Municipal (DAEM) de Copiapó, cuando el alcalde era Maglio Cicardini, padre de la actual diputada por la zona, Daniela Cicardini (PS). El Colegio de Profesores de Atacama acusa que hay cuoteo político en el nombramiento de cargos en el Servicio Local de Educación Pública, y que eso ha perjudicado la gestión de las escuelas y liceos.

Los profesores acusan graves negligencias en la gestión educativa, que ha significado problemas en la infraestructura de los establecimientos. La auditoría del Mineduc les dio, en parte, la razón: en 2022 solo se ejecutó el 38% del Fondo de Recuperación de la Educación Pública, destinado justamente a mejorar la infraestructura en las escuelas. Eso significó que se dejaron de utilizar $1.120 millones que podrían haber arreglado algunos de los problemas que desataron la tormenta en Copiapó, Chañaral, Tierra Amarilla, Caldera y Diego de Almagro.

Esa misma auditoría es la que ahora pone en jaque el nombramiento de Sanhueza. ¿El Ministerio de Educación sabía que las hijas de la nueva directora ejecutiva aparecen en el listado de pagos objetados? CIPER no obtuvo respuesta a esa pregunta, pero desde el Mineduc indicaron que los contratos cuestionados se están regularizando:

– En relación a los contratos que requieren regularización, y fueron uno de los hallazgos de la auditoría ministerial, es importante recalcar que se está trabajando en su normalización desde el Servicio Local, con apoyo del nivel central, apuntaron en una respuesta por escrito para este reportaje enviada por la Dirección de Educación Pública (DEP).

También aseguraron que las hijas de la nueva directora -Constanza Ardiles Sanhueza y Francisca Ardiles Sanhueza-, no tienen inhabilidad y no deben presentar su renuncia, porque su madre fue nombrada en el cargo después de que ellas fueran contratadas (vea aquí la respuesta completa de la DEP).

Y aunque las hijas de la nueva directora del SLEP desaparecieron del registro de transparencia en octubre de 2022, volvieron al ruedo a inicios de este año, con el mismo sueldo y grado funcionario.

En su respuesta para este reportaje, el Ministerio de Educación señaló que ambas fueron contratadas el 1 de febrero de 2023 “para desempeñarse en el Departamento de Gestión de Personas”. La auditoría del mismo Ministerio objetó esas contrataciones, al señalar que la Dirección de Presupuestos (Dipres, quien debe visar los nuevos contratos) autorizó que se sumara una persona en grado 9 para el Departamento de Gestión de Personas, pero que en la práctica en el SLEP contrataron a 2 funcionarias en grado 11: las hijas de Sanhueza.

Constanza Ardiles Sanhueza es ingeniera civil industrial, y su hermana Francisca Ardiles Sanhueza es, según los registros de transparencia, ingeniera en administración de empresas. Aunque en registros anteriores figura como ingeniera comercial.

LAS HIJAS DE SANHUEZA EN LOS REGISTROS

A principios de febrero de 2023 las alarmas al interior del SLEP de Atacama se encendieron, un pronunciamiento de la unidad jurídica de la Contraloría General de la República objetó el nombramiento de tres jefaturas subrogantes: la Unidad Jurídica, el Departamento de Gestión Territorial y el Departamento de Gestión de Personas, que era dirigido por Claudio Álvarez Robles, concejal de Caldera y militante del Partido Socialista, que actualmente está suspendido de su cargo y con un sumario en curso en el SLEP de Atacama. Además de ser investigado por una denuncia de presunta malversación de caudales públicos en el ex DAEM de Caldera, mientras ejercía como contador.

Fue por esos mismos días, el 1 de febrero de 2023, que las hermanas Francisca y Constanza Ardiles Sanhueza fueron contratadas en la Unidad de Gestión de Personas, dirigida por Claudio Álvarez, con grado 11 y una remuneración de $2.047.779, cada una. A pesar de que la Dipres no había autorizado contrataciones con ese grado para esa área. 

Si bien Francisca aparece inicialmente como “profesional de monitoreo y seguimiento de resultados y avances educativos” en febrero y marzo de 2023, desde abril de este año figura en transparencia como “profesional administrativo” al igual que Constanza.

Las hermanas Ardiles Sanhueza llegaron a trabajar en el SLEP de Atacama por primera vez en 2021, poco después del traspaso de su madre desde el DAEM de la Municipalidad de Copiapó. Según transparencia, en julio de ése año aparecen como “personal de apoyo” a honorarios con una remuneración de $2,4 millones brutos, cada una. Al mes siguiente, aunque aparecen con la misma labor, sus remuneraciones cayeron a $800 mil. Luego, entre septiembre y diciembre de 2021, también figuran como funcionarias a honorarios, con una renta bruta mensual de $1,3 millones, pero, esta vez cumpliendo roles ligeramente distintos: Francisca como “profesional de análisis de dotación” y Constanza como “profesional de análisis de remuneración”.  

