Caso luminarias: principal imputado en Puente Alto demandó a corporación municipal por «daño moral» y pide $67 millones

En la tutela laboral presentada el 27 de julio pasado, el exadministrador municipal de Puente Alto, Christian Gore, acusa que fue despedido porque su nombre figura en el caso luminarias, donde está imputado, y no por necesidades de la empresa, como dice su carta de desvinculación. El abogado fue querellado por el Consejo de Defensa del Estado, luego de que la fiscalía detectara en sus cuentas corrientes 66 depósitos en efectivo por un total de $203 millones, transferidos en fechas cercanas a la tramitación de la licitación de las luces led en la comuna. En su acción judicial explica que ha padecido “intensos sentimientos de rabia, frustración, tristeza, crisis de angustia y pena”, tras su salida de la municipalidad.

Christian Gore, hombre de confianza del alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), e imputado en el caso Itelecom por presunto cohecho en la licitación de luminarias led de esa comuna, reclama que su despido de la Corporación de Educación de ese municipio, ocurrido en abril pasado, fue injustificado. También alega que haber sido desvinculado lo dañó moralmente. Por estas razones, el 27 de julio pasado interpuso una tutela laboral ante el Juzgado de Letras de Puente Alto. La acción se dirige contra la municipalidad que dirige Codina y en ella pide una indemnización de $67 millones (lea acá la demanda).  

En su relato al tribunal, el exfuncionario municipal explica que fue el propio Codina quien le pidió salir de la primera línea política en junio de 2021, para seguir prestando servicios a la municipalidad como asesor jurídico. Y que luego, en diciembre de 2022, se le solicitó que abandonara también ese cargo para ocupar un puesto bajo el Código del Trabajo. Y, amparado en el marco legal que otorgan esas leyes laborales, solo cuatro meses después Gore fue despedido. Su sueldo entonces ascendía a casi $5 millones mensuales. De ganar la batalla judicial, sería el Estado quien pagaría la millonaria indemnización a Gore. 

La investigación que lleva adelante la fiscal Nayalett Mansilla sobre las coimas que pagó la empresa Itelecom para adjudicarse distintas licitaciones en municipalidades del país, incluye el contrato para el recambio de luminarias en Puente Alto, que involucró más de $10 mil millones. En esta arista está imputado Christian Gore, luego de que ejecutivos de la empresa señalaron que se habían pagado $350 millones en Puente Alto para conseguir el negocio. Tras levantar el secreto sobre algunas cuentas bancarias, la fiscalía detectó 66 ingresos en efectivo en las de Gore , lo que generó una querella en su contra por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE). 

En su demanda, Gore apunta a que fue su vinculación con el caso lo que habría gatillado su salida y no “necesidades de la empresa”, como dice su carta de despido. El asunto, de acuerdo con lo expuesto en la acción judicial, le habría generado daño reputacional, moral y emocional.     

“Las razones reales del despido me las dio la secretaria general de la corporación, señora Paola Torres Faini, en una reunión que sostuvimos un día antes de comunicarme formalmente de mi despido. En tal sentido, me hizo ver que como yo aparecía nombrado en la prensa por el Caso Luminarias, mi continuidad en la corporación se había vuelto políticamente insostenible”, se lee en el libelo. Y agrega: “La circunstancia de que mi ex empleador diera crédito sin más a trascendidos en mi contra y me desvinculara en un estado incipiente de la investigación penal sin duda lesionó mi derecho a la presunción de inocencia”, dice. 

Luego, el exadministrador explica: “Además del daño reputacional, el despido súbito, la circunstancia de que mi ex empleador diera inmediato crédito a acusaciones graves en mi contra sin oírme ni darme posibilidad de defensa, la repercusión ante la opinión pública de esa decisión, sumado a la pérdida sorpresiva de mi fuente de ingresos me ha ocasionado intensos sentimientos de rabia, frustración, tristeza, crisis de angustia y pena que repercuten en efectos somáticos como alteraciones digestivas, trastorno del sueño y de la alimentación que dan lugar a un daño moral”, afirma.

Según la tramitación de la demanda, para el próximo 10 de octubre a las 10:00 está fijada la audiencia de juicio entre Gore y la corporación de Puente Alto.