Formalizar al general Yáñez por violaciones de DD.HH. en el estallido: la determinación que la fiscalía no se decide a tomar

El fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, tiene en su escritorio informes con los antecedentes recogidos luego de cuatro años de investigación penal que sustentarían una eventual decisión de formalizar al actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por delitos de lesa humanidad. Pero no se decide. La estrecha colaboración de Carabineros en el trabajo cotidiano de la fiscalía es un factor que se tiene en consideración. La indagatoria judicial acumula datos: se comprobó que Carabineros no entregó al gobierno de Sebastián Piñera la verdadera cantidad de sumarios relacionados con abusos policiales. Durante las protestas de 2019 y 2020 Yáñez era el general a cargo del área operativa en la policía, por lo que cualquier formalización a miembros del alto mando de esa época tendría que incluirlo.

El cuarto aniversario del estallido social podría haber sido una ocasión propicia. Pero, formalizar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en medio del despliegue policial por los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se inauguran este viernes en Santiago -la mayor fiesta deportiva realizada en Chile desde el Mundial del 62-, es algo que en la fiscalía descartaron. Esto, a pesar de que en la investigación penal por violaciones de derechos humanos ocurridas en las protestas de 2019 y 2020 se acumulan antecedentes que podrían sentar al jefe máximo de Carabineros ante un juez.

La investigación judicial, dirigida por el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, acumula miles de archivos que buscan establecer la eventual responsabilidad de miembros del alto mando de Carabineros en las masivas violaciones de derechos humanos que se desataron a partir de octubre de 2019, cuando multitudinarias protestas sociales -en las que grupos violentos enfrentaron a la policía y atentaron contra la propiedad pública y privada- inundaron el país. 

Las cifras son elocuentes: 34 fallecidos, 460 personas con lesiones oculares -algunas con pérdida total de la visión-, 8.827 denunciantes de eventuales violaciones a sus derechos humanos y miles de querellas, es el saldo del descontrol en las protestas y el accionar de las fuerzas policiales. Pero, hasta ahora los resultados de la justicia no se condicen con la magnitud de las denuncias (vea el reportaje de CIPER “Fiscalía cerró las causas por ataques al Metro: condenó a 14 personas y no detectó grupos organizados para quemar estaciones”).

Carabineros es, por lejos, la institución que concentra la mayor cantidad de acusaciones y acciones legales. Funcionarios del Ministerio Público que han participado en las indagatorias de violaciones de derechos humanos cometidas en el estallido social, dijeron a CIPER que la figura de Yáñez es ineludible a la hora de planificar una formalización. Esto, porque a la fecha en que ocurrieron los hechos era el oficial a cargo del área operativa de la policía: jefe de la Dirección de Orden y Seguridad (Dioscar).

Como ejemplo, los antecedentes acumulados en la investigación indican que si bien el general director de la época, Mario Rozas, se reunía de manera espaciada con el ministro del Interior de turno, era el director de Orden y Seguridad quien mantenía el vínculo cotidiano con el gobierno, a través del subsecretario del Interior. En esa línea se resolvían los asuntos del día a día, se traspasaba información e impartían instrucciones. Por eso, si hubo intentos por controlar el accionar de carabineros, Yáñez, necesariamente, era quien debía bajar esas órdenes al personal en la calle.

CIPER tuvo acceso al expediente de la investigación. En cuatro años, la Fiscalía logró recabar cada uno de los documentos que dan cuenta de cómo funcionó el alto mando a partir del 18 de octubre de 2019. No solo eso, la indagatoria también recopiló cientos de órdenes internas emitidas entre 2019 y 2020, particularmente las firmadas por Yáñez en calidad de jefe operativo. Además, se establecieron los nombres de todos los oficiales que cumplieron algún rol de mando en ese periodo.

Durante las protestas, Yáñez tenía bajo su mando a 22 generales de todo el país y de él dependía el despliegue táctico y operativo. De hecho, el general Rozas -quien con su renuncia posibilitó el ascenso de Yáñez en noviembre de 2020-, al declarar en el caso a fines de julio pasado le endosó a su sucesor la mayor parte de la responsabilidad por las acciones en las calles:

“Desde la perspectiva del general director, como mando superior, ninguna. Por delegación de mando lo ve estratégicamente el Dioscar, que a su vez por delegación de mando recae esta labor en jefes de zona, prefectos y comisarios, hasta llegar a la unidad base que es el retén”, respondió Rozas cuando le preguntaron si tuvo algún rol en la planificación de los operativos. En su declaración de 69 páginas mencionó 119 veces a Yáñez.