En 2022 aparecen nuevamente como funcionarias según los registros de transparencia, esta vez bajo la figura de “contrata, grado 11”. Una vez más, tienen la misma descripción de labor: “función de carácter profesional”, y comparten el mismo monto de remuneración, $1,8 millones brutos, entre los meses de julio y octubre de 2022, aunque según la información de la misma web de transparencia, habían sido contratadas para cumplir labores entre el 1 de enero y 31 de agosto de ese año.

Ximena Sanhueza Piñones, fue una de los funcionarios traspasados desde el Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem) de Copiapó al SLEP de Atacama a inicios de 2021. La profesora de Educación Básica y máster en Gestión Educacional, se desempeñaba como gerente técnico pedagógico en el DAEM de la municipalidad liderada por el alcalde socialista, Marcos López Rivera. Fue directora subrogante de ese mismo organismo, cuando el alcalde era Maglio Cicardin. Ingresó como funcionaria de planta al SLEP de Atacama en febrero de 2021, cumpliendo labores de “profesional de mejora continua y mejoramiento técnico pedagógico”, con una remuneración bruta mensual de $3 millones, aproximadamente. 

En junio de 2023 asumió el cargo de “Jefe de apoyo técnico pedagógico”, al cual accedió vía Alta Dirección Pública, por el que registra un sueldo bruto que ha variado entre los $4,7 y los $8,2 millones, desde su nombramiento. 

CONTRATACIONES OBJETADAS POR AUDITORÍA

Según la auditoría realizada en 2023 por el Ministerio de Educación, los pagos objetados a funcionarios del SLEP de Atacama significaron el desvío de $741 millones de la subvención general, y $7,7 millones de la subvención escolar preferencial. Según la misma auditoría, los dineros de esas subvenciones están contemplados para “un objetivo distinto definido en la norma”.

Los antecedentes en relación a esos pagos los solicitó la fiscalía al SLEP de Atacama el 4 de abril de 2023. 

La auditoría del Mineduc también objetó el cálculo de los pagos que se realizaron a esos funcionarios: “Adicionalmente, se evidencia que el cálculo de remuneraciones cursadas a los funcionarios observados, se han realizado bajo el Código del Trabajo, fijando solo el sueldo base, como ítem de pago, no contemplando las asignaciones establecidas en Decreto Ley N°249, que fija escala única de sueldos, para los funcionarios públicos, (por ejemplo; Sueldo Base, Sustitutiva Ley 19185, Asignación Profesional, Incremento Previsional DL 3501, lo anterior asignado a un grado específico y según estamento, profesional, administrativo, técnico, con o sin título profesional), adicionalmente se evidenció el pago de Seguro de Cesantía a los funcionarios del servicio local lo que asciende al monto de $10.528.000”.

CIPER chequeó que en la nómina de trabajadores que recibieron esos pagos aparecen las dos hijas de Sanhueza.

La presidenta del Colegio de Profesores de Copiapó, Yariela Ardiles, dijo a CIPER que el nombramiento de Ximena Sanhueza en el SLEP no va a terminar con la paralización, al contrario: “Estamos descontentos con esta decisión. El ministro (Nicolás Cataldo) el 13 de septiembre ya la había propuesto, y nosotros les dijimos que no. Ella fue la jefa del DAEM acá en Copiapó, ella hizo una mala gestión de administración. Nosotros fuimos castigados en la entrega de la SEP, en esos años nos quitaron el 50% y el 75% por mala gestión”.

La dirigenta agregó que hoy no existe una mesa de negociación con el Mineduc -”la subsecretaria hizo una reunión con directores de los establecimientos, y dijo que no había más mesa de diálogo”-, y que ellos van a seguir trabajando en un espacio paralelo con la gobernación y los parlamentarios, desde donde se han contactado con el sector privado para movilizar recursos.

“Ellos (las autoridades del Mineduc) han venido a hacer operaciones políticas acá. Es un retroceso que nombren a Ximena Sanhueza. Nosotros queremos probidad y ella tiene a sus dos hijas con sueldos millonarios en el Servicio”, indicó la dirigenta de los profesores. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha acusado “intransigencia” de los docentes.

Mientras, las clases en Atacama continúan suspendidas y no hay claridad de cómo se cerrará el año escolar.