Un «zapato chino» energético

Iniciamos el último trimestre del año frente a una coyuntura clave para los temas de energía y su vínculo con nuestra economía, medioambiente y protección ciudadana. En columna para CIPER, el director ejecutivo de la Fundación “Energía para Todos” e integrante de la Red de Pobreza Energética levanta una advertencia: «Nos encontramos frente a la necesidad de aumentar las energías renovables en el sector eléctrico, pero a la vez facilitar que la ciudadanía pueda abandonar, de manera equitativa, el uso de combustibles fósiles y contaminantes en sus hogares, transitando al uso de electricidad para la calefacción, agua caliente y cocina. Pero esto último se dificulta con tarifas eléctricas altas, que, además, no dejan de aumentar.»

Particularmente convulsionado ha estado el debate en el sector eléctrico en el último tiempo. Hace un poco más de dos meses, el Ministerio de Energía presentó el proyecto de Ley de Transición Energética que ha sido fuertemente cuestionado por ser un salvataje a las empresas de energías renovables, a costa de aumentar los costos para quienes utilizamos la electricidad (lo cual incluso generó un áspero debate en el «Chile Day» realizado recientemente en Londres).

Por otro lado, la Comisión Nacional de Energía informó hace algunas semanas de inminentes alzas en las «cuentas de la luz», determinadas por la ley de estabilización «PEC2» del año 2022. Entre errores de por medio, el ministro Diego Pardow ha intentado bajar la tensión en torno a la medida, indicando que «hasta que el Ministerio de Energía no dicte un nuevo decreto, las cuentas de la luz no van a subir»; o sea, que es cosa de tiempo.

Frente a todo esto, desde el Congreso se han levantado voces de alerta: el Senado ha manifestado la necesidad de proteger a la ciudadanía de las alzas, llevando al gobierno a buscar soluciones fuera de sus oficinas y fichar expertos para mitigar alzas en las cuentas de la luz; mientras que la Cámara pide al gobierno terminar con soluciones «parche».

Todos estos temas —proyecto de Ley «Transición Energética», aumento en tarifas por «Ley PEC2» y la necesidad de proteger a la ciudadanía—, inevitablemente se cruzan por motivos sociales, climáticos y políticos. Luego del amplio consenso en torno a nuestra política energética registrado en el acuerdo «Energía: 2050», y a política climática (Ley Marco de Cambio Climático), hemos establecido como objetivo el acceso universal y equitativo a servicios energéticos de calidad, que sean seguros, confiables, eficientes y sustentables, como la carbono neutralidad al año 2050. 

Partiendo el último trimestre del año, nos encontramos frente a la necesidad de aumentar las energías renovables en el sector eléctrico, pero a la vez facilitar que la ciudadanía pueda abandonar, de manera equitativa, el uso de combustibles fósiles y contaminantes en sus hogares, transitando al uso de electricidad para la calefacción, agua caliente y cocina. Pero esto último se dificulta con tarifas eléctricas altas, que, además, no dejan de aumentar. Como se puede observar, estamos ante un verdadero «zapato chino» para las políticas públicas en energía.

1. SOBRE NUESTRAS TARIFAS: Chile es el país con la segunda tarifa eléctrica más cara de Sudamérica y el más desigual a la hora de pagar la energía eléctrica; en donde el quintil más pobre (respecto a ingresos) paga más de tres veces que el quintil más rico [CEPAL 2020]. O sea, cada peso que sube la tarifa eléctrica golpea más fuerte a los más vulnerables.

Si nos comparamos con los países de la OCDE, tenemos un precio de electricidad residencial un poco más alto que el promedio, superando a países como Suecia, Noruega, Holanda, EE.UU, Israel o Corea [MINISTERIO DE ENERGÍA 2021]. Pero en Chile las familias no tienen los ingresos de esos países, ni de cerca: el salario promedio de Chile es 38% menor al promedio de la OCDE.

En resumen, con los sueldos de Chile pagamos la electricidad a un costo de país desarrollado. 

2. SOBRE LA LEY PEC2: El precio de la energía eléctrica para la ciudadanía está dado por contratos de largo plazo [ver, del mismo autor, «El “cuento del tío” de las energías renovables», en CIPER Opinión 15.03.2023], que en términos muy resumidos es el promedio de licitaciones de energía realizadas desde 2006 (lo llamaremos «precio real»). Pero hoy en día el precio que paga cada ciudadano por la energía eléctrica está fijado por la Ley de Estabilización del Precio de la Energía Eléctrica «PEC2» (2022), que logró que el precio de la electricidad para la ciudadanía (lo llamaremos «precio estabilizado») sea menor al «precio real». La fórmula final de ley para pagar la deuda que esa fórmula genera es que el costo de la electricidad para la ciudadanía no deje de subir paulatinamente de aquí al año 2032. Pero, ojo: la Ley PEC2 discrimina por nivel de consumo, pues tiene límites de consumo que castigan con un mayor precio a quienes consumen más energía eléctrica (ya sea porque son PYMES u hogares en los que muchas personas están «detrás del mismo medidor», o porque utilizan muchos artefactos eléctricos; en especial, calefactores). De hecho, para este grupo, el aumento esperado para los próximos meses es de casi un 50%.