La investigación a cargo de Armendáriz -quien tiene en su equipo a la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong-, cuenta con varios hallazgos. Uno de ellos es la constatación de que Yáñez le entregó al gobierno de Sebastián Piñera una cifra de sumarios que supuestamente se habían abierto contra funcionarios de Carabineros mucho más alta que la real. Esto provocó que el Ministerio del Interior comunicara a la ciudadanía información incorrecta sobre la dureza con que la policía estaba tratando internamente las denuncias por violaciones de derechos humanos que involucraban a sus funcionarios.

El 26 de noviembre de 2019, la entonces subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, dijo en una conferencia de prensa que Carabineros había abierto unos 600 sumarios contra sus funcionarios. Pero, un oficio entregado por Carabineros a la fiscalía en 2020 indicó que entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020 los sumarios sólo llegaron a 391. En otro oficio entregado en 2021, que extendió el lapso analizado hasta el 30 de marzo de 2020, esa cifra creció a 410. 

En sus respectivas declaraciones, el exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y el exministro del Interior, Gonzalo Blumel, indicaron que las cifras sobre sumarios, eventos violentos, detenidos, así como de civiles y uniformados heridos, que se transmitían al país eran las proporcionadas por Carabineros. Nada se hacía para chequear la veracidad de los números.

En la investigación también quedó en evidencia que, a pesar de que la orden impartida por Interior era que se iniciaran sumarios cada vez que un civil denunciara abusos de un carabinero, la instrucción no se siguió al pie de la letra. El 6 de noviembre de 2019 el presidente Piñera visitó en la Mutual de Seguridad a Oscar Lagos, un paramédico que recibió un perdigón de carabineros en uno de sus ojos. A pesar del despliegue mediático de la visita, no se inició un sumario. Piñera y Blumel recién se enteraron cuando concurrieron a declarar y se los informó la fiscal Chong. “No lo sabía”, dijo Piñera. “Lo desconocía y no es consistente con el mandato dispuesto. Habría que verificar por qué no se dispuso ese sumario”, señaló Blumel.

Al menos desde junio pasado el fiscal Armendáriz tiene en su escritorio documentos de trabajo que contienen antecedentes que podrían sustentar la eventual formalización de los generales Yáñez, Rozas y otros altos mandos de la época. Pero aún no está tomada esa decisión. 

Fuentes que conocen detalles de la investigación dijeron a CIPER que los datos acumulados en las carpetas de la indagatoria son sólidos, pero que es complejo determinar un momento propicio para cursar eventuales formalizaciones que podrían alcanzar al actual general director de Carabineros, una institución que trabaja codo a codo con la fiscalía en todo el país. En todo caso, no habría impedimentos legales, porque el cargo de máximo jefe de la policía uniformada no cuenta con fuero especial y no sería la primera vez que se formaliza a un general en ejercicio.

IMPOSIBLE ELUDIR A YÁÑEZ

Hasta ahora, el general Yáñez se ha negado a declarar. Al menos seis veces se excusó de asistir, por licencia médica, vacaciones o problemas de agenda. Eso hasta que en marzo de 2023 se presentó, pero sólo para decir que guardaría silencio “porque las circunstancias habían cambiado”. Según su defensa, la querella de más de 200 páginas que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el intento de sacar a la fiscal Chong de la causa que promovió la defensa de Rozas, lo llevó a decidir que solo declararía ante un Juzgado de Garantía:

“He prestado con anterioridad, el día 07 de abril de 2021, declaración en una investigación paralela en calidad de imputado ante la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, declaración que está incorporada en esta investigación. He prestado además declaración en calidad de testigo en investigaciones llevadas por usted (la fiscal Chong) relacionada a hechos similares. Por lo anterior, y escuchando el consejo de mis abogados, quienes me han indicado hacer uso del derecho ya invocado, es que por ahora no prestaré declaración”.

