Fiscalía cerró las causas por ataques al Metro: condenó a 14 personas y no detectó grupos organizados para quemar estaciones

En respuesta a consultas de CIPER, la fiscalía informó que 14 personas fueron condenadas por delitos cometidos en los ataques a estaciones del Metro. De ellos, 12 fueron sentenciados por incendio y daños, y dos por robo. A cuatro años del estallido social, todas las investigaciones por los siniestros en el tren subterráneo ya se cerraron, sin antecedentes sobre grupos que se hayan coordinado para ejecutar esos ataques. Los datos del Ministerio Público indican que hasta julio de este año había 48 uniformados -45 carabineros y tres militares- condenados por “violencia institucional”. Las causas de este tipo que tienen sentencia definitiva son 31. Otras 11 se cerraron con sentencia absolutoria.

A cuatro años del inicio del estallido social, 14 personas han sido condenadas por los ataques al Metro. De ellas, 12 fueron sentenciadas por incendios y daños, y las otras dos por robar en las instalaciones del tren subterráneo mientras ocurrían los siniestros. Así lo establece un reporte elaborado por el Ministerio Público en respuesta a una consulta de CIPER. Todas las causas por ataques a la red de Metro ya fueron cerradas, según se desprende de la respuesta de la fiscalía, lo que indica que no se detectaron antecedentes sobre entidades o personas organizadas para generar los incendios.

Respecto de casos originados por denuncias de violaciones de derechos humanos, la fiscalía informó que -según las cifras consolidadas hasta julio de este año- ya han sido condenados 48 uniformados por haber cometido u ocultado actos de “violencia institucional”. De ellos, 45 son miembros de Carabineros y tres del Ejército. 

En el caso de civiles formalizados, imputados o condenados, la información sistematizada por la Fiscalía sólo refiere a los ataques registrados contra las estaciones del tren subterráneo. En detalle, destaca que todas las causas por incendios en el Metro ya están cerradas. El Ministerio Público tomó la decisión de no perseverar en la gran mayoría de estos casos. Por ejemplo, aplicó esta medida en las causas relacionadas con los ataques a las estaciones Cumming, Vespucio Norte, Lourdes y Cardenal Caro, investigados por la Fiscalía Centro Norte. Esta unidad persecutora sólo logró condenar a dos sujetos vinculados a la destrucción de la estación San Pablo, uno de ellos a diez años de cárcel por incendio y otro a dos años por daños.

En la Fiscalía Oriente, en tanto, la mayoría de las causas vinculadas a los ataques al Metro terminaron sin formalizados y se aplicó la decisión de no perseverar. Ese fue el caso de las estaciones Trinidad, Los Quillayes, San José de la Estrella, Pedro de Valdivia, Macul, Metro Camino Agrícola, Vicente Valdés, Ñuñoa, Las Torres, Chile-España, Rojas Magallanes, Ñuble e Irarrázaval. Solo en el caso de la estación Santa Julia dos personas fueron condenadas de manera simplificada, pero no por incendio, sino por robo en lugar no habitado, el que ocurrió durante el siniestro. 

Respecto de los ataques a la estación Pedreros, sólo un adolescente fue condenado a dos años de internación en régimen cerrado y a tres años y un día de internación en régimen semicerrado, en ambos casos con programa de reinserción social. 

Por su parte, la Fiscalía Occidente recibió denuncias por daños en las estaciones Las Parcelas, Del Sol y Maipú, logrando condenas contra seis personas bajo la figura de Ley de Seguridad del Estado (LSE) por los casos de las estaciones Las Parcelas y Del Sol. Tres de estos sentenciados también fueron condenados por robo en lugar no habitado.

En la Fiscalía Sur, se registra la condena de tres personas por incidentes relacionados con la quema de estaciones del Metro en esa zona. En otros cuatro casos, esta unidad optó por no perseverar o archivar provisionalmente las causas.

Créditos fotografía: Alberto Arellano

CONDENAS PARA UNIFORMADOS

Según la información entregada por la fiscalía, consolidada hasta fines de julio, los 45 funcionarios de Carabineros y tres militares condenados recibieron sentencias por distintos crímenes y delitos, entre los cuales se destacan apremios ilegítimos (26 condenas), torturas (7), homicidios (4) y falsificación o uso malicioso de documentos públicos (5), entre otros. 

En paralelo, otros 157 integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden permanecían formalizados hasta esa fecha. De ellos, 148 pertenecen a Carabineros, siete al Ejército y dos a la Policía de Investigaciones.

En términos agregados, de las 8.508 causas iniciadas por algún tipo de crimen o delito institucional durante el estallido social, sólo 31 derivaron en sentencias condenatorias. La gran mayoría de ellas fueron agrupadas (2.246) o archivadas de manera provisional (3.729). Asimismo, en 809 ocasiones se optó por no perseverar en la investigación.

La Justicia emitió, además, 21 sobreseimientos definitivos y 11 sentencias absolutorias (vea el informe con cifras a julio de 2023). 

Créditos fotografía: Alberto Arellano

UNA REALIDAD CONSOLIDADA

El balance de las causas relacionadas con el estallido social que se conoce ahora es similar al contenido en un informe del Ministerio Público de abril de este año, al que también tuvo acceso CIPER. Para esa fecha ya eran 6.732 las causas terminadas, pero sólo con 29 sentencias condenatorias, dos menos que el actual reporte (ver el reporte a abril de 2023). Sin embargo, sí aumentó de manera significativa el número de uniformados formalizados. En enero de 2021 eran 97 agentes del Estado. Hoy, son 157, un 62% más. 

El primer reportaje sobre el cierre masivo de causas fue publicado por CIPER ya en marzo de 2021. Para entonces, la Fiscalía había decidido archivar provisionalmente, no perseverar o no iniciar la investigación de 3.050 causas por denuncias de violaciones a los derechos humanos asociadas al estallido social. 

Entre ellas sobresalía el cierre masivo de causas vinculadas a supuestas violaciones a los derechos humanos contra menores de edad. En cifras, para esa fecha, en 491 de estos casos se había decretado el archivo provisional, en 39 se impuso la decisión de no perseverar en las pesquisas, en diez se dictaminó la facultad de no investigar y en uno se aplicó el término por incompetencia (ver reportaje “Estallido social: Fiscalía ya cerró sin responsables 541 causas por violaciones de DD.HH. contra menores de edad”).

“Tenemos una falta de recursos en general, pero además es necesario focalizar. Ha habido demora en la entrega de información de parte de las policías”, explicó la entonces directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Ymay Ortiz (ver reportaje “Fiscalía ya cerró sin formalizados el 46% de las causas por violaciones de DD.HH. ocurridas en el estallido social: 3.050 casos”).