En todo caso, sobre este punto en particular de la Ley PEC2, el propio ministro Pardow ha explicitado que se trata de una disposición que posee errores y «es muy ruidosa».

La Ley PEC2 existe porque existió primero una ley «PEC1» (2019), la cual fracasó rotundamente, pues se calculó mal la proyección del precio del dólar (¡sí!, del dólar, pues en esa moneda se transa la energía eléctrica) y también por el  alza del precio de los combustibles, pues existen contratos asociados a estos. En palabras simples, si sube el dólar, el petróleo, el gas y/o el carbón, entonces también sube nuestra «cuenta de la luz».

La Ley PEC1 tenía un «pozo de deuda» de US$1.350 millones, que se contemplaban pagar hasta 2027. Como el «pozo» se agotó antes de tiempo, apareció la ley PEC2, con un nuevo «pozo», de US$1.800 millones, que agrandó la deuda y alargó el plazo de pago hasta el 2032. Pero si la ley llega a fracasar nuevamente y se llegara a aprobar una ley PEC3 con más deuda, seguiremos sumando años sin que baje el precio de la energía eléctrica para la ciudadanía, asegurando el clásico titular «ALZA EN LA CUENTA DE LA LUZ» al menos dos veces al año, aumentando así nuestro triste récord de desigualdad.


3. PROYECTO DE LEY TRANSICIÓN ENERGÉTICA: En algunas empresas de energías renovables, desde el año pasado genera problemas la instalación en corto tiempo de muchas generadoras renovables en varios lugares de Chile (especialmente en el norte), sin la capacidad de poder «evacuar» toda su energía. Llegando incluso a perderse esa energía generada, cuestión que mes a mes aumenta, llevando a algunas generadoras al camino de la quiebra. Así, el proyecto de ley del gobierno para la «transición energética», el cual busca aliviar a la industria renovable, puede ser bien mirado desde el punto de vista climático. El problema es que cada punto del proyecto se sostiene en el bolsillo de los consumidores. Está bien apoyar las energías renovables y nuestros objetivos climáticos en el sector eléctrico, pero ¿qué pasa con el objetivo de abandonar el consumo de combustibles fósiles y contaminantes en nuestros hogares? Si la electricidad es aún más cara, difícilmente podremos transitar en el uso de gas, parafina o leña a la electricidad, que es más eficiente y saludable. Si la electricidad solo sube de precio, ¿podremos cumplir nuestra meta climática de llegar a 2050 con un 57% de casas y 70% de departamentos con calefacción eléctrica?; ¿podremos descontaminar las ciudades del sur de Chile? 

4. PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA: El año pasado, durante la tramitación de la ley PEC2, gracias a la acción del Senado se logró introducir el concepto de pobreza energética. Durante 2022 el gobierno llevó a cabo la «Mesa de Trabajo para la Pobreza Energética», que si bien logró identificar la falacia de que «un menor consumo eléctrico implica mayor condición de vulnerabilidad», también identificó que «los órganos de la Administración del Estado no cuentan con instrumentos destinados a medir de forma específica la pobreza energética». En términos muy simples; el Estado no posee información de la ciudadanía que cruce niveles de vulnerabilidad y de gasto en electricidad (ni otros energéticos). Este tema es relevante a la hora de pensar, por ejemplo, en la asignación de un posible subsidio.

Considerando sus ingresos y otros gastos del hogar, un 22,7% de los hogares tiene un gasto excesivo en energía; y un 16,9%, un subgasto en energía en relación con hogares similares [MINISTERIO DE ENERGÍA 2021]. O sea, casi un 40% de los hogares chilenos paga mucho respecto de su sueldo o restringe su calidad de vida para pagar menos. Se trata, además, de un ítem que evidencia «desigualdades y discriminaciones por razones económicas, étnicas, culturales y de género», según el mismo informe. A la hora de sostener un hogar y pagar la «cuenta de la luz», son las mujeres las más perjudicadas, debido a sus más bajos ingresos. Desde mi punto de vista, al observar y trabajar el problema desde la raíz, analizando qué es lo que hace que el pago actual sea tan elevado, a pesar de tener un «precio estabilizado», la respuesta es: contratos de largo plazo.