En esa declaración de 2021 ante la fiscal Perivancich, citada por Yáñez, sí se refirió a sus funciones durante las protestas: “El director de la Dioscar forma parte de la dirección estratégica de la institución. Mi rol era la dirección, planificación, control y supervisión a través de los distintos Jefes de Zona, para mantener los servicios operativos, conforme a la misión institucional que recae en la institución a nivel nacional. El control del orden público (COP) es una de las tantas funciones de la Dioscar y se canaliza a través de las distintas reparticiones que intervienen en esta tarea a lo largo del país” (vea aquí la declaración).

Como jefe de la Dioscar, Yáñez tenía a su cargo a los jefes de todas las zonas operativas del país. Y cada día recibía un informe con los principales hechos ocurridos en el marco del estallido. Su entonces superior, Mario Rozas, también recibía una copia. 

Yáñez dijo ante la fiscal Perivancich que en los primeros días de la revuelta, el general Rozas convocó una instancia especial denominada Plana Mayor de Carabineros. “Hago presente que la Plana Mayor sólo asesoraba al General Director, pero no era una instancia resolutiva”, dijo Yáñez. Pero eso no concuerda con las actas de las reuniones de la Plana Mayor, cuyas copias figuran en la investigación que dirige Armendáriz. Esas actas muestran que en esa instancia sí se tomaron decisiones, y algunas de la mayor relevancia. 

Una de las resoluciones adoptadas en la Plana Mayor fue propuesta por el mismo Yáñez: realizar un video para distribuirlo entre los uniformados, remarcando la necesidad de cumplir con los protocolos en medio del control del orden público. Esa decisión se tomó en la reunión de la Plana Mayor del 23 de octubre de 2019.

General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

En mayo pasado, la Subdirección General de Carabineros respondió un oficio de la fiscalía que pidió una copia de ese video. En esa respuesta aparece que la Dioscar informó que, “revisado su archivo y oficinas dependientes, no se logró encontrar la propuesta de video” ni otros antecedentes al respecto. Lo mismo dijeron el Departamento de Comunicaciones Sociales, la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Educación, Doctrina e Historia. 

La Fiscalía aún tiene posibilidades de recabar más antecedentes. En mayo de 2022 solicitó a la Secretaría General de la institución resguardar los emails de Yáñez y Rozas. En la casilla de este último sólo se detectaron 133 correos en su bandeja de entrada, mientras que en la del actual general director se encontraron muchos más: 4,4 gigabytes que pudieron ser respaldados.

Este miércoles 18 de octubre, cuando se cumplían cuatro años del inicio del estallido social, el fiscal nacional Ángel Valencia entregó un balance del accionar de la Fiscalía. Dijo que, hasta ahora, 45 agentes del Estado han sido condenados (a CIPER la Fiscalía le dijo, vía transparencia, que eran 48), y descartó la existencia de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos: “Hemos detectado, y es de público conocimiento, hechos que revestirían carácter o que se pueden calificar como violaciones de derechos humanos, pero no hemos reunido antecedentes en esas investigaciones que puedan atribuirle el carácter ‘sistemático’, sin perjuicio que las investigaciones siguen abiertas”, indicó.

No es la primera vez que lo dice. El 29 de agosto pasado, en entrevista con Mónica Rincón, en CNN Chile, ya lo había indicado: “No tenemos ninguna investigación abierta en la cual se esté imputando la violación sistemática de Derechos Humanos. De momento, no tenemos investigaciones que permitan llegar a una conclusión de esa naturaleza”. 

Un día antes de esa declaración, la defensa del general Yáñez le había hecho llegar a Valencia un informe en derecho elaborado por el académico de la Universidad Católica, Cristóbal Izquierdo. En ese documento la defensa de Yáñez plantea que en las querellas que iniciaron la causa (presentadas por las abogadas Karinna Fernández y Javiera Corvalán, entre otros) se imputa a Carabineros la figura de “empresa criminal conjunta” y se señala que “el mando de Carabineros de Chile desplegó acciones para atacar en forma generalizada y sistemática a la población civil”. 

Ángel Valencia remitió ese informe al fiscal Armendáriz, porque según dijo a la defensa de Yáñez, tiene “prohibición legal”, en su calidad de fiscal nacional, “para impartir instrucciones u ordenar realizar u omitir la realización de actuaciones en casos particulares” (vea aquí el informe y las cartas que acreditan su entrega al fiscal nacional).

EXCESOS QUE NO FUERON DETENIDOS

La Fiscalía investiga a los integrantes del alto mando institucional 2019/2020 por su eventual responsabilidad en violaciones a los Derechos Humanos. En específico, por tener la facultad de impartir órdenes para frenar los excesos policiales, y no hacerlo. En la indagatoria hay antecedentes al respecto. Uno de ellos es que nunca se detuvo de manera efectiva el uso de la escopeta antidisturbios, a pesar de las múltiples alertas por las lesiones oculares que provocaron a manifestantes. 

Las bitácoras de la Plana Mayor recopiladas por la fiscalía muestran que, apenas comenzaron las protestas, el alto mando institucional ya tenía advertencias de civiles heridos de gravedad por los perdigones. Y también era información pública. El 21 de octubre CIPER publicó un reportaje que reportó lo que ocurría a esas horas en los servicios de urgencia.

Quien fuera el director del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, Enrique Morales, presentó las cifras que recopiló la entidad gremial. Según dijo, su organización alertó a las autoridades sobre el daño que estaban generando los proyectiles disparados por Carabineros solo cuatro días después de iniciadas las protestas, el 22 de octubre de 2019, cuando había 29 casos de lesiones oculares. Pero, no se detuvo su uso:

“(En) los casos acumulados de trauma ocular, teniendo como fuente la información de recintos de salud públicos y privados, tenemos que (el exministro del Interior, Gonzalo) Blumel asumió con 126 casos el 30 de octubre de 2019. Y cuando se comunicó la restricción de (uso) de los balines, el 19 de noviembre de 2019, llegaban a 251. Se siguieron utilizando balines después de esa fecha, de tal suerte que al 22 de enero de 2020 había 118 casos más.

A pesar de que el 20 de noviembre de 2019 Carabineros dio la orden de dejar de usar los perdigones que habían causado muchas de esas heridas, los proyectiles se siguieron ocupando. Cuatro días antes, CIPER publicó un reportaje que reveló un consenso entre médicos especialistas y expertos de la Universidad de Chile: los perdigones utilizados por Carabineros contenían plomo, y no eran solo de goma, como afirmaba la institución (vea el reportaje “Informe de la U. de Chile, radiólogos y médicos de urgencia: perdigones de Carabineros contienen plomo“). 

El 21 de noviembre otro reportaje de CIPER demostró que ya en 2012 un informe de la propia policía uniformada había alertado que los balines producían traumas oculares y podían ser letales (vea el reportaje “Ya en 2012 informe de Carabineros advirtió que escopetas antidisturbios provocan lesiones letales y estallido ocular”).

Los datos recogidos por la fiscalía muestran que, aún después de la orden de Carabineros impartida el 20 de noviembre de 2019 para dejar de usar las municiones que se empleaban en las escopetas antidisturbios, estas se siguieron usando, aunque con menor intensidad. Un documento enviado por Mario Rozas al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el 9 de enero de 2020, detalla que la munición se había utilizado “como medida extrema para la legítima defensa” en 158 eventos a nivel nacional entre la suspensión y el 7 de enero.

CONTROL DE DAÑOS EN LA PLANA MAYOR

Enfrentado al estallido social de 2019, una de las primeras medidas que adoptó el entonces general director de Carabineros, Mario Rozas, fue convocar a una Plana Mayor Nacional, órgano que reunió a las principales autoridades de la institución. La misma instancia a la que se refirió Yáñez en su declaración. En los días iniciales del estallido, estos oficiales llegaron a mantener hasta tres reuniones de coordinación diarias, en las que discutían desde dónde desplegar personal hasta cómo importar insumos para el control del orden público desde Brasil, según testimonios judiciales revisados por CIPER (vea el reportaje “Crímenes de lesa humanidad: Fiscalía apunta a autoridades del gobierno de Piñera por compra de 20 mil cartuchos antidisturbios”). 