5. CONTRATOS DE LARGO PLAZO: A partir de 2006 comenzaron las licitaciones de suministro para clientes regulados que luego darían origen a los contratos de largo plazo. De esta forma, empresas generadoras ofertan un precio por un volumen de energía, y se comprometen a hacerse responsables del suministro por un cierto período (de quince a veinte años). Así, casi todos los años hay licitaciones que van sumando el volumen de energía y promediando el precio. Como el precio final es un promedio influye mucho la cantidad de energía adjudicada para cada contrato (puede ser que exista un precio muy alto, pero si el volumen de energía adjudicada es poca, no influye mucho en el precio final; si es alto y el volumen de energía adjudicado también influye mucho más en el precio final). Este sistema de licitaciones tuvo un cambio muy importante en 2015, cuando gracias a la exitosa gestión del ex ministro Máximo Pacheco, se cambiaron algunos criterios para favorecer la entrada de nuevos actores, principalmente renovables, y el precio de las licitaciones bajó considerablemente. En el GRÁFICO 2 se puede observar claramente cuánto bajó el precio de las licitaciones a partir de 2015, aumentando de igual manera la cantidad de empresas que comenzaban a suministrar energía. Pasábamos de un mercado altamente concentrado a uno diverso.

Todos los contratos están indexados al IPC de Estados Unidos; o sea, la inflación de EE. UU. es la que mueve los precios de la energía en Chile. Pero, además, contratos previos al año 2015 también están indexados al precio de los combustibles. Quiere decir que el precio de la licitación adjudicada, y por ende del contrato de largo plazo generado, aumenta en el tiempo si sube el IPC estadounidense y el precio de los combustibles. Podemos decir, entonces, que tenemos dos tipos de contratos: unos que son antiguos, caros y fósiles; y otros que son nuevos, baratos y renovables. El precio que finalmente llega a la ciudadanía es el promedio de todos.

Ahora, si llevamos estos precios de las licitaciones de suministro al valor actualizado de cada contrato, a propósito de las indexaciones, nos encontraremos con contratos que hoy pueden llegar a costar un cincuenta por ciento más de lo que se ofertó a la hora de la licitación (incluso, hay algunos que llegan al doble o triple de su precio original). Según datos de la Comisión Nacional de Energía (2023), los contratos muestran un quiebre a la baja en 2015, con la entrada de las renovables [ver gráfico al detalle].

Cabe preguntarse, ¿están estos precios cerca de los precios de mercado? Según la Comisión Nacional de Energía, a septiembre del presente año el precio medio de mercado libre se encuentra a USD$102/MWh. O sea, que tenemos contratos (antiguos) muy por sobre el precio de mercado. De hecho, más del treinta por ciento de la energía contratada regulada tiene hoy un precio mayor a USD$150/MWh.

6. RENEGOCIACIÓN DE CONTRATOS: Así como un buen negocio es aquel en el que todos ganan, lo mismo corre para una buena renegociación. Ya lo planteé en marzo de este año, y lo vuelvo a plantear: el Estado debiera en nombre de sus ciudadanos renegociar los contratos de energía eléctrica previos al año 2015, y así bajar la tarifa eléctrica a sus ciudadanos.

Bajar la tarifa eléctrica es un apoyo a toda la ciudadanía, que aumenta su disponibilidad de recursos, y disminuye la desigualdad. Es un incentivo para transitar al uso de electricidad en las viviendas, y así avanzar en el abandono de los combustibles fósiles y contaminantes, y facilitar nuestras metas climáticas, ayudando a descontaminar las ciudades del sur. Bajar la tarifa eléctrica es dar el paso a abandonar la política de la deuda que tenemos con el PEC2. Abre espacio a la Ley de Transición Energética, pues permitiría ayudar a las renovables sin que suba la cuenta de la luz.

Bajar la tarifa eléctrica es que realmente se cumpla la promesa de que las energías renovables iban a bajar su precio, dejando de estar presos de los altos cargos que conlleva tener contratos fósiles. Si estamos por un Estado moderno, que se adecua a las nuevas tecnologías, modificando su funcionar para entregar mejor calidad de vida a sus ciudadanos, renegociar los contratos antiguos, caros y fósiles debiera ser algo natural. Insisto: renegociar no significa hacer perder a ciertas empresas, significa que todos y todas ganemos. Las fórmulas pueden ser varias, lo importante es tener la convicción de querer bajar el precio de la energía eléctrica para la ciudadanía.