El coronel Juan Carlos Rodríguez Huerta, quien ofició como secretario de esta Plana Mayor, reveló ante la Fiscalía que lo habitual era que los generales le preguntaran al general Rozas qué decisiones debían adoptar ante la crisis, marcada por las lesiones oculares en ascenso y la masividad de las protestas. “Y (Rozas) disponía lo que le estaban consultando o se tomaban acuerdos. Luego, lo decidido se materializaba en instrucciones obligatorias”, precisó el coronel Rodríguez en su declaración. 

Rodríguez agregó que las decisiones que se tomaban en esa Plana Mayor se materializaban a través de documentos electrónicos firmados por Yáñez: “En el ámbito operativo estaba el Sr. Dioscar, mi general Yáñez. El cargo de Dioscar tiene a cargo todo el ámbito operativo a nivel nacional. A propósito de las decisiones que emanaban de ahí, él debía emitir esas instrucciones, por el cargo que ostentaba” (vea la declaración).

La evidencia documental revisada por CIPER apunta además a que esta instancia operó ceñida a un estricto protocolo institucional, detallado en el Manual para la Planificación Operativa de Carabineros de Chile, en el cual se consigna quiénes son los miembros de esta orgánica y cuáles son sus responsabilidades legales (ver documento).

En detalle, este texto de 138 páginas establece que la Plana Mayor debe estar integrada por los generales u oficiales a cargo de los departamentos de Personal (C 1), Inteligencia (C 2), Operaciones (C 3), Logística (C 4), Comunicaciones Sociales (C 5) y Finanzas (C 6), sin perjuicio de que puedan ser invitados jefes de otras áreas.

En este marco, la Fiscalía comenzó a revisar toda la información relativa a esta instancia y si bien ya ha recibido varios informes, lo cierto es que existe una duda sobre si todas las comunicaciones y actos quedaron registrados. La controversia la instaló el propio coronel Rodríguez Huerta, quien fungiera como secretario de este órgano: “Yo creé un formato en una hoja Excel, donde tomaba nota del día, hora inicio, término, concurrentes y temas tratados, incluyendo lo que se decidía al respecto. Eso lo imprimía y lo guardaba en un archivador, junto con antecedentes que tenía a la mano de lo que se había hablado”, arrancó el coronel. Sin embargo, luego sembró dudas sobre el destino de aquellos registros: 

“Los pasé al General (Gonzalo) del Alcázar cuando me lo pidió. De hecho, donde yo tomaba nota físicamente era en un notebook mío. Este lo manejaba en la oficina, como un elemento más para trabajar. Llegaba a la oficina, imprimía y lo archivaba. Ese archivo, en algún momento, el general del Alcázar antes de irse a retiro me lo pidió. Lo que sí tenía copia era de la hoja Excel que yo escribía, pero como me conseguía los DOE (documentos electrónicos), no estaba guardado, sino que directamente lo almacenaba en el archivador. No sé quién tiene actualmente ese archivo. Ese notebook no está operativo. Yo creo que no se puedan rescatar los archivos, porque al querer venderlo en un momento, lo reformateé”, declaro el coronel Rodríguez.

Las bitácoras de la Plana Mayor entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de octubre de 2019 las remitió Carabineros a la fiscalía mediante un oficio del 18 de julio de 2022. Pero no llegaron los anexos, que serían la “documentación respaldatoria”. La Fiscalía solicitó esos anexos, pero en la carpeta de la investigación no hay señales de que se los hayan entregado.

El 25 de noviembre del año pasado la Subdirección General de Carabineros respondió una de las solicitudes: la mayoría de las direcciones de Carabineros dijo “no tener información”, mientras que la Dirección de Justicia y Auditoría General “reitera que, el archivo Excel, que contiene las bitácoras de la ‘Plana Mayor Especial’, sesiones N° 1 a la 13, y que comprenden el período de 18 al 30 de octubre de 2019, fueron remitidas a esa Dirección Asesora como un antecedente de análisis, para efectos de ilustrar, entre otros antecedentes, respecto de lo actuado, institucionalmente, en relación al ‘estallido social’, ocurrido a partir del 18/10/2019, y para los fines propios de esa Auditoría General. Asimismo, indica que no es factible certificar el contenido de los archivos digitales que contiene las bitácoras, toda vez que, en su momento, ese Director de Justicia y Auditor General no integró la Plana Mayor Nacional”.

En una segunda declaración, el coronel Rodríguez Huerta reconoce que las bitácoras en formato Excel que obtuvo la fiscalía son las que él elaboró en las reuniones de la Plana Mayor. Y cuando fue consultado sobre los anexos que no están disponibles, dijo que se trata de documentos electrónicos (DOE, en jerga policial) donde se materializaban las órdenes sobre la base de las decisiones que se tomaban en la Plana Mayor.

El acta de la primera reunión de la Plana Mayor, desarrollada desde el mediodía del 18 de octubre, da cuenta del tipo de decisiones que allí se tomaron: “Dentro de las operativas se dispuso un despliegue policial y medidas administrativas como acuartelamiento en 2° grado y posteriormente grado uno del personal de carabineros, como asimismo de suspensión de feriados y permiso”.

En el acta de la Plana Mayor del 30 de octubre de 2019, la número 13, se menciona un informe que fue expuesto por el entonces contralor de la institución, Gonzalo del Alcázar, referido a seis casos complejos que a esa fecha involucraban a Carabineros y que habían sido consultados desde el Ministerio del Interior. La Fiscalía le preguntó a la Secretaría General de la policía uniformada por ese informe, y también solicitó que le indicaran qué medidas se adoptaron con los funcionarios involucrados.

LAS CONTRADICCIONES DE ROZAS

En su primera declaración, el propio general Rozas informó que los hombres que integraron la Plana Mayor fueron los generales Diego Olate (subdirector), Ricardo Yáñez (Dioscar), Mauricio González (Dipecar), Gonzalo del Alcázar (contralor) y Jorge Valenzuela (Apoyo a las Operaciones). A ellos se sumaron ocasionalmente Mauricio Rodríguez (jefe de la Zona Metropolitana) y Jaime Elgueta (director de Justicia).

Administrativa y legalmente, el Manual para la Planificación Operativa de Carabineros de Chile sostiene que “luego de exponer sus puntos de vista, los miembros de una Plana Mayor deben aceptar y asumir con lealtad y compromiso lo que el respectivo jefe decida, resolución que debe ser adoptada como propia y actuar en consecuencia”. Sin embargo, el coronel Rodríguez matizó aquello: “La decisión la toma el general director, pero quien operacionaliza la decisión transformada en una orden, es quien está a cargo del área respectiva a que se refiera esa decisión. En el área operativa era el general Yáñez”.

Sobre este punto, en su última declaración ante la fiscalía, y contrariamente a lo expresado con anterioridad, el general Rozas intentó reescribir sus actos y la propia existencia de la Plana Mayor como órgano que ayudó a coordinar las acciones institucionales desde el 18 de octubre de 2019: “Dentro de las primeras medidas que yo adopto para enfrentar esta crisis se conforma una instancia de trabajo que malamente denominé Plana Mayor Especial, pero en realidad resultó ser un consultivo de generales”, dijo el exjefe policial a Ximena Chong.

Cada vez que la fiscal le preguntaba por detalles del funcionamiento de esa Plana Mayor, Rozas respondía lo mismo: “Reitero que no es una Plana Mayor Especial sino un Consultivo de Generales Inspectores”. Lo repitió diez veces.

“La Plana Mayor Especial -ahondó Rozas- tiene toda una dinámica de actuación con funciones específicas, misiones, está normado y habitualmente hay presupuestos asignados. Es para un tema específico venidero como Cumbre Presidencial, cambio de mando, recital, juegos deportivos. Mas bien la diferencia está en reglamentación y atribuciones. Acá fue netamente de coordinación inicialmente de recursos humanos y logísticos para satisfacer las operaciones policiales”.

Sin embargo, más allá de estas declaraciones, lo cierto es que la Plana Mayor fue creada por una orden escrita de Rozas y en esa instancia se adoptaron resoluciones sobre cómo debían operar los funcionarios en la calle. La propia institución de Carabineros ya aportó la evidencia documental en este sentido en la causa (vea el documento).